Aunque la mayoría de colegiales inició su año escolar el 16 de enero, más de un mes después, 36.000 antioqueños están desescolarizados, casi el equivalente a una población como la de Amagá.

Existen 665 sedes en las nueve subregiones del Departamento esperando por los alumnos para que inicien su año escolar y por ello la estrategia es convencer a niños, jóvenes y padres sobre la importancia de no abandonar los estudios.

En Colombia faltan 900 mil escolares por matricularse, según informó Viviana Trujillo, delegada del Ministerio de Educación Nacional.

Pese a que Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio son las regiones más críticas en este aspecto, la estrategia de la Secretaría de Educación de Antioquia se enfoca en todos los municipios. “Esta semana, los funcionarios de la Secretaría de Educación seguirán trabajando para que ningún niño o joven se quede sin estudiar”, explicó Néstor David Restrepo Bonnett, secretario de Educación Departamental.

El caso de Urabá

Urabá es una de las tres zonas identificadas como críticas, especialmente por las distancias existentes entre las veredas y el casco urbano.

Tanela Rodríguez Perea, secretaria de Educación de Necoclí, informó que en la base de datos son cerca de 2.000 los alumnos bajo el sistema de cobertura, pero no todos se han matriculado. Los funcionarios revisan el listado de los estudiantes matriculados el año anterior y se empieza un trabajo para motivar aquellos que faltan. “Las escuelas de la zona rural de Necoclí quedan retiradas de las viviendas de los alumnos”, destacó.

Y para atraer esos jóvenes a las instituciones se realizan visitas casa por casa y se investiga, con el padre de familia o el acudiente, las razones por las cuales no están los alumnos en clase.

En Carepa también realizan diversas actividades buscando motivar a los alumnos.

“Si esta semana el total de los colegiales que estudian bajo el modelo de cobertura no está inscrito, tendremos una matriculatón el cuatro de marzo. Los invitaremos por los medios de comunicación”, sostuvo Wálter García, secretario de Educación de Carepa.

Varias causas

Pero, ¿cuáles son los motivos para que padres de familia, niños y jóvenes no se acerquen a matricularse?

Felipe Aramburo, director de Ser más Maestro de Proantioquia, sostuvo que el fenómeno es multicausal.

“Cerca de 52 por ciento de las instituciones en Antioquia son rurales y no todas tienen oferta completa. Lo anterior puede generar deserción a lo largo del proceso: en el tránsito de primaria a secundaria o de básica secundaria a la media ”.

Otras razones, según el experto, son la necesidad de los muchachos de trabajar por problemas económicos en el hogar y el embarazo adolescente, entre otros.

Asimismo, la escuela no es aspiracional para los alumnos, “porque sienten que no es cercana a la vida, la ven como un proceso que solo tiene réditos a futuro y toman opciones económicas a edad temprana, lo que no les permite estar vinculados al sistema educativo”, puntualizó Aramburo.

Fuente: http://bit.ly/2m47q8x

Juan Carlos Posada, coordinador operativo de la Defensa Civil, informó que la menor de nueve años de edad que había caído accidentalmente al río Cauca, en el corregimiento de Cuturú, en el municipio de Caucasia (Bajo Cauca antioqueño), fue hallada en el río Pescadero.

El cuerpo de la niña fue hallado sin vida durante la medianoche de este domingo por parte de los organismos de socorro quienes, inmediatamente, lo entregaron a Medicina Legal de Caucasia para realizar la respectiva necropsia y poder ser entregada a sus familiares.

El hecho habría ocurrido cuando la niña estaba en compañía de su madre y otros menores a la orilla del río y, al parecer, en un descuido, la pequeña cayó al afluente.

Fuente: http://bit.ly/2m403xQ

En ejecución del  Plan de Operaciones Victoria en contra del Grupo Armado Organizado- Clan del Golfo, tropas del Décima Primera Brigada, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI,  lograron la capturan de alias “El Indio”; Segundo Cabecilla Urbano y  de  Alias “Echeverry”; Jefe de Finanzas del Clan del Golfo en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.

 El hecho ocurrió en el corregimiento Guarumo del municipio Cáceres (Antioquia).Hasta el lugar llegaron unidades del Batallón de Infantería Aerotransportado No.31 ´RIFLES’, quienes guiados por información de inteligencia militar, capturaron en flagrancia a los dos sujetos.   Alias “El Indio”; se desempeñaba como segundo cabecilla urbano del corregimiento de Guarumo y llevaba dentro de la organización delincuencial cerca de 10 años. Y alias “Echeverry” era el jefe de finanzas ilegales de dicha estructura.

De igual forma durante el desarrollo de la operación se les incautó un revolver calibre 39 mm marca SMITH & WESSON, 47 municiones calibre 38 mm, tres celulares, una motocicleta,  100 gramos de pasta base de coca y documentación de este grupo  armado que a esta hora es analizada por personal de inteligencia militar.   Las tropas de la Décima Primera Brigada, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional, continúan con la acción unificada soportada en esfuerzos, conjuntos, coordinados e interinstitucionales, a fin de cumplir la misión constitucional y lograr un control institucional del territorio.

Varias heridas con arma blanca le ocasionaron la muerte a Camilo Martín Tapias Tapias, de 72 años. Los hechos ocurrieron en la vereda San Pablo, zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia.

Según las primeras investigaciones, el hombre fue apuñaleado durante una riña.

El fallo emitido este lunes por el Juzgado 11 de Conocimiento de Bogotá indicó que Laura Moreno y Jessy Quintero no tuvieron participación en la muerte de Luis Andrés Colmenares en 2010, y quedaron absueltas de este caso.

Para la jueza Paula Astrid Jiménez, no existen evidencias que sustenten que las dos jóvenes son culpables de los delitos de falso testimonio, homicidio en calidad de coautoría y encubrimiento.

Más de seis años tuvieron que pasar para que la justicia diera su veredicto sobre la participación de Moreno y Quintero en los misteriosos hechos que rodearon la muerte del joven universitario.

El cuerpo de Colmenares fue encontrado el 1 de noviembre del año 2010 en un caño del parque El Virrey, en Bogotá, a varios metros de donde fue visto por última vez.

Se presume que el joven habría muerto la noche anterior, tras asistir a una fiesta de Halloween en el sector. Sin embargo, no se conoce aún si se trató de un suicidio, de un accidente o de un homicidio, que son algunas de las versiones que se han tejido en los últimos años.

La decisión se toma en contravía de la postura de la Fiscalía y la Procuraduría, que solicitaron al juez que Laura Moreno y Jessy Quintero fueran condenadas. Aseguraron que las versiones que Jessy Quintero y Laura Moreno dieron ante las autoridades sobre los hechos, estas no concuerdan.

El soporte probatorio de la Fiscalía estaba principalmente en el peritaje hecho por el médico forense Máximo Alberto Duque, exdirector de Medicina Legal, quien fue contratado por la familia Colmenares para exhumar el cadáver de Luis Andrés, a mediados del año 2012. 

Duque afirmó que se había tratado de un homicidio, basado en que en su rostro y su cráneo, además de otras partes de su cuerpo, existían múltiples golpes que no podrían haber sido ocasionados por una simple caída. De hecho, uno de ellos fue tan fuerte, que le hundió uno de los huesos de la cara.

Las subastas ganaderas de Antioquia implicadas en una cartelización analizan buscar otra instancia para evitar la multa con que ayer las sancionó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y de la que no han sido notificadas formalmente.

Así lo comentó una fuente de las implicadas, que pidió reserva de su nombre, al considerar que no se puede generalizar que todas las subastas de ganado aplicaron la comisión de 0,5 % al comprador sobre cada negocio.

Por esta práctica ilegal, la SIC anunció una multa a la Sociedad Central Ganadera (550 salarios mínimos, 405,7 millones de pesos), con sede en Medellín. Su gerente, Jorge Mario Escobar, se abstuvo de dar alguna declaración porque no había recibido notificación.

También fueron sancionadas Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar S.A., 202 salarios o 149 millones) y la Subasta Ganadera de Caucasia (Subagauca, 140 salarios o 103,2 millones). Esta última se encuentra en proceso de reestructuración financiera y no opera en el mercado. En su lugar, funciona hoy la Subasta Ganadera del Bajo Cauca S.A.S.

Estas sanciones hacen parte de los 2.692 millones de pesos (3.650 salarios mínimos) que suman lo que deben pagar al fisco la Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia (Asosubastas) y 16 afiliadas al violar la libre competencia.

Asimismo, la SIC multó a 17 representantes legales de estas organizaciones con un total de 339,3 millones de pesos. Según la SIC, “colaboraron, facilitaron, autorizaron , ejecutaron o toleraron el diseño del esquema en violación de la Constitución”.

LA OPERACIÓN SANCIONADA

Otra fuente consultada por este diario manifestó que no todas las subastas ganaderas del país aplicaron el cobro acordado: “Nos implican porque aparecimos en el acta de la reunión en que se promovió esta práctica, pero no la implementamos”, aseguró.

El pago que sanciona la SIC nace de una transacción. Un ganadero evita vender directamente a la cadena cárnica, porque le pagan a 30 o 45 días, pero con la intermediación de las subastas, recibe el dinero por adelantado. Es ahí cuando las subastas decidieron cobrar 0,5 % del valor del negocio al comprador, para asumir riesgos de cartera o absorber cualquier siniestro con el animal cuando está en la subasta. Con ese argumento, Asosubastas creó un fondo para solventar eventuales pérdidas.

Esta conducta derivó en que la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia sugiriera la sanción el 19 de diciembre pasado.

Fuente: http://bit.ly/2lkshUq

Durante el “Operativo Midas” en contra de la minería ilegal fueron capturadas nueve personas responsables de la comercialización ilegal de oro.

El anuncio lo hizo el mandatario al término del Consejo de Seguridad en Caucasia, Antioquia, donde explicó que durante la acción de la Policía y la Fiscalía, instituciones a las que felicitó, fueron intervenidas en Medellín siete comercializadoras ilegales de oro.

Entre los nueve capturados hay dos hermanos que son conocidos como “Los zares del oro”.

“Solamente en esta empresa o estas empresas, porque tenían un número muy grande de empresas diferentes que eran empresas fachadas, movilizaban más de 120 mil millones de pesos cada año y vienen muchos años operando. Son este tipo de operaciones las que van a permitir ser mucho más efectivos en contra de la minería ilegal”, señaló el jefe del Estado.

Y agregó que “hace mucho tiempo había dado yo instrucción de que una de las prioridades en la lucha contra las bandas criminales es una lucha contra las fuentes financiación”.

Fuente: http://bit.ly/2lkjz8H

En ejecución del Plan de Operaciones Victoria en contra el Eln, tropas del Batallón Especial Energético y Vial No.5, adscritas a la Décima Primera Brigada, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional, logran la capturan en flagrancia de tres sujetos, así mismo se les incauta 6,6 kilogramos de Pasta Base de Coca y una gramera, al parecer pertenecientes al Eln.

El hecho ocurrió en la vereda La Corona del municipio El Bagre (Antioquia).

Durante el desarrollo de la operación control territorial, uno de los tres sujetos capturados se lanza encima del Sargento Segundo Díaz; integrante de las tropas militares que se encontraba en el sitio, con la intención de quitarle su armamento, de inmediato el suboficial reacciona y le ocasiona una herida a la altura del brazo, los capturados quedan puestos a disposición de la Fiscalía 115 seccional de El Bagre por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Las tropas de la Décima Primera Brigada, perteneciente a la Séptima División continúan con la acción unificada soportada en esfuerzos, conjuntos, coordinados e interinstitucionales, a fin de cumplir la misión constitucional y lograr un control institucional del territorio.

Fuente: http://bit.ly/2lxWCQ1

Antioquia a la vuelta de cinco años podrá ser el protagonista de que se triplique la producción de oro legal en el país, con la operación de tres proyectos en Buriticá (Occidente), Santa Rosa de Osos (Norte) y San Roque (Nordeste).

Al mismo tiempo, el departamento enfrenta el desafío de ser uno de los más afectados por la explotación ilícita de ese metal precioso por redes criminales, mineros que no se suman a la formalización y también por otros que se disfrazan de mineros de subsistencia (barequeros) para no cumplir con la ley.

Justamente, el jueves pasado el Ministerio de Minas expidió la Resolución 40103 que pone topes a la producción de la minería de subsistencia. En el caso del oro, no debe superar los 420 gramos anuales (13,5 onzas). Esto contrasta con las 107 mil personas inscritas como barequeros en el Registro Único de Comercializadores (Rucom) y que aducen producciones que superan los 2 mil gramos mensuales.

En ese sentido, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) cuestiona que ese tope es muy alto y multiplicará a los que se dicen barequeros (ver nota anexa).

Entre tanto, Conalminercol, confederación de pequeños mineros, exige voluntad real del Gobierno y grandes compañías para que despegue la formalización en el país, pues en Antioquia apenas hay 13 subcontratos de formalización (ver Análisis).

En ese contexto, el Gobierno prorrogó el miércoles pasado hasta el último día de 2017 la condición de autoridad minera delegada de la Gobernación de Antioquia, la única en el país.

A su cargo tiene otorgar o caducar títulos mineros, así como adelantar trámites de 1.461 titulares, que tienen hoy concesionadas 1,4 millones de hectáreas en el departamento para distintas vocaciones (oro, carbón, materiales de construcción). Esto es 17,4 % del territorio, aunque más de 900 mil hectáreas están en etapas de exploración, construcción o montaje.

También a la Gobernación le corresponde fiscalizar para que los titulares cumplan con normas técnicas, ambientales, laborales y operativas. Al respecto, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, informó que se estudia girar 14 mil millones de pesos, triplicando los aportes anuales para este control.

En diálogo, el funcionario respondió sobre los retos de Antioquia y el país para atajar la producción por fuera de las normas de más del 80 % del oro que hoy paga regalías y luego es comercializado dentro y fuera del país. Cante reconoció que solo 18 % de las 60 toneladas del mineral, que estima produjo el país en 2016, provinieron de títulos con licencia ambiental:

Resulta poco creíble que haya 107 mil personas que, batea en mano, busquen oro en lecho de los ríos...

“Creamos el Registro Único de Comercializadores (Rucom), pero nos faltó acompañarlo de un sistema de control. Si antes desconocíamos de dónde venía el oro, hoy lo sabemos. Según el Rucom, 65 % del oro producido en el país aparece como si fuera de 107 mil barequeros. Eso sabemos que es irreal, y mirando la experiencia de otros países latinoamericanos y africanos, la posibilidad del barequeo tiene un potencial de no más de un gramo de oro al día, es decir, 30 gramos al mes y, siendo excesivos, 420 gramos al año”.

¿Por qué se permite eso?

“Hubo un hueco de la norma y se está pretendiendo legalizar el oro que proviene de actividades criminales e informales. Así que hoy en el Rucom hay barequeros que produce mil gramos de oro al mes o ganan 200 millones de pesos año”.

¿Qué responsabilidad cabe a los comercializadores?

“Se escudan en que a ese productor que compran aparece como barequero, así produzca 2 mil gramos al año. Pero también los requerimos al preguntar que si compraron tal cantidad, dónde está el RUT, la factura y el IVA”.

¿Cuál es la solución?

“Expedimos este jueves una resolución que pone topes máximos de producción por barequero de 35 gramos de oro mensual como minería de subsistencia”.

Pero, para saltarse la norma, se multiplicarán los barequeros...

“Efectivamente, pueden aparecer miles más. Por eso expediremos un decreto complementario en próximos días, que revaluará condiciones para estar inscrito en el Rucom. Me refiero a que tenga RUT, tradición en el territorio, que esté en el Sisbén, que el barequero solo pueda estar inscrito en una alcaldía”.

¿Se mantiene que declare su oro y pague regalías en otro municipio distinto al de donde sacó el mineral?

“Tenga en cuenta el alto grado de trashumancia de los barequeros. Los titulares mineros sí deben declararlo en el municipio origen de la producción”.

Con todo, la comercialización de oro ilegal sigue...

“Tenemos que volcar el combate de la explotación ilícita de la persecución al pequeño minero en el territorio y pasar al combate de toda la cadena de producción, beneficio, comercialización y exportación. Mientras exista acá un señor dispuesto a comprar todo oro ilegal, habrá un pequeño minero que esté dispuesto a venderle para sobrevivir”.

¿El Gobierno contempla intervenir el comercio de oro?

“Es una actividad que ha sido poco controlada en el país. En el proyecto de ley de explotación ilícita de minerales que radicamos en el Congreso, el año pasado, incluimos una serie de herramientas para que la explotación ilícita sea en sí un delito, sin tener que demostrar su afectación al medio ambiente. Además propone que tal delito se extienda a toda la cadena: aquí podemos estar frente a un evidente lavado de activos, que se promueve por quien compra el oro en el territorio, así como por empresas que lo comercializan y exportan”.

¿Habría sanciones para las comercializadoras?

“El proyecto busca mecanismos para que la autoridad minera, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y otras entidades tengan mecanismos de control y sanción para aquellas comercializadoras que incumplan parámetros establecidos”.

¿Aprobar este proyecto hará parte del fast track?

“Analizamos al interior del Gobierno la conexidad que tenga con los acuerdos con las Farc. Desde el Viceministerio consideramos que muchos componentes sí guardan relación, porque hay argumentos de combates a la criminalidad, que aparecen en lo acordado”.

Mientras no sea ley, ¿se está perdiendo la guerra contra la minería criminal?

“Tenemos que avanzar en mecanismos y capacidades institucionales para perseguir a toda la cadena y no solo al productor ilegal”.

De otro lado, con los proyectos licenciados en Buriticá, Santa Rosa de Osos y San Roque, ¿cuáles son las perspectivas de la producción nacional de oro?

“Estimamos que pueden ser entre 20 y 25 toneladas adicionales de oro, cuando el país está cercano a una producción actual de 60 toneladas por año, de las cuales unas 12 toneladas provienen de títulos legales con licencia ambiental. Entonces en un horizonte de 5 años podemos estar triplicando la producción legal en el país, por el aporte de los proyectos de Antioquia”.

¿Qué proyectos de mayor escala hay en Antioquia?

“En unos dos o tres años puede estar entrando en producción Nuevo Chaquiro (Jericó), además hay empresas que están adelantando exploración en la zona limítrofes de Antioquia con Chocó y Córdoba y han identificado un gran potencial geológico en cobre”.

En cuanto a la formalización minera, uno ve que no hay avances en la magnitud requerida ante el problema...

“Muchos nos reclaman eso porque creen que formalizar es legalizar y se olvidan que hay más de 9 mil títulos mineros, la gran mayoría para materiales de construcción (arcilla, mármol, calizas) y el 60 % son de pequeños mineros, es decir, ya tienen el título, pero muchos continúan en informalidad técnica, administrativa y de seguridad laboral. Por eso periódicamente estamos caducando títulos ante esos incumplimientos, que los devuelve a los círculos de la ilegalidad.

¿Cuáles son los resultados en Antioquia?

“Hemos suscrito 13 contratos de subformalización y hay 50 solicitudes más en trámite en el departamento. El año pasado, luego de cinco años de discusiones, logramos que los mineros de Jobo Medio, entre los municipios de El Bagre y Zaragoza, se pusieran de acuerdo con Mineros S.A. para cederles 126 hectáreas para permitir la legalización. El reto ahora es la formalización de cerca de 300 mineros, modelo que queremos replicar en otras partes del país”.

Fuente: http://bit.ly/2lxRXO6

Al finalizar un Consejo de Seguridad desarrollado en la mañana de hoy, las autoridades manifestaron que en algunas regiones del departamento, las bandas criminales están mutando y cambiando de nombres, por ejemplo en el Bajo Cauca, estaría intentando tomar el poder una organización denominada Clan del Pacífico.

La secretaría de Gobierno, manifestó que existen algunas regiones del departamento que estarían en alerta roja debido a que estos grupos están acentuándose en esos territorios.

Además, la entidad expresó que para contrarrestar la situación conformaron un grupo de trabajo que actuará de la mano con los vicealcaldes de seguridad.

De acuerdo a los análisis hechos por las autoridades departamentales los grupos armados estarían distribuidos así, en Bajo Cauca, Norte y Nordestes habría presencia del ELN , el Clan del Golfo estaría en Urabá, parte del Occidente un poco del Suroeste, Norte, Nordeste y Bajo Cauca, además la presencia de cultivos ilícitos se estaría dando en el Norte de Antioquia, Bajo Cauca, Nordeste Urabá y occidente limites en chocó.

Luego de conocerse un incremento en la inseguridad en varias subregiones de Antioquia por la disputa territorial entre las bandas criminales, principalmente el Clan del Golfo, y la guerrilla del Eln por apropiarse de los territorios abandonados por las Farc, el presidente Juan Manuel Santos Calderón visitará el departamento.

El primer mandatario del país liderará un consejo extraordinario de seguridad hacía el mediodía en el municipio de Caucasia en la sede del Batallón Rifles.

En la reunión estarán además delegados del Ministro de Defensa, Comandantes de la séptima división del Ejército y de la Cuarta Brigada y comandantes de la región 6 la Policía y del comando departamental; también asistirán autoridades regionales y locales.

Santos Calderón una vez concluya el consejo de seguridad hará una declaración que será transmitida por el Canal Institucional.

Según información entregada por la secretaría de gobierno de Antioquia en subregiones del bajo Cauca, Urabá, norte, nordeste, occidente y suroeste se ha identificado presencia de estructuras criminales que han entrado en disputas por las hectáreas de cultivos ilícitos y los corredores dejados por las Farc.

Fuente: http://bit.ly/2lstNAm

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que parte del soborno pagado por Odebrecht en Colombia habría terminado en la campaña presidencial por la reelección de Juan Manuel Santos en 2014.

El jefe del ente acusador sostuvo que el dinero que recibió el capturado excongresista Otto Bula podría haber  llegado a la campaña de Santos.

Se trata de parte de los recursos que se habrían pagado por cuenta del otrosí para el contrato Ocaña-Gamarra por el que se había pagado una comisión por 4.6 millones de dólares.

“Otto Bula tramitó en 2014 dos giros a Colombia que fueron monetizados en su momento, por la suma de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014”, sostuvo Martínez Neira.

Según el ente acusador, de ese millón de dólares, "se habría descontado una comisión por el 10 %, a favor de terceros ya identificados por la Fiscalía".

Por su parte, Roberto Prieto, jefe de la campaña de Santos en ese momento, envío una declaración en la que negó haber recibido dinero de la compañía brasilera.

"No deja de ser sospechoso este intento de enlodar la campaña del 2014, al igual como se pretendió hacerlo con la del 2010, por un individuo investigado por la justicia al incurrir presuntamente en conductas delictivas con el propósito de que la firma Odebrecht fuese beneficiada con contratos de infraestructura en el país", indicó.

Afirmó, además, que no conoce a Otto Bula, dijo Roberto Prieto gerente de la campaña en su momento."Es alguien a quien escasamente distingo, y con quien nunca, pero nunca, he compartido siquiera un café", afirmó en la carta.

Fuente: http://bit.ly/2k0yDZz

Tropas de la Cuarta Brigada de la Séptima División del Ejército Nacional, lograron capturar en el municipio de Valdivia a un integrante del Frente Héroes y Mártires de Tarazá, del ELN.

Alias ‘Jeison’ fue detenido en la vereda Los Pomos, luego de varios registros por parte de las autoridades que duraron más de tres días.

Según el reporte oficial, este individuo sería el encargado de actuar como ‘correo humano’, para comercializar pasta base de coca, entre ambos municipios antioqueños.

A ‘Jeison’ le incautaron un arma corta y tres kilos de pasta base de coca, y posteriormente guió a los uniformados hacia el lugar donde tenía escondido un fusil, 247 cartuchos calibre 7.62mm y un proveedor.

A su vez, se logró la destrucción de un laboratorio que producía 30 kilogramos de pasta base de coca cada semana.

Ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, la fiscalía presentó escrito de acusación contra Jeison Enrique Mesa Espinosa, alias La Araña, como presunto responsable del ataque a una patrulla de la Policía Nacional  que dejó un uniformado muerto y otro lesionado en el casco urbano del municipio de Cáceres.     

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Nacional Contra el  Crimen Organizado, el 8 de septiembre de 2014 varios integrantes del denominado Clan del Golfo dispararon contra dos uniformados que se movilizaban en una motocicleta y dieron muerte al patrullero  Carlos Andrés Contreras Pérez y lesionaron de gravedad a su compañero Jose Luis Rodríguez Londoño. El sobreviviente declaró a la Fiscalía que los victimarios los remataron cuando estaban tendidos en el suelo.

Alias La Araña fue capturado el 26 de julio de 2016 por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación  seccional Antioquia, con el apoyo del Ejército Nacional,  en el sector El Doce del municipio antioqueño de Tarazá y deberá responder por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de  defensa personal.

El ataque contra los uniformados hizo parte de un plan pistola ordenado por la citada organización delincuencial en el bajo cauca antioqueño.

El investigado hizo parte  del cartel de los más buscados de Antioquia,  estuvo en la estructura criminal durante 8 años y fue  cabecilla de sicarios del Frente José Felipe Reyes del ‘Clan del Golfo’ que delinque en esta región.

Mesa Espinosa tiene otros procesos  por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión.

Fuente: http://bit.ly/2kKlmmS