El bien más productivo que hoy tiene el Fondo de Reparación de Víctimas, una mina de oro valorada en más de 3.000 millones de pesos, entregada a Justicia y Paz por el exparamilitar José Germán Sena Pico, ha sido ocupada en el último año por lo menos cuatro veces.
Según fuentes de la Unidad de Víctimas, hace más de un mes llegaron a la mina Mandinga, ubicada en Cáceres (Antioquia), al menos siete retroexcavadoras de Luis Horacio Escobar Saldarriaga, un reconocido ganadero del bajo Cauca, que tiene un predio colindante con el socavón.
“Ha buscado por todas las formas quedarse con la mina de oro. Ha ofrecido dinero a funcionarios, y luego corrió las cercas, ocupando varias hectáreas”, indicó una fuente oficial.
Aunque la Unidad de Víctimas pasó un derecho de petición a la Gobernación de Antioquia, al Ejército y a la Policía para que impongan medidas, funcionarios indican que las entidades no han tomado ninguna decisión.
La Unidad sigue en alerta porque Escobar, según indican fuentes de la zona, ya se presentó en la mina como arrendatario, exigiendo un canon para la extracción de minerales.
Mientras tanto, por las ocupaciones irregulares, el Fondo de Víctimas denuncia que el valor de la mina va en detrimento. “Al predio lo han acabado en los últimos 8 meses”, señala un funcionario.
A la llegada de Escobar se suman las denuncias por invasión de bandas criminales. Según el Fondo de Reparación de Víctimas, a la región han llegado hombres armados del clan de ‘los Úsuga’ que “amenazan y cobran ‘vacunas’ a los campesinos y a dos mineros que hoy tienen los permisos para extraer oro en la mina Mandinga”, advierten.
Investigan corrupción
La primera ocupación ilegal de esta mina, según fuentes del Fondo, la hizo Francisco Salazar, abogado del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. El abogado afirmaba que el predio lo había adquirido cuando la sociedad Builes y Compañía se lo cedió en concepto de honorarios.
Haciéndose pasar por el administrador del predio desde el año 2012, Salazar les cobraba a dos familias que extraían oro en Mandinga el 10 por ciento de lo que sacaran. Al mes, según el Fondo de Víctimas, podía recibir entre 160 y 200 millones de pesos por pagos de cada familia.
Al ratificar las medidas cautelares contra la finca Mandinga, el 10 de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que se investiguen las actuaciones de Salazar.
Cuando el abogado salió de la mina, la Unidad de Víctimas le arrendó el bien a Asocaribia. Tras una minuciosa investigación, el Fondo de Reparación encontró que esta asociación, en complicidad con Guillermo Ernesto Durán, abogado contratista de la Unidad de Víctimas, estaban subarrendando el bien y cobrando millonarias sumas a terceros para que explotaran oro, sin ningún permiso.
El Fondo de Reparación tiene documentos que probarían que en ese negocio ilegal estaría involucrado el abogado Miguel Maza Álvarez, hijo del exgeneral Miguel Maza Márquez, investigado por el magnicidio de Luis Carlos Galán.
Según las pruebas en poder de la institución, Maza Álvarez recibió una parte del dinero que se les cobraba a los subcontratistas.
Fuente: http://bit.ly/14dvXeA