Caucasia, se siente solo, gobernando sin apoyo del gobierno central. Elegido en una encuesta del Centro Nacional de Consultoría y CM& entre los diez mejores alcaldes de Colombia -seis de ellos antioqueños-, José Nadín Arabia,mandatario de Caucasia, califica el hecho de histórico y aprovecha para reclamar el apoyo del Gobierno Nacional ya que, según sus cuentas, el gobierno de Juan Manuel Santos le dio la espalda a su municipio y todo le ha tocado hacerlo solo. Es casi heroico.

¿POR QUÉ CREE QUE NO LE AYUDAN A CAUCASIA?
“LA CULPA LA TENEMOS NOSOTROS MISMOS, PORQUE NO TENEMOS REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO, LAS OBRAS LAS HACEN DE DONDE SON LOS DIPUTADOS, SENADORES O REPRESENTANTES”.

¿Y POR QUÉ NO SACAN UN CONGRESISTA ENTONCES?
“PORQUE SOMOS DESUNIDOS. ¿Y QUÉ PERSONA DE BIEN PRESTA EL NOMBRE PARA LANZARSE A UNA CÁMARA O UN SENADO CUANDO EL ESTIGMA ES QUE ACÁ TODO EL QUE LLEGA ES APOYADO POR PARAMILITARES?”. PERO EN CAUCASIA EL PARAMILITARISMO SÍ HA TENIDO MUCHA PRESENCIA...
“ACÁ NO VIVIMOS DEL PARAMILITARISMO. QUE HUBO UNA VIOLENCIA GRANDE EN 2009, 2010 Y 2011, SÍ, PERO ESO SE ACABÓ, ESTAMOS EN OTRA ÉPOCA Y YO LLEGUÉ SIN APOYO DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY, YO NO PELEO CON NADIE, NI CON EL MALO NI CON EL BUENO, ENTIENDO AL NEGRO, AL BLANCO, AL DE UN GRUPO, AL DEL OTRO, AL QUE VENGA A PROPONER COSAS BUENAS LO ATENDEMOS, AL QUE VENGA A PROPONER COSAS FUERA DE LA LEY ESTÁ EN EL LUGAR EQUIVOCADO”.

¿PERO SOLO POR ESA RAZÓN NO TIENEN APOYO NACIONAL?
“A LOS OJOS DEL PAÍS CAUCASIA PARECE RICO PORQUE DICEN QUE TIENE ORO, PERO CAUCASIA NO ES MINERO, LOS QUE CONOCEMOS LA REALIDAD SABEMOS QUE ESTE ES UN CENTRO DE COMPRA DE ORO, NO SE PRODUCE ORO, NOS ENTRAN MUY POCAS REGALÍAS”.

¿ENTONCES CÓMO LOGRÓ TAN HONORÍFICO LUGAR SIN AYUDA?
“ESO ES ALGO HISTÓRICO EN LOS 127 AÑOS DE CAUCASIA Y ES IMPORTANTE NO SOLO A NIVEL PERSONAL Y FAMILIAR SINO PARA EL MUNICIPIO. A CAUCASIA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOLO LO SACAN CUANDO LOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY HACEN CUALQUIER MASACRE, UN ACTO DE VIOLENCIA. NO ES FÁCIL LA GESTIÓN PARA UNO COMO ALCALDE SABIENDO LO DIFÍCIL QUE ES MANEJAR UN MUNICIPIO CON VIOLENCIA, SIN PRESUPUESTO, SIN CASI RECURSOS, SIN APOYO NACIONAL”.

¿CUANDO USTED DICE QUE NO LE HAN AYUDADO EN NADA DESDE EL GOBIERNO CENTRAL, ES LITERALMENTE NADA?
“EL PRESIDENTE SANTOS NO LE CUMPLIÓ A CAUCASIA, SE COMPROMETIÓ CON LOS ALCALDES Y NO CUMPLIÓ CON NINGUNO EN EL BAJO CAUCA. NO FALTO AL RESPETO SI DIGO LA VERDAD, Y SI POR DECIR LA VERDAD NOS VAN A CASTIGAR, BIENVENIDO EL CASTIGO”.

¿CON QUÉ LOGROS DE SU GESTIÓN PUEDE SACAR PECHO?
“CUANDO ASUMÍ LA ALCALDÍA EL 1 DE ENERO DE 2012, LAS DEUDAS SUPERABAN LOS $10.500 MILLONES MÁS $8.500 MILLONES DE CUENTAS POR PAGAR EN TESORERÍA. YA TODAS LAS CUENTAS DE TESORERÍA LAS PAGAMOS Y DE LOS $10.500 MILLONES NO DEBEMOS NI SIQUIERA $5.000 MILLONES. CONSTRUIMOS UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL QUE ES MODELO EN EL PAÍS PARA 250 NIÑOS, HEMOS PAVIMENTADO VÍAS, CANALIZADO CAÑOS EN BARRIOS DONDE LAS FAMILIAS PASABAN A SUS VIVIENDAS POR ENCIMA DE TABLAS SOBRE AGUAS NEGRAS, CONSTRUIMOS 8 ESCENARIOS DEPORTIVOS, ACÁ SE VIVE UN AMBIENTE DIFERENTE”.

¿POR ÚLTIMO, POR QUÉ TANTOS CAMELLOS EN SU OFICINA Y DIBUJADOS EN EL PAVIMENTO?
“POR MI ORIGEN, PORQUE EL CAMELLO ES SÍMBOLO DEL TRABAJO, LA NOBLEZA, ES EL ANIMAL MÁS RESISTENTE, ES SIMILAR A MÍ, LOS ATAQUES QUE HAN HECHO EN MI CONTRA NO SE LOS IMAGINAN, LOS CAMELLOS QUEDAN COMO EL BOCADILLO CON LA LECHE”.

Fuente: http://bit.ly/1CiZekh

Aunque Empresas Públicas de Medellín (EPM) dio un parte de tranquilidad en relación con la temporada seca y el nivel de sus embalses, la entidad invitó a sus usuarios a mantener el uso racional de agua y energía que los caracteriza.

El Peñol, el embalse más grande del sistema de generación eléctrica de EPM, registraba ayer un 85 por ciento de su volumen útil.
“Es un nivel que nos da tranquilidad para este inicio de la estación de verano y para afrontar la situación que se viene”, señaló Marta Cecilia Jiménez Yepes, jefe de la Unidad Gestión Largo Plazo Generación de Energía de EPM.

Agregó que Riogrande II, de uso compartido para generación de energía y abastecimiento de agua, está en el 85 por ciento.
Y Miraflores, tercer embalse de peso de EPM, situado en el Norte de Antioquia, está en el 94 por ciento.
Marta Cecilia Jiménez Yepes indicó que el denominado agregado de embalses de EPM (otros más pequeños) registran un volumen útil del 83 por ciento, aunque estos suben y bajan en forma permanente.

¿Y el suministro de agua?
Sobre el caso de los embalses utilizados en el abastecimiento de agua, EPM reportó que, además de Riogrande II, están La Fe y Piedras Blancas, que registran un volumen útil del 89 y 94 por ciento, en forma respectiva.

La Gobernación indicó que desde que se habló de la posibilidad del fenómeno de El Niño, se coordinaron con las Corporaciones Autónomas actividades educativas y de información para la comunidad y las instituciones y empresas con presencia en las regiones.

Tal el caso de las Caravanas del Agua, realizadas entre octubre y diciembre pasados. Según el Dapard, las regiones y municipios más vulnerables en temporada seca son:
Bajo Cauca: Caucasia, Cáceres, Nechí, El Bagre. Urabá: Necoclí, San Juan, San Pedro, Arboletes, Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó y Mutatá. Occidente: Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas, Peque, Sabanalarga, Liborina, Olaya, Sopetrán, San Jerónimo y Ebéjico.
Oriente: Rionegro, La Ceja, La Unión, Marinilla, El Peñol, El Santuario, Granada, San Carlos, Cocorná y Guatapé. Magdalena Medio: Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó. Norte y Nordeste: Angostura, Campamento, Guadalupe y Gómez Plata. Suroeste: Ciudad Bolívar.

Fuente: http://bit.ly/1xKsCPL

Para este puente de reyes, en el que la movilización de viajeros del Valle de Aburrá hacia las otras regiones de Antioquia o para otros destinos turísticos, como las costas Atlántica y Antioqueña, el Eje Cafetero y el Magdalena Medio, las cuatro principales troncales del departamento están en óptimas condiciones, aseguró el Secretario de Infraestructura de Antioquia, Rafael Nanclares.

“En las vías primarias, el trabajo de recuperación ha sido importantísimo desde el Invías y desde la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) en las vías concesionadas, y las vías en estos momentos tienen muy buena circulación y están en muy buen estado”, afirmó el funcionario.

Así mismo, Nanclares indicó que inclusive dos de los sectores que históricamente han sido complicados para la movilidad en Antioquia, como el alto de Ventanas en la troncal a la Costa Atlántica y conexión Occidente-Urabá, están en muy buen estado, a tal punto que en el Urabá las horas de viaje se redujeron de 9 a 6 horas.

Finalmente, Rafael Nanclares, quien confirmó que la movilización de conductores por las principales vías de Antioquia no ha parado, pero tiende a incrementarse entre el jueves y el viernes, le hizo un llamado a los viajeros para que no excedan los límites de velocidad.

Fuente: http://bit.ly/1xKrZG0

Con el objetivo de saber cómo administrar y preservar adecuadamente el líquido vital, Corantioquia lanzó el primer Atlas Hidrogeológico del Departamento que explica las principales reservas de agua subterráneas de Antioquia, ubicadas en la región del Bajo Cauca.

Conjuntamente con el plan de manejo y la monografía, estas herramientas servirán para planificar el uso del agua, regular su captación y proteger las áreas estrategicas, precisamente en una zona donde la mayor problemática está asociada a la mala calidad del agua superficial para el consumo humano, mientras que por el contrario, el agua subterránea aún se puede aprovechar en diversas actividades propias de la región.

El juicioso trabajo logró identificar 3.200 km2 de territorios con presencia de importantes acuíferos en municipios como Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí y El Bagre donde habitan 270.000 personas.

Los dos mil atlas serán distribuidos a líderes ambientales, público especializado, comunidad beneficiada del estudio y empresas prestadoras de servicio público con el ánimo de apropiar estos conocimientos para su aplicación en el territorio.

Adicionalmente, se busca replicar este ejercicio en otras regiones de Antioquia, buscando una mejor administración y protección del patrimonio ambiental.

Fuente: http://bit.ly/1vLcXgw

Adriana Balbín, campesina antioqueña nacida, criada y forjada en las bravías tierras del corregimiento La Caucana de Taraza, Bajo Cauca, no se explica cómo el pedazo de tierra baldía que su padre colonizó, que luego le heredó y donde ha vivido los últimos 30 años de su vida sin más soporte legal que los testimonios de familiares y vecinos,resultó siendo propiedad de la empresa minera Cerro Matoso S.A. No es la única en esta situación, que hoy tiene con “los pelos de punta” a más de 150 familias de este corregimiento taraceño, que en un pasado reciente fuera fortín militar del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, recluido en una cárcel de los Estados Unidos desde mayo del 2008, donde purga una condena por delitos asociados al tráfico de drogas.

Adriana conoció la noticia el 14 junio de 2012. Ese día recibió la Resolución 499 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en la que le notificaban que su finca se encontraba en un radio no superior acinco kilómetros del título de concesión minera No. 8600693786 de la empresa Cerro Matoso S.A., cuya vigencia se extiende hasta el año 2036. Y que dado que el Artículo 9 del Decreto 2664 de 1994 prohíbe adjudicar baldíos de la Nación situados “dentro de un radio de cinco kilómetros alrededor de las zonas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables”, se le negaba la solicitud de adjudicación que había radicado ante la entidad.

La solicitud de adjudicación la había realizado la mujer en el año 2010. Un año antes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) y la Gobernación de Antioquia pusieron en marcha el convenio 2008-CF-1800-01, mediante el cual ambas entidades buscaban ofrecerles a las familias campesinas dedicadas en ese momento al cultivo de hoja de coca, la alternativa de que sembraron otros productos agrícolas, que además fueran rentables y pudieran vivir dignamente de ellos, como lo eran el cacao y el caucho. La iniciativa sería ejecutada en los municipios de Tarazá, Anorí, Briceño, Valdivia, El Bagre, Cáceres, Amalfi, Nechí, Zaragoza, Segovia, San Luis, San Carlos y San Francisco, localidades donde se concentraban más del 95 por ciento de los sembradíos de hoja de coca para la fecha.

El proyecto

Adriana y otras 15 familias conocidas suyas de las veredas La Cidra, Primavera y Colorado, del corregimiento La Caucana, que durante los años de la ocupación paramilitar se convirtió en el centro cocalero más grande de Antioquia, decidieron aceptar la propuesta de la Gobernación de Antioquia y la Undoc para cambiar la “mata que mata” por cacao. Así, los campesinos ponían su tierra a disposición, las entidades regalaban las semillas iniciales, brindaban asistencia técnica y asesoría para la venta del producto.

Sin embargo, uno de los principales problemas que empezaron a encontrar los responsables del proyecto fue la relación tan informal que los campesinos de este municipio del Bajo Cauca antioqueño tenían con la tierra. “Por aquí nadie ha tenido título de la tierra, porque todo esto es baldío. Simplemente uno le compraba a alguien con un documento de compra-venta y listo. Y estamos hablando de posesiones de 20, 25 y 30 años, sin título”, relata Adriana.

La Gobernación y la Undoc destinaron entonces importantes recursos económicos para adelantar un agresivo plan de formalización de predios en los municipios del Bajo Cauca donde intervendría el proyecto. Mientras un equipo jurídico avanzaba en este frente de trabajo, en las veredas de La Caucana aumentaba el interés de los labriegos por dejar atrás su historia con la hoja de coca y comenzar a escribir la nueva historia de la región con la tinta y el olor dulzón del cacao.

“En 2011 ingresaron más veredas al proyecto, se unieron más familias y entonces nos dimos a la tarea de organizar una cooperativa de cacaoteros. Aquí ya existía una, pero no tenía como mucho peso. Entonces, decidimos organizarla, reformarla y así fue como nació Acata, que significa Asociación de Cacaoteros de Tarazá”, cuenta Adriana, actual presidente de la Asociación.

El convenio se extendió hasta diciembre de 2011. Al año siguiente Sergio Fajardo Valderrama asumiría como nuevo gobernador de Antioquia, quien le daría un vuelco al proyecto y enfocarse más en los municipios del Nordeste y Oriente antioqueño, y trabajar de la mano de otra agencia de cooperación internacional como socio estratégico. No obstante, la Asociación logró cautivar familias escépticas y otras más reacias y “alzó vuelo propio”. Hoy, por lo menos 200 familias de ocho veredas de La Caucana están dedicadas a la siembra de cacao, producto que venden a importantes empresas del departamento. De ellas,unas 62 familias son socias de Acata.

Frustración

Pese a este buen panorama, los habitantes de la Caucana no olvidan que hoy no cuentan con título que los avale como propietarios de sus tierras y que, cuatro años atrás, hubo dos importantes entidades que intentaron ayudar a sanear esta situación.

Según cifras reveladas a por VerdadAbierta.com por antiguos integrantes de este proyecto, hasta la culminación de este proyecto se realizaron 125 solicitudes de adjudicación de predios baldíos ante del Incoder. El número corresponde a familias que hasta 2011 ingresaron al programa cacaotero para sustitución de cultivos ilícitos en los municipios del Bajo Cauca antioqueño, aunque la gran mayoría estaban concentrados en el corregimiento La Caucana de Tarazá.

A la fecha, el Incoder solo ha respondido las solicitudes de 18 campesinos de la vereda Colorado de este corregimiento. Todas ellas fueron negadas en el año 2012 por la Entidadcon el mismo argumento: encontrarse en una radio de cinco kilómetros de una zona de explotación de recursos naturales no renovables segúnArtículo 9 del Decreto 2664 de 1994. Y en todas ellas, el título de concesión minera lo tiene la empresa Cerro Matoso S.A.

Lo curioso es que nadie en La Caucanasabe por qué una empresa que explota una mina que se encuentra en el municipio de Montelíbano, Córdoba, es decir, a poco más de 150 kilómetros de distancia, resultó como propietaria de las presuntas riquezas minerales que esconde esas tierras. “Siempre se ha dicho que Cerro Matoso tiene muchas tierras, pero imaginamos que es por allá por los lados de Montelíbano. Por eso se nos vuelve muy raro que eso pegue por acá por donde nosotros estamos”, resalta Adriana.

Entre la comunidad la preocupación es doble. Por un lado, temen que allí donde hoy crece el cacao y el caucho casi que de manera silvestre, el día de mañana lleguen las retroexcavadoras a abrir huecos en la tierra en busca de oro, níquel o platino, sin que nadie pueda oponerse a ello. De otro lado, personas como Adriana, que junto a un puñado de familias de este corregimiento le ha “metido el hombro” a la Asociación de Cacaoteros de Tarazá, temen que la negativa de adjudicación de predios desestimule el cultivo de productos lícitos y eche al traste con la exitosa erradicación de la hoja de coca que ha venido teniendo lugar en La Caucana desde hace cinco años.

“Por el momento, el banco agrario nos continúa facilitando préstamos. Seguimos trabajando y no hemos tenido problemas hasta ahora por no tener títulos”, señala la mujer, quien de todas maneras advierte: “estamos preocupados, porque nosotros le hemos puesto mucho interés a este proyecto y queremos el título de nuestra tierra. Entre otras cosas, para seguir trabajando legal, porque como ya he escuchado a algunos decir: ‘para que manejarnos bien si el gobierno nos responde mal negándonos el derecho que tenemos sobre nuestras tierras’. Y eso preocupa”.

Fuente: http://bit.ly/1sYPZCW

La pena de muerte contra Sixto Manuel Peralta estaba anunciada. Comenzó a circular de boca en boca en los alrededores del corregimiento de Piamonte, en el municipio de Cáceres (Antioquia), y se hizo realidad en junio cuando un hombre lo degolló a machete, en plena vía pública, frente a varios miembros de la comunidad. El cuerpo quedó tendido, durante varias horas, como un aviso para quienes se atrevan a quedarse con la plata de una vacuna, dice un funcionario de esa población.

Al cuerpo de este joven no se le practicó levantamiento, necropsia, ni fue velado. Ni siquiera hay una denuncia por su muerte en la Fiscalía. Su cadáver, tal como se confirmó con cuatro fuentes distintas, fue recogido en el camino entre Piamonte y la vereda La Granja, y luego acomodado en un cajón de madera que la Alcaldía donó. Fue enterrado en medio de la más completa prudencia. Todo, porque, además de la ley del terror, tienen la del silencio.

Hoy nadie se atreve a pronunciar el nombre del joven ni de la barbarie a la que están siendo sometidos. No hay registros de su muerte en la Alcaldía, en el Concejo, ni en la funeraria. Los familiares de Sixto también se guardaron para sí el crimen. “Muy lamentable lo que le ocurrió a esa familia, pero, ¿y usted por qué sabe eso? Si eso se supone que no lo sabe nadie”, dijo un funcionario local.

La decisión de callar vino de Darío, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia quien ejerce un poder omnipresente en un territorio de más de 3.000 hectáreas al que se accede cruzando el río Cauca, desde un muelle ubicado a 15 minutos por carretera de Caucasia. Al amparo de la humedad y del sopor, no se ven hombres armados. Pero sí las miradas tensas de los campaneros que alertan sobre la presencia de desconocidos.

Para pasar al otro lado, prohibido para los forasteros, hay que subirse a un viejo ferry cuyos encargados (extorsionados permanentemente por las bandas criminales) cobran entre 40.000 y 450.000 pesos, según el carro. Cruzar es llegar a predios herméticos donde están las haciendas del extraditado Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, dominadas por los hombres de Darío pese a estar en manos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). De acuerdo con solicitudes presentadas a la Unidad de Restitución de Tierras de Caucasia, se cuentan en más de 80 las fincas que, supuestamente, 'Macaco' despojó.

Pero más allá de Piamonte, el fortín de Darío, está Guarumo, un paraje colindante con el río que, según un fiscal adscrito al Gaula de la Policía, ha sido utilizado como campo de torturas. El miedo a hablar es tanto que la madre de un joven desaparecido y asesinado en Guarumo ha preferido ocultarles lo ocurrido a algunos miembros de su familia. Cuando le preguntan, simplemente dice que no ha vuelto. “Algún día la gente sabrá lo que hacen con los muchachos, los niños y los adultos allá. Los matan, los pican y los tiran al río. Eso es lo que hacen”, dice.

La Fiscalía, poco a poco, se ha ido enterando de otros casos. Hace un par de meses, una mujer de una ONG divisó desde la orilla del río una parte de un brazo que flotaba en el río Nechí. En la fotografía que tomó se puede ver que la extremidad lleva un tatuaje que coincide con el de un joven desaparecido en el corregimiento de Puerto Bélgica, de Cáceres. Por reportes que reposan en la Fiscalía, se sabe que el 27 de febrero de 2014 vieron por última vez con vida a dos jóvenes cuyo nombre se reserva para proteger a las víctimas. Uno de los dos tenía un tatuaje similar al fotografiado.

De alias Darío, el hombre que genera tanto miedo, dicen que no supera los 40 años y que tiene cédula de un municipio de Cundinamarca, en la misma tierra donde nació Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, excomandante de las AUC recordado en Tarazá por haber mandado a matar campesinos a tiempo que construía hospitales y hacía obras sociales. Y no es coincidencia que sean coterráneos. Con el propósito de edificar en la década del noventa el Bloque Mineros de las AUC, Vanoy se llevó para Tarazá a un puñado de paisanos de confianza a los que llaman Los Caparrapos.

Ahora en el Bajo Cauca el control ilegal simplemente ha cambiado de nombres. Una vez 'Macaco' y 'Vanoy' se sometieron al proceso de Justicia y Paz (ambos fueron extraditados), los mandos medios comenzaron una puja que tuvo su momento más duro en 2010. Urabeños, Rastrojos y un grupo de los Paisas se disputaban la zona a muerte. Con el tiempo, según fuentes de inteligencia de la Policía, el territorio quedó dividido en franquicias otorgadas por el Clan Úsuga, el de los Urabeños. Alias León, Darío, 6-7 y 'Morroco' se reparten desde distintos flancos el poder en iguales cantidades.

Ese poder se nutre de la minería ilegal, las extorsiones y la coca. Para 2012, en el Bajo Cauca se concentraba la mitad de estos cultivos de todo Antioquia, según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, de Naciones Unidas. Esa droga termina en el golfo de Urabá y Córdoba.

Pero ahora lo grueso está en la minería. Cifras de la Agencia Nacional minera indican que el año pasado se explotaban 23.605 hectáreas, de 349.000 que poseen títulos mineros. Sin contar lo ilegal. Sobre el río Nechí, por ejemplo, hay 41 puntos detectados. Una retroexcavadora paga 3 millones de pesos mensuales en vacunas a los ilegales, dicen en Caucasia. También “hay unas 400 dragas de minería que también tienen que aportar”, denuncia un exfuncionario público. Y a eso se le suma el chantaje al erario: pedían el 12 por ciento para dejar construir los parques educativos de Tarazá y Cáceres, proyectos insignia del gobernador Sergio Fajardo.

Alias Darío ha intentado incluso influir en las decisiones políticas en la región. El 21 de julio pasado citó a los concejales de Cáceres a una reunión en la isla La Amargura, más allá de Piamonte, con el ánimo de impedir que aprobaran la construcción del comando de Policía y un empréstito que solicitó el alcalde por 4.000 millones de pesos.

Leiderman Ortiz, periodista del diario La Voz del Pueblo, hizo la denuncia. “Cuando la Policía fue, la reunión se había acabado. Apenas quedaron las sillas en fila”, cuenta. Los concejales lo niegan, pero el periodista se reafirma. Atreverse a hablar en un lugar donde todos callan le ha salido caro. Su casa, en un sector popular, es un búnker blindado que ya recibió el impacto de una granada de fragmentación.

Por el lado de Tarazá tampoco escampa. Allá, en el territorio de alias Morroco fue asesinado el periodista Luis Cervantes y el exalcalde Reinaldo Posso Muñetón, mano derecha de Héctor Leonidas Giraldo, el actual burgomaestre, quien ha recibido amenazas. Y todo aquello sigue ocurriendo en medio del silencio. Un silencio que parece un mal chiste si se leen las estadísticas oficiales de la Policía de Antioquia: durante 2014 no se reportan denuncias por extorsión. Porque la orden de Darío y sus hombres es no hablar. Y mucho menos de los muertos.

Fuente: http://bit.ly/1wmGTip

Un mes después del asesinato en Tarazá del periodista Luis Carlos Cervantes, la Asociación de Periodistas de Antioquia, APA, denunció amenazas de muerte en contra del periodista Omar Martínez, quien también labora para varios medios de comunicación en la zona del Bajo Cauca.

Según APA, el periodista Martínez les informó que dos personas en moto lo intimidaron mientras hacía un registro fotográfico en el barrio Las Malvinas del municipio de Caucasia.

"Luego de más de una hora de estar allí, me dirigí a una tienda por una botella de agua, cuando se me acercaron dos personas desconocidas en una motocicleta. Casi interrumpiéndome el paso me dijeron: ¡Este es uno de los revoltosos, este es uno de los revoltosos!, ¡Deje de hablar tanta mierda!, y se fueron", según se lee en el comunicado de la APA, en el que pone de manifiesto las amenazas contra otro comunicador en el Bajo Cauca.

El periodista Omar Martínez había sido víctima de amenazas en agosto de 2013 y en febrero de este año, por medio de mensaje de texto a su celular, en los que le daban un plazo de 24 horas para abandonar la población.

Hace algunos días, la APA reportó también las amenazas hechas al camarógrafo Guillermo Naranjo, quien reside en el municipio de Barbosa y es colaborador de varios medios.

En el comunicado, la Asociación de Periodismo de Antioquia rechaza este nuevo acto intimidatorio contra los periodistas y llama la atención los organismos de seguridad para que brinden seguridad y acompañamiento a los dos comunicadores Omar Martínez y Guillermo Naranjo y los demás periodistas amenazados en la región para evitar cualquier acción violenta en su contra.

Fuente: http://bit.ly/1qWHXYF

Otro de los uniformados atacados en Cáceres, Antioquia, falleció en la tarde de este lunes después de ser herido con arma corta por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

El uniformado fue identificado como el patrullero Carlos Andrés Contreras Pérez de 25 años de edad, natural de Corosal, Sucre.

El otro uniformado que había fallecido previamente fue identificado como José Luis Rodríguez Ordóñez de 25 años de edad, soltero y natural de Magdalena.

Hasta el lunes al mediodía se habían reportado nueve arremetidas, al parecer de las Farc y del Clan Úsuga, que comenzaron el pasado viernes en la tarde.

Fuente: http://bit.ly/1qWITfL

Entre mañana y el jueves se reunirán las directivas de salud departamentales con las directivas de salud del Norte y Bajo Cauca antioqueño para la revisión y construcción de prácticas para fortalecer el nivel local de salud.

El encuentro, que se realizará en la Casa de la Cultura de Yarumal Francisco Antonio Cano se revisarán temas como la atención primaria en salud, el saneamiento fiscal y financiero, y el aseguramiento.

Además, se buscará fortalecer a la Secretaría Seccional de Salud como ente rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud en la región.

A esta reunión están convocados los alcaldes, secretarios locales de salud, gerentes de las Empresas Sociales del Estado (ESE), hospitales y personal administrativo de las diferentes localidades. Con ellos las jornadas de trabajo inician con la revisión de los compromisos asumidos en reuniones pasadas y la presentación de la situación de las dos regiones.

En la reunión estará la secretaria Seccional de Salud y Protección Social, Luz María Agudelo Suárez, y los directivos de esta dependencia.

Otros temas de la agenda de trabajo serán la situación de salud regional y local, las tasas de fecundidad, natalidad, muertes fetales, mortalidad general, las primeras diez causas de muerte, las diez primeras causas de consulta médica, las primeras causas de eventos de salud pública y las coberturas con los diferentes programas.

Fuente: http://bit.ly/1wFJesX

El cabezote de un camión afiliado a una empresa de transporte de carga fue incinerado en el sector de El Manicomio, jurisdicción del municipio de Yarumal, en la vía que de Medellín conduce a la Costa Atlántica.

Según el coronel Gustavo Chavarro, comandante de la Policía en Antioquia, el ataque ocurrió en la madrugada de este miércoles cuando guerrilleros del frente 36 de las Farc interceptaron el camión que cubría la ruta Medellín - Cartagena, obligaron a bajar al conductor de 36 años, y le prendieron fuego al vehículo.

Además del camión incinerado, los subversivos volaron con explosivos la carretera lo que mantuvo cerrada por varias horas la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica.

"La vía está controlada, ya hay paso por un carril y el Invías junto con el Batallón de ingenieros de la Cuarta Brigada, trabajarán durante toda la jornada para restablecer los dos carriles", declaró Santiago Londoño, secretario de gobierno de Antioquia.

En la reacción de tropas del Ejército que patrullaban la zona, hubo un intercambio de disparos, el Coronel Chavarro confirmó que en el hecho no resultaron personas lesionadas.

"Acá están las Farc con su "capacidad" para destruir. ¿Poder? ¿Valentía? ¿Revolución? No: Vergüenza", trinó el gobernador Sergio Fajardo sobre el hecho en su cuenta de Twitter.

Fuente: http://bit.ly/1AVdZc2

Durante un consejo de seguridad desarrollado en la ciudad de Medellín y encabezado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, fue activada una unidad del Gaula Militar para el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con Pinzón, el objetivo del equipo es enfrentar de forma efectiva el accionar de las bandas criminales y la delincuencia común en el Bajo Cauca, de cara a garantizar la seguridad de ciudadanos, empresarios y comerciantes.

“El principal reto es mejorar las condiciones de seguridad en el Bajo Cauca, de esta forma lo vamos a asumir entre todos, para producir efectos y resultados positivos”, aseguró Pinzón quien indicó que la unidad tendrá como base el municipio de Caucasia.

En el consejo de seguridad –en el que además se revisó la capacidad y respuesta operativa de la operación ‘Troya Bajo Cauca’, con la que se busca combatir a las bandas criminales– participaron el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino; el vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, y el comandante del Ejército Nacional, general Jaime Lasprilla.
Se estima que el Gaula Bajo Cauca operará en los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza, donde la banda criminal conocida como el ‘Clan Úsuga’ y las Farc desarrollan actividades delincuenciales como narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

En ese sentido, Jorge Perdomo, vicefiscal general de la Nación, afirmó que ya están listas las órdenes de captura contra 74 personas, entre ellas cabecillas de grupos criminales que operan en la región.

“Habrá 10 nuevos fiscales dedicados a temas concretos en la lucha contra la extorsión, el microtráfico y la minería criminal. Ya hemos capturado cerca de 190 miembros de organizaciones criminales y esperamos realizar más capturas de personas totalmente identificadas”, indicó Perdomo.

A su turno, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, explicó que la intervención de mediano y largo plazo que se adelanta en el Bajo Cauca cuenta con planes de seguridad ciudadana y prevención, unidades de investigación criminal e inteligencia, apoyo interadministrativo entre las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General y otras instituciones.

“Hay un plan muy claro con total articulación entre diferentes entidades y organismos, lo cual muchas veces es difícil y por eso me declaro satisfecho por los logros y avances que hemos hecho junto con el ministro de Defensa y la Fuerza Pública”, puntualizó Fajardo.

Fuente: http://bit.ly/1mKMUzL

Habitantes de la vereda El Tigre Uno, de Caucasia, predios que fueron abandonados en 2010 a consecuencia de los enfrentamientos entre bandas criminales, presentaron siete demandas de titulación que se convierten en el primer caso que se presenta ante los jueces en esta región de Antioquia luego de más de dos años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Se espera que antes de finalizar este año se resuelvan las siete demandas presentadas en las que se pide la titulación de 96 hectáreas que, de fallar favorablemente, beneficiará a 51 personas que abandonaron forzosamente la región en el año 2010 por cuenta de la guerra protagonizada por las denominadas bandas criminales surgidas luego del proceso de desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Una de las demandas fue presentada por la junta de acción comunal de la vereda que reclama la restitución de la caseta comunitaria, lo que constituye un caso sui generis dentro de los procesos de restitución de tierras.

Hasta la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 1.676 casos de probables despojos cometidos en los seis municipios que componen la subregión: Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza, sin embargo, no hay un concepto favorable de seguridad, requisito previo al proceso de documentación exigido por las normas para presentar el caso ante los jueces especializados.

Fuente: http://bit.ly/1neBaFz

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, presidió el consejo de seguridad que se llevó a cabo en Rionegro, Antioquia; en el que lo acompañaron el gobernador del departamento Sergio Fajardo y toda la cúpula militar.

En el balance que se dio en la reunión, que tenía como objetivo analizar la situación del Bajo Cauca, el ministro declaró varias acciones que se pondrán en marcha a partir de la próxima semana, entre las que se destaca principalmente la operación Troya Bajo Cauca.

Esta operación tiene como característica la integración de la Policía, la Fiscalía, las Fuerzas Militares (Ejército y Armada), el gobierno departamental y el nacional. "Para la operación llegarán al área 358 hombres de la policía nacional, además de unidades especializadas de investigación judicial e inteligencia, para fortalecer las capacidades que allí se tienen. El comandante a cargo será el Coronel Boyacá", afirmó el Ministro.

Además de esta operación, en las próximas semanas se creará y activará un nuevo Gaula militar del Bajo Cauca, que tendrá como responsabilidad actuar de manera permanente contra la extorción y los delitos de libertad personal en el área. También, la Fiscalía dispondrá de cinco fiscales contra el crimen organizado; cuatro de ellos estarán ubicados en la zona para emitir las órdenes de captura respectivas. Así mismo, serán nombrados otros cuatro fiscales contra otros delitos como el hurto y el microtráfico.

"Se va a establecer el cartel de los 20 más buscados del Bajo Cauca y se va a ofrecer una recompensa hasta de 50 millones de pesos por los delincuentes que aparezcan en él".

Según Pinzón, hay una alianza comprobada entre los grupos terroristas de las Farc y el ELN, en la que actúan de manera "mancomunada", y donde además tienen un pacto de no agresión con los denominados Clan Úsuga, la banda criminal de Urabá. "Hay evidencia de casos de corrupción de funcionarios públicos que hacen difícil el trabajo de cualquier política pública", afirma el ministro añadiendo que los grupos delincuenciales penetran las organizaciones sociales y las manipulan para crear más dificultades en la región.

"Los que dicen pertenecer al clan Úsuga, reclaman ser ante estas comunidades un grupo de autodefensa. Que le quede claro a los ciudadanos de la región y al país, que esta es una organización delincuencial, una banda criminal y actúan de forma mafiosa".

Todos estos grupos se financian a partir del microtráfico, la minería criminal y extorciones a los habitantes. De este modo actúan en los municipios de Tarazá, Caucasia, Nichí, Bagre, Zaragoza y Cáceres.

El lunes 25 de agosto se hará una evaluación de cómo están avanzando las tomas de estas medidas, y se harán futuras reuniones de avances y ajustes a la operación. El ministro también afirmó que parte de esta operación es para ir detrás de los que causaron la tragedia del periodista Luis Cervantes, amenazado y asesinado en el municipio de Tarazá.

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Los periodistas del bajo Cauca antioqueño ejercen su labor con miedo. Así lo aseguran tres de los nueve comunicadores que, en esa subregión de Antioquia –con solo 6 de los 125 municipios que tiene el departamento–, están amenazados.

El asesinato del director de la emisora Morena F.M. y excorresponsal de Teleantioquia Noticias, Luis Carlos Cervantes, abaleado el martes pasado en Tarazá cuando iba a visitar a su pequeño hijo de 8 años –tras dos semanas de estar escondido–, acrecentó su temor.

Leidherman Ortiz, director del periódico La Verdad del Pueblo de Caucasia, es quizá el periodista de Colombia que más atentados ha sobrevivido. Dos granadas y tres intentos de sicariato del 2008 a la fecha lo confirman.

“Las bandas criminales pagan por mi cabeza de 5 a 50 millones de pesos. De eso me he enterado por fuentes de inteligencia de la Policía”, dice el comunicador de 41 años, quien ha denunciado a los cabecillas de diferentes ‘bacrim’, como ‘Urabeños’, ‘Paisas’, ‘Rastrojos’.

“Yo sé que tengo un enemigo político que he venido denunciando, y hay concejales, además de funcionarios públicos, que han pedido que se me quite el esquema de seguridad que me tiene la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, agrega Ortiz, a quien protegen, como a pocos, tres escoltas, un vehículo y una vivienda blindada.

“Eso no fue gratis, pues tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligó al Estado colombiano a defenderme”, dice.

Pero esa no es la suerte de Éder Alvarado Barrios, el director de tres medios de comunicación en Caucasia, quien dice que ha tenido que soportar y resistir las siete intimidaciones de las que ha sido víctima sin protección.

“Yo les pongo la cara a las bandas criminales. Si me quieren sacar de Caucasia me tienen que matar”, sentencia el periodista barranquillero, quien hace siete años llegó a ese municipio para hacer su carrera.

Inclusive recibió en una ocasión, según dice, amenazas de un teniente de la Policía que “pagó un millón de pesos por asesinarme”.

Hay quienes incluso tuvieron que dejar de ejercer el oficio por miedo a las amenazas. Es el caso de Lili Johana Franco, quien cambió un micrófono y el cubo con el logo de Teleantioquia Noticias por una caja registradora de un almacén. “Solo estuve en el periodismo tres meses (en el 2013). Mi debut fue recibir amenazas, quién sabe por qué”, se queja la joven de 23 años, madre soltera de una niña de 4 años.

Falta de protección
Óscar Morales, representante de la Asociación de Periodistas de Antioquia (APA) y quien ha liderado la vocería después del asesinato de Cervantes –que soportó 30 amenazas antes de su muerte– aseguró que en la región hay 18 periodistas que están en riesgo.

“Hay muchos colegas que están en zonas apartadas del departamento donde reina la autocensura, y ellos muchas veces por temor a que se agranden sus problemas, o por desconocimiento, no lo dan a conocer”, dice, tras asegurar que solamente cuatro de ellos tienen esquema de seguridad de la UNP.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, se comprometió a analizar cada uno de los 18 casos de riesgo.

En el país, 86 periodistas con riesgo extraordinario cuentan con protección.

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El Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, anunció quesu despacho apoyará la labor de la fuerza pública en su lucha en contra de las bandas criminales, especialmente el denominado Clan Úsuga, estructura delincuencial a la que acusó de extorsionar a los contratistas que desarrollan los parques educativos en Cáceres y Tarazá, en el Bajo Cauca.

El mandatario calificó como un reto al Estado de parte de las bandas criminales, las denuncias que los constructores de los parques Educativos de Cáceres y Tarazá hicieron durante a la entrega en Caucasia del primer centro regional de atención del riesgo y emergencia del departamento.

Fajardo se refirió de paso a las presiones de la criminalidad contra la empresa de apuestas permanentes Gana en municipios del Norte y el Bajo Cauca.

"Todos sabemos qué está ocurriendo en este territorio. Y en este momento considero que es un reto a la institucionalidad, y nosotros como departamento de Antioquia tenemos que responder", señaló.

Sostuvo que debe ser en coordinación con el Gobierno Nacional que se enfrente el problema, porque no va a ser con paños de agua tibia que se puede enfrentar a unos criminales que saben a lo que van y que están interfiriendo en todos los asuntos de estas comunidades.

Agregó que su administración debe hacer inversión social, pero no puede hacer las obras para que las bandas criminales se enriquezcan.

El gerente de Parques Educativos, David Escobar, confirmó que la denuncia de retrasos en la construcción de los parques educativos de Tarazá y Cáceres surgió de parte de las firmas contratistas que informaron a la Gobernación de los cobros extorsivos para permitir el avance de los trabajos.

El funcionario anotó que el caso se trasladará a la Secretaría de Gobierno para que en coordinación con las autoridades del orden nacional se defina cómo enfrentar la situación.

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