Por lo menos son 10 los municipios antioqueños que han sufrido diferentes afectaciones a causa de las fuertes lluvias que han azotado al departamento en los últimos días y que dejan un saldo, hasta el momento, de cerca de 7.469 personas afectadas.

Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), que informó que ha enviado 106 toneladas de ayuda avaluadas en más de 500 millones de pesos.

Los 10 municipios afectados, con sus eventos y afectados, según el Dapard, son:

Apartadó: Creciente súbita dejó 6.331 personas afectadas. Han sido enviadas 76 toneladas de ayudas humanitarias representadas en kit de alimentos, aseo, infantil, cobijas, sábanas y colchonetas.

Yondó: Creciente súbita y vendaval tiene a 270 personas afectadas. Allí han enviado 17 toneladas de ayudas entre kit de alimentos, aseo, infantil, cobijas, sábanas, colchonetas y tejas.

Jericó: Movimiento en masa de la montaña afectó a 234 personas. A este municipio han llegado kits de alimentos, aseo, cocina, familiar y cobijas.

San Rafael: Hay 152 personas afectadas por inundaciones causadas por una creciente súbita. A este municipio del Oriente han enviado kits de alimentos, aseo familiar, cocina, cobijas, sábanas, colchonetas y tejas.

​Zaragoza: Hay 140 personas afectadas por un vendaval. La ayuda en este municipio han sido tejas.

Chigorodó: 133 personas afectadas por diferentes inundaciones causadas por creciente súbita. Las ayudas enviadas corresponden a hamacas y toldillos.

​Yalí: Un vendaval dejó 89 personas afectadas. Allí han enviado tejas.

Vigía del Fuerte y Urrao: Estos dos municipios han sido afectados por inundaciones y crecientes súbitas, sin embargo, no se tiene el censo total de las personas afectadas pues por el momento no están los datos oficiales de los consejos municipales de gestión del riesgo.

Juliana Palacio, directora del Dapard, aclaró que sobre la entrega de ayudas humanitarias por parte de la ciudadanía, la entidad no recepciona ayudas.

"No podemos entregarlas si estas no cumplen con unos estándares internacionales a los que estamos sujetos y, ante todo, si nosotros (Dapard) no hemos superado nuestra capacidad. Si esto pasa, acudiremos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) para que ellos nos apoyen", expresó la directora.

Sobre la situación de Jericó, el Dapard, indicó que debido a los desbordamientos de tres quebradas en la zona, sus aguas han provocado movimientos en masa, por lo que la directora del Dapard precisó que se deben adelantar nuevos estudios técnicos para realizar las obras que se requieren y dar solución definitiva a esta eventualidad.

Fuente: http://bit.ly/35owLNE

Unas 106 toneladas de ayudas humanitarias han entregado los organismos de emergencias a las más de 7.000 personas damnificadas por la ola invernal, especialmente, quienes resultaron afectadas por el deslizamiento en Jericó y las inundaciones en Apartadó.

La directora del Dapard, Juliana Palacio, advirtió que continúa la alerta roja por posibilidad de desbordamiento de ríos, especialmente, en Nechí, y por deslizamientos en San Jerónimo, San Francisco y San Luis, donde las autoridades avanzan en la remoción de por lo menos 20.000 metros cúbicos de tierra que permanecen sobre la autopista Medellín - Bogotá.

En Vigía del Fuerte hay cerca de 1.000 damnificados

Sin embargo, a donde no han llegado las ayudas es a las seis comunidades afectadas tras las crecientes del río Arquía, en Vigía del Fuerte.

El alcalde Manuel Cuesta contó que las inundaciones dañaron los cultivos y las vías de acceso en las comunidades Isleta, Belén, Vegaez, Vidrí, Puerto Palacios y Puerto Medellín. Allí hay cerca de 925 personas damnificadas.

“Son 250 familias, en total, 925 personas. Todas esas familias tienen cultivos de pancoger y eso arrasó con 500 hectáreas de los cultivos. También se perdieron 400 pollos”, explicó el mandatario.

Esperan que pronto las autoridades departamentales los ayuden con diferentes elementos de primera necesidad.

Fuente: http://bit.ly/2O5SuUz

Dos combates se presentaron entre tropas del Ejército e integrantes del 'clan del Golfo' que tienen injerencia en zonas del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.

En dicha zona se desarrolla la operación Agamenón, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, en atención de las tres alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en 2018, para que se garantice la seguridad de las poblaciones. 

El primer combate ocurrió en la vereda Nicaragua, zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia. Tropas del Ejército se enfrentaron con la subestructura Rubén Darío Ávila, del 'clan del Golfo', que, según inteligencia militar, tenía planeadas acciones criminales que afectan a la población civil. 

Después del combate, durante un registro que se hizo en el sector, las autoridades encontraron material de guerra perteneciente a este grupo armado ilegal.

La segunda operación se dio en la misma zona, con la misma estructura armada. En esa ocasión, los presuntos criminales huyeron del sitio. 

Fuente: http://bit.ly/2XnDoN8

Dos factores llevaron a la Alcaldía de Caucasia a bajarle el pulgar a las fiestas de corraleja del municipio: enviar un mensaje de protección animal y respetar el dolor de las víctimas por la reciente ola de violencia que azota al municipio del Bajo Cauca.

Así lo aseguró el mandatario local, Óscar Aníbal Suárez, quien agregó que el ánimo de la población no está para celebraciones estridentes por lo que buscarán realizar actividades que unan de nuevo a las familias y que le apunten a la resocialización de una comunidad golpeada por la lucha de bandas criminales que se disputan el control de la extorsión, microtráfico y rentas derivadas de la minería.

“Le vamos a apuntar mejor a actividades con jóvenes que van a salir de la jornada escolar y la idea es integrar y apostarle a que todos estimemos más el valor de la vida porque estos grupos al margen de la ley no paran y hay una disputa muy fuerte”, indicó el mandatario.

Las corralejas eran una fiesta tradicional en Caucasia (más de 40 años) que se realizaban entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero.

Refuerzo policial

El pasado fin de semana se realizó un consejo extraordinario de seguridad, con la secretaria de Gobierno de Antioquia, donde se anunció un nuevo refuerzo policial de 30 agentes para el municipio y se concertó cambiar la estrategia para golpear las finanzas de los grupos que se disputan el territorio.

Mientras tanto la violencia y los ataques armados en el casco urbano no dan tregua y en la noche del domingo se reportó un ataque sicarial dentro de un local comercial (taberna) que dejó un saldo de tres personas lesionadas.

Fuente: http://bit.ly/2qfDlai

La Policía Nacional avanza en la investigación para esclarecer los responsables de un doble homicidio registrado en zona rural del municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño.

Las víctimas del crimen fueron identificadas como Duván Felipe Vera Valencia (20 años) y César Adolfo Pérez Tascón (28 años); quienes perdieron la vida cuando fueron interceptado por hombres armados en sus lugares de residencia ubicados en la vereda La Pipiola de ese municipio.

Según la información proporcionada por los familiares y testigos; una de las víctimas falleció por arma de fuego y otro por arma blanca. Al parecer, no habrían denunciado amenazas en contra de sus vidas.

En esa subregión del departamento de Anioquia hace presencia el grupo al margen de la ley conocido como ‘Los Caparrapos‘.

Cindy Yulieth Pelayo, de 30 años de edad, fue encontrada sin vida en su casa ubicada en el barrio Dromedario de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

Según el mayor Milton Blackburn, comandante operativo del distrito de la Policía en esa subregión, el hallazgo se dio en la madrugada de este domingo tras un reporte de la comunidad.

“En una llamada alertan que, al parecer, hay una mujer sin vida en una de las casas. Cuando llega la patrulla verifica la situación y encuentra el cuerpo en el piso. La casa estaba con la puerta abierta y no había nadie más en ella”, contó el mayor.

La mujer, que tenía dos heridas de arma de fuego, se desempeñaba como secretaria de la institución educativa Santo Domingo de dicho municipio y según las primeras hipótesis de las autoridades, el crimen se habría dado por motivos pasionales.

Este hecho se suma al doble homicidio registrado en zona rural de Tarazá, también Bajo Cauca antiqueño, que dejó como víctimas a dos hombres de 20 y 28 años de edad.

La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda de nulidad de la elección del alcalde de Caucasia, Leiderman Ortiz Berrío, porque habría celebrado contratos con la Empresa Social del Estado Hospital César Uribe Piedrahíta, el 27 de noviembre de 2018, lo cual está abiertamente prohibido por la ley. 

La acción legal fue presentada por la abogada Daniela González Meneses, quien solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto que lo declaró como mandatario de esa población del Bajo Cauca antioqueño para el periodo  2020 - 2023. 

Según la demandante, los directivos del hospital “ocultaron la existencia de los convenios celebrados por la ESE con el demandado, los cuales se encuentran plenamente demostrados”. Aseguró que el gerente Orlando Rodríguez Álvarez pertenece al Partido de La U, que le dio el aval a Ortiz Berrío. 

El Tribunal Administrativo de Antioquia, con ponencia de la magistrada Beatriz Elena Jaramillo Muñoz, notificó la decisión a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación. 

Leiderman Ortiz Berrío, director del periódico regional La Verdad del Pueblo, ganó la Alcaldía de Caucasia con 16.002 votos, es decir, 3.785 más que su contendor, el exmandatario José Nadín Arabia Abisaad, quien obtuvo 12.127 sufragios.

Ortiz Berrío es uno de los periodistas más amenazados del país y ha sufrido varios atentados por denunciar, en su medio de comunicación, hechos de corrupción y a miembros de grupos armados organizados que delinquen en la región. 

Debido a las intimidaciones, en varias oportunidades se ha tenido que desplazar a otras zonas del territorio antioqueño para proteger su vida, y vive en Caucasia, en una casa blindada y cuenta además con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). 

Como Luis Carlos ‘Chino’ Veleño Arrieta fue identificado por la Policía el hombre capturado, en coordinación con la Fiscalía Nacional, como presunto responsable de haber incendiado la Alcaldía y el Concejo de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, en hechos registrados el pasado lunes 28 de octubre, luego de conocerse los resultados de las elecciones a la alcaldía.

El coronel Giovanni Buitrago Beltrán, comandante de la Policía de Antioquia, indicó que esta captura se da después de que las autoridades desplegaran un equipo de Policía Judicial para que adelantara las labores investigativas correspondientes en este caso en el que resultaron incineradas las instalaciones de la Alcaldía y el Concejo, al igual que contratos, actas y proyectos de Acuerdo del municipio.

Según la Policía, Veleño había participado para ese día de elecciones como testigo electoral por parte del partido político Colombia Justa Libres. El comandante Buitrago manifestó que esta persona estaría vinculada a la campaña de uno de los candidatos a la alcaldía, de quien es primo.

En dichos comicios municipales, la diferencia entre el primer y el segundo candidato, Marcos Madera, del Partido de la U, y José Camilo Echeverri, de la coalición ‘Nechí amor por lo nuestro’, es de 107 votos.

Además, se le señala un antecedente del 2011. En ese año fue denunciado por la Registraduría del municipio del Banco, Magdalena, por el delito de fraude en inscripción de cédulas.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder, bajo medida de aseguramiento intramural, por los delitos de terrorismo agravado, asonada y daño en bien ajeno agravado.

Fuente: http://bit.ly/33mK80b

En El Bagre, Zaragoza y Caucasia, municipios del bajo Cauca antioqueño, funcionarios de la Fiscalía y de Policía Judicial del CTI ocuparon bienes de Pedro Luis Herrera, conocido como ‘Pedro Mula’, quien fue capturado el pasado 7 de octubre. 

Las ocupaciones se llevaron a cabo entre el 28 y 30 de octubre en esos municipios antioqueños donde ‘Pedro Mula’ tenía montado su emporio de minería ilegal. Los bienes afectados con medidas cautelares de extinción de dominio están avaluados en $ 24.336 millones.

Entre estos figuran dos minas ilegales y sin permisos ambientales en Zaragoza, donde también ocuparon una prendería y una joyería. En El Bagre fueron ocupados una gasolinera y un sitio de comercio de lubricantes. Y en los tres municipios, casas y lotes urbanos y rurales.

En total, fueron seis establecimientos de comercio, 20 bienes inmuebles –2 en Caucasia, 5 en Zaragoza y 13 en El Bagre– y 11 vehículos, entre los que figuran un bus, un camión, un semirremolque, una cuatrimoto y siete motocicletas.

“Creemos que la cifra es incluso superior, pero es lo que hemos logrado determinar hasta el momento”, explicó la fiscal. La operación fue adelantada por la Fiscalía 55 Especializada en Extinción de Dominio.

Según la investigación, ‘Pedro Mula’ movía cerca de $ 20 mil millones por aprovisionamiento de maquinaria e insumos para la minería ilegal. El hombre, de 66 años, cayó en octubre pasado señalado como supuesto financiador del Eln y el ‘clan del Golfo’ en esa región.

A Herrera le imputaron cargos de explotación ilegal de minería a cielo abierto, daño a recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero, cohecho y financiación de grupos terroristas.

Fuente: http://bit.ly/36Io95Y