Desde 2017, se había advertido sobre el riesgo de desplazamientos masivos en municipios como Cáceres, Antioquia. El Gobierno Nacional no hizo nada, sino hasta que la Defensoría emitió una alerta nacional el pasado 22 de enero.

La situación de orden público en la región del Bajo Cauca antioqueño es un tema que, desde 2017, los líderes sociales de la zona la habían alertado. La petición al Gobierno Nacional por parte de ellos y de grupos sociales que trabajan allí ha sido que haya mayor presencia de Fuerza Pública para evitar los homicidios y el desplazamiento forzado, provocado por la presencia de bandas criminales y grupos ilegales que se encuentran en una disputa territorial.

El 22 de enero de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta nacional sobre desplazamientos masivos en el Bajo Cauca antioqueño y en otros departamentos como Córdoba, Boyacá y Casanare. Más de mil personas, en solo cuatro días, se movilizaron de sus casas debido al temor de quedar en medio del fuego entre el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc.

Antes de cumplirse el mes de esta alerta, entidades de la ONU, como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Agencia para los Refugiados (Acnur), junto al Consejo Noruego de Refugiados y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, hicieron un llamado de alerta ante "la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia)”.

“El Gobierno Nacional no le había prestado atención a la situación como se la están prestando ahora. Y es por un tema muy importante y muy desafortunado: el desplazamiento. Han sido más de 1.600 personas desplazadas, eso es lo que hizo que llamara la atención a nivel nacional. Eso ya se sabía. Eso ya se veía venir”, dijo a El Espectador Leiderman Ortiz Berrío, defensor de derechos humanos y líder social de Caucasia.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Antioquia, hasta el 22 de febrero, se han desplazado 1.569 personas hasta la cabecera municipalde Cáceres. Huyen de los enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de las rutas del microtráfico en la zona.

“El Bajo Cauca ofrece unas dinámicas muy particulares. La explotación de los recursos mineros; la insurgencia de las Farc que tenían unas rutas hacia la parte del sur de Córdoba, otra hacia el sur de Bolívar. Por esos montes y por esas vertientes de las cordilleras existen todas unas rutas que les permiten y les facilitan justamente el comercio o el tránsito de sustancias de uso ilícito hacia determinados lugares. Por lo que les posibilita conectarse con el occidente, el oriente de Antioquia y también pueden conectarse con el departamento de Córdoba y directamente con la ciudad de Medellín”, explica Óscar Yesid Zapata, vocero de Nodo Antioquia para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Esa posición estratégica con la que goza el Bajo Cauca, lo convirtió en un epicentro para las bandas criminales, que operan desde ahí. A eso se le suma la proliferación de la minería ilegal y de la siembra de los cultivos ilícitos. “El microtráfico de los cultivos ilícitos que están en esa parte y la minería ilegal son los flagelos que sufre Cáceres”, describe Victoria Eugenia Ramírez, secretaría de Gobierno de Antioquia.

Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la fragmentación interna de esos grupos ilegales organizados, lo que propicia una nueva guerra por el control de la zona.

“El Bajo Cauca es un fortín de la extorsión en el que ellos cobran las vacunas, tanto en el comercio como en la ganadería; es un fortín por la minería informal, el microtráfico, los cultivos, los laboratorios y los corredores que manejan los grupos ilegales, fundamentales para transportar y vender la droga”, dice Ortiz Berrío.

Desde que se asentó el problema, los líderes sociales lo han denunciado y han pedido que se planifique toda una estrategia militar que contrarreste los efectos nefastos que ha traído el paramilitarismo y el narcotráfico a la zona.

“Miembros de la comunidad hace meses habían avisado de la situación porque veían la presencia de grupos, sus movimientos y fortalecimientos. Su experiencia de vivir en medio de la guerra hace muchos años les decía que su vida iba a estar en riesgo”, cuenta zona Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados.

Ellos lo veían venir, pero las autoridades departamentales y nacionales no hicieron nada para prevenirlo. Solo lo hicieron cuando las organizaciones internacionales y la Defensoría del Pueblo lanzaron las alertas de riesgo de desplazamientos masivos. Entonces, activaron un protocolo de contingencia.

Una vez que se movilizaron más de 1.500 personas, la Alcaldía de Cáceres, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional activaron un plan de choque para enviar 300 uniformados a la zona, crear comisiones especiales para brindar atención humanitaria a las víctimas desplazadas (albergues, salud alimentaria, agua potable, acceso a servicios públicos y educación) y una petición a la Registraduría Nacional para trasladar los puestos de votación de las zonas veredales al casco urbano. 

“Estas acciones no han sido suficientes, ni eficientes. Nosotros no somos expertos en seguridad y no podemos darles consejos de cómo proteger a las comunidades, pero es claro que los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes, porque hay más de 1.500 personas directamente afectadas y quién sabe cuántos otras están en situación de inseguridad”, manifestó Visnes.

Fuente: http://bit.ly/2Ftog7T

Chats enviados por el subdirector regional, Braulio Suárez, estarían invitando a cenas para apoyar al candidato. Sindicato denuncia nómina paralela en esta sede.

Las aspas del viejo ventilador del periodista Leiderman Ortiz no dejan de agitar remolinos de pruebas que le llegan, como pantallazos de Whatsapp que citan a reuniones para amigos del Sena, y que salieron del celular de Braulio Suárez, el subdirector de la regional en Caucasia, en donde invita a reuniones clandestinas.

Cena entre amigos del Sena, se lee, para respaldar a Julián Bedoya al Senado y a su fórmula a la Cámara, Juan Diego Echavarría. Es un aporte como mínimo de 30 votos por invitado, o de lo contrario asumir las consecuencias.

“Hay gente que llevaba varios años trabajando y que hoy en día los están echando porque no están en la política del Sena, que es apoyar a Julián Bedoya”, dice Ortiz, director del medio de comunicación La voz del pueblo.

Hay pruebas de un constreñimiento electoral a funcionarios y estudiantes de la institución que se comprueban con audios:

Audio 1: "(…) y ya uno pasa esas pruebas. Queda una terna, y en esa terna ya quedan los tres primeros puntajes, y en esos tres primeros puntajes es donde uno necesita la ayuda, ¿sí? Donde uno necesita la ayuda, como dicen por ahí, los cinco centavos para el peso".

La voz es la de Braulio Suárez, subdirector del Sena en la regional Caucasia, quien efectuó reuniones clandestinas para favorecer en las urnas a Julián Bedoya.

Los audios de más de una hora de grabación fueron suministrados por Nicolás Zapata, presidente del sindicato del Sena.

“Es que allí el señor Julián Bedoya, actual representante a la Cámara y hoy candidato al Senado hace política con la planta de contratistas que tiene este centro de formación.

Audio 2: "Él se llama Julián Bedoya, representante por el Partido Liberal, él es él que nos ha ayudado para que hoy estemos aquí nosotros y hoy también los convocó para que me ayuden para responderle ese favor a Julián Bedoya".

Un favor que el subdirector del Sena quiere retribuirle en las urnas con votos. En los mismos audios le cuenta a su auditorio, a manteles, cómo es importante conservar los beneficios del Sena.

Audio 3: "(…) yo sé que si respondemos a este señor, a Julián, yo creo que aquí podemos quedarnos mucho rato. En esta entidad se vienen cuatro procesos de convocatoria para vinculación".

“Hemos visto, por ejemplo, como de 180 contratos en Caucasia, el señor Braulio Suárez, entre el año 2017 y 2018 ha sacado más de 100 personas y ha entrado a 100 persona nuevas”, dice el sindicalista Zapata.

Posteriormente, el subdirector del Sena les informa a sus invitados que se está levantando un censo electoral para ser manejado desde la sede del candidato Julián Bedoya en Medellín.

Audio 4: "Ya nosotros tenemos que empezar a hacer un censo electoral (…) esto es una cosa real muchachos (…) si podemos meter cinco metamos cinco, si podemos meter diez, diez metemos; si podemos meter cien bueno, cien excelente (sic). ¿Por qué? porque desde el mismo directorio departamental de Julián Bedoya en Medellín se va a tener una base de datos para tener identificado ese censo electoral".

Por último, el señor Braulio Suarez pide que este tipo de reuniones se maneje con sigilo y discreción.

Audio 5: "(…) porque eso se nos devuelve después a nosotros y se nos vuelve un problema. Se nos vuelve un problema (…) por eso cuando yo les mandé a ustedes el WhatsApp yo les puse, por favor no difundir que quede entre ustedes mismos".

Al día de hoy, el caso de Bedoya y sus favorecimientos por el subdirector del Sena seccional Caucasia es uno de los 17 casos que la Procuraduría investiga por la existencia de una presunta nómina paralela que se habría creado con fines electorales.

Fuente: http://bit.ly/2FtTeNq

Mario Eliécer Sierra Correa, alias ‘El Político’ fue capturado el pasado 17 de febrero.

La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 24 Penal Municipal de Medellín, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento intramuros contra Mario Eliécer Sierra Correa que se desempeñaba como vicepresidente del Concejo Municipal de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño.

A Sierra Correa, alias ‘El Político’, se le investiga como presunto responsable de concierto para delinquir. De acuerdo con la indagación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, el funcionario del Partido Verde haría parte del brazo político del frente Julio César Vargas del Clan del Golfo.

El reporte de la Fiscalía señala que según las interceptaciones telefónicas obtenidas por los investigadores, el concejal estaría entregando información privilegiada a los cabecillas de esta banda criminal que delinque en varios municipios de la región.

En el momento de su captura, al término de una de las sesiones del cabildo, Sierra no se allanó a los cargos imputados.

Fuente: http://bit.ly/2GCCSRX

Por haber participado del saqueo de los recursos de Córdoba, se cree que el exgobernador departamental Alejandro Lyons podría haberse embolsillado ilegalmente cerca de 150 mil millones de pesos y eso que, aparte del cartel de la hemofilia y el saqueo a las regalías, aún está por saberse si su mano estuvo en el cartel del sida, recientemente descubierto. Sin embargo, el sistema judicial decidió que la información que posee el exmandatario sobre otro escándalo, el cartel de la toga, es tan valiosa que le merece una pena de cárcel de cinco años y una devolución de 4.000 millones de pesos.

Sin contar con que Lyons, de 36 años, se encuentra en Estados Unidos colaborando con el caso contra el exfiscal Gustavo Moreno, y que solo pagará su condena al terminar su participación (mientras tanto gozará de libertad en el país del norte), al hacer cuentas ligeras, se podría concluir que cuando salga de la cárcel en Colombia, le quedarán recursos de sobra de estos escándalos para seguir con su vida.

Este hecho, por supuesto, despertó la indignación generalizada del país. Esta fue encabezada por el procurador, Fernando Carrillo y el contralor, Alejandro Maya, quienes no ocultaron su descontento: “Significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”.

No es el único que podría salir ganando de la negociación con la justicia. Otros vinculados a escándalos que pudieron apropiarse de millonarios recursos podrían gozar de penas relativamente ligeras como la de Lyons.

¿Qué es lo que pasa? este sistema de negociación hace parte de la llamada justicia premial, que busca evitar el desgaste del aparato judicial y agilizar las investigaciones.

Entre los juristas, existen divisiones frente a la conveniencia de este sistema. Por una parte, creen que los testimonios son vitales para desmantelar organizaciones criminales completas. Es decir, atacar la cabeza y no a los tentáculos del pulpo de la criminalidad. Por otra parte, otros consideran que no existen suficiente claridad en la fórmula para reparar a la sociedad en crímenes de cuello blanco y por ello, todo queda a discreción de fiscales y jueces.

En un operativo realizado en Caucasia (Bajo Cauca antioqueño), por la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia de la Policía departamental, se dio la captura de Emiro Pereira Vargas, conocido con el alias de Mechas o ‘Zarco’, y quien es señalado de ser el jefe de sicarios del ‘clan del Golfo’ en esa subregión.

El coronel Carlos Mauricio Sierra, comandante de Policía Antioquia, informó que el detenido “era el jefe sicarios de esa estructura criminal en Urabá, pero fue trasladado al Bajo Cauca para realizar homicidios selectivos”.

Porte, tenencia y tráfico de armas de fuego; homicidio agravado y tentativa de homicidio,  son los delitos que se le imputarán a Pereira, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía 156 Seccional de Antioquia.

Cabe recordar, que la subregión vive un momento álgido de desplazamiento y homicidios por enfrentamientos entre estructuras criminales.

“Este es un resultado contundente contra la criminalidad en la región, se adelantan procesos investigativos contra este sujeto con el fin de establecer si está inmerso en la ejecución de los últimos homicidios”, sostuvo el coronel Sierra.

El pasado 18 de febrero, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, informó que del primero de enero al 14 de febrero de este año, los homicidios han aumentado en más de 255 por ciento en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado.

Según Policía Antioquia, en lo que va corrido del año, se han cometido 53 homicidios en esa subregión.

Fuente: http://bit.ly/2FgIodx

Sicarios se acabaron con la vida de Israel de Jesús Montes de 35 años de edad, de oficio cobradiario oriundo del municipio de Montelíbano, cuyo crimen fue perpetrado en las últimas horas en Caucasia, Antioquia.

El nuevo crimen se presentó en una calle del barrio Pueblo Nuevo siendo aproximadamente a las 12:30 del mediodía del lunes 19 de febrero, confirmaron las autoridades de Policía.

El hombre se disponía a realizar un cobro en una vivienda cuando fue interceptado por los hombres armados quienes le dispararon en varias ocasiones.

Israel Montes residía desde hace varios años en el municipio de Montelíbano en el barrio Buenaventura y era padre de una menor de dos años de edad.

Este es el tercer cobradiario asesinado en Caucasia en el presente año, todos oriundos del departamento de Córdoba. Las autoridades investigan los móviles del crimen.

Otras 135 personas se desplazaron desde la vereda El Calvario del municipio de Cáceres, quienes están huyendo por enfrentamientos del ELN, el Clan del Golfo y el Ejército Nacional en el bajo Cauca del departamento de Antioquia. En esta subregión en total 972 personas están refugiadas en los cascos urbanos de Cáceres y Tarazá.

El director de la Unidad de Victimas de Antioquia, Jorge Mario Alzate, explicó que las comunidades están recibiendo albergue, aunque las condiciones de hacinamiento son evidentes.

“En este momento están llegando nuevas familias desde esta semana, 51 familias, 135 familias, cerramos el censo, las familias están llegando desde zona rural y se está coordinando el levantamiento del censo y la atención en alimentación y albergue”, señaló el funcionario.

A las comunidades se les está entregando dinero para la compra de víveres y en el Tarazá a las 152 personas se les entregó 62 millones de pesos como subsidio de arrendamiento y alimenticio por 2 meses.

Concluyó el director que los enfrentamientos están aumentando y que no hay posibilidades de un retorno temprano de las comunidades.

Fuente: http://bit.ly/2Gj6rrq

Con la entrega de diseños se espera avanzar en el proceso de licitación para la construcción del muro de contención con el que buscará prevenir inundaciones por desbordamientos del Río Cauca, en el municipio de Caucasia.

La obra implicará una inversión de $16.000 millones y se financiará con recursos de intereses de regalías, según confirmó este martes el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.

Con la obra se protegerá a comunidades que ya se han visto afectadas por las inundaciones y se solucionará el problema de manera definitiva, pero a paso paulatino.

Inicialmente se construirá un muro de 1.6 kilómetros, para contener la problemática en las zonas más afectadas. “Hicimos diseño total para que en el futuro se resuelva el problema”, explicó el mandatario seccional.

La propuesta de un muro de contención fue hecha por Pérez Gutiérrez durante su campaña, como una promesa a esta comunidad del Bajo Cauca que en varias ocasiones se ha visto afectada por épocas de invierno.

El paro armado del ELN genera temor y estragos en Antioquia. Dos vehículos fueron incinerados y varias rutas de buses dejaron de transportar pasajeros por temor a sufrir los ataques.

Las autoridades están en alerta máxima y el Ejército desplegó 4.000 hombres por las principales vías, mientras el gobernador Luis Pérez les pidió a los comerciantes reabrir las puertas.

El primer ataque fue en la vía que conduce de Yarumal al municipio de Valdivia, sector El Socorro, (troncal a la Costa) donde hombres armados incineraron una tractomula y dejaron atravesado otro vehículo.

Lo mismo ocurrió en zona rural del municipio de Toledo, cuando hombres de este mismo grupo obligaron a bajar a los pasajeros de un bus de servicio público e incendiaron el vehículo, sin dejar víctimas fatales. Sin embargo, para el comandante de la cuarta brigada del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, con esto se demuestra la debilidad del grupo guerrillero ante el Estado.

Algunas flotas hacia el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, como Coonorte y Transegovia, cancelaron sus rutas por temor a atentados por parte del ELN. En los últimos días, en esa zona ha circulado panfletos del frente Camilo Torres, declarando objetivo militar a los conductores que usen estas vías.

Pese a esto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, calificó de exitosas las labores que han adelantado las autoridades del departamento en contra de este paro armado e invitó a los antioqueños a continuar sus jornadas laborales sin contratiempos en los 125 municipios del departamento.

Cabe recordar que el paro armado anunciado por el ELN se extenderá hasta el día martes a las 6:00 de la mañana.

Fuente: http://bit.ly/2G9DxKp

Una persona muerta y cuatro heridas dejó un ataque de sicarios el pasado sábado en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, confirmó el comandante de la Policía del Bajo Cauca, coronel Alexander Barragán.

El hecho se presentó a las 2:30 de la tarde en el sector del estadero Olímpico, cuando sicarios dispararon contra Wilson Córdova Barrios, de 45 años de edad, y que murió en el lugar de los hechos.

Otras cuatro personas, entre ellos tres hombres y una mujer resultaron lesionadas. Los heridos fueron identificados como Gilberto Antonio Arias Mesa, Elver Martínez Pérez, John Jair Suárez Osorio y Marbelis Pérez Hérnandez.

Cabe señalar, que en el municipio de Tarazá, fue asesinado el pasado jueves David Alexis Narváez, de 27 años, un campesino miembro del comité de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Según defensores de derechos humanos, el ataque se produjo en la vereda La Pipiola, corregimiento El Doce, de dicha localidad y, al parecer, fueron integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia quienes le quitaron la vida a Narváez. Sin embargo, esta autoría no ha sido confirmada por las autoridades.

También el pasado jueves, en el municipio de Caucasia, Rafael Olano Velásquez, de 39 años, fue asesinado cuando se encontraba laborando en un lavadero de motos.

Fuente: http://bit.ly/2H6QciB

Por enfrentamientos entre bandas criminales, hay seis escuelas cerradas en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, lo que afecta a unos 200 niños, según denunció la Defensoría del Pueblo. 

La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, explicó que 
pese a la presencia del Ejército, el Eln y el ‘clan del Golfo’ siguen en enfrentamientos, lo que causa que las familias queden confinadas, no envíen a sus hijos a la escuela y se sigan desplazando de sus veredas.

La funcionaria aseguró que los docentes de las veredas denunciaron que han sido amenazados y que la Secretaría de Educación le hace frente a esta crisis. Para que los niños accedan a sus clases, hay instituciones habilitadas en la zona urbana y se cambiarán los horarios de clases, para que todos sean en la mañana, y no en la tarde, cuando se intensifican los enfrentamientos.

Ramírez agregó que los profesores serán rotados constantemente para que no estén en riesgo y haya garantías para que los niños tengan derecho a la educación. 

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) advirtió a finales de enero que la disputa del control territorial y las economías ilegales en el Bajo Cauca dejan en medio del fuego cruzado a la población civil y "exponen a un mayor riesgo a los niños que salen del colegio y quedan en medio del fuego cruzado".  

Igualmente,  la OIA denunció que un grupo de hombres armados han circulado por distintos sectores exigiendo el cobro de ‘vacunas’, por los bienes que poseen los habitantes de Caucasia y sus corregimientos, especialmente aquellos que tienen cabezas de ganado.

Los enfrentamientos entre el ‘clan del Golfo’ y el Eln tienen confinadas a 400 familias Senú, de la comunidad indígena El Pando de Caucasia, quienes están en riesgo inminente de desplazamiento forzado, agregó la OIA. 

La Defensoría del Pueblo reportó un desplazamiento masivo, el pasado 19 de enero, de 149 familias (383 personas) miembros del Pueblo Zenú y comunidades campesinas, de Cáceres y 25 familias (125 personas) de la vereda Puerto Colombia del municipio de Caucasia.

“Lo anterior debido a la presencia de hombres armados que se movilizaban por la zona informando a la comunidad que se enfrentarían con un grupo armado ilegal proveniente de Barro Blanco (Tarazá). De igual manera, se encuentran en riesgo de desplazamiento otras 350 familias residentes en la zona”, advirtió el Ministerio Público. 

En la actualidad, la cifra de desplazados es superior a 650 personas, según fuentes oficiales.  

Fuente: http://bit.ly/2FU0Doi

Por medio de un comunicado, el grupo guerrillero pide a pasajeros y transportadores abstenerse de viajar para "evitarse inconvenientes". El senador Iván Cepeda, autorizado por el Gobierno y el Eln para salvar los diálogos, rechaza el anuncio hecho por el grupo armado ilegal.

Los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, Eln, pasan por su peor momento. El presidente Santos ha advertido a la guerrilla que mientras no se vean gestos de buena voluntad, los negociadores designados por el Ejecutivo permanecerán en el país. El Eln, por su parte, dice que bajo amenazas los diálogos no avanzarán. 

Ahora, en medio de la tensión creciente, la Dirección Nacional y el Comando Central de esa guerrilla anunció que desde el próximo 10 de febrero a las 6:00 am y hasta el día 13 del mismo mes, se adelantará un paro armado en todo el territorio nacional. 

De acuerdo con el comunicado, divulgado por comandante Uriel, quien en Twitter se identifica como la "Voz editorial del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez -ELN", el paro armado se adelanta por la "continuidad del Terrorismo de Estado y el incremento de la persecución a los dirigentes populares y la judicialización de la protesta social; como también la negativa del gobierno para darle continuidad al Quinto Ciclo de conversaciones en Quito".

Según ese texto, "las órdenes de operaciones se ejecutarán teniendo en cuenta los protocolos de seguridad y protección de la población (...) acatando la orden del mando superior del Eln, en el Chocó y el occidente colombiano, el paro armado será efectivo y la orientación a todas las unidades es que se cumpla tanto en las carreteras y ríos, como en el mar y las rutas aéreas".

En el comunicado, el Eln lanza una advertencia: "Hacemos el llamado a los transportadores y pasajeros para que se abstengan de viajar y evitarse inconvenientes".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, autorizado por el gobierno para buscar fórmulas que permitan que los diálogos continúen, señaló que rechaza el anuncio hecho por la guerrilla porque esto "dificulta las cosas. Vamos a ver cómo se sigue resolviendo este impase y estas dificultades para lograr el objetivo, que es el alto al fuego para que el Quinto Ciclo pueda avanzar". 

La publicación de este comunicado deja ver que en el interior del Eln hay división. En diálogo con El Espectador, Carlos Velandia, excomandante del Eln y actual gestor de paz señaló que "los sectores mayoritarios del Eln no encuentran argumentos para convencer a los grupos más pequeños y por eso se registran las divisiones".

En este sentido, el senador Cepeda señala que, durante la primera etapa del cese al fuego, "el Eln demostró que puede tener unidad de mando. Por eso, creo que pese a las diferencias la unidad en el interior de esa guerrilla se puede lograr", agregó. 

Fuente: http://bit.ly/2FUJASQ

Varias explosiones que se registraron en la cabecera municipal de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, encendieron las alarmas de los habitantes de esta zona.

Según el reporte, se trató de un intento por derribar unas torres de energía, ubicadas en la vereda Rayo Adentro. Los hechos se dieron durante la noche del pasado viernes y, aunque los delincuentes –que no han sido identificados– no lograron su cometido, el ruido provocado por las explosiones despertó temor en la comunidad.

“Estábamos sentados viendo televisión cuando escuchamos la primera explosión, como cinco minutos después, la segunda, y 10 minutos después, la tercera”, expresó un habitante del sector, citado por el portal Np Noticias.

”Hicieron el intento como de derrumbar tres torres de energía, pero solo dañaron una línea de conducción”, aseguró la alcaldesa, Gladys Rebeca Miguel.

Así mismo, se conoció que miembros del Ejército se desplazaron hasta la zona para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

El coronel Carlos Sierra, comandante de la Policía en Antioquia, ha estado recorriendo el Bajo Cauca antioqueño durante esta semana, con el objetivo de conocer, de primera mano, las necesidades de seguridad en esta región del departamento:

“En Tarazá trabajamos de manera articulada con la administración municipal y damos instrucción del despliegue operativo a los policías. Por un Bajo Cauca seguro y en paz”.

Así lo manifestó la Organización Indigena de Antioquia tras denunciar la situación que se vive en Caucasia.

Según Richard Sierra, Consejero de Relaciones Políticas y Justicia Propia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), varios grupos armados se disputan esa zona del territorio, por lo que hay un inminente riesgo de desplazamiento de 400 familias indígenas.

Los hechos suceden en la comunidad indígena El Pando, por lo que, según Sierra, “se hace necesaria una intervención urgente por parte de organismos humanitarios”.

“Alertamos que hay confinamiento en varias de las comunidades de la zona, temor y zozobra. El Ejército ha hecho presencia, pero no es suficiente. Las familias se desplazarían hacia el casco urbano en Caucasia”, manifestó.

En las últimas horas, en una operación interagencial, tropas del Ejército Nacional y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de alias Víctor, y alias Mateo, integrantes de la comisión de finanzas del Clan del Golfo que delinque en los límites del bajo cauca con el norte de Antioquia.

Estas dos capturas se dieron gracias a la suma de esfuerzos que están haciendo la Cuarta Brigada, la Policía Antioquia, La Fiscalía General de la Nación, el gobierno departamental y los alcaldes de la subregión norte para invitar a la ciudadanía a denunciar cualquier acto irregular que se presente allí.

Según las informaciones generadas por inteligencia militar y denuncias ciudadanas,  ‘Víctor’ al parecer se encargaría de cobros extorsivos además de desplazar personas en límites de las subregiones antioqueñas del norte y bajo cauca, en sectores como El Cedro, del municipio de Yarumal, norte del departamento, y en Puerto Valdivia, en donde fue capturado por tropas del Gaula Militar de Antioquia.

Entretanto, ‘Mateo’, quien se desempeñaba como cabecilla urbano del Clan del Golfo en la cabecera municipal de Cáceres, bajo cauca antioqueño, era presuntamente el encargado de coordinar extorsiones, homicidios selectivos y desplazamientos contra la población civil en esa población. Luego de su captura, la Fiscalía 150 local destacada ante el Gaula Antioquia lo puso a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Estos dos individuos tenían órdenes de captura vigentes expedidas en su contra por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Medellín por el delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos. Ambos fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías quien dejó en firme su captura y ordenó medida de detención intramural en un centro penitenciario y carcelario de la ciudad.

El Ejército Nacional seguirá trabajando con todos los organismos del Estado para seguir consolidando la seguridad y tranquilidad de los antioqueños e invita a la comunidad a continuar con las denuncias ante cualquier situación de extorsión o secuestro a través de las líneas 146 y 147.

Fuente: http://bit.ly/2GKJyOO