Los altos mandos del Ejército Nacional dieron una instrucción clara a sus divisiones y es que la erradicación de cultivos ilícitos debe ser concertada con las comunidades.

Así lo confirmó el brigadier general Óscar Leonel Murillo Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército, quien indicó que hay al menos dos zonas de Chocó y una de Antioquia donde se han adelantado más operativos, que son Riosucio, San José del Palmar y los municipios del Bajo Cauca. 

Murillo aceptó que en el departamento sí se ha resiembra en zonas donde ya se había adelantado la erradicación, pero que en el último año realizaron “buenos trabajos conciliados con la comunidad”.

Según el comandante de la Séptima División, en el Bajo Cauca ha sido más fuerte la incautación de insumos sólidos, pues en el último año han hecho tres incautaciones de 20 toneladas cada una de cemente, que estarían relacionadas con ese proceso ilegal.  

"La preocupación no es la resiembra, la preocupación es que tenemos áreas en el Bajo Cauca con cultivos de uso ilícito y reitero estamos en esa intención de acercamiento a las comunidades, porque si no hay cultivo, al final del día no va a haber producto ilegal y ese producto ilegal es el combustible de los problemas que tenemos en territorio", manifestó.

Sobre esa subregión antioqueña, Murillo señaló que a la problemática del narcotráfico se suma la extracción ilegal de yacimientos mineros y que precisamente ello ha llevado a afectaciones como la muerte del soldado Helmuth Edison Montes Riaño, que cayó el pasado sábado a un campo minado en el municipio de Zaragoza. 

"El llamado de nuestros comandantes es concertar con comunidades para lograr que esa erradicación se logre de manera consensuada con la población y en el trabajo estamos con líderes en territorio", agregó.

Para el año 2020, Valdivia fue el municipio con mayor área sembrada de coca, con 2.834 hectáreas, que en ese periodo representaron el 2% del total nacional y 11 % del total regional, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

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Luego de completar siete días de protestas, las comunidades que se tomaron varios puntos de la troncal a la costa Atlántica levantaron los bloqueos que tenían en vilo a varios municipios del Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.

El hecho se produjo luego de que varios líderes locales llegaran a un acuerdo con el Gobierno Nacional en una mesa de diálogo que se instaló para revisar la crisis por la que atraviesa la región de La Mojana, luego de la ruptura de un dique sobre el río Cauca en agosto de 2021.

La Defensoría del Pueblo, una de las entidades que medió en las negociaciones, señaló que dentro de los acuerdos alcanzados se estableció un nuevo diseño para aquel dique, así como acciones de urgencia para acelerar los trabajos.

“Entre los acuerdos establecidos están: el rediseño y la búsqueda de soluciones a largo plazo para La Mojana; la presencia de equipos y contratistas en terreno a partir del sábado 4 de febrero; el inicio de labores el 6 de febrero; la estructuración de diseños con el Fondo de Adaptación para la construcción del vertedero; el levantamiento de los bloqueos el 31 de enero y la evaluación de avances en una semana”, informó el ente en un comunicado.

Además de los líderes comunitarios, en el espacio de concertación participaron representantes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el viceministerio del Interior y representantes de los entes de control locales.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que, luego del acuerdo alcanzado, esa entidad ejercerá control y verificará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional.

Urabá y el Bajo Cauca, a la espera

Aunque los bloqueos de la última semana se concentraron en jurisdicción del departamento de Córdoba, uno a la altura del Puente San Jorge (en la vía entre Caucasia y Montería) y otro a la altura del sector El Viajano (en la vía entre Planeta Rica y Sahagún), gran parte de los municipios del Urabá y el Bajo Cauca de Antioquia estaban sufriendo los efectos de las protestas.

En el caso de Caucasia, por ejemplo, empezó a registrarse desabastecimiento de víveres y hasta líderes del sector salud señalaron tener problemas para abastecerse de oxígeno y disponer de los residuos hospitalarios.

No obstante, la afectación más grande fue para cerca de 74.539 hogares de los municipios de Urabá, Carepa, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Apartadó, Mutatá y San Pedro de Urabá, que vieron interrumpido el servicio de gas natural durante los bloqueos.

Pocas horas antes de levantarse la protesta, Empresas Públicas de Medellín (EPM) expresó su preocupación por los problemas para abastecer de gas a esas poblaciones, advirtiendo que los vehículos de la compañía se estaban viendo forzados a realizar rutas más largas.

La troncal a la costa Atlántica completó este domingo cinco días de bloqueos, luego de que centenares de habitantes del departamento de Córdoba salieran a las calles a protestar por las demoras en la reparación de un dique sobre el río Cauca, ubicado a la altura del sector conocido como “Cara de Gato”.

El capitán Eduardo Naranjo Ñustes, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Córdoba, precisó que las manifestaciones se concentran en dos puntos. La más grande, a la altura del puente San Jorge, ubicado entre la vía Caucasia-Montería, y otra en la vía entre Planeta Rica y Sahagún, a la altura de del sector El Viajano.

Según señaló el uniformado, mientras en el primer bloqueo solo se ha permitido el paso de vehículos como ambulancias, en el segundo se ha venido habilitando parcialmente el paso en horas de la noche. “La fila de vehículos, solamente en el sector de Campoalgre, es de cuatro kilómetros. En sentido contrario, la fila es de unos seis kilómetros”, precisó el uniformado.

Pese a que los bloqueos se están desarrollando en el departamento de Córdoba, y en Antioquia ninguna vía reporta novedades de este tipo, tal como lo informó el teniente coronel Fabio Enrique Sierra, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Antioquia, varios municipios del Urabá y el Bajo Cauca sí vienen sintiendo los impactos de las protestas.

Tan solo en el caso de Caucasia, en donde los comerciantes ya comienzan a sentir el desabastecimiento de productos, el gerente de la Clínica Pajonal, Salvador Barrocal, señaló con preocupación que ese centro asistencial ya está empezando a tener problemas para abastecerse de oxígeno y disponer de sus residuos hospitalarios.

“El carro viene semanal. En estos momentos solo tenemos abastecimiento de oxígeno para el resto de la semana. En el tema de los residuos hospitalarios ellos vienen día por medio de Montería, que es donde está la planta incineradora, entonces ya se nos están acumulando los residuos, lo que genera una situación sanitaria”, dijo el gerente.

El líder agregó que en el municipio también hay consternación por la suerte del suministro de combustibles, en su caso fundamental para el normal funcionamiento de su flota de ambulancias.

Además de Caucasia, en el Urabá Antioqueño EPM emitió este domingo una alerta en la que advirtió que al menos 74.539 clientes de los municipios de Urabá, Carepa, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Apartadó, Mutatá y San Pedro de Urabá se quedaron sin suministro de gas ante la imposibilidad de la compañía de enviar los camiones de abastecimiento.

Para evitar accidentes o daños, EPM aconsejó a los usuarios de cerrar las válvulas de paso y perillas de los gasodomesticos, así como cerrar las válvulas de corte general de los hogares mientras se resuelve la situación.

“La situación está igual, aún no hay señales de que se va a solucionar”, lamentó el gerente Barrocal, haciendo un llamado para que el Gobierno Nacional y las autoridades atiendan la situación y eviten que se profundice el problema en la región.

Según se conoció ayer, las autoridades de Córdoba realizaron un consejo de seguridad para evaluar la crisis.

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