Posts From March, 2024

Más de 10 mil personas han participado en “La vaca por las vías de Antioquia”

Más de 10 mil ciudadanos se han unido a la iniciativa de la “Vaca por las Vías 4G en Antioquia”, recaudando un total de 3 mil 453 millones de pesos. Este esfuerzo colectivo, liderado por el gobernador Andrés Julián Rendón, será para la culminación de cruciales proyectos de infraestructura en el departamento, según lo establecido por el departamento.

El anuncio oficial fue realizado por el gobernador Rendón a través de su red social, X, donde expresó su sincero agradecimiento por la solidaridad demostrada por los ciudadanos y extendió la invitación a seguir apoyando la causa con el hashtag #MetoPaLaVaca.

Los fondos recogidos serán destinados a financiar la conclusión de proyectos vitales como el Túnel del Toyo o un intercambio vial en Bolombolo, corregimiento del municipio de Venecia, en el suroeste de Antioquia. Estas obras conectarán las vías Pacífico 1 y 2 con la troncal del café y la vía al mar 1, facilitando el acceso y la movilidad en la región.

El Túnel del Toyo, en particular, es un megaproyecto vial de gran importancia estratégica. Una vez finalizado, reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento entre Medellín y Urabá, permitiendo que este trayecto se complete en tan solo 4 horas y media. Además, esta infraestructura facilitará una conexión expedita con los futuros puertos proyectados en esta zona del país, promoviendo el comercio y el desarrollo económico regional.

La gobernación ha reiterado que las contribuciones a esta colecta se realizan exclusivamente de manera digital, a través del sitio web oficial de la Gobernación de Antioquia (antioquia.gov.co).

Anuncian construcción de cárcel en Tarazá con apoyo de EEUU para aliviar el hacinamiento

La Gobernación de Antioquia anunció que en Tarazá se construirá un centro transitorio para sindicados para la Subregión del Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de aliviar la sobrepoblación en las estaciones de policía. Para este proyecto el Gobierno de los Estados Unidos invirtió 1.5 millones de dólares, buscando fortalecer la seguridad y la justicia rural en la región.

Al respecto, esto dijo Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia: “La importancia del proyecto para la construcción de la cárcel en el Bajo Cauca se da porque así la gobernación en parte va a des hacinar las estaciones de policía y vamos a poder librar hombres de la Policía Nacional para que cumplan su misión que es garantizar la seguridad ciudadana”.

En Medellín se realizó el primer encuentro de socialización de esta iniciativa, que convocó a la Gobernación de Antioquia, los alcaldes del Bajo Cauca antioqueño, y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Gobierno norteamericano, entre otras instituciones.

Esto agregó Paula Polo, directora de Paz de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, sobre los nuevos proyectos que acompañarían a la cárcel de Tarazá: “Vamos a iniciar la construcción del centro transitorio en el municipio de Tarazá. Pero también es importante llegar con otro tipo de proyectos, como lo es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Sobre todo, en los municipios del Bajo Cauca, donde contamos con economías ilícitas, las cuales las vamos a cambiar por economías ilícitas, como lo son los proyectos productivos”.

Por último, el gobierno de los Estados Unidos espera que con esta inversión mejore la seguridad y haya mayor garantía para los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Fuente: https://bityl.co/P5Mz

Líderes comunales del Bajo Cauca, en desbandada por el Clan del Golfo

Cerca del 30 por ciento de los líderes de acciones comunales en el Bajo Cauca habrían renunciado a sus cargos por las presiones de los grupos armados que se disputan el dominio de esa subregión del departamento de Antioquia, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.

En concreto, la información al respecto la dio la Fundación Sumapaz, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos y documenta las afectaciones por el conflicto en la región.

“Recibimos información de diferentes fuentes donde se hace constar la renuncia de varios líderes comunales en todos los municipios del Bajo Cauca. Esta tiene que ver con varios factores: en primer lugar, el fortalecimiento, avance y ampliación de las fronteras de control territorial de las organizaciones que hacen presencia en la zona y cómo estos están buscando instrumentalizar a la población civil, principalmente a las juntas de acción comunal, bajo intimidaciones directas y han generado que muchos que no quieren ser instrumentalizados decidan mejor renunciar a sus cargos”, le dijo a EL COLOMBIANO Óscar Yesid Zapata, investigador de la Fundación Sumapaz.

Pero aparte de la constatación directa realizada por la entidad mencionada, de acuerdo con Zapata, este fenómeno ya había sido advertido dentro de la exposición del contexto de la zona realizada por la Defensoría del Pueblo en la alerta 047 de 2020 donde se habla de “las cerca de 25 consumaciones de riesgo sobre situaciones de violencia en el Bajo Cauca”

Agregó que su propósito al hacer la denuncia al respecto es llamar la atención del Gobierno Nacional y departamental, que son los responsables directos de garantizarles la seguridad a las personas dedicadas al servicio de sus comunidades, para que emprendan acciones de prevención y protección.

“La situación es muy delicada porque se pierden escenarios importantes de participación política; con esto se ve obstaculizado el ejercicio democrático que tienen estas organizaciones sociales, que es fundamental para la implementación de proyectos de bienestar social”, dijo.

“El llamado es al gobernador (Andrés Julián Rendón) y al presidente de la República (Gustavo Petro) para que realmente se preocupen por estas situaciones”, reiteró Zapata.

Este diario también consultó al Instituto Popular de Capacitación, otra organización de Derechos Humanos que hace presencia en el Bajo Cauca, y su presidente, Carlos Zapata, dijo no tener conocimiento del fenómeno denunciado por Sumapaz. Sin embargo, corroboró que, en su intento por lograr un reconocimiento político en el marco de los diálogos que el Gobierno ha iniciado con organizaciones ilegales en el contexto de la estrategia de la paz total, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo vienen tratando de cooptar a las acciones comunales y sería una problemática que se aprecia sobre todo en los municipios de Cáceres, Caucasia y Tarazá.

Como lo dio a conocer hace unos días  en un informe, en los primeros tres meses de este año las AGC, ahora autodenominadas como Ejército Gaitanista de Colombia, ha desatado una guerra con las disidencias de las antiguas Farc por el control territorial en cuatro de las nueve subregiones de este departamento.

Esas cuatro áreas son Urabá, Occidente, Bajo Cauca y Nordeste, todas conectadas geográficamente entre sí. El resultado ha sido el aumento de los homicidios en algunos lugares hasta en más del cien por ciento.

Uno de los conflictos más cruentos ha tenido como centro una parte del Nordeste y del Bajo Cauca, donde se han dado encuentros violentos del Clan del Golfo con una alianza atípica entre el ELN y las disidencias de las Farc, tradicionalmente enemigas pero actualmente amangualadas en esta guerra.

El motivo es el manejo de las rentas criminales resultantes de la distribución de estupefacientes, de la explotación del oro en las corrientes del río Cauca y en los socavones de las áreas que limitan con el sur de Bolívar. La confrontación ha dejado hasta ahora más de 64 asesinatos y cientos de desplazados.

Fuente: https://bityl.co/OxBx

La “vaca” para las vías 4G de Antioquia: han recaudado más de $1.000 millones en tiempo récord

Los habitantes de Antioquia respondieron al llamado del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez para financiar la finalización de las vías de cuarta generación (4G) en el departamento, lo que desencadenó un torrente de solidaridad y compromiso comunitario.

Este gesto, impulsado por la iniciativa del gobernador Andrés Julián Rendón, fue denominado como “el vaquímetro”, una muestra de la determinación del pueblo antioqueño por asegurar su desarrollo y progreso.

La propuesta inicial, presentada por el expresidente Uribe, planteaba que aproximadamente un millón de habitantes de Antioquia contribuyeran con alrededor de un millón de pesos cada uno, ya sea mediante donaciones o préstamos, para completar las carreteras que atraviesan el departamento.

Esta idea generó un intenso debate en las redes sociales, donde los usuarios expresaron sus opiniones y preocupaciones.

Sin embargo, a medida que se difundía la noticia y se debatían los detalles del plan, la respuesta de la comunidad antioqueña fue abrumadoramente positiva. En apenas dos días, el fondo creado para este propósito logró recaudar la suma de $1.240′454.646, gracias al compromiso y generosidad de miles de ciudadanos.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, hasta las 10:00 a. m. del domingo 24 de marzo, la recolección de fondos había superado la marca de mil millones de pesos.

Uno de los rostros visibles de esta movilización es Estiven Pino, un trabajador del Túnel del Toyo y miembro destacado de la mesa de veeduría de la “vaca”. En un emotivo testimonio, Pino compartió su experiencia como un hombre común que, gracias a este movimiento, encontró una voz y una plataforma para contribuir al desarrollo de su región.

“Solo soy un simple campesino que ayer estaba arrastrando mangueras en el lodo y hoy estoy acá, soy víctima de violencia”, expresó Pino. “Muchos hombres y mujeres hemos trabajado diariamente arduamente todos los días. Todos los antioqueños y colombianos, con sus impuestos, también han contribuido a que se construya. Es hora de dar ejemplo de lo bueno”.

Las donaciones, que superaron las expectativas más optimistas, fueron interpretadas como un símbolo del compromiso y la unidad del pueblo antioqueño. Más de 1.200 personas contribuyeron con un millón de pesos cada una.

Sin embargo, este movimiento también enfrentó desafíos y controversias. La donación realizada por el Clan del Golfo ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso. A pesar de las promesas de devolución por parte del secretario de Hacienda, el destino de este dinero y las implicaciones éticas de aceptar fondos de origen cuestionable continúan siendo motivo de debate.

Clan del Golfo habría donado millones a la “vaca” las vías 4G en Antioquia

A través de un comunicado que rápidamente se viralizó en redes sociales, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, confrimó una donación cercana a los $10 millones para la “vaca” destinada a financiar la terminación de obras de infraestructura en Antioquia.

El comunicado, cuya veracidad aún no ha sido desmentida por ninguna autoridad, incluye supuestos comprobantes de consignaciones que respaldan la contribución del Clan del Golfo a esta causa. Según el texto, el EGC se suma a la colecta pública con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y evitar que las obras se vean afectadas por la burocracia nacional.

Si bien la donación fue recibida con sorpresa y controversia, dado el origen del Clan del Golfo y las preocupaciones sobre la legitimidad de los fondos, el gobernador Rendón emitió un pronunciamiento firme.

En su declaración, Rendón asegura que no permitirá que la iniciativa sea manchada por dineros ilícitos y que cualquier donación debe pasar por procesos de identificación rigurosos. Además, advirtió que cualquier anomalía será reportada a las autoridades correspondientes.

Alertan sobre contaminación por arsénico en río Nechí

Muestreos de la Procuraduría General de la Nación alertaron contaminación por mercurio y arsénico en el río Nechí,  uno de los más importantes de Antioquia, que concentra alta población en su cuenca y que vierte sus aguas al río Cauca.

De acuerdo con el ente de control, sobre la ronda hídrica del río Nechí en la cabecera municipal del municipio,  se identificaron 15 partes por millón - ppm de mercurio y 23 ppm de arsénico, superando los niveles establecidos por la normatividad internacional de la EPA (Enviromental Protection Agency), los cuales se encuentran establecidos en niveles máximos permisibles de 11 ppm y 0.68 ppm respectivamente, advirtiendo un potencial riesgo para las comunidades cercanas a este afluente.

En la primera mesa territorial realizada en Antioquia, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró que 10 de los 32 departamentos del país están en alerta por uso de mercurio en minería ilícita, por lo que realiza seguimiento y control a las actividades extractivas sin autorización y que están generando graves impactos socioambientales y un deterioro en el tejido social, el orden público y la salud de los colombianos.

Así mismo, la Procuraduría anunció investigación disciplinaria contra el ex alcalde municipal de Buriticá por la falta de implementación de medidas para atender la situación de orden público en el municipio e  informe con fines disciplinarios contra el comandante de la estación de Policía de Caucasia por las presuntas faltas de acciones efectivas para el control de la presunta extracción ilícita de minerales que se realiza en la ciénaga Cascajo del corregimiento de Margento en Caucasia.

Finalmente, se anunció la emisión de la Circular 003 de 2024, la cual exhorta entre otros aspectos, a organismos y entidades, a dar cumplimiento a la implementación con enfoque local y de género, de las acciones necesarias para el control de la extracción ilícita de minerales, que incluya la oferta institucional para asegurar la formalización o sustitución de actividades mineras.

Fuente: https://bityl.co/Os7f

Anuncian posible reapertura de la sede de Medicina Legal en Caucasia

Luego de varias reuniones entre las autoridades de los municipios del Bajo Cauca con directivos de la Fiscalía General de la Nación, un funcionario del ente investigador anunció que próximamente se realizaría la reapertura de la sede de Medicina Legal de Caucasia.

Además, también se anunció que además se daría el retorno de tres fiscales al municipio de Tarazá, los cuales habían debido dejar el territorio a raíz del caso de secuestro en el que resultaron siendo víctimas por parte del Clan del Golfo.

El director seccional de Fiscalías en Antioquia, Daniel Parada, le explicó a Teleantioquia Noticias que el hecho tiene una importancia inmensa no solo para los usuarios, que podrán hacer sus trámites mucho más cerca sin tener que desplazarse hasta Montería, sino también para la institución pues ratifica su presencia en la convulsa subregión.

La medida también es un aliciente para reducir los tiempos de reacción de la entidad y de atención al público, incluso en gastos de transporte de los cuerpos sin vida que debían desplazarse hasta otras zonas para luego se retornados a sus familiares, los cuales muchas veces no tenían como costear este y otros trámites.

Cabe recordar que el pasado 7 de febrero de 2023, el en ese entonces fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció el cierre temporal de la sede de la Fiscalía en el municipio de Tarazá por el secuestro del que fueron víctimas tres fiscales y una funcionaria de un juzgado de ese municipio.

“Quiero rechazar enfáticamente los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero cuando 12 hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá, en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia”, indicó.

Posteriormente al cierre de la oficina de Tarazá se siguió el de la sede de Medicina Legal de Caucasia el 1 de agosto de 2023 por amenazas a sus colaboradores.

Reabren sedes de Fiscalía en Caucasia y Tarazá, Antioquia

Daniel Parada, director seccional de Fiscalías en Antioquia confirmó que fueron reabiertas las sedes de Medicina Legal en Caucasia y la Fiscalía en Tarazá, ambos municipios del bajo Cauca. Esto luego de que se suspendieran las actividades por razones de seguridad.

En enero del 2023, tres fiscales, con sede permanente en Tarazá, fueron secuestrados y posteriormente liberados, ante esto la Fiscalía, alegando que no había seguridad, cerraron la oficia en febrero de ese año.

Posteriormente, el 1 de agosto, la sede de Medicina Legal de Caucasia también fue cerrada, por amenazas recibidas por los colaboradores.

Pese a estas circunstancias, finalmente la Fiscalía ordenó la reapertura de las sede y confirmó el correcto funcionamiento.

Fuente: https://bityl.co/Oqiz

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