Durante la noche del domingo 21 de julio se presentó una situación de orden público protagonizada por integrantes del ELN en la vía que conecta a Valdivia y Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, donde 2 camiones fueron incendiados en medio de un combate con el Ejército.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, integrantes del grupo insurgente detuvieron entre 15 y 20 vehículos, entre particulares, de transporte público y de carga, en la vereda conocida como las Crucesitas.

El Ejército tuvo conocimiento de la situación e inmediatamente se dirigió al lugar, allí entablaron un enfrentamiento con los insurgentes y en medio de esto le prendieron fuego a dos camiones para luego emprender la huida.

Posteriormente se continuó con una persecución por aire y tierra de los responsables de los hechos y por ahora el Ejército en coordinación con la Policía de Carreteras custodian el sector para garantizar el tráfico sobre la vía.

Miguel Enrique Franco, prófugo alcalde de Nechí, Antioquia, fue capturado en las últimas horas tras un operativo de la Fiscalía y las Fuerzas Militares. El mandatario fue sentenciado a cinco años por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Señala el expediente que estando en su primer periodo en el primer cargo del municipio, el entonces mandatario modificó el manual específico de funciones y requisitos que regía en el municipio para eliminar el requisito de estudios mínimos exigidos para aquellos candidatos que aspiraran a asumir como secretario de despacho.

La sentencia señala que la modificación se hizo para dar apariencia de legalidad al decreto con el que Everilda Liseth Osorio Martínez fue designada como secretaria de Hacienda y tesorera de Nechí, pese a que no contaba con los registros académicos y de experiencia para ejercer esas funciones.

Ante un juzgado de Caucasia, la Fiscalía le imputó en 2009 el delito de prevaricato y, además, pidió medida de aseguramiento en contra de Franco, pero el despacho negó la solicitud. Tras las audiencias posteriores, el exmandatario no fue hallado culpable, por lo que la Fiscalía apeló las decisiones que fueron dirimidas por el alto tribunal

En su providencia, el magistrado José Luis Barceló recordó que los títulos exigidos para que una persona asuma un cargo de nivel directivo en un municipio de sexta categoría “no pueden ser disminuidos por ningún mandatario municipal al expedir o modificar el manual específico de funciones y requisitos”.

Para el caso de Nechi, catalogado bajo esa categoría, para un cargo de esa naturaleza se exige que la persona tenga un título profesional o tecnólogo afín a sus funciones y que tenga experiencia profesional o como docente. Esa fue la condición que eliminó el mandatario de entonces.

Con esa maniobra administrativa Osorio Martínez se posesionó como secretaria de Hacienda y Tesorera al cargo, ya que en su hoja de vida solo constaba que era bachiller técnica administrativa y que laboró un año como cajera en el granero La Gran Esquina, de Caucasia.

Durante el transcurso de la investigación, la Alcaldía aportó al expediente una hoja de vida con soportes en los que se aseguraba que la funcionaria era tecnóloga en Administración de Empresas y que fue asistente del área financiera en una firma llamada FRM Asesores, pero dicha documentación resultó falsa, por lo que la mujer fue imputada por delitos contra le fe pública.

Fuente: http://bit.ly/30Vancu

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación socializó en Medellín el plan de acción para reforzar la seguridad y la protección de líderes de poblaciones vinculadas al programa de sustitución de cultivos ilícitos, ubicadas en Ituango, Briceño, Cáceres, Tarazá y Anorí.

Lea además: En Bello asesinarían a las personas para alimentar "marranos": Gobernador

Catalina Rojas, jefe de Gabinete de la Consejería, manifestó que durante la reunión se explicó la ruta de atención que se va a tener para proteger a estos líderes. Se contó con la participación de organismos internacionales, como la  Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de Organización de Estados Americanos (MappOEA) y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

"El objetivo es socializar la ruta de atención para proteger a los líderes que hacen parte del programa de sustitución. Decirles que el Gobierno está comprometido en la implementación del acuerdo y en el cumplimiento a las familias que hacen parte del proyecto. Identificamos retos y acciones a mejorar", señaló.

La funcionaria agregó que "se desplegó un equipo para socializar el plan de acción en Medellín. Tuvimos la oportunidad de hablar con líderes de la región, de los cinco municipios donde se está implementando el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Participaron delegados de la Procuraduría, la Defensoría, las alcaldías y la Gobernación de Antioquia".

Catalina Rojas indicó que en 15 días se realizará una nueva reunión con los líderes en Antioquia para responder a distintas inquietudes que surgieron en la última jornada.

De acuerdo con cifras oficiales, desde la firma del los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc, se tiene registro de 58 homicidios de líderes del programa de sustitución.

El programa fue implementado por parte del Gobierno Nacional en doce regiones del país, en donde, según las autoridades, se ha evidenciado la mayor cantidad de situaciones de riesgo que podrían amenazar la integridad de los líderes de sustitución de cultivos ilícitos de hoja de coca.

Fuente: http://bit.ly/30Bmjjg

En un corredor vial que comunica a los municipios de Caucasia y Zaragoza, ubicados en el Bajo Cauca antioqueño, la Policía halló los cadáveres de tres hombres que, al parecer, habrían sido asesinados con arma de fuego.

Según la información preliminar, las víctimas, que se transportaban en motocicleta al momento del ataque, fueron identificadas como Jorge Iván Pérez, de 32 años, Daniel Santos Rivera, de 20 años y Luis Alberto Chávez Cabeza, de 27 años. Los hombres se desempeñaban como mototaxista y agricultores respectivamente.

Los cuerpos fueron hallados por los habitantes del sector que escucharon disparos y dieron inmediato aviso a la Policía de Antioquia, así lo informó el coronel Giovanny Buitrago Beltrán.

"Efectivamente, confirmamos la ubicación de los cuerpos de tres ciudadanos de 20, 28 y 32 años. También hallamos cartuchos en la zona. Estamos por confirmar con Medicina Legal si la muerte se produjo por armas largas. Los cuerpos sí tenían impactos con arma de fuego", dijo el comandante.

La Policía, junto con miembros del Gaula y la Fiscalía adelantan la investigación correspondiente para esclarecer el hecho. En la zona hacen presencia grupos organizados como “Los Caparrapos” y el “Clan del Golfo”.

La Secretaría De Gobierno de Antioquia ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien ayude a ubicar a Miguel Enrique Franco, alcalde de Nechí, Antioquia, quien está prófugo de la justicia desde hace tres meses.

Contra Franco hay una condena de cinco años de prisión, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, una multa y una inhabilidad de 94 meses para ejercer cargos públicos. La razón es que el alcalde habría cometido en 2009 —cuando también estaba en la cabeza del gobierno municipal—, los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo.

Franco habría modificado de manera indebida los requisitos de estudio mínimos que debían presentar los candidatos que aspiran a ser secretarios del despacho. Al parecer, el mandatario hizo esto paranombrar en dicho cargo a la señora Everilda Liseth Osorio Martínez, una mujer que se desempeñaba como empleada de un granero y no reunía los estudios académicos necesarios para dicho trabajo.

La orden de captura que hay en contra de Franco fue emitida el 20 de marzo pasado, pero desde ese momento el alcalde no se presenta en el despacho y nadie sabe de su paradero.

Desde ese momento Franco no ha cumplido sus funciones como alcalde. Sin embargo, la secretaria de gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, explicó que no se ha podido nombrar otra persona en el cargo porque Franco ha estado presentando incapacidades médicas desde la clandestinidad. Afirmó que por ello “le vamos a entregar a la comunidad una recompensa de 20 millones de pesos a quien nos ayude a ubicar al alcalde”.

Franco sufrió un accidente de tránsito el pasado 16 de marzo en el que resultó herido, y esa fue la última vez que se supo de su paradero.

En el pasado el alcalde ya había enfrentado investigaciones en su contra. En junio de 2017, un juzgado de Medellín lo encarceló por presuntamente haber cometido los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en  2010. Sin embargo, el mandatario había sido reintegrado a su cargo en diciembre de 2018.

La Policía Nacional capturó a 16 personas acusadas de pertenecer al grupo delincuencial los 'Caparros’, con presencia en varios municipios de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, principalmente Cáceres y Tarazá. Entre los capturados se encontrarían dos cabecillas, que según las autoridades estarían implicados en varios homicidios y serían parte del círculo más cercano a alias 'Caín', máximo líder de esa organización.

El coronel Giovanny Buitrago, comandante de la Policía Antioquia, informó que las capturas se produjeron en los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá y Cartagena, y agregó que estas esclarecerían al menos 9 homicidios y 3 intentos de homicidio ocurridos entre julio del año pasado y junio de este año en el Bajo Cauca.

El primer cabecilla sería alias el ‘Flaco’, identificado por la Policía como el jefe de sicarios de la organización. Según el perfil construido por las autoridades, este hombre habría ingresado a los ‘Caparros’ en 2016, cuando inició como integrante de la estructura urbana de ese grupo. Más adelante sería ascendido a comandante para el municipio de Tarazá y luego a coordinador de sicarios, donde presuntamente habría planeado múltiples homicidios.

El segundo capturado importante es alias ‘Tripilla’, identificado por los organismos policiales como uno de los hombres de confianza de alias ‘Cain’, el número uno de esa organización criminal. ‘Tripilla’ es señalado de ser responable de una serie de tres homicidios ocurridos en Tarazá el pasado 24 de junio.

La Policía de Antioquia aseguró en un comunicado de prensa que esta serie de capturas esclarecerían 9 homicidios y 3 intentos de homicidio ocurridos entre julio del año pasado y junio de este año. 

En el transcurso de 2019, las autoridades capturaron a 61 personas señaladas de pertenecer a los ‘Caparros’ y el ‘Clan del Golfo’, las dos máximas estructuras delincuenciales con presencia en el Bajo Cauca.

“Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión”, agregó la institución.

Fuente: http://bit.ly/2LM1dux