Si por el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia , hay preocupación de cuenta del accionar de mineros ilegales y de estructuras delincuenciales que desde hace semanas hostigan a los trabajadores de la Zijin Continental Gold, por los lados de la minería en el Bajo Cauca hay tensión por cuenta de los recientes operativos de las autoridades que terminaron con la destrucción de dragas y maquinaria amarilla, por los cuales los mineros alertan de un nuevo posible paro. 

El último operativo del Ejército y la Policía en contra de la minería ilegal se realizó en el sector del municipio de El Bagre conocido como El Jobo, en aguas del río Nechí. Allí fueron destruídas 3 dragas y se inmovilizó maquinaria amarilla.

Tres días antes se había realizado otro procedimiento que incluso fue informado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez: “En operaciones contra la minería ilegal en los municipios de Cáceres, Zaragoza y El Bagre fueron destruidos 3 dragas y 8 excavadoras, avaluados en $ 7.650 millones, afectando las finanzas del Clan del Golfo y los del Bajo", escribió en sus redes sociales el funcionario..

Sin embargo, los operativos de las autoridades no solo estarían afectando a mineros ilegales. Así lo hizo saber la Mesa Minera del Río Nechí asegurando que en el procedimiento que realizaron en el sector El Jobo, fue destruída una draga llamada La Naiva que pertenece a una tradicional familia minera de El Bagre y que, argumentan, estaba en proceso de legalización o caracterización con la Gobernación de Antioquia.

“Hemos hecho toda la caracterización de la gobernación de antioquia y vemos con sorpresa del gobierno colombiano que no nos da la oportunidad de formalizarnos, no nos da la oportunidad de crear empresa en colombia”, aseguró Álex Cossio, quien estaba al mando de esa draga.

Hechos como la destrucción de La Nativa han causado malestar en mineros de la subregión, que están analizando la posibilidad de decretar un paro minero porque consideran que las autoridades no están distinguiendo entre los ilegales, los legales y los que están en proceso de legalización.

“En este momento vamos a reunirnos todos los que hacemos parte de la Asociación y otras asociaciones que comportan la minería en el Bajo Cauca, para tomar decisiones, algunos ya hablan de la intensión de un paro, primero tenemos que reunirnos y ver todas las posibilidades, porque lo que queremos en este momento es que nos dejen trabajar, pero no descartamos la posibilidad de una manifestación pacífica”, dijo Francisco Arrieta, vocero de la Mesa Minera del Río Nechí.

Estos operativos se desarrollan a la par de un proceso de identificación o caracterización de unidades mineras del Bajo Cauca, que adelanta la Secretaría de Minas de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, explicó cómo avanza el proceso: “Se ha hablado de un censo de 4.00 a 4.500 unidades mineras, el censo ya van en 3.000, y continuaremos en ella porque ese es el camino, pero ojalá no haya un escollo que signifique un ataque o una intimidación de la población civil”.

Hay que recordar que esta caracterización se adelanta con el objetivo de realizar análisis técnicos y ambientales para definir la viabilidad de un proceso de formalización o reconversión productiva.

Fuente: https://bityl.co/K24S

Con el fin de contrarrestar los fenómenos de violencia que se viven actualmente en diferentes regiones del país, la Procuraduría General de la Nación, en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), fortalecerán la capacidad de acción de las autoridades territoriales, miembros del Ministerio Público, fuerza pública y sociedad civil, incluyendo lideresas, defensoras y mandatarias locales, en los municipios de Caucasia y Cáceres (Antioquia), Caloto (Cauca) y Quibdó (Chocó).  

En el marco del proyecto "Fortalecimiento de capacidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana con enfoque de género y construcción de paz", se realizarán cuatro jornadas que contarán con el apoyo del ministerio de Defensa Nacional y con la participación activa de representantes de los municipios, expertas en género y paz, así como actores relevantes en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Las capacitaciones se enfocarán en la socialización de la nueva Política Nacional de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana en relación a la agenda de género y paz; la identificación y construcción de un mapa de actores clave involucrados en la seguridad y convivencia ciudadana y la aplicación de herramientas de análisis para cada uno de los municipios participantes.

Esta alianza de la Procuraduría busca contribuir a la garantía de los derechos de las mujeres en el marco de la política pública territorial de seguridad y convivencia ciudadana; fortalecer capacidades de los actores locales y promover acciones con perspectiva de género, en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final de Paz, la promoción de la equidad de género, la construcción de paz, el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana en los municipios priorizados.

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Con música vallenata se abrieron 5.000 cupos para estudiar en el Bajo Cauca y el Nordeste, dos de las subregiones con más pobreza en el departamento. En Caucasia, el epicentro de la región, se celebró un evento corto, amenizado con acordeón, para celebrar la apertura de los cursos. Desde ayer los bachilleres podrán acceder a los 182 programas que ofrecerán las cinco instituciones de educación superior del departamento.

El evento estuvo precedido por el gobernador Aníbal Gaviria, quien dijo que ahora “la pelota estaba en el campo de los muchachos del Bajo Cauca”. Son programas cortos, de tres meses, que pueden dar elementos a los jóvenes para continuar sus carreras. Hay diplomados de todo tipo, desde robótica hasta el manejo del mercurio y la explotación minera. Gaviria comentó que la apertura de estos cursos se debe a una unión del Tecnológico de Antioquia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Digital, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). El asunto ahora es que sea una programa de largo plazo, y no cursos cortos para unas cohortes.

En ese sentido, el gobernador dijo que se radicará un proyecto de ordenanza en la Asamblea para hacer del programa una política pública. El siguiente paso, dijo también Gaviria, es llevar una oferta similar a otras subregiones donde también hay grandes brechas en educación.

El Bajo Cauca todavía está todavía golpeado por el paro minero que paralizó a la región entre marzo y abril. Por eso, los jóvenes celebran que lleguen oportunidades, aunque son conscientes del rezago de la región. Uno de los problemas principales es la dificultad para moverse entre un pueblo y otro, incluso entre veredas.

Durante el paro, recordó Santiago Álvarez, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, las clases se suspendieron y los pueblos del Bajo Cauca vivieron una suerte de parálisis. Y esto sucedió por la debilidad del Estado. Colegios y universidades cerraron, mientras la troncal a la costa fue bloqueada con palos y árboles atravesados.

Según el observatorio Antioquia Cómo Vamos, revelado esta semana, en el Bajo Cauca, cerca del 50 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza monetaria. Hay un dato que no es menor y está relacionado con la educación. El Bajo Cauca es la subregión con más deserción escolar del departamento. La tasa de deserción es de 6,2% en primaria y 4,8% en secundaria. Se relaciona con la pobreza porque muchos se ven obligados a salir de las escuelas para ayudar a sus padres en labores mineras o agrícolas. Por eso, entre muchas otras precariedades, era necesario un proyecto de educación para la región. Gaviria, en ese sentido, dijo que los cupos en educación también son una estrategia para alejar a los jóvenes de los grupos armados. No es un secreto que en la región delinquen el Clan del Golfo, el ELN y Los de Abajo, un residuo de los temidos Caparros.

La invitación ahora es para que los estudiantes se inscriban a los cupos. Solo necesitan un requisito, haberse graduado de bachillerato. Solo es escoger uno de los 182 cursos y asistir a las clases. Entre el 4 y el 8 de diciembre serán las graduaciones de la primera cohorte y se celebrará, de nuevo, con música vallenata.

Édgar Alonso Correa, director de la Universidad de Antioquia en el Bajo Cauca, invitó a los bachilleres a que se inscriban. Los 5.000 cupos equivalen a los bachilleres que se graduaron el año pasado en el Bajo Cauca y el Nordeste, pues la oferta también está abierta a Vegachí, Yolombó y Amalfi.

En este nuevo proyecto de formación que beneficiará a las comunidades de estas dos subregiones se invertirán $7.438 millones, aportados en 90% por la Gobernación de Antioquia y el 10% por parte de las Instituciones de Educación Superior vinculadas. Las inscripciones estarán abiertas desde ayer hasta el 31 de julio y podrá realizarse a través de la página web de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía: corporaciongilbertoecheverri.gov.co. Se estima que el inicio de clases se efectuará entre el 22 de agosto y el 30 de noviembre en Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Cáceres, Nechí, Tarazá, Amalfi, Segovia, Vegachí y Yolombó.

Fuente: https://bityl.co/Jsj8

Las autoridades continúan su ofensiva en contra de la minería ilegal, por lo que en el Bajo Cauca antioqueño fueron destruidas tres dragas, ocho excavadoras y unidades de producción minera que estarían al servicio del clan del Golfo y Los del Bajo, avaluados en $7.650 millones de pesos.

A través de sus redes sociales, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, informó en la noche del viernes 14 de julio que en trabajo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares llegaron a los municipios de Cáceres, Zaragoza y El Bagre.

“En operaciones contra la minería ilegal realizadas hoy por la Policia y Fuerzas Militares Colombia fueron destruidos 3 dragones y 8 excavadoras, avaluados en $7.650 millones, afectando las finanzas del Clan del Golfo y “Los del Bajo”, publicó en su cuenta de Twitter el jefe de cartera.

En uno de los operativos que se llevaron a cabo fue en la vereda Rosales, cerca al río Nechí, en el municipio de Zaragoza, los uniformados del Ejército ubicaron tres dragas con un valor aproximado de $800 millones y una retroexcavadora avaluada en $400 millones. Además, en el lugar se halló tres unidades de producción minera con capacidad de producción mensual de 16,5 kilos de oro, lo que es equivalente a más de $4.261 millones.

Por su parte, en la vereda Río Man del municipio de Cáceres, se destruyeron siete unidades de producción minera y la misma unidad en excavadoras, con un valor cerca a los $3.150 millones. En esta zona, los mineros ilegales extraían aproximadamente 21 kilos de oro mensual por $5.423 millones en el comercio.

En esta zona también se presentó la tala indiscriminada de 42.000 árboles y uso de químicos habituales en esta práctica, que afectan las fuentes hídricas de la región que surten de agua estos municipios.

De igual manera, el viernes 14 de julio en una operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada ubicaron diferentes equipos y maquinarias que eran utilizadas para procedimientos de extracción de yacimientos mineros en Guainía.

Según información de la Armada Nacional, las explotaciones ilegales servían para extraer mensualmente 7,5 kilos de oro y seis toneladas de otras materias primas, es así que se estima que la producción minera y dragas artesanales podrían alcanzar los $470 millones.

En Chorromanaca y Laguna Guibo, áreas rurales del municipio de Inírida, fueron halladas siete unidades de producción minera y dos dragas en plena operación ilegal, y fueron detenidas dos personas que están a disposición de la Fiscalía.

Además, las autoridades ubicaron otras tres dragas en el Paso del Diablo, corregimiento fronterizo de San Felipe; la segunda, en el área rural de Barrancominas, y la tercera, en el sector El Coco, municipio de Inírida.

Grupos ilegales utilizan niños para impedir operativos contra la minería ilegal en Antioquia, denunció el Ejército

Los grupos armados ilegales que controlan el negocio de la minería ilegal en Antioquia instrumentalizan a la población para que lleven menores de edad a los puntos de extracción para evitar el desarrollo de operativos por parte de la Fuerza Pública.

Esta denuncia fue hecha por la Séptima División del Ejército, que no pudo destruir varios puntos de extracción ilegal de oro en Antioquia por la presencia de niños.

El coronel Gustavo José Gutiérrez Navarro, comandante Décimo Cuarta Brigada de Ejército adscrita a la Séptima División, indicó que algunos pobladores de Anorí y Amalfi entorpecieron un operativo conjunto entre el CTI, Ejército y Policía contra esa economía ilegal en el noreste de Antioquia.

“Denunciamos públicamente ante las autoridades competentes el comportamiento de algunos moradores de la vereda Los Trozos del municipio de Anorí y de la vereda Los Toros de Amalfi, donde presuntamente instrumentaron a la población civil y entre ellos a unos menores de edad que estaban en una escuela. En el sitio se pudo evidenciar el daño irreversible que se le está haciendo al medio ambiente”, dijo el oficial del Ejército.

En medio del operativo un grupo de personas formó un muro humano para impedir el paso de las autoridades a la zona donde se encontraba la maquinaria que iba a ser destruida.

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la comunidad estarían siendo instrumentalizados por el frente 36 de las disidencias de las Farc y algunas columnas del ELN, que tienen fuerte presencia armada en el sector.

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