De dos disparos en la cabeza fue asesinado un hombre de 45 años en el municipio de Caucasia. En los últimos tres días, tres personas han sido asesinadas en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Jesús Alberto Mazo Úsuga fue baleado en el barrio Pueblo Nuevo, donde hace dos días asesinaron a James Brayan Gómez Gómez. Hasta ese sitio acudieron agentes de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Caucasia a realizar la inspección del cadáver el hombre que recibió dos tiros en la cabeza.

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En la UCI de una clínica de la capital cordobesa, falleció Kenia Vanesa Gómez Pérez, de 18 años, quien antes de morir aseguró que había sido atacada a puñaladas por su exnovio, en el interior del baño de un estadero.

El hecho ocurrió el domingo en las horas de la madrugada, en un establecimiento público ubicado en las afueras de Caucasia, conocido como Antiguo Makumba.

Allegados a la joven fallecida informaron que recientemente ella había terminado su relación sentimental con un joven, a quien identificaron como Leimer Camilo Sibaja, quien según testigos, no asimiló bien la ruptura amorosa.

Narran que el hombre constantemente buscaba a Kenia para que le diera otra oportunidad, pero la joven ya había tomado una decisión.

Kenia deja huérfano a un niño de 20 meses de nacido, que no es hijo biológico del señalado agresor, sino que es fruto de una relación anterior.

Siempre consiente

Pese a haber resultado mal herida en el ataque, Kenia nunca perdió la conciencia, por lo que pudo señalar a la persona que le provocó las mortales lesiones.

La joven narró que el sábado le había pedido a su abuela que le cuidara al niño, pues ella tenía planeado salir a bailar un rato con unas amigas.

Ese día, Keila y sus amigas bailaron hasta las horas de la madrugada del domingo, sin sospechar si quiera que su exnovio la acechaba desde una mesa cercana, escondido entre el tumulto de gente que también departía en el lugar.

A eso de las 3:30 de la mañana, los jóvenes decidieron irse a descansar, pero antes de salir del establecimiento público, Keila pidió que la esperaran para ir a orinar.

La joven, desconociendo lo que estaba a punto de suceder ingresó sola al baño, lo que supuestamente fue aprovechado por Leimer Camilo, quien la abordó y se encerró con ella en el pequeño recinto. 

Estando solos en el baño, el hombre sacó una navaja y atacó a su exnovia en nueve ocasiones, causándole graves heridas.

Tras el ataque el agresor huyó, mientras que la joven como pudo pidió ayuda y fue trasladada a un centro médico de Caucasia, pero debido a su mal estado tuvo que ser remitida a una clínica de Montería en donde falleció el lunes por la noche, tras ser sometida a 18 infusiones de sangre.

Fuentes judiciales informaron que el agresor no ha sido detenido porque aún no se ha expedido la orden de captura. 

Sobre la joven fallecida se supo que residía con su abuela materna en el barrio Clemente Arrieta, era la mayor de seis hermanos y su sepelio se llevará a cabo hoy en las horas de la tarde en el cementerio de Caucasia.

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Las Farc siguen haciéndose ‘sentir’ en el Norte de Antioquia. Ahora, además de intimidar a los transportadores, quemar vehículos y dinamitar las vías, al parecer, están recurriendo a la vieja práctica de marcar con aerosol los camiones que circulan por la Troncal hacia la Costa Atlántica, según lo denunció un ciudadano.

Lo que se ve en la imagen ocurrió esta semana en el sector El Manicomio del corregimiento Llanos de Cuivá, entre Yarumal y Santa Rosa de Osos.

De acuerdo con la denuncia, guerrilleros que delinquen bajo órdenes de alias ‘Manteco’ salen a la vía y con pintura de aerosol pintan letreros alusivos a la guerrilla de las Farc.

Fuente: http://bit.ly/1mVGlQe

Sin identificar fue trasladado el cadáver de una mujer a la morgue municipal de El Bagre. Ella fue víctima de un ataque a disparos que es investigado por la Fiscalía.

Sobre la mujer, quien estaba indocumentada, solo se supo que tenía una edad aproximada de 23 años y que en el momento de su muerte estaba vestida con un leggins rojo y una camiseta del mismo color.

Según agentes de la Unidad Básica de Investigación Criminal de El Bagre, quienes realizaron la inspección del cadáver, la víctima recibió múltiples disparos en el lado izquierdo de la nuca y la naríz. El hecho se registró el lunes 29 de septiembre en el sector La Vuelta de la Oreja de la vereda La Bomba, en el corregimiento Puerto Claver de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Fuente: http://bit.ly/1x2Nn6q

El Gobierno de Antioquia confirmó que una mujer resultó herida durante un ataque cometido por un grupo guerrillero de las Farc en el sitio El Doce, entre los municipios de Valdivia y Tarazá, en la vía Medellín a la Costa Atlántica, donde quemaron 11 vehículos, entre ellos una ambulancia.

“Un ataque entre Valdivia y Tarazá, en un sitio que se conoce como el 12, fueron incinerados 11 vehículos entre buses, camiones y desafortunadamente fue atacada una ambulancia, una misión médica, allí una mujer resultó herida y fue trasladada a Montería en donde estamos revisando su estado”, relató el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe.

El funcionario aseguró también que en ese sector del norte del departamento, las fuerzas militares ampliaron las operaciones de control del orden y trabajan en procura de reabrir cuanto antes la circulación vehicular en ambos sentidos.

“Esas son acciones (de las Farc) para desconcentrar a la tropa y para obligarla a replegarse, para que las operaciones ofensivas que se están adelantado tanto en el Nudo del Paramillo como en el Bajo Cauca, tengan que cesar, tengan que modificarse mientras se responde a este tipo de situaciones, lo que genera unas cargas a la fuerza pública”, consideró el secretario de Gobierno antioqueño.

Insistió en que buscarán más refuerzo militar y policial: “Vamos hablar con el Ministro de Defensa sobre las operaciones en la zona, sobre el esquema que hay y debe haber en esa zona para evitar este tipo de situaciones”.

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Un disparo en la cabeza le causó la muerte a Gilberto Giovanni Montoya Arroyave, de 18 años, cuando se encontraba en la vereda Las Frías, del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

El cuerpo del hombre fue hallado y trasladado a la morgue local por sus familiares. Las autoridades investigan las causas de la muerte.

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Según las autoridades, el ataque contra los uniformados fue atribuido a una alianza entre la guerrilla y miembros del ‘Clan Úsuga’, por lo que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, no dudó un instante en señalar que “ahora los terroristas de las Farc andan aliados con las bandas criminales y tienden hacia una misma cosa, a convertirse en Farcrim y serán combatidas con contundencia”.

Precisamente, informaciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, conocidas por Colprensa, aseguran que esta alianza estaría vigente desde 2011 y ha sido identificada en temas como el tráfico de estupefacientes, acuerdos de no agresión, intercambio de drogas por armas y para mantener presencia compartida en territorios donde hay presencia de las dos organizaciones.

Para el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, es un “coctel mortal” que está relacionado con el narcotráfico y los ataques a la Fuerza Pública, como el denominado ‘Plan pistola’, que han adelantado estas organizaciones en otros momentos en diferentes regiones del país.

Entre las cifras del Ministerio, las Bandas criminales o Bacrim tienen aproximadamente 34 mil personas, cuatro mil menos que el año pasado, y desde 2011 su tendencia ha sido a la baja.

Estos se dividen en tres grandes grupos conocidos como ‘Clan Úsuga’, ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Libertadores del Vichada’.

Estas organizaciones tendrían presencia en cerca de 10 departamentos del país, donde se cuentan Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, César, Norte de Santander y 155 municipios, y solo se conoce un atentado de su autoría durante este año, en comparación con 2013, cuando cometieron 13 acciones.

Solamente en lo corrido de este año, la Fuerza Pública ha neutralizado a mil 384 militantes de estas organizaciones, mientras que en los últimos tres años fueron capturados 24 cabecillas de primer nivel y nueve personas abatidas.

Las Farc, por su parte, tendrían 23 mil 872 armas de fuego y contarían con cerca de seis mil 700 combatientes, lo que equivale a tres armas por cada subversivo.

Pero ¿cuáles son los alcances de estas alianzas entre estos grupos subversivos? Precisamente, información de inteligencia revela que las organizaciones al margen de la ley llegaron a acuerdos de delimitación de áreas geográficas sobre el Bajo Cauca, en donde se desplazarían de manera conjunta para mantener “movilidad territorial”.

De otro lado, se conocen “pactos” de no agresión en algunas áreas, para respetar la vida de los colaboradores, y concertaron zonas de acuerdos sobre las riberas del río Cauca, en la región del Magdalena Medio para el tráfico de estupefacientes.

Otro de los puntos destacados es el acuerdo para el intercambio de información sobre personas que consideran “desertores” de ambos bandos, lo cual se ejecutaría por medio de un canal de comunicaciones “para el sostenimiento de la relación”.

Unión macabra

Entre los elementos que confirmarían esta unión y que están asociados al tráfico de estupefacientes, están la compra y venta de cargamentos de estupefacientes en el Urabá antioqueño y la Costa Pacífica, además de alianzas y división de zonas para movilidad de las drogas en áreas como Nariño, Chocó, Valle de Cauca, el Sur de Bolívar y la región del Urabá.

Según información de inteligencia, en Nariño durante 2010 se habría producido un asocio entre el frente 29 y la columna Móvil Daniel Aldana de las Farc con ‘Los Rastrojos’ y componentes del ‘Clan Úsuga’, para operar en este territorio del país.

Para el año siguiente la información daba cuenta del contacto para la compra de estupefacientes entre el ‘Clan Úsuga’ y las Farc y que incluso “en reunión entre alias ‘Jacobo Arango’, cabecilla del frente 5; alias ‘El Manteco’, cabecilla del frente 58, y alias ‘Román Ruiz’, cabecilla del frente 18, se estableció que esto se cumpliría a través de particulares”.

Ese mismo año, el ‘Clan Úsuga’ indicó que ingresarían al Sur de Bolívar por Morales y El Bagre, Antioquia, para tomar contacto con los frentes de las Farc que hacen presencia en la región y así llegar a “acuerdos de no agresión”. También se conoció que ‘Los Rastrojos’ tendría esos contactos “para evitar confrontaciones y obtener autorización para mantener sus componentes activos sobre el Urabá para confrontar al ‘Clan Úsuga’”.

En Chocó y Antioquia, cabecillas del frente Cinco de las Farc con componentes del Clan habrían tenido encuentros como el de cabecilla ‘Jacobo Arango’ y un delegado de alias ‘Otoniel’, jefe máximo de esta banda criminal.

Para 2012 se empezó a conocer cifras más concretas en las negociaciones que adelantan estos grupos subversivos por el tráfico de estupefacientes. En ese orden, la información de inteligencia señala que alias ‘Wili’, integrante del Clan Úsuga y encargado del área de Nechí, Magangué, San Pablo y Ayapel, se reunió con emisarios de las Farc por orden de alias ‘Otoniel’, para acordar estas actividades.

La información revela que en esa reunión se planteó la posibilidad del tráfico de 250 kilos de estupefacientes quincenales y el pago de $2’600.000 por cada kilo que fuera transportado por estas regiones, con lo que era evidente la estrecha relación que se venía gestando entre estos grupos al margen de la ley y su modo de actuar en la zona.

En la región del Urabá Cordobés, en Puerto Libertador y Montelíbano, municipios donde se presentó el ataque contra los siete uniformados el pasado martes, el frente 58 de las Farc generó un acuerdo con el ‘Clan Úsuga’ para compartir la zona y evitar confrontaciones, además de la compra de estupefacientes, a través de los mismos acuerdos que se venían gestando en otras áreas del país.

El director de la Policía nacional, general Rodolfo Palomino, indicó el día del atentado que en la zona serán reforzadas las medidas de seguridad y será incrementada la operación de inteligencia, para que Córdoba deje de ser un territorio violento y maniatado por los grupos subversivos que operan allí.

“El frente 58 y una facción del ‘Clan Usuga’ son los engendros perversos de lo que se llamará Autodefensas Unidas de Colombia o paramilitares y tiene su origen retaliatorio en las operaciones que hemos hecho en su contra”, indicó Palomino el pasado martes desde Córdoba.

“Hay una lectura clara de lo que está pasando en los últimos meses y sabemos que nuestra Policía y nuestro Ejército tienen que robustecer y replantear algunas estrategias para poder encarar con mucha eficiencia y efectividad operaciones que permitan, no sólo el éxito militar, sino también frente a las fuentes de financiación que son el combustible de todas estas organizaciones”, señaló Lyons Muskus.

Las acciones

El Ejército nacional y la Policía se focalizarán en desestabilizar las finanzas de esos grupos y se mantendrá y aumentará el pie de fuerza, de acuerdo con lo señalado por el comandante de la institución, general Jaime Lasprilla, quien explicó que esto se realizará en “las áreas donde operan los frentes 58, 34 y 18 de las Farc, que son principalmente en el Nudo del Paramillo, Sur de Córdoba y límites con el Bajo Cauca antioqueño, donde estas presiones existen porque buscan generar más presión en la extorsión, en la población y el cultivo de hoja de coca, narcotráfico y minería ilegal”.

La Décima Primera Brigada del Ejército reforzó la seguridad vial con un pelotón blindado de 15 hombres del grupo mecanizado Juan del Corral, que comenzó a prestar seguridad en diferentes ejes viales con tres vehículos blindados cascabeles, un vehículo blindado urutú y un vehículo avir.

Además, los hombres se estarán moviendo en las principales vías como la Troncal del Caribe, que conecta al interior del país con la Costa Caribe, en especial los municipios que van desde Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Montería, Pueblo Nuevo, Cereté, Ciénaga de Oro, entre otros.

“Lo único que se busca con este pelotón blindado es incrementar la seguridad y que los viajeros se sientan seguros en estos puntos donde se estarán moviendo estos hombres del Ejército nacional”, afirmó el comandante de la Décima Primera Brigada, coronel Ulises Figueredo Varón.

Para el director de la Dijín de la Policía, general Jorge Rodríguez, las investigaciones de esa alianza se están haciendo y se han hecho evidentes al sur del país. “Hemos visto muchas de estas alianzas al sur del país, allí hace poco en una operación con un avión de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc, había estupefacientes de la Bacrim, esta no solamente es con el ‘Clan Úsuga’, sino también con ‘Los Rastrojos’”.

El postconflicto con más alianzas

La columnista Salud Hernández aseguró que en el postconflicto se podrá ver grupos conformados entre bacrim, Farc, paramilitares y delincuencia común.

“Algo así como el caso de los caqueteños, en el Amazonas, esto no es nuevo y a las Farc no les importa, ellos lo niegan pero se sabe que tienen estas alianzas, de igual forma que las tenían el M-19 con Pablo Escobar, no es nuevo y son alianzas que se conocen, como del ELN y Los Rastrojos y ahora las Farc y las Bacrim”, explicó.

Hernández manifestó que es normal que haya una cantidad de personas que no están dispuestas a entregar las armas, porque “siempre hay un porcentaje que no se desmoviliza y en el caso de las Farc, tendrá que ocurrir, porque no quieren o porque después de hacerlo vuelven a delinquir, aunque acá el agravante es que no lo aceptan y por eso será más complicado”.

Para el especialista en Seguridad y Defensa y director de la firma Decisive Point, Román Ortiz, es sobre las Bacrim donde se debe centrar el esfuerzo ejecutado entre las Fuerzas Militares y la Policía, para evitar más uniones con las Farc.

“Las Fuerzas Militares y la Policía han identificado que el esfuerzo debe ser contra las bandas criminales y eso se ve con las operaciones Troya, por ejemplo. El propósito es poner más presión sobre las bandas criminales para que en el caso del postconflicto y de la posible desmovilización de las Farc, estas no se vuelvan un polo de atracción y así para mantener la ilegalidad de miembros de la guerrilla que no estén conformes y deseen continuar con la violencia”, indicó Ortiz.

“Atacarlas es una forma de disuadir a las Farc para que no continúen en la violencia, está es una lección de las AUC, que de alguna forma fue en parte exitosa, y quienes se resistían, fueron atacados por la fuerza pública, el tema, de cara a las Farc es cerrar esas posibilidades y que no vean en las Bacrim la posibilidad de continuar”, señaló.

Ortiz afirmá que “la alianza entre Farc y Bacrim existe porque tienen intereses comunes, esta unión no es nueva, se ha hecho no sólo para atentar contra la Fuerza Pública, sino también en temas como el narcotráfico y armas. Distintas bandas, entre ellas el ‘Clan Úsuga’, han estado colaborando en la protección de las operaciones y en contratación de las Farc para que se hagan acciones terroristas”.

Fuente: http://bit.ly/ZHVn1R

En desarrollo de la intervención que se realiza en el Bajo Cauca antioqueño con la denominada "Operación Troya" no se ha podido establecer que exista una relación entre las bandas criminales que operan en esa subregión y los cárteles mexicanos de la droga, aseguró el coronel Gustavo Chavarro Romero, comandante de Policía Antioquia.

"Hasta el momento los elementos materiales de pruebas que tenemos nosotros en el departamento de policía Antioquia, en el Bajo Cauca Antioqueño no hemos encontrado ningún elemento probatorio que nos indique que exista esa relación" señaló el oficial.

Sin embargo, admitió que es posible que más adelante en desarrollo de las investigaciones, se pueda determinar de forma positiva o negativa esa relación.

Fuente: http://bit.ly/ZHUzKk

En el municipio de El Bagre las autoridades investigan el crimen de un hombre de aproximadamente 23 años, quien no fue identificado durante la inspección del cadáver.

El cuerpo fue hallado en el barrio de invasión Las Brisas de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño. El hombre, de tez trigueña y de aproximadamente 1.75 metros de estatura, presenta una fractura en el cráneo, al parecer, provocada por un fuerte golpe, y múltiples heridas por arma de fuego en el tórax.

En el momento del crimen, la víctima vestía jean azul, camiseta deportiva de rayas blancas con rojo y botines de trabajo color café.

El crimen es investigado por una Fiscalía Seccional.

Fuente: http://bit.ly/1qYnMfu

En Policlínica murió un menor de 15 años que había sido remitido desde el hospital de Tarazá a donde había ingresado tras ser víctima de un ataque con arma blanca cuando, junto a otro muchacho, viajaba como polizonte en un camión.

Cristian David Castro Viana, de 15 años, viajaba junto como polizonte en un camión, al parecer, hacia Medellín. Lo acompañaba otro joven.

Al llegar al peaje que hay entre Tarazá y Caucasia, el adolescente y su compañero de viaje empezaron a discutir, convirtiéndose aquello en una riña que no terminó bien.

Según el personal del peaje, Cristian David fue apuñalado por el otro joven, quien tras el hecho escapó del lugar.

El adolescente fue ingresado de emergencia al hospital de Tarazá con una herida en el tórax, pero debido a la gravedad de esta, fue remitido a Medellín donde falleció.

De acuerdo con las autoridades, quienes buscan al agresor, los dos jóvenes serían de Medellín. Una de las versiones señala que eran seguidores del Atlético Nacional.

Fuente: http://bit.ly/1p6rcHs

A raíz de las amenazas contra 32 profesores del Bajo Cauca antioqueño, cuatro instituciones educativas de la región tuvieron que suspender sus clases afectando a cerca de 1.600 estudiantes.
Así lo dio a conocer la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), que denunció que desde el pasado 10 de septiembre se registran limitaciones en el acceso a la educación en cuatro colegios del corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre (Antioquia).

De acuerdo con el organismo, las amenazas e intimidaciones por parte de un grupo armado ilegal contra 32 de los 42 educadores de la zona provocaron un desplazamiento masivo de maestros, entorpeciendo el derecho a la educación de 1.580 menores.

“Otros diez docentes continúan en la región en situación de riesgo. Los educadores se albergan en casas de familiares y amigos en la cabecera municipal. No retomarán sus labores hasta no tener condiciones de seguridad para su entorno”, señala el informe de la Oficina Humanitaria de la ONU divulgado por RCN Radio.

Se presume que una organización armada estaría señalando a la comunidad educativa de suministrar información a las autoridades sobre las actividades ilícitas y criminales que protagonizan los insurgentes en la región.

La situación llegó a tal extremo que, según denuncia la OCHA, el pasado 8 de septiembre hombres armados incursionaron en una escuela de la población quitándoles celulares a los estudiantes con el propósito de verificar que no se estuviera suministrando información a la Fuerza Pública.

No se descarta que por cuenta de la tensa situación de orden público en la zona se registren más desplazamientos forzados y se prolongue la suspensión de las clases.

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La muerte de un muchacho campesino en un paraje rural del municipio de Tarazá, víctima de un campo minado sembrado al parecer por las Farc causó tristeza y rechazo entre las autoridades y la comunidad de esa zona del Bajo Cauca Antioqueño.

Según el reporte de las autoridades policiales, el adolescente transitaba por la vereda Quebradas Altas, del corregimiento Barro Blanco, de Tarazá, y perdió la vida cuando pisó accidentalmente el artefacto explosivo.

El cadáver del menor fue llevado por funcionarios del CTI al hospital de Tarazá para las diligencias de necropsia.

Los organismos policiales creen que la carga explosiva fue instalada por guerrilleros del frente 36 de las Farc por cuanto el incidente sucedió en un área donde actúa esa agrupación rebelde.

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La pena de muerte contra Sixto Manuel Peralta estaba anunciada. Comenzó a circular de boca en boca en los alrededores del corregimiento de Piamonte, en el municipio de Cáceres (Antioquia), y se hizo realidad en junio cuando un hombre lo degolló a machete, en plena vía pública, frente a varios miembros de la comunidad. El cuerpo quedó tendido, durante varias horas, como un aviso para quienes se atrevan a quedarse con la plata de una vacuna, dice un funcionario de esa población.

Al cuerpo de este joven no se le practicó levantamiento, necropsia, ni fue velado. Ni siquiera hay una denuncia por su muerte en la Fiscalía. Su cadáver, tal como se confirmó con cuatro fuentes distintas, fue recogido en el camino entre Piamonte y la vereda La Granja, y luego acomodado en un cajón de madera que la Alcaldía donó. Fue enterrado en medio de la más completa prudencia. Todo, porque, además de la ley del terror, tienen la del silencio.

Hoy nadie se atreve a pronunciar el nombre del joven ni de la barbarie a la que están siendo sometidos. No hay registros de su muerte en la Alcaldía, en el Concejo, ni en la funeraria. Los familiares de Sixto también se guardaron para sí el crimen. “Muy lamentable lo que le ocurrió a esa familia, pero, ¿y usted por qué sabe eso? Si eso se supone que no lo sabe nadie”, dijo un funcionario local.

La decisión de callar vino de Darío, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia quien ejerce un poder omnipresente en un territorio de más de 3.000 hectáreas al que se accede cruzando el río Cauca, desde un muelle ubicado a 15 minutos por carretera de Caucasia. Al amparo de la humedad y del sopor, no se ven hombres armados. Pero sí las miradas tensas de los campaneros que alertan sobre la presencia de desconocidos.

Para pasar al otro lado, prohibido para los forasteros, hay que subirse a un viejo ferry cuyos encargados (extorsionados permanentemente por las bandas criminales) cobran entre 40.000 y 450.000 pesos, según el carro. Cruzar es llegar a predios herméticos donde están las haciendas del extraditado Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, dominadas por los hombres de Darío pese a estar en manos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). De acuerdo con solicitudes presentadas a la Unidad de Restitución de Tierras de Caucasia, se cuentan en más de 80 las fincas que, supuestamente, 'Macaco' despojó.

Pero más allá de Piamonte, el fortín de Darío, está Guarumo, un paraje colindante con el río que, según un fiscal adscrito al Gaula de la Policía, ha sido utilizado como campo de torturas. El miedo a hablar es tanto que la madre de un joven desaparecido y asesinado en Guarumo ha preferido ocultarles lo ocurrido a algunos miembros de su familia. Cuando le preguntan, simplemente dice que no ha vuelto. “Algún día la gente sabrá lo que hacen con los muchachos, los niños y los adultos allá. Los matan, los pican y los tiran al río. Eso es lo que hacen”, dice.

La Fiscalía, poco a poco, se ha ido enterando de otros casos. Hace un par de meses, una mujer de una ONG divisó desde la orilla del río una parte de un brazo que flotaba en el río Nechí. En la fotografía que tomó se puede ver que la extremidad lleva un tatuaje que coincide con el de un joven desaparecido en el corregimiento de Puerto Bélgica, de Cáceres. Por reportes que reposan en la Fiscalía, se sabe que el 27 de febrero de 2014 vieron por última vez con vida a dos jóvenes cuyo nombre se reserva para proteger a las víctimas. Uno de los dos tenía un tatuaje similar al fotografiado.

De alias Darío, el hombre que genera tanto miedo, dicen que no supera los 40 años y que tiene cédula de un municipio de Cundinamarca, en la misma tierra donde nació Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, excomandante de las AUC recordado en Tarazá por haber mandado a matar campesinos a tiempo que construía hospitales y hacía obras sociales. Y no es coincidencia que sean coterráneos. Con el propósito de edificar en la década del noventa el Bloque Mineros de las AUC, Vanoy se llevó para Tarazá a un puñado de paisanos de confianza a los que llaman Los Caparrapos.

Ahora en el Bajo Cauca el control ilegal simplemente ha cambiado de nombres. Una vez 'Macaco' y 'Vanoy' se sometieron al proceso de Justicia y Paz (ambos fueron extraditados), los mandos medios comenzaron una puja que tuvo su momento más duro en 2010. Urabeños, Rastrojos y un grupo de los Paisas se disputaban la zona a muerte. Con el tiempo, según fuentes de inteligencia de la Policía, el territorio quedó dividido en franquicias otorgadas por el Clan Úsuga, el de los Urabeños. Alias León, Darío, 6-7 y 'Morroco' se reparten desde distintos flancos el poder en iguales cantidades.

Ese poder se nutre de la minería ilegal, las extorsiones y la coca. Para 2012, en el Bajo Cauca se concentraba la mitad de estos cultivos de todo Antioquia, según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, de Naciones Unidas. Esa droga termina en el golfo de Urabá y Córdoba.

Pero ahora lo grueso está en la minería. Cifras de la Agencia Nacional minera indican que el año pasado se explotaban 23.605 hectáreas, de 349.000 que poseen títulos mineros. Sin contar lo ilegal. Sobre el río Nechí, por ejemplo, hay 41 puntos detectados. Una retroexcavadora paga 3 millones de pesos mensuales en vacunas a los ilegales, dicen en Caucasia. También “hay unas 400 dragas de minería que también tienen que aportar”, denuncia un exfuncionario público. Y a eso se le suma el chantaje al erario: pedían el 12 por ciento para dejar construir los parques educativos de Tarazá y Cáceres, proyectos insignia del gobernador Sergio Fajardo.

Alias Darío ha intentado incluso influir en las decisiones políticas en la región. El 21 de julio pasado citó a los concejales de Cáceres a una reunión en la isla La Amargura, más allá de Piamonte, con el ánimo de impedir que aprobaran la construcción del comando de Policía y un empréstito que solicitó el alcalde por 4.000 millones de pesos.

Leiderman Ortiz, periodista del diario La Voz del Pueblo, hizo la denuncia. “Cuando la Policía fue, la reunión se había acabado. Apenas quedaron las sillas en fila”, cuenta. Los concejales lo niegan, pero el periodista se reafirma. Atreverse a hablar en un lugar donde todos callan le ha salido caro. Su casa, en un sector popular, es un búnker blindado que ya recibió el impacto de una granada de fragmentación.

Por el lado de Tarazá tampoco escampa. Allá, en el territorio de alias Morroco fue asesinado el periodista Luis Cervantes y el exalcalde Reinaldo Posso Muñetón, mano derecha de Héctor Leonidas Giraldo, el actual burgomaestre, quien ha recibido amenazas. Y todo aquello sigue ocurriendo en medio del silencio. Un silencio que parece un mal chiste si se leen las estadísticas oficiales de la Policía de Antioquia: durante 2014 no se reportan denuncias por extorsión. Porque la orden de Darío y sus hombres es no hablar. Y mucho menos de los muertos.

Fuente: http://bit.ly/1wmGTip

Un mes después del asesinato en Tarazá del periodista Luis Carlos Cervantes, la Asociación de Periodistas de Antioquia, APA, denunció amenazas de muerte en contra del periodista Omar Martínez, quien también labora para varios medios de comunicación en la zona del Bajo Cauca.

Según APA, el periodista Martínez les informó que dos personas en moto lo intimidaron mientras hacía un registro fotográfico en el barrio Las Malvinas del municipio de Caucasia.

"Luego de más de una hora de estar allí, me dirigí a una tienda por una botella de agua, cuando se me acercaron dos personas desconocidas en una motocicleta. Casi interrumpiéndome el paso me dijeron: ¡Este es uno de los revoltosos, este es uno de los revoltosos!, ¡Deje de hablar tanta mierda!, y se fueron", según se lee en el comunicado de la APA, en el que pone de manifiesto las amenazas contra otro comunicador en el Bajo Cauca.

El periodista Omar Martínez había sido víctima de amenazas en agosto de 2013 y en febrero de este año, por medio de mensaje de texto a su celular, en los que le daban un plazo de 24 horas para abandonar la población.

Hace algunos días, la APA reportó también las amenazas hechas al camarógrafo Guillermo Naranjo, quien reside en el municipio de Barbosa y es colaborador de varios medios.

En el comunicado, la Asociación de Periodismo de Antioquia rechaza este nuevo acto intimidatorio contra los periodistas y llama la atención los organismos de seguridad para que brinden seguridad y acompañamiento a los dos comunicadores Omar Martínez y Guillermo Naranjo y los demás periodistas amenazados en la región para evitar cualquier acción violenta en su contra.

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Otro de los uniformados atacados en Cáceres, Antioquia, falleció en la tarde de este lunes después de ser herido con arma corta por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

El uniformado fue identificado como el patrullero Carlos Andrés Contreras Pérez de 25 años de edad, natural de Corosal, Sucre.

El otro uniformado que había fallecido previamente fue identificado como José Luis Rodríguez Ordóñez de 25 años de edad, soltero y natural de Magdalena.

Hasta el lunes al mediodía se habían reportado nueve arremetidas, al parecer de las Farc y del Clan Úsuga, que comenzaron el pasado viernes en la tarde.

Fuente: http://bit.ly/1qWITfL