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Más de 2.000 desplazados en Antioquia, Bajo Cauca y sur de Córdoba

La Defensoría del Pueblo denunció ayer la grave situación en la que se encuentran los habitantes del sur de Córdoba (San José de Uré), norte de Antioquia (Ituango) y Bajo Cauca (Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia), debido a los combates de grupos armados ilegales que han causado desplazamientos masivos y el incremento de homicidios.

Las Regionales de Antioquia y Córdoba y las Delegadas para los Derechos de la Población Desplazada y el Sistema de Alertas Tempranas, han hecho un continuo seguimiento a la situación de riesgo de desplazamiento y afectaciones a los procesos de exigibilidad de derechos en esa región, en donde se han presentado varios hechos de violencia.

La causa han sido los combates entre grupos armados ilegales posdesmovilización de las Auc y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas, conocidos también como ‘los caparrapos’, en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Ituango y San José de Uré.

La Defensoría advierte del fortalecimiento del Eln en Cáceres y Tarazá, así como la presencia de una disidencia del Frente 36 de las Farc en Ituango, que se ha enfrentado con grupos de autodefensas.

“En medio de esta situación han ocurrido 10 desplazamientos masivos, se han incrementado los índices de homicidios, se ha restringido la movilidad de la población, se encuentran en situación de confinamiento varias comunidades campesinas e indígenas y se han presentado intimidaciones generalizadas con la aparición de panfletos amenazantes”, agregó la Defensoría.

La Defensoría advierte que se han identificado a 732 familias (2.192 personas) desplazadas desde el 18 de enero al 9 de marzo de 2018.

Además, se han incrementado los homicidios en el municipio de Taraza. De acuerdo a información de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2018 se han registrado 23 asesinatos, cuando en el año 2017 en el mismo periodo se reportaron 6 casos. En San José de Uré se han reportado 6 asesinatos hasta el día 15 de marzo de 2018, cuatro de las víctimas eran representantes de comunidades o líderes comunitarios. 

La Defensoría además alerta del alto riesgo para comunidades del Pueblo Zenú y del Pueblo Embera Katío en San José de Uré, Caucasia, Tarazá e Ituango. “Se han registrado asesinatos de campesinos relacionados con los procesos de sustitución de cultivos en Tarazá. Se reportó el asesinato de dos (2) Presidentes de Juntas de Acción Comunal en San José de Uré”, señaló.

La Defensoría sostiene que esto ha generado gran número de personas desplazadas y confinadas, así como la persistencia de la situación del riesgo.

Fuente: http://bit.ly/2pyNET3

Situación en Bajo Cauca antioqueño se pudo prevenir, según líderes sociales

Desde 2017, se había advertido sobre el riesgo de desplazamientos masivos en municipios como Cáceres, Antioquia. El Gobierno Nacional no hizo nada, sino hasta que la Defensoría emitió una alerta nacional el pasado 22 de enero.

La situación de orden público en la región del Bajo Cauca antioqueño es un tema que, desde 2017, los líderes sociales de la zona la habían alertado. La petición al Gobierno Nacional por parte de ellos y de grupos sociales que trabajan allí ha sido que haya mayor presencia de Fuerza Pública para evitar los homicidios y el desplazamiento forzado, provocado por la presencia de bandas criminales y grupos ilegales que se encuentran en una disputa territorial.

El 22 de enero de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta nacional sobre desplazamientos masivos en el Bajo Cauca antioqueño y en otros departamentos como Córdoba, Boyacá y Casanare. Más de mil personas, en solo cuatro días, se movilizaron de sus casas debido al temor de quedar en medio del fuego entre el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc.

Antes de cumplirse el mes de esta alerta, entidades de la ONU, como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Agencia para los Refugiados (Acnur), junto al Consejo Noruego de Refugiados y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, hicieron un llamado de alerta ante "la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia)”.

“El Gobierno Nacional no le había prestado atención a la situación como se la están prestando ahora. Y es por un tema muy importante y muy desafortunado: el desplazamiento. Han sido más de 1.600 personas desplazadas, eso es lo que hizo que llamara la atención a nivel nacional. Eso ya se sabía. Eso ya se veía venir”, dijo a El Espectador Leiderman Ortiz Berrío, defensor de derechos humanos y líder social de Caucasia.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Antioquia, hasta el 22 de febrero, se han desplazado 1.569 personas hasta la cabecera municipalde Cáceres. Huyen de los enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de las rutas del microtráfico en la zona.

El Bajo Cauca ofrece unas dinámicas muy particulares. La explotación de los recursos mineros; la insurgencia de las Farc que tenían unas rutas hacia la parte del sur de Córdoba, otra hacia el sur de Bolívar. Por esos montes y por esas vertientes de las cordilleras existen todas unas rutas que les permiten y les facilitan justamente el comercio o el tránsito de sustancias de uso ilícito hacia determinados lugares. Por lo que les posibilita conectarse con el occidente, el oriente de Antioquia y también pueden conectarse con el departamento de Córdoba y directamente con la ciudad de Medellín”, explica Óscar Yesid Zapata, vocero de Nodo Antioquia para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Esa posición estratégica con la que goza el Bajo Cauca, lo convirtió en un epicentro para las bandas criminales, que operan desde ahí. A eso se le suma la proliferación de la minería ilegal y de la siembra de los cultivos ilícitos. “El microtráfico de los cultivos ilícitos que están en esa parte y la minería ilegal son los flagelos que sufre Cáceres”, describe Victoria Eugenia Ramírez, secretaría de Gobierno de Antioquia.

Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la fragmentación interna de esos grupos ilegales organizados, lo que propicia una nueva guerra por el control de la zona.

“El Bajo Cauca es un fortín de la extorsión en el que ellos cobran las vacunas, tanto en el comercio como en la ganadería; es un fortín por la minería informal, el microtráfico, los cultivos, los laboratorios y los corredores que manejan los grupos ilegales, fundamentales para transportar y vender la droga”, dice Ortiz Berrío.

Desde que se asentó el problema, los líderes sociales lo han denunciado y han pedido que se planifique toda una estrategia militar que contrarreste los efectos nefastos que ha traído el paramilitarismo y el narcotráfico a la zona.

“Miembros de la comunidad hace meses habían avisado de la situación porque veían la presencia de grupos, sus movimientos y fortalecimientos. Su experiencia de vivir en medio de la guerra hace muchos años les decía que su vida iba a estar en riesgo”, cuenta zona Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados.

Ellos lo veían venir, pero las autoridades departamentales y nacionales no hicieron nada para prevenirlo. Solo lo hicieron cuando las organizaciones internacionales y la Defensoría del Pueblo lanzaron las alertas de riesgo de desplazamientos masivos. Entonces, activaron un protocolo de contingencia.

Una vez que se movilizaron más de 1.500 personas, la Alcaldía de Cáceres, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional activaron un plan de choque para enviar 300 uniformados a la zona, crear comisiones especiales para brindar atención humanitaria a las víctimas desplazadas (albergues, salud alimentaria, agua potable, acceso a servicios públicos y educación) y una petición a la Registraduría Nacional para trasladar los puestos de votación de las zonas veredales al casco urbano. 

Estas acciones no han sido suficientes, ni eficientes. Nosotros no somos expertos en seguridad y no podemos darles consejos de cómo proteger a las comunidades, pero es claro que los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes, porque hay más de 1.500 personas directamente afectadas y quién sabe cuántos otras están en situación de inseguridad”, manifestó Visnes.

Fuente: http://bit.ly/2Ftog7T

Aumenta las personas desplazadas en Cáceres

Otras 135 personas se desplazaron desde la vereda El Calvario del municipio de Cáceres, quienes están huyendo por enfrentamientos del ELN, el Clan del Golfo y el Ejército Nacional en el bajo Cauca del departamento de Antioquia. En esta subregión en total 972 personas están refugiadas en los cascos urbanos de Cáceres y Tarazá.

El director de la Unidad de Victimas de Antioquia, Jorge Mario Alzate, explicó que las comunidades están recibiendo albergue, aunque las condiciones de hacinamiento son evidentes.

“En este momento están llegando nuevas familias desde esta semana, 51 familias, 135 familias, cerramos el censo, las familias están llegando desde zona rural y se está coordinando el levantamiento del censo y la atención en alimentación y albergue”, señaló el funcionario.

A las comunidades se les está entregando dinero para la compra de víveres y en el Tarazá a las 152 personas se les entregó 62 millones de pesos como subsidio de arrendamiento y alimenticio por 2 meses.

Concluyó el director que los enfrentamientos están aumentando y que no hay posibilidades de un retorno temprano de las comunidades.

Fuente: http://bit.ly/2Gj6rrq

Eln anuncia paro armado de tres días en todo el territorio nacional

Por medio de un comunicado, el grupo guerrillero pide a pasajeros y transportadores abstenerse de viajar para "evitarse inconvenientes". El senador Iván Cepeda, autorizado por el Gobierno y el Eln para salvar los diálogos, rechaza el anuncio hecho por el grupo armado ilegal.

Los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, Eln, pasan por su peor momento. El presidente Santos ha advertido a la guerrilla que mientras no se vean gestos de buena voluntad, los negociadores designados por el Ejecutivo permanecerán en el país. El Eln, por su parte, dice que bajo amenazas los diálogos no avanzarán. 

Ahora, en medio de la tensión creciente, la Dirección Nacional y el Comando Central de esa guerrilla anunció que desde el próximo 10 de febrero a las 6:00 am y hasta el día 13 del mismo mes, se adelantará un paro armado en todo el territorio nacional. 

De acuerdo con el comunicado, divulgado por comandante Uriel, quien en Twitter se identifica como la "Voz editorial del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez -ELN", el paro armado se adelanta por la "continuidad del Terrorismo de Estado y el incremento de la persecución a los dirigentes populares y la judicialización de la protesta social; como también la negativa del gobierno para darle continuidad al Quinto Ciclo de conversaciones en Quito".

Según ese texto, "las órdenes de operaciones se ejecutarán teniendo en cuenta los protocolos de seguridad y protección de la población (...) acatando la orden del mando superior del Eln, en el Chocó y el occidente colombiano, el paro armado será efectivo y la orientación a todas las unidades es que se cumpla tanto en las carreteras y ríos, como en el mar y las rutas aéreas".

En el comunicado, el Eln lanza una advertencia: "Hacemos el llamado a los transportadores y pasajeros para que se abstengan de viajar y evitarse inconvenientes".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, autorizado por el gobierno para buscar fórmulas que permitan que los diálogos continúen, señaló que rechaza el anuncio hecho por la guerrilla porque esto "dificulta las cosas. Vamos a ver cómo se sigue resolviendo este impase y estas dificultades para lograr el objetivo, que es el alto al fuego para que el Quinto Ciclo pueda avanzar". 

La publicación de este comunicado deja ver que en el interior del Eln hay división. En diálogo con El Espectador, Carlos Velandia, excomandante del Eln y actual gestor de paz señaló que "los sectores mayoritarios del Eln no encuentran argumentos para convencer a los grupos más pequeños y por eso se registran las divisiones".

En este sentido, el senador Cepeda señala que, durante la primera etapa del cese al fuego, "el Eln demostró que puede tener unidad de mando. Por eso, creo que pese a las diferencias la unidad en el interior de esa guerrilla se puede lograr", agregó. 

Fuente: http://bit.ly/2FUJASQ

Enfrentamientos en el Bajo Cauca tienen en riesgo de desplazamiento a 400 familias indígenas

Así lo manifestó la Organización Indigena de Antioquia tras denunciar la situación que se vive en Caucasia.

Según Richard Sierra, Consejero de Relaciones Políticas y Justicia Propia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), varios grupos armados se disputan esa zona del territorio, por lo que hay un inminente riesgo de desplazamiento de 400 familias indígenas.

Los hechos suceden en la comunidad indígena El Pando, por lo que, según Sierra, “se hace necesaria una intervención urgente por parte de organismos humanitarios”.

“Alertamos que hay confinamiento en varias de las comunidades de la zona, temor y zozobra. El Ejército ha hecho presencia, pero no es suficiente. Las familias se desplazarían hacia el casco urbano en Caucasia”, manifestó.

El río Cauca se desbordó, Siete barrios de Nechí se inundaron

A causa de las fuertes lluvias que azotan el territorio nacional, el río Cauca se desbordó, provocando que siete barrios de Nechí, Antioquia se inundaran, desplazando a las familias a albergues provicionales.

La administración municipal indica que el nivel del río superó el muro de protección inundando a los barrios El Chispero, Las Palmas, San Nicolás, Belén, Las Brisas, El Centro y en sector de las invasiones.

 

 

Los más afectados

Según indica la administración municipal, el corregimiento Colorado es uno de los más afectados. Se evacuaron algunas familias para evitar una tragedia.

Por otro lado, Daniel Cabrales, senador del Centro Democrático indicó que había advertido de la emergencia al gobierno.

"Dure 3 años rogándole al gobierno, al Sr. Carlos Iván Márquez atención y mantenimiento al dique Nechí-Achí y todo fue oídos sordos", expresó en su cuenta de Twitter. 

Fuente: http://bit.ly/2r91my7

Jueza deja en libertad al alcalde de Nechí

 
En audiencia de legalización de captura que se reanudó hoy a las 5:00 p.m. en el Palacio de Justicia de Medellín, luego de haberla suspendido anoche por motivos de tiempo, una Jueza de la República, con funciones de Control de Garantías, determinó no acceder a la petición de la Fiscalía 28 de Delitos contra la Administración Pública que solicitaba medida de aseguramiento con reclusión intramural del alcalde Miguel Enrique Franco Menco, quien ejerce su segundo periodo como alcalde de Nechí.
 
La Jueza aceptó los argumentos de la defensa ejercida por el abogado penalista Álvaro Vargas, quien manifestó que no existen pruebas conducentes a determinar la participación del actual alcalde en los hechos que se le imputan, los cuales ocurrieron en 2011, durante el primer gobierno de Franco Menco.
 
Por su parte de la Fiscalía, quien solicitó la orden de captura ante un juez del municipio de El Santuario, en el oriente antioqueño, fue reprendida por la jueza, quien hizo un llamado a la falta de precaución de los jueces en cuanto a la solicitud de órdenes de captura sin el lleno de requisitos, sin haber certeza plena de la participación del alcalde Franco Menco en el hecho delictivo, pese a que él es el ordenador del gasto. De acuerdo a la defensa, argumento aceptado por la jueza, el comité de contratación, en donde participan varios de los secretarios de despacho, son quienes deben responder por las imputaciones de la Fiscalía.
 
¿Por qué no le fue aplicada la medida de aseguramiento? Una fuente que está al tanto del caso explicó a La verdad del pueblo que para que un juez acepte la petición de la Fiscalía se deben cumplir tres requisitos: 1) peligro de fuga por parte del investigado, 2) no representarse ante los requerimientos hechos de la Fiscalía y 3) interferir en la etapa de investigación. De acuerdo a la jueza no se configura ninguno de los tres casos.
 
Miguel Enrique Franco Menco continuará vinculado al proceso desde su cargo como alcalde de Nechí, al igual que los demás funcionarios y exfuncionarios públicos que se encuentren inmersos en la presunta suplantación del contratista Ronald Enrique Torres Martínez.
 

Vereda Gallo sí será zona campamentaria de las Farc

La vereda Gallo, ubicada en el municipio de Tierralta, al sur de Córdoba si será zona campamentaria para albergar a por lo menos 400 guerrilleros de las Farc mientras se adelanta el proceso de dejación de armas de la guerrilla.

Así lo indicó el director de la Fundación Cordoberxia y asesor del departamento en temas de diálogo entre el Gobierno y la guerrilla, Andrés Chica Durango, luego de conocer la solicitud que habían hecho algunas autoridades de Córdoba para que elpresidente Juan Manuel Santos desistiera de utilizar a Gallo para esos efectos, aduciendo problemas logísticos y falta de infraestructura.

Explicó que esa zona fue escogida porque cumple con las garantías para asentar a los guerrilleros de las Farc y no hay presencia de autodefensas como ocurre con Puerto Libertador y Montelíbano. Sin embargo, el Gobierno no ha hecho ningún pronunciamiento formal en torno a la solicitud.

Advirtió además que la oposición que están haciendo algunas autoridades obedece más a un interés político y económico porque los recursos de Fondepaz no serán manejados por las Alcaldías, ni por la Gobernación sino por la misma comunidad.

Finalmente, señaló que la vereda no está integrada por comunidades indígenas y que el resguardo más cercano está a ocho horas de distancia. Tampoco es zona de reserva natural Parque Nudo del Paramillo porque está incluida en la zona amortiguadora de carácter baldío que posteriormente puede ser distribuida entre los campesinos sin tierra.

Como se recordará, en el último consejo de seguridad que se realizó en Montería las autoridades se mostraron preocupadas porque a finales de este mes arribarían los guerrilleros a la vereda y aún no se han hecho las inversiones para su recibimiento. No hay agua potable, luz, puesto de salud, ni escuelas adecuadas.

Fuente: http://bit.ly/2irukS4

Primera fase del desminado en Antioquia costará 43 millones de dólares

 
Intervenir 42 de los 88 municipios de Antioquia que tienen presencia de minas antipersonal durante cinco años, tendrá un valor de 43 millones de dólares. Solo en el departamento hay 2 mil 534 víctimas por los artefactos explosivos.
 
Así lo confirmó Sergio Bueno, jefe de la Dirección contras las Minas Antipersonal, al explicar que Antioquia tiene 33 municipios con un alto nivel de afectación y 38 localidades con afectación media. Confirmó que trabajan para que Tarazá, el municipio más contaminado con minas, sea incluido en la lista de las zonas a intervenir.
 
"El Gobierno Nacional viene haciendo un esfuerzo muy grande en Antioquia, prácticamente acá estamos desarrollando el 60 por ciento del total de los esfuerzos nacionales. También nos vamos con la tarea de que Tarazá sea incluido en la lista de zonas a intervenir, tengo que llevarlo a la instancia nacional y consultarlo con el Ministerio de Defensa".
 
Según el director de Acción contra Minas, se requieren cerca de 321 mil millones de dólares para intervenir 199 municipios del país con alta afectación, 291 con afectación media y 184 con afectación baja.
 
En Antioquia ya han sido declarados libres de sospecha de minas cinco municipios. Se trata de San Carlos, el primero en el país, además de Guatapé, La Unión, San Francisco y Nariño.

Fuente: http://bit.ly/2eLTdHP

Patrulla Aérea advierte que niños de El Bagre, presentan índices de desnutrición

Después de la asistencia humanitaria realizada por 34 voluntarios de la Patrulla Aérea Civil Colombiana a la población de El Bagre, Antioquia, se conoció que los menores presentan un alto índice de desnutrición.

El coordinador de Operaciones de la Patrulla, Enrique Martin, dijo que “después de la jornada en la que participamos médicos especialistas y personal paramédico, fue sorpresa encontrarnos con el estado de desnutrición que presentan los niños de la población de El Bagre”.

Durante los tres días de voluntariado, los menores tuvieron la oportunidad de ser revisados y evaluados por médicos pediatras.

Martin sostuvo que “tuvimos una consulta bien grande de pediatría y evidenciamos que hay una alta tasa de niños en desnutrición, quedamos sorprendidos con el diagnóstico que encontramos”.

Agregó que “demasiados niños desnutridos, y ese informe se lo pasaremos a la Alcaldía y a la Secretaría de Salud y Departamental, con el fin de tener un plan de choque y atender a estos niños”.

Durante la presencia de la Patrulla Aérea Civil Colombiana en El Bagre, Antioquia, se realizaron 121 procedimientos quirurjicos, programas de optometría, oftalmología, cirugía general y ginecología.

Habitantes del municipio indicaron que la visita de la Patrulla ayudó “mucho” a la comunidad y que “todo fue muy bien organizado”.

Asimismo, una profesional voluntaria dijo que “para mi es un honor aportar, es un placer participar. Una experiencia más, debido a que se aporta, y sobre todo en las áreas más apartadas”.

“Me ha servido para crecer y estar enamorado de lo que podemos servir en las comunidades más pobres del país”, puntualizó otro de los voluntarios.

Fuente: http://bit.ly/2ctpodz

Capturan a alias “Bula”, el jefe de extorsiones del clan del Golfo

redy José Rivera, oriundo de Ayapel (Córdoba), administraba los negocios ilegales, sobre todo el cobro de extorsiones en el nordeste antioqueño. El hombre de 34 años estaría tras el cobro de dineros a varias empresas de ese sector del departamento. Sectores mineros en los municipios de Barbosa, Buriticá, Zaragoza, Gómez Plata, Yalí, Vegachí, Segovia y Remedios también se habrían visto afectados.
 
Este viernes 22 de julio fue capturado en Medellín Fredy José Rivera, aliasBula, uno de los líderes del Grupo Armado Organizado (GAO) más grande del país: el clan del Golfo. De acuerdo con la Policía Antinarcóticos, Bula fue capturado cuando salía de un hotel ubicado en el Parque Berrío, centro de la capital antioqueña. Fuentes oficiales le dijeron a este diario que Bula se encontraba en Medellín para reunirse con otros presuntos miembros de la organización criminal clan del Golfo para coordinar nuevos crímenes.

Fredy José Rivera, oriundo de Ayapel (Córdoba), administraba los negocios ilegales, sobre todo el cobro de extorsiones en el nordeste antioqueño. El hombre de 34 años estaría tras el cobro de dineros a varias empresas de ese sector del departamento. Sectores mineros en los municipios de Barbosa, Buriticá, Zaragoza, Gómez Plata, Yalí, Vegachí, Segovia y Remedios también se habrían visto afectados.

De acuerdo con la información de la Policía, las sociedades mineras Gran Colombian Gold y la sociedad minera Damasa, propietaria de la mina El Silencio, habrían sido víctimas de alias Bula. Al parecer, el líder criminal estaba planeando que hombres armados hicieran presencia en las minas, y a través de asesinatos, presionaran para que los mineros abandonaran los lugares de explotación. De este modo, el grupo ilegal se quedaría con los yacimientos de oro y otros metales preciosos.

 

 

Al parecer, el monto que debían pagar estas empresas al grupo ilegal asciende hasta los $150 millones mensuales. Las autoridades calculan que en total, alias Bula habría recaudado para el clan del Golfo unos mil millones de pesos, pues no solo se extorsionaba a empresas mineras sino que además a los ganaderos de la zona. Según documentos oficiales, alias Bula estaba a cargo de la elaboración de censos ilegales de ganados que se llevaban a cabo para poder cobrar un porcentaje determinado por cada cabeza de res que tuvieran los ganaderos de la región.

Por este motivo, las autoridades creen que alias Bula era tal vez uno de los miembros que más dividendos le aportaba a la organización por actividades distintas al narcotráfico. Bula, de 34 años, habría sido designado como jefe de finanzas del nordeste antioqueño por Uldar Cardona Rueda, alias Pablito, pues era él quien podía establecer el contacto con alias Navarro, el líder del clan del Golfo en la región. Además del cobro de dineros a empresarios, alias Bula estaría detrás del tráfico de estupefacientes y explotación ilegal de minas en los municipios del nordeste.

Alias Bula le entregaba las ganancias a alias Pablito, quién a su vez le rendía cuentas a Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán. El presunto líder del clan del Golfo también estaría implicado en la compra de armas de la organización y en tráfico de estupefacientes, así como la explotación ilegal de minas. De esta forma, alias Bula se habría convertido en una ficha clave para los más poderosos del clan del Golfo, pues era él quien pagaba la nómina del Grupo Armado Organizado (GAO) y los gastos generados por enfrentamientos con otras organizaciones criminales en la zona.

Por estos hechos, el pasado fin de fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado le imputó a alias Bula el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

Fuente: http://bit.ly/2aFGUwB

Gigantesca redada contra extorsionistas en el país

Entre ellos: bandidos de Zaragoza, Nechí, El Bagre, San Jacinto del Cauca

Un gigantesco Operativo Contra las Principales redes de extorsionistas del País culminó con la Captura de 60 personajes, Que from Las Principales Cárceles del País dirigían Toda una Estructura Dedicada a la Intimidación y La estafa un Través de las "Llamadas millonarias '.

Cerca de 500 Policías del Gaula adelantaron las Capturas y allanamientos en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Valledupar, Neiva, Ibagué, Sincelejo, Mocoa y los municipios de La Dorada, Sitio Nuevo, Chigorodó, Cisneros, Itagüí, Zaragoza , Nechí, El Bagre, San Jacinto del Cauca, Buenaventura, Tumaco, Puerto Asís y La Hormiga.

Segun el Gaula, VARIOS de los capturados -integrantes de las bandas Los Payasos, Los Carteros, Patio 6 y El Clan Del Golfo- Servian de Puente Entre los cobradores Que se encargaban de las HACER LLAMADAS extorsivas from los Centros de Reclusión y Las Víctimas, en Su Mayoría Comerciantes.

Entre los capturados hay reclusos de las Cárceles La Ternera, en Cartagena; Picaleña en Ibagué; Doña Juana en La Dorada; San Isidro en Popayán y Palo Gordo en Girón, Santander.

De Acuerdo con la Investigación, ESTOS delincuentes se identifican Como integrantes, De Una Estructura de un crimen Organizado o Grupos Terroristas, e incluido en los muchas Ocasiones Como Miembros de la Fuerza Pública, párr Poder extorsionar a las Víctimas, a Quienes realizaban exigencias Que oscilaban Entre 5 mil Hasta 20 Millones de pesos, los Cuales Eran recibidos para Integrantes de las ESTRUCTURAS criminales un Través de empresas de giros Ubicadas en Diferentes Ciudades del País.

Fuente: http://bit.ly/2aFH07k

Denuncian residuos de petróleo en algunos barrios de Caucasia luego de inundaciones

Hay personas afectadas por el derrame de crudo, entre ellos niños.

Luego de ser declarada la calamidad pública en Caucasia por las inundaciones que dejaron cerca de 20 mil damnificados, habitantes del barrio Buenos Aires en este municipio del Bajo Cauca antioqueño, denunciaron rastros de petróleo en el cuerpo, muebles y enseres, luego de que bajara el nivel del agua.

“A la falta de agua potable, alimentos y lugares secos para dormir y preparar alimentos, se suman las quemaduras y enfermedades en la piel contraídas por el crudo y el agua represada durante la inundación, hay gente vomitando, con afectaciones en los ojos y enfermedades cutáneas (…) miembros de Ecopetrol vinieron el sábado pero no han vuelto” afirmó Mónica Durán, integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio Buenos Aires.

El secretario de Gobierno de Caucasia Gonzalo Correa, confirmó que hay personas afectadas por el derrame de crudo, entre ellos niños. El funcionario cuestionó que la empresa no haya notificado del derrame a la administración ocurrido en semanas anteriores, señalando que es un pequeño derrame que ocurrió cerca a un caño aledaño al barrio.

Las personas afectadas recibieron atención por parte de la secretaría de Salud de Caucasia, sin embargo, los habitantes del barrio Buenos Aires afirman que continúan las afecciones de salud debido al petróleo y reclaman la presencia de la empresa operadora del oleoducto para que asuma su responsabilidad.

Fuente: http://bit.ly/2aFHCtB

Caucasia esta de placemes

Un lunes doce de abril de 1886, remontando aguas del Rio Cauca llega don Clemente Arrieta acompañado de 20 expedicionarios en cinco canoas. El paraje al que arribaron era una especie de isla llena de abundantes árboles de Cañafístula, en la cual construyeron diez chozas de bareque en tierra, una especie de rancho cobijado con hojas de bijao y táparo. Por lo tanto a ese caserío que fundó don clemente y su grupo de expedicionarios le llamó Cañafístula

El Municipio de Caucasia fue fundado el día 12 de abril de 1886 por el señor Clemente Arrieta Viloria, Raicillero de plantas medicinales, Minero, Agricultor, arriero de ganado a pie (vaquero) y folclorista. (Q.E.D.P). Don Clemente Arrieta fallece en el corregimiento de Caucasia el día 31 de Julio de 1936.


Un lunes doce de abril de 1886, remontando aguas del Rio Cauca llega don Clemente Arrieta acompañado de 20 expedicionarios en cinco canoas. El paraje al que arribaron era una especie de isla llena de abundantes árboles de Cañafístula, en la cual construyeron diez chozas de bareque en tierra, una especie de rancho cobijado con hojas de bijao y táparo. Por lo tanto a ese caserío que fundó don clemente y su grupo de expedicionarios le llamó Cañafístula, que estaba ubicado exactamente en lo que hoy día se conoce como el barrio El Centro de este Municipio; zona histórica en la actualidad.

El Caserío de Cañafístula perteneció al Municipio de Cáceres por un lapso de tiempo de 26 años, es decir, desde el día 12 de abril de 1886 hasta Julio de 1912; fecha en la cual fue ascendido a Municipio el Corregimiento de Margento y Cañafístula pasó a ser parte de este. Al Municipio de Margento le pertenecimos durante 24 años, desde 1912 hasta agosto de 1936. En Agosto de este mismo año es elevado a la categoría de Municipio Nechí, por lo tanto Margento y Caucasia (antes llamado Cañafístula) pasan a ser parte de la nueva jurisdicción territorial hasta el día 14 de Octubre de 1942, un total de seis años.


El día 4 de Julio de 1927, el Concejo Municipal de Margento asciende a la categoría de Corregimiento el Caserío de Cañafístula; en ese mismo acuerdo se escoge el nombre de Caucasia por medio de una propuesta presentada por unos honorables pobladores y Monseñor Miguel Ángel Builes, Obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos para la fecha. Los nombres propuestos fueron: Circasia, Caucanía y Caucasia, quedando elegido este. último.

Caucasia asciende a Municipio mediante la ordenanza 056 del 7 de Julio de 1942 emanada de la Asamblea Departamental de Antioquia, siendo presidente de la misma en ese entonces, el doctor Julián Uribe Cadavid y Gobernador del Departamento, el doctor Aurelio Mejía; donde Margento y Nechí pasaron a ser parte del nuevo Municipio.

 

Excabecilla de “Urabeños” en Bajo Cauca fue condenado a 30 años de cárcel

Un juez penal de Antioquia sentenció a 30 años de prisión a Manuel Francisco Atencio Bohórquez, alias “Daniel”, excabecilla de la banda criminal “los Urabeños” en el Bajo Cauca, por la muerte de cinco personas, cuatro de ellas mujeres.

Las víctimas fueron identificadas como Obert Posada Dixon, Dilia de Jesús Viloria, Maritza Yaneth Ortiz Ortega, Nataly Urrego Franco y María Martínez de la Ossa. Estas mujeres fueron asesinadas en el año 2010 en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, al parecer algunas por ser parejas de miembros de la fuerza pública.

Alias “Daniel”, es considerado por la Fiscalía, como el principal cabecilla de “los Urabeños” en el Norte y Bajo Cauca. Y aunque fue condenado inicialmente a 60 años de prisión por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, secuestro extorsivo, y concierto para delinquir agravado, logró una rebaja de su condena del 50% gracias a un preacuerdo con la Fiscalía.

La captura de “Daniel” se produjo en noviembre de 2013 en la ciudad de Cartagena, Bolívar.

 

 

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