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Líder social fue asesinado en Taraza

Se trata de José Enrique Monsalve, quien formaba parte de una Junta de Acción Comunal.

líder asesinado

Organizaciones sociales denunciaron que en la vereda Caucana, del municipio de Tarazá (Bajo Cauca de Antioquia), fue asesinado este sábado 25 de agosto José Enrique Monsalve Giraldo, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Antonio, de San José de Uré (Córdoba). 

De acuerdo con la información entregada por compañeros del líder, quien formaba parte de una asociación campesina, Monsalve lideraba el proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en su vereda. 

Las primeras versiones indican que el hombre salió de la vereda Caucana el sábado en la tarde y su cuerpo fue encontrado el domingo en el sector. Fuentes del Departamento de Policía de Antioquia explicaron que en esa zona delinquen el 'clan del golfo', los 'caparrapos' y disidencias de las Farc. 

El líder social, de 40 años, fue encontrado muerto cerca de una vía que comunica a Tarazá y Cáceres y aún no se sabe si fue asesinado allí o los responsables arrojaron su cadáver en el lugar. Al momento de la inspección del cuerpo, presentaba dos heridas por arma de fuego en la cabeza.

Según Johan Giraldo, vocero del Proceso Social de Garantías de Antioquia, la situación es preocupante, en tanto que en el transcurso de 2018 van 25 líderes asesinados en el departamento. Por ello, reiteró su llamado a las instituciones del Estado para que realicen acciones concretas para que los defensores y líderes tengan garantías a la hora de cumplir su labor.

Fuente: http://bit.ly/2oB7vQA

En el Bajo Cauca hay que ser ciego, sordo y mudo

Este año han asesinado a ocho líderes sociales en el Bajo Cauca antioqueño: cuatro en Cáceres, dos en Caucasia y dos en Tarazá. Pero ellos no son los únicos muertos. Van 334 homicidios.

Entender las causas de la muerte allí es tan complejo como entender el contexto de una subregión que vive disputas entre grupos residuales de las AUC, brazos armados del ELN, el proceso de reinserción de las Farc y un proyecto para sustituir cultivos de coca voluntariamente.

Mientras, sus habitantes sufren no solo las consecuencias de esos problemas, sino también los coletazos de la emergencia en Hidroituango, y su economía (cuyo motor es la minería informal) cada vez se atranca más.

Una estela de guerra

Siete horas en bus de Medellín a Caucasia. En el camino se pasa de largo por Valdivia, Tarazá y Cáceres, donde está el 70 por ciento de la coca de Antioquia.

En las extensas zonas rurales que separan los cascos urbanos, dicen los que saben que se encuentran los grupos armados que desde hace más de veinte años se disputan o se comparten el control de una de las zonas más geoestratégicas para el tráfico de los negocios ilícitos en Colombia.

Grupos que están expulsando gente: las cifras de la Alcaldía de Medellín, a donde suelen huir los desplazados antioqueños, muestran la llegada de 3.336 desplazados del Bajo Cauca entre enero y junio de este año.

Tarazá es el municipio más expulsor con más de dos mil personas que arribaron a la ciudad, casi el mismo número de las que salieron del municipio, una cifra que venía bajando desde 2013, cuando tuvo 2.475 mil expulsados, según el Registro Único de Víctimas. En lo que va del año, el número de desplazados superó el de todo el 2017 en un 485 por ciento.

Pero a Medellín no llegan ni la mitad de los desplazados de Cáceres, que son 2.571 en lo que va del año; y de Caucasia han llegado a la capital 368 personas de las 591 que han huido del municipio.

Allí son más los que se quedan.

Un señor de 60 años, nativo de Caucasia, me dijo: “He visto peores tormentas en todos los años que he vivido acá”.

La última la vivió entre el 2008 y el 2012, pues luego de la extradición de Macaco y Cuco Vanoy, mandos importantes de las AUC en la subregión, se disputaron el control las Águilas Negras, aliados con los Caparrapos, y Los Rastrojos.

En 2010 hubo más de 40 ataques con granadas o petardos en lugares de comercio de Caucasia, según el Distrito de Policía Especial para el Bajo Cauca. Ese mismo año fue el de más homicidios en la historia del municipio: 128; y el de más desplazamientos en la subregión con nueve mil en los últimos diez años, según el Registro Único para las Víctimas (RUV).

Fue una guerra muy parecida a la que se vive ahora.

Luego, la región vivió una tensa tranquilidad desde 2012 cuando las Águilas Negras y Los Rastrojos llegaron a un acuerdo para unirse y convertirse en los frentes Julio César Vargas, Francisco Morelos Peñalta y el de Virgilio Peralta Arenas adscritos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Se rompió cuando este último, más conocido como los Caparrapos -dicen que porque varios de sus miembros iniciales venían de Caparrapí, en Cundinamarca-, decidió declararse disidencia a finales del año pasado.

Tener la suerte de que la guerra no te toque

 

 

La nueva guerra empezó con alertas.

En la madrugada del 29 de diciembre del 2017 estalló un artefacto en Bora Bora, una de las discotecas más grandes de Caucasia, que dejó 39 heridos.

En enero, hombres armados llegaron a siete veredas de Cáceres para anunciar enfrentamientos y pedirle a los habitantes abandonar sus casas, por lo que se desplazaron 356 personas, el primer desplazamiento masivo de los cinco que se dieron ese mismo mes dejando 1.695 personas afectadas, según alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes corren peligro?

En Caucasia, la respuesta del señor del mototaxi, de la señora que atiende en la cafetería, de líderes, fuentes oficiales y conocedores del municipio coinciden: “la persona de bien, vive bien”, “si no te metes con ellos, puedes estar tranquilo”.

Según fuentes de la Policía, los 94 homicidios registrados en Caucasia este año hasta el viernes 27 de julio, son fruto de la guerra entre el Clan y los Caparrapos, y por eso las víctimas eran, en su mayoría, vendedores de drogas, campaneros, extorsionistas, sicarios, paga diarios y colaboradores de esos dos grupos.

Pero el riesgo no solo es hacer parte de ellos.

La noche en la que asesinaron a Robert Jaraba, uno de los ocho líderes asesinados en el Bajo Cauca, un familiar le recomendó no salir de fiesta porque la ciudad estaba peligrosa. “Yo no le debo nada a nadie”, respondió.

Y no es la única historia. Dos líderes del municipio recordaron el homicidio de Juan Carlos Zabala en enero, un joven que nada tenía que ver con las bandas del barrio, pero al que le dispararon poco después de haber denunciado en la Policía una olla cerca de su casa.

“Si te matan a un ser querido, llóralo, entiérralo y no más”, explica una líder que recuerda que en alguna ocasión quiso convocar una marcha por la vida, pero rápidamente le llegaron rumores de que era mejor que no lo hiciera.

Rumores, eso es lo que llega y es suficiente para causar temor y coartar a las personas. Un enlace de la Mesa de Víctimas de Caucasia contó que su trabajo se ha apaciguado desde que empezaron los ataques a líderes sociales. No han querido moverse ni hacerse visibles pues, aunque no han recibido amenaza directa, el miedo está.

Además, sus dos hijas tuvieron que desplazarse a Medellín: una fue abordada por dos hombres en una moto que “se burlaron de ella por ser lesbiana” y le advirtieron que no la querían ver en la ciudad. La otra, luego de ver cómo un conocido suyo le disparó a un hombre, decidió irse por temor a que tomara represalias en su contra.

Otros enlaces de la Mesa de Víctimas que lideraban los temas de jóvenes y desaparición forzada salieron de Caucasia porque sentían miedo de realizar su trabajo allí, según esta fuente.

La muerte no solo llega por ser líder

En esa revuelta murieron Ana María Cortés, en Cáceres; y Robert Jaraba, en Caucasia. Son los dos asesinatos de líderes más recientes, en el mes y medio que va después de la segunda vuelta presidencial. Ella, líder política; él, líder sindical.

Ana María Cortés fue asesinada el 4 de julio a eso de las 7 de la noche a la entrada del pueblo, en una cafetería que visitaba diariamente. Robert Jaraba, cerca de la medianoche del 16 de julio, en Noche de Reinas, uno de los dos burdeles más conocidos de la ciudad.

Ambas muertes se enmarcan en la guerra que se anunció a finales del año pasado.

Que eran líderes es una realidad.

Cortés lo fue en la campaña de la Colombia Humana en Cáceres, coinciden las personas que acompañaron el nodo en el pueblo y Edith Navarro, encargada de la campaña en el Bajo Cauca.

Era más que una colaboradora: convocó, organizó y compartió la propuesta de Petro en el casco urbano, además de ser testigo electoral en las votaciones.

Sin embargo, ni ella ni su grupo de seis personas en la Colombia Humana recibieron amenazas en medio de la campaña; no hubo denuncias de constreñimiento y ni siquiera quienes se adentraron a las zonas montañosas, donde hay mayor presencia de ilegales, recibieron un mensaje negativo por esa actividad.

“No le conocimos un contexto muy profundo de ser líder social, a ella le gustaba más eso de la política” dijo un cercano suyo, que habló, como la mayoría de fuentes de esta historia, bajo la condición de proteger su identidad por miedo a la violencia.

Lo confirmaron dos personas más que viven en el pueblo hace más de diez años.

El personero Anderson Piedrahita corroboró que Ana María no hacía parte de ninguna asociación o junta de acción comunal. Pero con fechas imprecisas, se sabe que trabajó en la Personería de la alcaldía de Davinson Correa (2008-2011), para quien también hizo campaña en su momento.

Durante la emergencia de Hidroituango en mayo, tomó la vocería en el punto de encuentro dispuesto en Cáceres para los afectados exigiendo ayudas humanitarias.

La líder de la Colombia Humana, según cinco fuentes, había vuelto a su pueblo a principio de este año, pues en los últimos dos se había desplazado a Medellín por amenazas que no pudimos identificar.

Una fuente cercana a ella contó que desde entonces la Policía la perseguía y la abordaba en la cafetería que visitaba a diario en Cáceres. Piedrahita confirmó que Ana María hizo dos quejas por malos procedimientos policivos, pero que en ninguno expresó amenazas de la institución.

Uno de sus amigos más cercanos nos dijo que dos días antes de su muerte le comentó que había regresado al pueblo porque quería saludar a su familia, pero que sabía bien que no podía volver, y por eso pensaba dejar el municipio lo antes posible. No alcanzó.

Por su parte, Robert Jaraba también era reconocido como líder en Cerro Matoso, empresa para la que trabajó 16 años en Montelíbano, sur de Córdoba, donde se vive una guerra muy parecida a la del Bajo Cauca como contamos. Pero visitaba con frecuencia Caucasia, que queda a menos de una hora, pues allí nació y vive la mayoría de su familia.

Jaraba, quien era operador de máquinas en la Mina e hizo parte del Comité de Certificación del Sena que capacitó a unos 140 trabajadores de la empresa, fue uno de los fundadores del sindicato Sintramineros en 2012.

Como en el caso de Cortés, sus compañeros del sindicato y familiares niegan que su papel ahí fuera fruto de incomodidad para alguien.

“A él no le gustaba enfrentarse y pelear con los directivos, sino más bien encontrar soluciones prácticas para ambos”, dice uno de sus seres más queridos.

Aunque tenía una lucha por tierras, no era un líder de ese sector.

Desde diciembre del 2017 llevaba el proceso de reclamación de un predio llamado Las Delicias, en la vereda La Mojosa, Cáceres, que le despojó el exparamilitar ´Macaco’ a su padre Atilano en 1998.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, no manifestó amenazas por esa actividad; de hecho, era el único entusiasmado de la familia porque creía que ya estaban cerca de recuperar su finca, aunque el proceso apenas está en estudio formal.

Sus más allegados también desmienten lo que se difundió en prensa sobre un ataque personal que recibió semanas antes de su muerte. El hecho fue en enero; dos hombres en moto le tiraron una piedra al ventanal de su casa en Montelíbano. Nunca pudieron identificar el porqué.

En los dos casos, las autoridades dicen por fuera de micrófonos que los asesinatos no se deben a su condición de líderes.

Información extraoficial de la Policía arroja que Cortés estaba siendo investigada por pertenecer al Clan del Golfo y tenía un hijo en la organización criminal. Efectivamente, a los trece días del homicidio, el Ejército capturó su hijo, Camilo Andrés Chaverra Cortés, presunto integrante del Clan del Golfo.

Esa versión responsabiliza la muerte de Cortés a los Caparrapos, grupo para el que supuestamente ella trabajó en el pasado, antes de abandonar el pueblo, hace más o menos dos años.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que tienen pruebas contundentes de que el autor del crimen sería alias “Jonás”, líder de los Caparrapos.

Según esta misma fuente, hay indicios de que la muerte de Robert tuvo que ver con su hermano Anuar, quien es el cuñado de alias Carlitos, un caparrapo de Caucasia que fue herido de bala el 14 de julio y murió el mismo día que el líder de Cerro Matoso.

La teoría que comparten algunos familiares es que al que querían matar era a su hermano y pudo ser un error porque los dos se parecían físicamente. Ninguno se imaginó que Robert pudiera morir de esa forma, “él siempre le huía a los problemas”.

Esta semana la Policía capturó al presunto asesino: alias Cristian, quien se desempeñaba como sicario de los Caparrapos en Caucasia, según las autoridades.

Pero el liderazgo vulnerado en el Bajo Cauca va más allá, y se concentra más que todo en las veredas, entre cultivos de coca y el asedio de Clan del Golfo y los Caparrapos.

Fuente: http://bit.ly/2NVhDia

Más de 2.000 desplazados en Antioquia, Bajo Cauca y sur de Córdoba

La Defensoría del Pueblo denunció ayer la grave situación en la que se encuentran los habitantes del sur de Córdoba (San José de Uré), norte de Antioquia (Ituango) y Bajo Cauca (Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia), debido a los combates de grupos armados ilegales que han causado desplazamientos masivos y el incremento de homicidios.

Las Regionales de Antioquia y Córdoba y las Delegadas para los Derechos de la Población Desplazada y el Sistema de Alertas Tempranas, han hecho un continuo seguimiento a la situación de riesgo de desplazamiento y afectaciones a los procesos de exigibilidad de derechos en esa región, en donde se han presentado varios hechos de violencia.

La causa han sido los combates entre grupos armados ilegales posdesmovilización de las Auc y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas, conocidos también como ‘los caparrapos’, en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Ituango y San José de Uré.

La Defensoría advierte del fortalecimiento del Eln en Cáceres y Tarazá, así como la presencia de una disidencia del Frente 36 de las Farc en Ituango, que se ha enfrentado con grupos de autodefensas.

“En medio de esta situación han ocurrido 10 desplazamientos masivos, se han incrementado los índices de homicidios, se ha restringido la movilidad de la población, se encuentran en situación de confinamiento varias comunidades campesinas e indígenas y se han presentado intimidaciones generalizadas con la aparición de panfletos amenazantes”, agregó la Defensoría.

La Defensoría advierte que se han identificado a 732 familias (2.192 personas) desplazadas desde el 18 de enero al 9 de marzo de 2018.

Además, se han incrementado los homicidios en el municipio de Taraza. De acuerdo a información de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2018 se han registrado 23 asesinatos, cuando en el año 2017 en el mismo periodo se reportaron 6 casos. En San José de Uré se han reportado 6 asesinatos hasta el día 15 de marzo de 2018, cuatro de las víctimas eran representantes de comunidades o líderes comunitarios. 

La Defensoría además alerta del alto riesgo para comunidades del Pueblo Zenú y del Pueblo Embera Katío en San José de Uré, Caucasia, Tarazá e Ituango. “Se han registrado asesinatos de campesinos relacionados con los procesos de sustitución de cultivos en Tarazá. Se reportó el asesinato de dos (2) Presidentes de Juntas de Acción Comunal en San José de Uré”, señaló.

La Defensoría sostiene que esto ha generado gran número de personas desplazadas y confinadas, así como la persistencia de la situación del riesgo.

Fuente: http://bit.ly/2pyNET3

Situación en Bajo Cauca antioqueño se pudo prevenir, según líderes sociales

Desde 2017, se había advertido sobre el riesgo de desplazamientos masivos en municipios como Cáceres, Antioquia. El Gobierno Nacional no hizo nada, sino hasta que la Defensoría emitió una alerta nacional el pasado 22 de enero.

La situación de orden público en la región del Bajo Cauca antioqueño es un tema que, desde 2017, los líderes sociales de la zona la habían alertado. La petición al Gobierno Nacional por parte de ellos y de grupos sociales que trabajan allí ha sido que haya mayor presencia de Fuerza Pública para evitar los homicidios y el desplazamiento forzado, provocado por la presencia de bandas criminales y grupos ilegales que se encuentran en una disputa territorial.

El 22 de enero de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta nacional sobre desplazamientos masivos en el Bajo Cauca antioqueño y en otros departamentos como Córdoba, Boyacá y Casanare. Más de mil personas, en solo cuatro días, se movilizaron de sus casas debido al temor de quedar en medio del fuego entre el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc.

Antes de cumplirse el mes de esta alerta, entidades de la ONU, como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Agencia para los Refugiados (Acnur), junto al Consejo Noruego de Refugiados y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, hicieron un llamado de alerta ante "la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia)”.

“El Gobierno Nacional no le había prestado atención a la situación como se la están prestando ahora. Y es por un tema muy importante y muy desafortunado: el desplazamiento. Han sido más de 1.600 personas desplazadas, eso es lo que hizo que llamara la atención a nivel nacional. Eso ya se sabía. Eso ya se veía venir”, dijo a El Espectador Leiderman Ortiz Berrío, defensor de derechos humanos y líder social de Caucasia.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Antioquia, hasta el 22 de febrero, se han desplazado 1.569 personas hasta la cabecera municipalde Cáceres. Huyen de los enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de las rutas del microtráfico en la zona.

El Bajo Cauca ofrece unas dinámicas muy particulares. La explotación de los recursos mineros; la insurgencia de las Farc que tenían unas rutas hacia la parte del sur de Córdoba, otra hacia el sur de Bolívar. Por esos montes y por esas vertientes de las cordilleras existen todas unas rutas que les permiten y les facilitan justamente el comercio o el tránsito de sustancias de uso ilícito hacia determinados lugares. Por lo que les posibilita conectarse con el occidente, el oriente de Antioquia y también pueden conectarse con el departamento de Córdoba y directamente con la ciudad de Medellín”, explica Óscar Yesid Zapata, vocero de Nodo Antioquia para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Esa posición estratégica con la que goza el Bajo Cauca, lo convirtió en un epicentro para las bandas criminales, que operan desde ahí. A eso se le suma la proliferación de la minería ilegal y de la siembra de los cultivos ilícitos. “El microtráfico de los cultivos ilícitos que están en esa parte y la minería ilegal son los flagelos que sufre Cáceres”, describe Victoria Eugenia Ramírez, secretaría de Gobierno de Antioquia.

Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la fragmentación interna de esos grupos ilegales organizados, lo que propicia una nueva guerra por el control de la zona.

“El Bajo Cauca es un fortín de la extorsión en el que ellos cobran las vacunas, tanto en el comercio como en la ganadería; es un fortín por la minería informal, el microtráfico, los cultivos, los laboratorios y los corredores que manejan los grupos ilegales, fundamentales para transportar y vender la droga”, dice Ortiz Berrío.

Desde que se asentó el problema, los líderes sociales lo han denunciado y han pedido que se planifique toda una estrategia militar que contrarreste los efectos nefastos que ha traído el paramilitarismo y el narcotráfico a la zona.

“Miembros de la comunidad hace meses habían avisado de la situación porque veían la presencia de grupos, sus movimientos y fortalecimientos. Su experiencia de vivir en medio de la guerra hace muchos años les decía que su vida iba a estar en riesgo”, cuenta zona Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados.

Ellos lo veían venir, pero las autoridades departamentales y nacionales no hicieron nada para prevenirlo. Solo lo hicieron cuando las organizaciones internacionales y la Defensoría del Pueblo lanzaron las alertas de riesgo de desplazamientos masivos. Entonces, activaron un protocolo de contingencia.

Una vez que se movilizaron más de 1.500 personas, la Alcaldía de Cáceres, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional activaron un plan de choque para enviar 300 uniformados a la zona, crear comisiones especiales para brindar atención humanitaria a las víctimas desplazadas (albergues, salud alimentaria, agua potable, acceso a servicios públicos y educación) y una petición a la Registraduría Nacional para trasladar los puestos de votación de las zonas veredales al casco urbano. 

Estas acciones no han sido suficientes, ni eficientes. Nosotros no somos expertos en seguridad y no podemos darles consejos de cómo proteger a las comunidades, pero es claro que los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes, porque hay más de 1.500 personas directamente afectadas y quién sabe cuántos otras están en situación de inseguridad”, manifestó Visnes.

Fuente: http://bit.ly/2Ftog7T

Aumenta las personas desplazadas en Cáceres

Otras 135 personas se desplazaron desde la vereda El Calvario del municipio de Cáceres, quienes están huyendo por enfrentamientos del ELN, el Clan del Golfo y el Ejército Nacional en el bajo Cauca del departamento de Antioquia. En esta subregión en total 972 personas están refugiadas en los cascos urbanos de Cáceres y Tarazá.

El director de la Unidad de Victimas de Antioquia, Jorge Mario Alzate, explicó que las comunidades están recibiendo albergue, aunque las condiciones de hacinamiento son evidentes.

“En este momento están llegando nuevas familias desde esta semana, 51 familias, 135 familias, cerramos el censo, las familias están llegando desde zona rural y se está coordinando el levantamiento del censo y la atención en alimentación y albergue”, señaló el funcionario.

A las comunidades se les está entregando dinero para la compra de víveres y en el Tarazá a las 152 personas se les entregó 62 millones de pesos como subsidio de arrendamiento y alimenticio por 2 meses.

Concluyó el director que los enfrentamientos están aumentando y que no hay posibilidades de un retorno temprano de las comunidades.

Fuente: http://bit.ly/2Gj6rrq

Eln anuncia paro armado de tres días en todo el territorio nacional

Por medio de un comunicado, el grupo guerrillero pide a pasajeros y transportadores abstenerse de viajar para "evitarse inconvenientes". El senador Iván Cepeda, autorizado por el Gobierno y el Eln para salvar los diálogos, rechaza el anuncio hecho por el grupo armado ilegal.

Los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, Eln, pasan por su peor momento. El presidente Santos ha advertido a la guerrilla que mientras no se vean gestos de buena voluntad, los negociadores designados por el Ejecutivo permanecerán en el país. El Eln, por su parte, dice que bajo amenazas los diálogos no avanzarán. 

Ahora, en medio de la tensión creciente, la Dirección Nacional y el Comando Central de esa guerrilla anunció que desde el próximo 10 de febrero a las 6:00 am y hasta el día 13 del mismo mes, se adelantará un paro armado en todo el territorio nacional. 

De acuerdo con el comunicado, divulgado por comandante Uriel, quien en Twitter se identifica como la "Voz editorial del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez -ELN", el paro armado se adelanta por la "continuidad del Terrorismo de Estado y el incremento de la persecución a los dirigentes populares y la judicialización de la protesta social; como también la negativa del gobierno para darle continuidad al Quinto Ciclo de conversaciones en Quito".

Según ese texto, "las órdenes de operaciones se ejecutarán teniendo en cuenta los protocolos de seguridad y protección de la población (...) acatando la orden del mando superior del Eln, en el Chocó y el occidente colombiano, el paro armado será efectivo y la orientación a todas las unidades es que se cumpla tanto en las carreteras y ríos, como en el mar y las rutas aéreas".

En el comunicado, el Eln lanza una advertencia: "Hacemos el llamado a los transportadores y pasajeros para que se abstengan de viajar y evitarse inconvenientes".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, autorizado por el gobierno para buscar fórmulas que permitan que los diálogos continúen, señaló que rechaza el anuncio hecho por la guerrilla porque esto "dificulta las cosas. Vamos a ver cómo se sigue resolviendo este impase y estas dificultades para lograr el objetivo, que es el alto al fuego para que el Quinto Ciclo pueda avanzar". 

La publicación de este comunicado deja ver que en el interior del Eln hay división. En diálogo con El Espectador, Carlos Velandia, excomandante del Eln y actual gestor de paz señaló que "los sectores mayoritarios del Eln no encuentran argumentos para convencer a los grupos más pequeños y por eso se registran las divisiones".

En este sentido, el senador Cepeda señala que, durante la primera etapa del cese al fuego, "el Eln demostró que puede tener unidad de mando. Por eso, creo que pese a las diferencias la unidad en el interior de esa guerrilla se puede lograr", agregó. 

Fuente: http://bit.ly/2FUJASQ

Enfrentamientos en el Bajo Cauca tienen en riesgo de desplazamiento a 400 familias indígenas

Así lo manifestó la Organización Indigena de Antioquia tras denunciar la situación que se vive en Caucasia.

Según Richard Sierra, Consejero de Relaciones Políticas y Justicia Propia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), varios grupos armados se disputan esa zona del territorio, por lo que hay un inminente riesgo de desplazamiento de 400 familias indígenas.

Los hechos suceden en la comunidad indígena El Pando, por lo que, según Sierra, “se hace necesaria una intervención urgente por parte de organismos humanitarios”.

“Alertamos que hay confinamiento en varias de las comunidades de la zona, temor y zozobra. El Ejército ha hecho presencia, pero no es suficiente. Las familias se desplazarían hacia el casco urbano en Caucasia”, manifestó.

El río Cauca se desbordó, Siete barrios de Nechí se inundaron

A causa de las fuertes lluvias que azotan el territorio nacional, el río Cauca se desbordó, provocando que siete barrios de Nechí, Antioquia se inundaran, desplazando a las familias a albergues provicionales.

La administración municipal indica que el nivel del río superó el muro de protección inundando a los barrios El Chispero, Las Palmas, San Nicolás, Belén, Las Brisas, El Centro y en sector de las invasiones.

 

 

Los más afectados

Según indica la administración municipal, el corregimiento Colorado es uno de los más afectados. Se evacuaron algunas familias para evitar una tragedia.

Por otro lado, Daniel Cabrales, senador del Centro Democrático indicó que había advertido de la emergencia al gobierno.

"Dure 3 años rogándole al gobierno, al Sr. Carlos Iván Márquez atención y mantenimiento al dique Nechí-Achí y todo fue oídos sordos", expresó en su cuenta de Twitter. 

Fuente: http://bit.ly/2r91my7

Jueza deja en libertad al alcalde de Nechí

 
En audiencia de legalización de captura que se reanudó hoy a las 5:00 p.m. en el Palacio de Justicia de Medellín, luego de haberla suspendido anoche por motivos de tiempo, una Jueza de la República, con funciones de Control de Garantías, determinó no acceder a la petición de la Fiscalía 28 de Delitos contra la Administración Pública que solicitaba medida de aseguramiento con reclusión intramural del alcalde Miguel Enrique Franco Menco, quien ejerce su segundo periodo como alcalde de Nechí.
 
La Jueza aceptó los argumentos de la defensa ejercida por el abogado penalista Álvaro Vargas, quien manifestó que no existen pruebas conducentes a determinar la participación del actual alcalde en los hechos que se le imputan, los cuales ocurrieron en 2011, durante el primer gobierno de Franco Menco.
 
Por su parte de la Fiscalía, quien solicitó la orden de captura ante un juez del municipio de El Santuario, en el oriente antioqueño, fue reprendida por la jueza, quien hizo un llamado a la falta de precaución de los jueces en cuanto a la solicitud de órdenes de captura sin el lleno de requisitos, sin haber certeza plena de la participación del alcalde Franco Menco en el hecho delictivo, pese a que él es el ordenador del gasto. De acuerdo a la defensa, argumento aceptado por la jueza, el comité de contratación, en donde participan varios de los secretarios de despacho, son quienes deben responder por las imputaciones de la Fiscalía.
 
¿Por qué no le fue aplicada la medida de aseguramiento? Una fuente que está al tanto del caso explicó a La verdad del pueblo que para que un juez acepte la petición de la Fiscalía se deben cumplir tres requisitos: 1) peligro de fuga por parte del investigado, 2) no representarse ante los requerimientos hechos de la Fiscalía y 3) interferir en la etapa de investigación. De acuerdo a la jueza no se configura ninguno de los tres casos.
 
Miguel Enrique Franco Menco continuará vinculado al proceso desde su cargo como alcalde de Nechí, al igual que los demás funcionarios y exfuncionarios públicos que se encuentren inmersos en la presunta suplantación del contratista Ronald Enrique Torres Martínez.
 

Vereda Gallo sí será zona campamentaria de las Farc

La vereda Gallo, ubicada en el municipio de Tierralta, al sur de Córdoba si será zona campamentaria para albergar a por lo menos 400 guerrilleros de las Farc mientras se adelanta el proceso de dejación de armas de la guerrilla.

Así lo indicó el director de la Fundación Cordoberxia y asesor del departamento en temas de diálogo entre el Gobierno y la guerrilla, Andrés Chica Durango, luego de conocer la solicitud que habían hecho algunas autoridades de Córdoba para que elpresidente Juan Manuel Santos desistiera de utilizar a Gallo para esos efectos, aduciendo problemas logísticos y falta de infraestructura.

Explicó que esa zona fue escogida porque cumple con las garantías para asentar a los guerrilleros de las Farc y no hay presencia de autodefensas como ocurre con Puerto Libertador y Montelíbano. Sin embargo, el Gobierno no ha hecho ningún pronunciamiento formal en torno a la solicitud.

Advirtió además que la oposición que están haciendo algunas autoridades obedece más a un interés político y económico porque los recursos de Fondepaz no serán manejados por las Alcaldías, ni por la Gobernación sino por la misma comunidad.

Finalmente, señaló que la vereda no está integrada por comunidades indígenas y que el resguardo más cercano está a ocho horas de distancia. Tampoco es zona de reserva natural Parque Nudo del Paramillo porque está incluida en la zona amortiguadora de carácter baldío que posteriormente puede ser distribuida entre los campesinos sin tierra.

Como se recordará, en el último consejo de seguridad que se realizó en Montería las autoridades se mostraron preocupadas porque a finales de este mes arribarían los guerrilleros a la vereda y aún no se han hecho las inversiones para su recibimiento. No hay agua potable, luz, puesto de salud, ni escuelas adecuadas.

Fuente: http://bit.ly/2irukS4

Primera fase del desminado en Antioquia costará 43 millones de dólares

 
Intervenir 42 de los 88 municipios de Antioquia que tienen presencia de minas antipersonal durante cinco años, tendrá un valor de 43 millones de dólares. Solo en el departamento hay 2 mil 534 víctimas por los artefactos explosivos.
 
Así lo confirmó Sergio Bueno, jefe de la Dirección contras las Minas Antipersonal, al explicar que Antioquia tiene 33 municipios con un alto nivel de afectación y 38 localidades con afectación media. Confirmó que trabajan para que Tarazá, el municipio más contaminado con minas, sea incluido en la lista de las zonas a intervenir.
 
"El Gobierno Nacional viene haciendo un esfuerzo muy grande en Antioquia, prácticamente acá estamos desarrollando el 60 por ciento del total de los esfuerzos nacionales. También nos vamos con la tarea de que Tarazá sea incluido en la lista de zonas a intervenir, tengo que llevarlo a la instancia nacional y consultarlo con el Ministerio de Defensa".
 
Según el director de Acción contra Minas, se requieren cerca de 321 mil millones de dólares para intervenir 199 municipios del país con alta afectación, 291 con afectación media y 184 con afectación baja.
 
En Antioquia ya han sido declarados libres de sospecha de minas cinco municipios. Se trata de San Carlos, el primero en el país, además de Guatapé, La Unión, San Francisco y Nariño.

Fuente: http://bit.ly/2eLTdHP

Patrulla Aérea advierte que niños de El Bagre, presentan índices de desnutrición

Después de la asistencia humanitaria realizada por 34 voluntarios de la Patrulla Aérea Civil Colombiana a la población de El Bagre, Antioquia, se conoció que los menores presentan un alto índice de desnutrición.

El coordinador de Operaciones de la Patrulla, Enrique Martin, dijo que “después de la jornada en la que participamos médicos especialistas y personal paramédico, fue sorpresa encontrarnos con el estado de desnutrición que presentan los niños de la población de El Bagre”.

Durante los tres días de voluntariado, los menores tuvieron la oportunidad de ser revisados y evaluados por médicos pediatras.

Martin sostuvo que “tuvimos una consulta bien grande de pediatría y evidenciamos que hay una alta tasa de niños en desnutrición, quedamos sorprendidos con el diagnóstico que encontramos”.

Agregó que “demasiados niños desnutridos, y ese informe se lo pasaremos a la Alcaldía y a la Secretaría de Salud y Departamental, con el fin de tener un plan de choque y atender a estos niños”.

Durante la presencia de la Patrulla Aérea Civil Colombiana en El Bagre, Antioquia, se realizaron 121 procedimientos quirurjicos, programas de optometría, oftalmología, cirugía general y ginecología.

Habitantes del municipio indicaron que la visita de la Patrulla ayudó “mucho” a la comunidad y que “todo fue muy bien organizado”.

Asimismo, una profesional voluntaria dijo que “para mi es un honor aportar, es un placer participar. Una experiencia más, debido a que se aporta, y sobre todo en las áreas más apartadas”.

“Me ha servido para crecer y estar enamorado de lo que podemos servir en las comunidades más pobres del país”, puntualizó otro de los voluntarios.

Fuente: http://bit.ly/2ctpodz

Capturan a alias “Bula”, el jefe de extorsiones del clan del Golfo

redy José Rivera, oriundo de Ayapel (Córdoba), administraba los negocios ilegales, sobre todo el cobro de extorsiones en el nordeste antioqueño. El hombre de 34 años estaría tras el cobro de dineros a varias empresas de ese sector del departamento. Sectores mineros en los municipios de Barbosa, Buriticá, Zaragoza, Gómez Plata, Yalí, Vegachí, Segovia y Remedios también se habrían visto afectados.
 
Este viernes 22 de julio fue capturado en Medellín Fredy José Rivera, aliasBula, uno de los líderes del Grupo Armado Organizado (GAO) más grande del país: el clan del Golfo. De acuerdo con la Policía Antinarcóticos, Bula fue capturado cuando salía de un hotel ubicado en el Parque Berrío, centro de la capital antioqueña. Fuentes oficiales le dijeron a este diario que Bula se encontraba en Medellín para reunirse con otros presuntos miembros de la organización criminal clan del Golfo para coordinar nuevos crímenes.

Fredy José Rivera, oriundo de Ayapel (Córdoba), administraba los negocios ilegales, sobre todo el cobro de extorsiones en el nordeste antioqueño. El hombre de 34 años estaría tras el cobro de dineros a varias empresas de ese sector del departamento. Sectores mineros en los municipios de Barbosa, Buriticá, Zaragoza, Gómez Plata, Yalí, Vegachí, Segovia y Remedios también se habrían visto afectados.

De acuerdo con la información de la Policía, las sociedades mineras Gran Colombian Gold y la sociedad minera Damasa, propietaria de la mina El Silencio, habrían sido víctimas de alias Bula. Al parecer, el líder criminal estaba planeando que hombres armados hicieran presencia en las minas, y a través de asesinatos, presionaran para que los mineros abandonaran los lugares de explotación. De este modo, el grupo ilegal se quedaría con los yacimientos de oro y otros metales preciosos.

 

 

Al parecer, el monto que debían pagar estas empresas al grupo ilegal asciende hasta los $150 millones mensuales. Las autoridades calculan que en total, alias Bula habría recaudado para el clan del Golfo unos mil millones de pesos, pues no solo se extorsionaba a empresas mineras sino que además a los ganaderos de la zona. Según documentos oficiales, alias Bula estaba a cargo de la elaboración de censos ilegales de ganados que se llevaban a cabo para poder cobrar un porcentaje determinado por cada cabeza de res que tuvieran los ganaderos de la región.

Por este motivo, las autoridades creen que alias Bula era tal vez uno de los miembros que más dividendos le aportaba a la organización por actividades distintas al narcotráfico. Bula, de 34 años, habría sido designado como jefe de finanzas del nordeste antioqueño por Uldar Cardona Rueda, alias Pablito, pues era él quien podía establecer el contacto con alias Navarro, el líder del clan del Golfo en la región. Además del cobro de dineros a empresarios, alias Bula estaría detrás del tráfico de estupefacientes y explotación ilegal de minas en los municipios del nordeste.

Alias Bula le entregaba las ganancias a alias Pablito, quién a su vez le rendía cuentas a Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán. El presunto líder del clan del Golfo también estaría implicado en la compra de armas de la organización y en tráfico de estupefacientes, así como la explotación ilegal de minas. De esta forma, alias Bula se habría convertido en una ficha clave para los más poderosos del clan del Golfo, pues era él quien pagaba la nómina del Grupo Armado Organizado (GAO) y los gastos generados por enfrentamientos con otras organizaciones criminales en la zona.

Por estos hechos, el pasado fin de fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado le imputó a alias Bula el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

Fuente: http://bit.ly/2aFGUwB

Gigantesca redada contra extorsionistas en el país

Entre ellos: bandidos de Zaragoza, Nechí, El Bagre, San Jacinto del Cauca

Un gigantesco Operativo Contra las Principales redes de extorsionistas del País culminó con la Captura de 60 personajes, Que from Las Principales Cárceles del País dirigían Toda una Estructura Dedicada a la Intimidación y La estafa un Través de las "Llamadas millonarias '.

Cerca de 500 Policías del Gaula adelantaron las Capturas y allanamientos en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Valledupar, Neiva, Ibagué, Sincelejo, Mocoa y los municipios de La Dorada, Sitio Nuevo, Chigorodó, Cisneros, Itagüí, Zaragoza , Nechí, El Bagre, San Jacinto del Cauca, Buenaventura, Tumaco, Puerto Asís y La Hormiga.

Segun el Gaula, VARIOS de los capturados -integrantes de las bandas Los Payasos, Los Carteros, Patio 6 y El Clan Del Golfo- Servian de Puente Entre los cobradores Que se encargaban de las HACER LLAMADAS extorsivas from los Centros de Reclusión y Las Víctimas, en Su Mayoría Comerciantes.

Entre los capturados hay reclusos de las Cárceles La Ternera, en Cartagena; Picaleña en Ibagué; Doña Juana en La Dorada; San Isidro en Popayán y Palo Gordo en Girón, Santander.

De Acuerdo con la Investigación, ESTOS delincuentes se identifican Como integrantes, De Una Estructura de un crimen Organizado o Grupos Terroristas, e incluido en los muchas Ocasiones Como Miembros de la Fuerza Pública, párr Poder extorsionar a las Víctimas, a Quienes realizaban exigencias Que oscilaban Entre 5 mil Hasta 20 Millones de pesos, los Cuales Eran recibidos para Integrantes de las ESTRUCTURAS criminales un Través de empresas de giros Ubicadas en Diferentes Ciudades del País.

Fuente: http://bit.ly/2aFH07k

Denuncian residuos de petróleo en algunos barrios de Caucasia luego de inundaciones

Hay personas afectadas por el derrame de crudo, entre ellos niños.

Luego de ser declarada la calamidad pública en Caucasia por las inundaciones que dejaron cerca de 20 mil damnificados, habitantes del barrio Buenos Aires en este municipio del Bajo Cauca antioqueño, denunciaron rastros de petróleo en el cuerpo, muebles y enseres, luego de que bajara el nivel del agua.

“A la falta de agua potable, alimentos y lugares secos para dormir y preparar alimentos, se suman las quemaduras y enfermedades en la piel contraídas por el crudo y el agua represada durante la inundación, hay gente vomitando, con afectaciones en los ojos y enfermedades cutáneas (…) miembros de Ecopetrol vinieron el sábado pero no han vuelto” afirmó Mónica Durán, integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio Buenos Aires.

El secretario de Gobierno de Caucasia Gonzalo Correa, confirmó que hay personas afectadas por el derrame de crudo, entre ellos niños. El funcionario cuestionó que la empresa no haya notificado del derrame a la administración ocurrido en semanas anteriores, señalando que es un pequeño derrame que ocurrió cerca a un caño aledaño al barrio.

Las personas afectadas recibieron atención por parte de la secretaría de Salud de Caucasia, sin embargo, los habitantes del barrio Buenos Aires afirman que continúan las afecciones de salud debido al petróleo y reclaman la presencia de la empresa operadora del oleoducto para que asuma su responsabilidad.

Fuente: http://bit.ly/2aFHCtB

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