Para salvaguardar la vida de los empleados, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial ordenó el cierre temporal de los juzgados y las salas de audiencias en los municipios de Cáceres y Tarazá, que están en alerta roja por la emergencia de Hidroituango.

Los términos de los procesos penales, civiles, laborales y de familia, fueron suspendidos hasta que el Dapard notifique que están dadas las condiciones para el retorno de los evacuados.

Según Jaime Jaramillo Jaramillo, director ejecutivo de la Rama Judicial en Antioquia, en dos carros escoltados por el Ejército Nacional, trasladaron a Medellín 600 cajas con el archivo histórico, el cual permanece bajo custodia debido a la importancia de los expedientes, especialmente de tipo penal sobre la criminalidad en esa región.

"Se hizo toda una logística para traer esos expedientes a través del Ejército, custodiados, obviamente, porque algunos están archivados pero otros están vivos, en especialidades civil, laboral, familia y penal. Con la logística que nos ofreció EPM,  se trajeron en dos camiones del Ejército a la ciudad de Medellín", dijo el funcionario.

Las sedes de la Fiscalía en Cáceres y Tarazá también fueron cerradas de manera preventiva por la emergencia.

Sobrecostos

Las dos actas de Modificación 15 y 25 enumeran las obras adicionales para la aceleración del proyecto Hidroituango que costaron 127.113 millones de pesos.

Según EPM, esas nuevas labores hacen parte de un proceso de aceleración. Por lo que se agregaron otrosíes a los contratos con la constructora brasileña Camargo y Correa para evitar un retraso de dos años en la entrada en operación de la hidroeléctrica más grande del país.

Sobre la marcha se modificaron diseños y se definieron nuevas obras como la adecuación de vías, la construcción del tercer túnel llamado de aceleración y sellado de los dos primeros. Todo ello generó sobrecostos que llevaron a 11.4 billones de pesos el valor total de Hidroituango.

Fuente: http://bit.ly/2xV0im3

Tropas de la Décima Primera Brigada de la Séptima División del Ejército Nacional, lograron, en las últimas horas en el Bajo Cauca antioqueño, un duro y estratégico golpe en contra de las estructuras logísticas, financieras y criminales del grupo armado organizado autodenominado “los Caparrapos”.

El hecho se produjo en Piamonte, corregimiento de Cáceres. Hasta allí, y guiados por información de inteligencia militar, llegaron unidades especiales del Batallón de Infantería Aerotransportado N31 Rifles, el Gaula Militar Bajo Cauca con apoyo de la Policía Nacional y capturaron a Orlando José Peñate Rodríguez, conocido con el alias de “Vaselino”.

Este hombre, según se ha podido establecer, tenía a su cargo la coordinación logística, cobro y presión para el pago de extorsiones a comerciantes, ganaderos y campesinos de esa zona. Así mismo guardaría relación directa con la cadena del narcotráfico, también proveía a la red de sicarios las armas cortas para la ejecución de asesinatos que han afectado al Bajo Cauca antioqueño

En el allanamiento a la casa donde intentaba esconderse de las autoridades, en canecas y con técnicas especiales de impermeabilización, las tropas incautaron cinco libras de pasta base de coca, 74 libras de marihuana, más de 1.200 cartuchos para fusil y pistolas de diferentes calibres, cinco granadas, dos armas y cerca de cinco millones de pesos, que se presume, serían producto del cobro de extorsiones y venta de droga al menudeo. Llamó la atención el hallazgo de varios artefactos explosivos, que iban a ser empleados en atentados contra la fuerza pública.

El individuo, quien al momento de la captura portaba un arma de fuego calibre 9 mm, fue dejado a disposición de la Fiscalía 26 seccional del municipio de Caucasia, Antioquia, para su respectivo proceso de judicialización.

Con este resultado, producto de la ofensiva operacional del Ejército, “se debilita y afecta de manera significativa las estructuras logísticas, financieras y criminales del grupo armado organizado autodenominado “los Caparrapos”, ya que se golpea la red de rentas ilegales de esta organización criminal”, explicó la institución.

En lo corrido del 2018, la Séptima División ha capturado a 43 bandidos pertenecientes a diferentes estructuras criminales y delincuenciales en el Bajo Cauca.

Fuente: http://bit.ly/2F9DjlF

La Policía está tras la pista de dos delincuentes que desde una motocicleta atacaron con arma de fuego a cinco personas, que estaban reunidas en un local comercial en Cáceres, en el Bajo Cauca de Antioquia. 

Así lo confirmó el subcomandante del departamento de Policía Antioquia, el coronel Uriel Mariño, quien detalló que las víctimas se recuperan en un centro asistencial.

En la región del Bajo Cauca van 111 asesinatos este año, entre ellos, 63 en la zona rural y 48 en la urbana, la mayoría atribuidos a enfrentamientos de bandas criminales como el ‘clan del Golfo’.

De acuerdo con la Policía, los municipios con más muertes violentas son Cáceres, Caucasia y Tarazá.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que vienen acciones para reducir indicadores criminales y los índices de homicidios en Antioquia, especialmente en la zona del Bajo Cauca, donde hay un aumento. 

Entre las acciones para reducir la violencia, Villegas anunció la llegada a Antioquia de 390 nuevos policías.

El aumento de homicidios se debe a la política de ataques contra bandas para capturar a sus integrantes y cabecillas e incautar su armamento

“En el departamento hay caída de riñas, peleas y de extorsión, pero el aumento de homicidios se debe a la política de ataques contra bandas para capturar a sus integrantes y cabecillas e incautar su armamento. La lucha contra los delincuentes ha dado resultados desde el punto de vista estructural, pero aumenta la venganza”, añadió el ministro.

Fuente: http://bit.ly/2Jtnp8S

En medio de una operación militar en la vereda Bejuquillo, del municipio de Cáceres (Antioquia), murieron diez guerrilleros del Eln y tres más fueron capturados. 

Se trató de una operación de asalto que inicialmente fue apoyada por un bombardeo de la Fuerza Aérea de Colombia. 

La acción militar se dio en la madrugada de este martes. En la zona se encuentran agentes del CTI y delegados de la Procuraduría para verificar los hechos. 

Según fuentes militares el operativo se dio contra la estructura de alias Cachaco, jefe de la subregión del Bajo Cauca del Eln. 

La acción iba dirigida contra este jefe guerrillero sindicado de asesinatos, secuestros, activación de explosivos, la muerte de agentes de la Fuerza Pública, entre otros delitos. 

Su ubicación se logró tras la información de una fuente humana y el seguimiento a través de inteligencia. 

En el operativo se incautó material de guerra que está pendiente por clasificar. 

Este es el primer gran golpe al Eln desde que se congelaron las negociaciones de paz,luego de que esa guerrilla realizó a finales de enero pasado una serie de atentados en Barranquilla contra la Fuerza Pública que dejó seis policías muertos.

El Eln es uno de los cuatro grupos ilegales organizados en el país que se pueden bombardear. 

En las últimas semanas esta guerrilla ha realizado varios ataques en el Atlántico y contra la infraestructura Petrolera. Uno de los últimos atentados fue en Norte de Santander, en donde un hostigamiento con ráfagas de fusil y cilindros bomba dejó un soldado muerto y tres más heridos.

Fuente: http://bit.ly/2FZOr6r

Entre los detenidos hay una pareja a la que el Ejército señala de pertenecer a la banda Los Caparrapos.

“Se logra capturar a dos peligrosos delincuentes que hacen parte del grupo de extorsionistas de Los Caparrapos, uno de ellos alias ‘Mateo’ que estaba con una mujer. Los dos portaban armas cortas, pistola, revólver y munición para las mismas”, dijo el general Alberto Sepúlveda, comandante de la Séptima División del Ejército.

En esa zona, combates entre ilegales y la Fuerza Pública han generado el desplazamiento forzado de unas 1.500 personas.

Fuente: http://bit.ly/2F23dwd

Desde 2017, se había advertido sobre el riesgo de desplazamientos masivos en municipios como Cáceres, Antioquia. El Gobierno Nacional no hizo nada, sino hasta que la Defensoría emitió una alerta nacional el pasado 22 de enero.

La situación de orden público en la región del Bajo Cauca antioqueño es un tema que, desde 2017, los líderes sociales de la zona la habían alertado. La petición al Gobierno Nacional por parte de ellos y de grupos sociales que trabajan allí ha sido que haya mayor presencia de Fuerza Pública para evitar los homicidios y el desplazamiento forzado, provocado por la presencia de bandas criminales y grupos ilegales que se encuentran en una disputa territorial.

El 22 de enero de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta nacional sobre desplazamientos masivos en el Bajo Cauca antioqueño y en otros departamentos como Córdoba, Boyacá y Casanare. Más de mil personas, en solo cuatro días, se movilizaron de sus casas debido al temor de quedar en medio del fuego entre el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc.

Antes de cumplirse el mes de esta alerta, entidades de la ONU, como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Agencia para los Refugiados (Acnur), junto al Consejo Noruego de Refugiados y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, hicieron un llamado de alerta ante "la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia)”.

“El Gobierno Nacional no le había prestado atención a la situación como se la están prestando ahora. Y es por un tema muy importante y muy desafortunado: el desplazamiento. Han sido más de 1.600 personas desplazadas, eso es lo que hizo que llamara la atención a nivel nacional. Eso ya se sabía. Eso ya se veía venir”, dijo a El Espectador Leiderman Ortiz Berrío, defensor de derechos humanos y líder social de Caucasia.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Antioquia, hasta el 22 de febrero, se han desplazado 1.569 personas hasta la cabecera municipalde Cáceres. Huyen de los enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de las rutas del microtráfico en la zona.

“El Bajo Cauca ofrece unas dinámicas muy particulares. La explotación de los recursos mineros; la insurgencia de las Farc que tenían unas rutas hacia la parte del sur de Córdoba, otra hacia el sur de Bolívar. Por esos montes y por esas vertientes de las cordilleras existen todas unas rutas que les permiten y les facilitan justamente el comercio o el tránsito de sustancias de uso ilícito hacia determinados lugares. Por lo que les posibilita conectarse con el occidente, el oriente de Antioquia y también pueden conectarse con el departamento de Córdoba y directamente con la ciudad de Medellín”, explica Óscar Yesid Zapata, vocero de Nodo Antioquia para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Esa posición estratégica con la que goza el Bajo Cauca, lo convirtió en un epicentro para las bandas criminales, que operan desde ahí. A eso se le suma la proliferación de la minería ilegal y de la siembra de los cultivos ilícitos. “El microtráfico de los cultivos ilícitos que están en esa parte y la minería ilegal son los flagelos que sufre Cáceres”, describe Victoria Eugenia Ramírez, secretaría de Gobierno de Antioquia.

Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la fragmentación interna de esos grupos ilegales organizados, lo que propicia una nueva guerra por el control de la zona.

“El Bajo Cauca es un fortín de la extorsión en el que ellos cobran las vacunas, tanto en el comercio como en la ganadería; es un fortín por la minería informal, el microtráfico, los cultivos, los laboratorios y los corredores que manejan los grupos ilegales, fundamentales para transportar y vender la droga”, dice Ortiz Berrío.

Desde que se asentó el problema, los líderes sociales lo han denunciado y han pedido que se planifique toda una estrategia militar que contrarreste los efectos nefastos que ha traído el paramilitarismo y el narcotráfico a la zona.

“Miembros de la comunidad hace meses habían avisado de la situación porque veían la presencia de grupos, sus movimientos y fortalecimientos. Su experiencia de vivir en medio de la guerra hace muchos años les decía que su vida iba a estar en riesgo”, cuenta zona Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados.

Ellos lo veían venir, pero las autoridades departamentales y nacionales no hicieron nada para prevenirlo. Solo lo hicieron cuando las organizaciones internacionales y la Defensoría del Pueblo lanzaron las alertas de riesgo de desplazamientos masivos. Entonces, activaron un protocolo de contingencia.

Una vez que se movilizaron más de 1.500 personas, la Alcaldía de Cáceres, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional activaron un plan de choque para enviar 300 uniformados a la zona, crear comisiones especiales para brindar atención humanitaria a las víctimas desplazadas (albergues, salud alimentaria, agua potable, acceso a servicios públicos y educación) y una petición a la Registraduría Nacional para trasladar los puestos de votación de las zonas veredales al casco urbano. 

“Estas acciones no han sido suficientes, ni eficientes. Nosotros no somos expertos en seguridad y no podemos darles consejos de cómo proteger a las comunidades, pero es claro que los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes, porque hay más de 1.500 personas directamente afectadas y quién sabe cuántos otras están en situación de inseguridad”, manifestó Visnes.

Fuente: http://bit.ly/2Ftog7T

Otras 135 personas se desplazaron desde la vereda El Calvario del municipio de Cáceres, quienes están huyendo por enfrentamientos del ELN, el Clan del Golfo y el Ejército Nacional en el bajo Cauca del departamento de Antioquia. En esta subregión en total 972 personas están refugiadas en los cascos urbanos de Cáceres y Tarazá.

El director de la Unidad de Victimas de Antioquia, Jorge Mario Alzate, explicó que las comunidades están recibiendo albergue, aunque las condiciones de hacinamiento son evidentes.

“En este momento están llegando nuevas familias desde esta semana, 51 familias, 135 familias, cerramos el censo, las familias están llegando desde zona rural y se está coordinando el levantamiento del censo y la atención en alimentación y albergue”, señaló el funcionario.

A las comunidades se les está entregando dinero para la compra de víveres y en el Tarazá a las 152 personas se les entregó 62 millones de pesos como subsidio de arrendamiento y alimenticio por 2 meses.

Concluyó el director que los enfrentamientos están aumentando y que no hay posibilidades de un retorno temprano de las comunidades.

Fuente: http://bit.ly/2Gj6rrq

El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía capturó este martes al alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, requerido para que responda por el delito de concierto para delinquir agravado.

La detención ocurrió en Medellín, en el centro administrativo La Alpujarra, donde fue notificado de la orden de captura en su contra.

Según reportes de la Fiscalía, “la captura tiene que ver con presuntos nexos con el frente Virgilio Peralta del Clan del Golfo que delinque en el Bajo Cauca”.

La detención del alcalde estaría relacionada con la detención de alias Mateo o Darío, quién sería el principal cabecilla del frente Julio César Vargas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, en Cáceres.

Alias Mateo o Darío era buscado por los delitos de homicidio, extorsión y concierto para delinquir, aunque las autoridades no descartan que esta persona tenga que ver con los desplazamientos que se registran en al menos cinco veredas de ese municipio

Fuentes del CTI informaron que el alcalde habría realizado alianzas con los grupos ilegales con el fin de conseguir que la comunidad votara a su favor en los comicios de octubre de 2014, cuando resultó elegido.

Berrío había estado, en la mañana de este martes, coordinando el traslado hacia el hospital de Cáceres de un indígena que resultó herido en la vereda El Tigre, luego de enfrentamientos entre la fuerza pública y hombres del Clan del Golfo ocurridos durante la noche del lunes.

El mandatario será presentado ante un juez en las próximas horas para legalizar su captura.

El problema de desplazamiento

Más de 400 habitantes de las veredas Campanario, Ponciano, Buenos Aires Veracruz, Tamaná y El Tigre del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, e tuvieron que abandonar sus hogares en las últimas semanas por la presencia de grupos armados ilegales, los cuales se están disputando el territorio a sangre y fuego.

EL COLOMBIANO visitó Tamaná y El Tigre, allí el panorama recuerda épocas más grises que vivió el país cuando la guerra entre grupos guerrilleros y paramilitares desterraron a miles de familias.

En la región afectada hay presencia histórica del Eln y de grupos de crimen organizado y, aunque hace varios años no se presentaban enfrentamientos, ese territorio donde hay cultivos de uso ilícito y que también tiene ruta directa con la región del Nordeste, al parecer entró en disputa.

Fuente: http://bit.ly/2Eo8MBN

En zona rural del municipio del Bagre, a orillas del Rio Nechí, departamento de Antioquia, fueron capturadas en flagrancia 32 personas por explotación ilícita de yacimiento minero. Entre los capturados, 13 son de nacionalidad brasileña y 19 son colombianos.

Durante el operativo, realizado en una labor articulada de la Fiscalía General de la Nación, un grupo de peritos del CTI, el Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional, fueron destruidas dos embarcaciones (dragas) y tres excavadoras, se incautaron de teléfonos celulares y documentación importante para la investigación.

En la diligencia de allanamiento y registro quedó en evidencia el daño ambiental con características físicas, químicas y biológicas al ecosistema de las áreas de dragado, así como la utilización de mercurio, razón por la cual fue necesario que el grupo de peritos del CTI de la Fiscalía tomara muestras del agua del Río Nechí para establecer el nivel de contaminación.

A los 32 capturados la Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, en concurso con daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos, en la modalidad de coautoría.

Todos los procesados aceptaron los cargos y el juez de control de garantías les concedió medida no privativa de la libertad; seguirán vinculados a las investigaciones y tendrán la obligación de presentarse periódicamente o cuando sean requeridos.

Fuente: http://bit.ly/2CYK8WC

En las noches lluviosas, Haiver Mejía, Nancy Soto y su hija María José se esconden en una habitación oscura, donde resalta la luz de un bombillo de una virgen del Carmen en porcelana, que se refleja en un televisor quemado. En una cama tallada en madera, ellos duermen juntos y abrazados para que la muerte no los sorprenda separados.

No se ocultan de otras personas ni de animales peligrosos, se esconden de los rayos, que podrían matarlos en segundos, pues todos recuerdan la historia de Raúl Jiménez, el tío abuelo de Haiver, a quien, según aseguran, un rayo invocado por él mismo, le quitó la vida hace 50 años.

“Cuando era niño mi viejo me contó que el hermano de su taita estaba pescando en una mañana con cuatro amigos. Ellos tiraron los lazos, pero empezó a tronar muy fuerte, ya tenían demasiados peces, entonces decidieron parar, pero Raúl dijo: ‘Que me parta un rayo si no clavo el otro’, en ese momento, lo impactó un rayo y falleció. Lo más berraco es que estaba en la mitad de todos, pero solo él sufrió”, describe.

Los pescadores trabajaban en un sector conocido como El Caño de la Iguaná, zona rural de Cáceres (Antioquia), el pueblo donde viven los Mejía Soto, quienes creen que heredaron la desgracia de las descargas eléctricas.

Sus vecinos aseguran que ellos cargan una maldición en los hombros y que no han muerto porque Dios es muy grande. Sin embargo, ese fenómeno ha dejado muchas huellas en su humilde vivienda, de paredes color amarillo desteñido y piso de cemento carcomido por el tiempo.

Por causa de los rayos, su casa tiene grietas tan grandes como la mano de un adulto, las palmeras de coco del solar están descabezadas y partidas a la mitad, pierden muchas gallinas y plataneras, asimismo encuentran cadáveres de gallinazos e iguanas.

Los Mejía Soto, incluida su niña de 8 años, juran que su vivienda atrae este tipo de descargas porque estaría construida encima de una mina de oro o sobre algún entierro embrujado. Pero aun así no se van, dicen que la casita es propia y aguantará con ayuda de Dios.

Ellos tienen la desgracia de vivir en la vivienda donde caen más rayos en Cáceres, un municipio que recibe un poco más de 6.600 descargas eléctricas al mes, cuenta que no llevan los pobladores, pero sí Horacio Torres Sánchez, investigador de la Universidad Nacional.

La Nasa dice que Cáceres es el municipio con mayor actividad de rayos en Colombia y el cuarto en el mundo, pero en el pueblo, de 38.000 habitantes, ni el propio alcalde, José Mercedes Berrío, conoce ese estudio.

En el municipio del Bajo Cauca antioqueño se registraron cerca de 80.000 rayos en el último año, explica el investigador.

En promedio, en un solo kilómetro cuadrado pueden caer hasta 172 descargas por año. Una cifra 43 veces mayor a la de Bogotá y 80 veces superior a la de Estados Unidos.

Por ello, los Mejía Soto se acostumbraron a esquivar este fenómeno, que los obliga a restringir el movimiento por su casa, ubicada en la calle Bolívar, a cuatro cuadras del parque principal.

Aun así, ellos se ven conformes con sus vidas. Nancy es ama de casa y le ayuda a su esposo a vender pescados sin salir de su vivienda, los vecinos los buscan cuando necesitan bagre, bocachico y comelón.

Su mirada muestra a una mujer fuerte, trabajadora y a la vez dulce. Ella tiene 37 años, mide 1,48 m de altura, es troza, lleva su cabello castaño a la cadera, que contrastan con sus ojos cafés. Su frente es amplia y tiene nariz aguileña.

Su esposo es 13 años mayor que ella y 20 centímetros más alto, grueso, de piel morena y nariz chata. Todos los días madruga a pescar en el río Cauca, ubicado a menos de 20 metros de su casa.

María José es la mezcla de los dos, tiene piel trigueña, sacó los ojos de su mamá y la nariz de su papá. Sonríe como una niña feliz, aunque pasa los días lluviosos sin jugar ni ver televisión.

Con cada tormenta eléctrica, ellos evitan transitar por la cocina, el solar y el patio. Temores que son mucho más que creencias: este año los rayos han dejado cuatro huecos en paredes, pisos y techos; rompieron una tubería de agua; dañaron siete palmas de coco, un árbol de aguacate y otro de limón, además de un solo golpe, mataron cuatro gallinas.

Llueva fuerte o no, estas descargas son pan de cada día en el polvoriento municipio rodeado por el río Cauca y altas palmeras de coco, de casas grandes con colores desteñidos, la mayoría de tapia y bahareque, de calles pavimentadas por donde circulan pocos carros.

Fuente: http://bit.ly/2uWWmh3

En medio de un combate registrado en límites de Cáceres y Tarazá murió este domingo el soldado Fredy Gómez Salazar.

Según informó la Séptima División de Ejército,en esa zona rural se registró las tropas del Ejército se enfrentaron con guerrilleros del Eln.

El uniformado era oriundo de Garzón, departamento de Huila.

De otra parte, las autoridades investigan otra incursión de hombres armados, al parecer integrantes del “Clan del Golfo” (“Urabeños”), que atacaron a un soldado profesional y a su esposa, en una finca de Puerto Raudal, municipio de Valdivia,

En el hecho murió el soldado Luis Miguel Feria Jerónimo, oriundo de Sincelejo, Sucre. La mujer resultó herida y fue trasladada al hospital de Yarumal, en el norte de Antioquia.

Fuente: http://bit.ly/2t8k0nz

En la subregión del Bajo Cauca, Durante las decadas 80 y 90, se gestó la ONU Proyecto de anarquía por la Presencia de narcotraficantes Como Pablo Escobar y las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), Que LUEGO SE convertirían en el AUC, Con Dos Que bloques sirvieron de enclave para el Proyecto paramilitar: Bloque central Bolívar, al mando de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', y de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy; Que Vieron estafadores Éxito de Como SU ORGANIZACION dominaba TODO El Territorio de Gracias a lugares la Participación de Actores alcaldes Como, congresistas y Concejales. Dicha alianza Llamada Seria, A partir de 2007, la parapolítica.

El Dominio de Macaco y Cuco Vanoy, en los municipios de Cáceres y Tarazá, FUE aprovechado por congresistas Que recibieron su Apoyo para Comprar Baratas Tierras, Como Es El caso de Mario Uribe Escobar; y por algunos adj adj alcaldes para sostenerse en el Poder. Estós mandatarios locales serian MAS TARDE testaferros de los jefes paras.

En Tarazá, era considerado Cuco Vanoy ONU «Alcalde alterno», por El poder acumulado, Extendido Hasta Cáceres, En Donde también HACIA presence Macaco. Para Evitar: Diferencias y Garantizar la Coexistencia de los dos Grupos, Vicente Castaño, alias El Profe, delimitó el municipio Así: Desde la margen del río Cauca Hacia el corregimiento de Piamonte y La Reserva parrafo Macaco, y de la margen del río, corregimiento de Jardín, Nicaragua, Puerto Bélgica y Manizales ONU Cuco Vanoy.

En abril de 2001 se Daría Una Reunión Que cambiaria la vida de la candidata un Continuación, Rocío Arias. En el corregimiento Manizales, ONU cuatro horas por carretera destapada Desde la Zona Urbana de Cáceres, se dio Lugar Una Reunión Organizada por Macaco Una La que asistieron Alcalde y concejales de Caucasia, Cáceres y Tarazá, ::: Además de los jefes Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Cuco. Por Dicha Reunión condenados serian La congresista Arias y el senador Carlos Arturo Clavijo Vargas. Los alcaldes y concejales Pasaron de agache.

De Lo Que No pudieron zafarse Varios alcaldes de Caucasia, Cáceres y Tarazá FUE de Ser señalados por la Justicia ordinaria de Como testaferros de los jefes paras, de Como Obra en Evidencias recaudadas por la Fiscalía y avaladas por los Magistrados de la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín, en Donde were condenados Cuco Vanoy y Macaco. alcaldes de Estós, AÚN Despues De Una Década, hijo deudores de la Justicia.

Caucasia

Los exalcaldes de Caucasia, Juan Carlos Garcés Estrada (2004-2007), Jorge Iván Valencia Rivera (2008-2011) y José Nadin Arabia Abissad (1992-1994, 1998-2000 y 2012-2015) no han explicado sus vínculos con el paramilitarismo.

Juan Carlos Garcés Rivera, por ejemplo, según Informe 459 (30 de mayo de 2011) de la Fiscalía tuvo a su nombre los siguientes predios que pertenecían al jefe paramilitar Cuco Vanoy:

Pese a la evidencia recabada por la Fiscalía, Cuco Vanoy, al ser preguntado por la Sala de Justicia y Paz por su relación con el exalcalde Garcés Estrada, respondió: «Sí lo conozco, es amigo, él estuvo en Tarazá el día que me entregué», agregando que «nunca lo utilizó como testaferro». Las pruebas lo desmienten.

El exalcalde es socio de Ganadería Casa Blanca, que aparece registrada a nombre de Juan Carlos Garcés e hijos, siendo además dueño de la hacienda Casa Blanca [Ver video de la hacienda Casa Blanca], dedicada a la cría de toros de lidia que son exhibidos en las corralejas de Caucasia, Córdoba y Sucre [Ver cartel ganadería Casa Blanca]

En cuanto al exalcalde Jorge Iván Valencia Rivera la Fiscalía [Informe 459] relaciona los siguientes bienes:

El exalcalde José Nadin Arabia Abissad también fue simpatizante del proyecto político de las AUC. En enero de 2006, él y el exalcalde Hugo de Jesús Barrera Gómez, de Cáceres, participaron en una reunión a la que asistieron ganaderos y firmaron una carta a favor de los excomandantes Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy.

Tarazá

Miguel Ángel Gómez García, elegido para el periodo 2001-2003 como alcalde de Tarazá, se alió con el Bloque Mineros para acabar con el sindicato de trabajadores del municipio conocido como Sintraofan. La primera decisión del alcalde Gómez García fue citar a los empleados a una reunión con el comandante Cuco Vanoy, realizada en febrero, a un mes de posesionado el alcalde, en la finca El Atajadero, en la vía de Tarazá al corregimiento de La Caucana, centro de operaciones del Bloque Mineros. Luego fue citada otra reunión en la finca La Moneda. Allí el comandante Cuco Vanoy les ordenó a los empleados que «conciliaran las diferencias que existían con la alcaldía».

El 12 septiembre de 2001, en la finca La Moneda, Cuco Vanoy y el alcalde Gómez García se reunieron de nuevo con los empleados sindicalizados, quienes fueron llevados en dos busetas de transporte público por alias Pepe y Dairo Zabala. A dicha reunión asistieron, además del alcalde: Boby Bedoya, secretario de Gobierno; Jhon Fredy Morales, párroco de la iglesia; Digna Tuirán Hoyos, personera de Tarazá; Francisco Alvarado Paternina, secretario de Hacienda; Raúl Hernán Torres Bustamante, tesorero municipal; y Fernando Toro, jefe de obras. El poder civil y eclesiástico vinculado con la ilegalidad.

Los sindicalistas fueron amenazados directamente por alias Cuéllar, quien les dijo que «era mejor renunciar a sus cargos para evitar dolencias en el cuerpo, pues una bala arde mucho». El 19 de septiembre fueron citados de nuevo y les hicieron la misma advertencia. En mayo de 2002, en la finca El Porvenir, en Cáceres, los sindicalistas tuvieron que aceptar firmar un acta de compromiso con el alcalde, con el aval de Cuco Vanoy, para ser despedidos e indemnizados, no sin antes advertirles que no podían demandar a menos que previeran las consecuencias.

La relación entre el alcalde Miguel Ángel Gómez y Cuco Vanoy fue mucho más estrecha, llegando a ser socios en negocios. La finca El Guaimaral, de propiedad del alcalde Gómez, sirvió de corral para los hatos del Bloque Mineros.

Miguel Ángel Gómez García fue reelegido como alcalde de Tarazá para el periodo 2008-2011, el cual dejó iniciado por la captura librada en su contra por relaciones con las AUC, dentro de lo que se conoce como parapolítica. Fueron varios los alcaldes encargados y el desgobierno que se vivió en Tarazá en ese cuatrienio, situación que fue denunciada por el periodista Luis Carlos Cervantes, corresponsal de Teleantioquia Noticias, firmando su sentencia de muerte.

En octubre de 2015 fue elegida como alcaldesa de Tarazá una ficha del exalcalde Gómez García, Gladis Rebeca Miguel Vides, por el Partido Liberal, quien no toma una decisión sin el consentimiento del exalcalde, el poder detrás del trono. Sobre la actual alcaldesa pesa una investigación penal por la presunta participación en el homicidio del periodista Cervantes.

Otro alcalde de Tarazá, Reinaldo Pozo —periodo 2004-2007—, también estuvo vinculado con las AUC y Cuco Vanoy. El 22 de abril de 2005 el alcalde Pozo encabezó un homenaje a Ramiro Vanoy Murillo: «La comunidad del municipio de Tarazá en conjunto con todos los organismos sociales agradecen las obras en pro del desarrollo social y económico de la región al señor comandante Ramiro Vanoy Murillo». En razón a que el alcalde Pozo era soltero, fue nombrada por decreto como primera dama la concejala Griselda Blanco, quien más tarde se desmovilizaría con el Bloque Mineros, por lo que fue investigada por concierto para delinquir.

Cáceres

El alcalde de Cáceres para el periodo 2001-2003, Hugo de Jesús Barrera Gómez, también fue un asiduo visitante de los campamentos del Bloque Mineros de las AUC e invitado de Cuco Vanoy. Producto de ese compadrazgo político, el alcalde, desde su cargo, facilitó la operación de los paramilitares. También, además de aliados políticos, fueron socios en varios negocios de compra y venta de fincas.

Luego de la desmovilización del Bloque Mineros en 2006 en Tarazá, y el sometimiento de Cuco Vanoy a la Ley de Justicia y Paz —Ley 975/2005—, en donde los jefes paras se comprometieron en reparar a las víctimas, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) encontró a nombre del exalcalde Hugo de Jesús Barrera Gómez varias propiedades que pertenecían al comandante Cuco Vanoy.

La finca El Porvenir fue comprada por Cuco Vanoy a Hugo de Jesús Barrera Gómez por un valor de 400 millones de pesos, y le fue devuelta al exalcalde Barrera Gómez en la época de la desmovilización. Además, la finca Nicaragua, en Cáceres, también fue comprada por Cuco.

Por las relaciones con el proyecto político-militar de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Bajo Cauca, sur de Córdoba y Sucre, fueron condenadas las excongresistas Rocío Arias y Eleonora Pinera, y el exalcalde Miguel Ángel Gómez, quedando impunes los demás mencionados por los jefes paras.

Con la incursión de las bandas criminales Los Paisas, Los Rastrojos, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, en el Bajo Cauca, en donde existe relación de estos mismos políticos, es hora de abrir la otra versión de la parapolítica: la bacrimpolítica, que haría cabezas y atacaría un brazo importante del poder criminal que domina Cáceres: Piamonte y Guarumo; Tarazá: La Caucana y el Guaimaro; y Caucasia, en donde el negocio del narcotráfico sigue igual de rampante que en la época en que Macaco y Cuco Vanoy mostraban su poder con modelos, empresarios y exóticas fiestas.

Fuente: http://bit.ly/2tbdb72

Un joven de 16 años que utilizaba su celular mientras lo cargaba -estaba conectado al tomacorriente-, murió electrocutado en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

Según los reportes del departamento de Policía de Antioquia, el menor de edad recibió una descarga en medio de una tormenta eléctrica que se cayó en la tarde del pasado miércoles en esa zona de Antioquia.

Pero él no fue el único. Unas horas después las autoridades encontraron muerto a Alberto Antonio Álvarez Flórez, de 45 años, un minero al que le cayó un rayo en la vereda Ocó Bajo, del corregimiento El Doce de Tarazá.

El informe de la Policía señala que Álvarez fue encontrado sin vida dentro de un cambuche que estaba acondicionado para ejercer labores de minería ilegal.

Durante la inspección técnica, las autoridades comprobaron que no había signos de violencia en el cadáver.

Tanto el minero como el menor de edad fueron llevados hasta la morgue del hospital San Antonio de Tarazá y luego entregados a la Fiscalía.

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Luego de un proceso de investigación y seguimiento del grupo de inteligencia de la Policía Antioquia, se dio la captura en el sector los lavaderos de Tarazá, de un presunto jefe de sicarios de este grupo armado, que sería responsable del ataque con granada a una patrulla en la población vecina de Cáceres. 

Se trata de José Duván Pallares Mira, alias ‘Rocky’, quien según información de las autoridades es el encargado de la consecución de elementos como armas y explosivos tipo granadas. Además coordinar y materializar los atentados en contra de la fuerza pública, especialmente a la Policía Nacional en la zona del Norte antioqueño en la subregión del Bajo Cauca. 

El delincuente fue capturado cuando adelantaba inteligencia a los movimientos de las patrullas de Policía, con el fin de detectar posibles puntos vulnerables para hostigarlas con disparos y lanzamiento de granadas, aseveró la Policía Antioquia. 

Añadió que mediante información ciudadana se pudo establecer que este criminal es el directo responsable del atentado en contra de los uniformados en el municipio de Cáceres ocurrido el pasado mes de abril del año en curso, cuando resultaron heridos 2 policías y cinco ciudadanos entre ellos un menor de edad. 

Además, alias Rocky está señalado de hechos ocurridos en el municipio de Tarazá el pasado mes de mayo, cometiendo hostigamiento con explosivos y ráfagas de fusil a una patrulla del Inpec cuando fue asesinado un interno y lesionados dos custodios de los reclusos. 

En la captura, las autoridades le hallaron una granada de fragmentación IM-26, 1 revólver calibre 38 y 20 cartuchos.

Alias ‘Rocky’ quedó a disposición de la Fiscalía, por los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Fuente: http://bit.ly/2suBQ3o

Un nuevo llamado de alerta realizó el Contralor del departamento de Antioquia, a los 23 municipios que siguen sin suministrar agua potable a sus pobladores, situación que sin duda pone en riesgo la salud de las personas.

Dichas localidades son Cáceres, El Bagre, Nechí, Zaragoza, Cisneros, Remedios, Segovia, Ituango, Toledo, Abriaquí, Buriticá, Dabeiba, Uramita, Argelia, Cocorná, El Santuario, Nariño, Betania, Ciudad Bolívar, La Pintada, Montebello, Salgar y San Juan De Urabá, de ellos Cisneros, Zaragoza y Argelia, son catalogados como inviables sanitariamente.

Otros cerca de 50 municipios no cuentan con plantas de tratamiento para aguas residuales, vertiéndolas contaminadas directamente a los ríos y quebradas de los mismos municipios.

Pese a la situación, el ente de control aseguró que muchos alcalde no se preocupan por adquirir predios para la protección de las fuentes hídricas, muestra de ello es que en el año 2016 sólo 8 municipios lo hicieron

En el año 2016 la Contraloría inicio 16 procesos de responsabilidad fiscal por asuntos de competencia ambiental.