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Analogía del Dr Andrés Felipe Montoya Rendón Sobre problematica ambiental

La tragedia en Mocoa, que el pasado 1° de abril cobró la vida de cerca de 300 personas y dejó un gran número de heridos, desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales, es algo que se pudo haber prevenido y estaba más que diagnosticado, el decir de Andrés Felipe Montoya Rendón, docente y coordinador de las especializaciones del área ambiental de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia.

 

El ingeniero ambiental recordó que ya Corpoamazonía, la autoridad ambiental en la región, lo había hecho notar: que las precipitaciones habían aumentado, era una época de estiaje en esa zona de Colombia y el Plan de Ordenamiento Territorial de Mocoa había limitado las construcciones sobre las laderas de los diferentes ríos, entre ellos, Mocoa y sus afluentes Sangoyaco y Mulatos, entre los que está la capital del Putumayo, que fueron los que se desbordaron, causando tan doloroso hecho.

“Lo que pasó es que no estábamos listos para esta emergencia. Ya sabemos que iba a suceder, pero no nos previnimos; había que evacuar. A partir de la creación de la Ley de Gestión de Riesgo, se instituyeron los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, lo que quiere decir que, en la capital del Putumayo, eran completamente inoperantes. Porque una de las tareas era visualizar, seguir al pie de la letra el POT que, al igual que Corpoamazonía, había señalado que en esas zonas no se podía construir y había población vulnerable, en alto riesgo”, explicó Montoya Rendón.

Para el docente, ahí radica la problemática mayor: “Podemos tener una gran cantidad de leyes, pero si no se llevan a la aplicabilidad, lo que pasó allí puede volver a pasar. Tal como aconteció en Salgar, en mayo del 2015 por un deslizamiento, una deforestación en Cerro Plateado, que produjo una avenida torrencial, pero viene derivado de una serie de precipitaciones, como pasó en Mocoa. Y en esta zona de la cuenca del Amazonas, se tenían esas altas precipitaciones, pues hace 15 días se tuvo la misma emergencia en Perú”.

Según él, la deforestación, la falta de planificación urbana y, sobre todo, la ubicación en zonas de riesgo, son factores determinantes de estos casos: “Esperemos que no pase nada, pero el río Magdalena llegó hoy a su cota máxima. Lo que quiere decir que si llueve (y no tiene que ser en el Magdalena Medio, pero si en Huila, Tolima, Caldas, Antioquia), hay desbordamiento de esta gran fuente hídrica. Puede volver ocurrir lo del 2010-2011, pero lo que tenemos que ver es si esas inversiones que se hicieron si fueron garantes de una prevención, de una gestión del riesgo. No creo, porque tenemos mucha población asentada. El problema es que Colombia es un país complicado, por montañoso y toca construir en laderas, pero esas obras son las que generan esa vulnerabilidad de las personas, especialmente las de bajos recursos. En Murindó y Nechí se tienen complicaciones desde hace 15 días. Cualquier lluvia que ocurra en la parte alta de las cuencas del río Cauca o del río Nechí, pone en riesgo a sus pobladores”.

 

Frente a la respuesta del gobierno en estos casos, expresó: “Nosotros no podemos decir siempre que haya una tragedia: donemos. El colombiano es muy buena gente, de buen corazón, pero no puede seguir donando porque estas tragedias no pueden seguir ocurriendo. Lo que tenemos que hacer es que esos Consejos de Gestión del Riesgo realmente estén activos, pero no en caso de una emergencia sino constantemente, monitoreando, mirando la vulnerabilidad. No es sino analizar un programa muy bonito que montó Corantioquia: el Plan Piragua, en el que participaron tecnólogos agroambientales e ingenieros ambientales egresados del TdeA, que capacitó a los campesinos de los 80 municipios de su jurisdicción y les enseñó a hacer un pluviómetro para que puedan medir las lluvias, detectar el aumento con las altas precipitaciones y llamar oportunamente a la Corporación”.

Recalcó que cuando se crearon los planes de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo, no fue para que se convirtieran en un libro más de una biblioteca, sino para que sean completamente aplicables. “Si nosotros prevenimos, nos gastamos un 80% menos del dinero que invertimos cuando tenemos una tragedia. Es más barato prevenir que pagar por estas tragedias. Hay que reubicar, decirles a las personas que cojan conciencia acerca del riesgo en el cual se encuentran para que no se sigan presentando estas problemáticas. Hace ocho días se sacaron por quinta vez las personas que están invadiendo las márgenes de la quebrada Iguaná por parte del DAGRED, que no es que no los quieran porque los están alejando de allí, pero es que la quebrada tiene una torrencialidad muy grande y viven en peligro”, apuntó el ingeniero.

Montoya Rendón, reiteró su llamado a que se hable sobre la gestión del riesgo, pero no como una problemática, sino simplemente como una forma de prevención para que no vuelvan a ocurrir tragedias como la de Mocoa, en donde viene la reconstrucción que no debe hacerse sobre la zona afectada. “Colombia se ordenó territorialmente, lo hizo de una manera desorganizada. Los españoles empezaron a construir cerca de las minas de oro, después necesitaron sacarlo y se hicieron al lado de los ríos. Crecimos de una forma desordenada, pero nunca es tarde para ordenar el territorio, aunque es algo difícil por nuestras costumbres, pero tenemos que hacerlo sí o sí, porque cada vez somos más y vamos a ser más vulnerables. Y algo para tener en cuenta: el río no se mete a las casas, nosotros nos le metemos al río”, manifestó el docente del Tecnológico de Antioquia.

Elaboró: Comunicaciones Tecnológico de Antioquia

Revisó: Gerardo Pérez P.

Para más información contactar a: Francisco Javier Castro Álvarez, 560 00 60, Cel. 301 523 15 32, fcastro@tdea.edu.co

Ya está en marcha el plan de movilidad y seguridad para Semana Santa en Antioquia

El Departamento de Policía Antioquia desplegará más de 5.000 agentes en toda su jurisdicción para garantizar la movilidad y la seguridad en los municipios de las diferentes subregiones durante Semana Santa.

La Seccional de Tránsito y Transporte realizará controles y campañas de prevención de accidentalidad con 420 uniformados en los seis ejes viales del departamento.

Entre tanto, por ser lugares de alta concentración de ciudadanos en estas fechas de actividades religiosas y turísticas, el comando de la Policía Antioquia reforzará con un mayor número de efectivos los municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Rionegro, Sonsón, San Rafael, El Peñol, Guatape, La Ceja, Cocorná, El Santuario, Granada, Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, Angostura, Yarumal, Fredonia, Jericó, Jardín y Caucasia.

Además se tendrán 15 frentes de seguridad eclesiásticos para evitar hechos que afecten las celebraciones religiosas.

También habrá campañas de cuidado, protección y conservación del medioambiente y operativos contra el tráfico de flora y fauna.

La Policía Antioquia hace una invitación a los ciudadanos para que informen las irregularidades que observen a la línea 123 o al número de su cuadrante. Igualmente para que antes de viajar se informen del estado de las vías en las cuentas de Twitter de la institución @Policiantioquia, @TransitoPolicia y @PoliciaColombia.

El Dapard tiene listo el Plan de Contingencia para esta Semana Santa

Del 10 al 16 de abril se dará en Colombia el festivo más largo del año, en lo que se conoce como la Semana Santa, por lo que un gran número de personas transitarán por las vías del país y visitarán de forma masiva lugares de descanso, recreación y peregrinación.

Planeación, preparación y alistamiento son las actividades que deberán emprender los alcaldes, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y los coordinadores de las entidades operativas para evitar que durante la Semana Santa y en esta primera temporada de lluvias de 2017 se presenten pérdidas de vidas humanas y bienes materiales, ocasionadas por eventos naturales y antrópicos, explicó el Dapard.

Por esta razón, el Dapard hace las siguientes recomendaciones:

  • A los alcaldes y coordinadores de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres reforzar las medidas preventivas y de respuesta a emergencias y desastres.
  • Elaborar los diferentes Planes de Contingencia, revisar y ajustar las Estrategias de Respuesta a Emergencias para identificar las amenazas, lugares vulnerables y alertar a las comunidades para disminuir el riesgo.
  • Disponer de los elementos y equipos necesarios para atender a las comunidades vulnerables.
  • Los viajeros deben conocer las zonas y las rutas a las que van a dirigirse e informarse

Fuente: http://bit.ly/2ohsM2K 

Control a la venta de pescado

Jueves y el viernes, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Unap, iniciará, con la Policía Nacional, el control a la venta de pescado para verificar tallas mínimas y la calidad del producto.

Dionisia Yusti, directora de la regional Antioquia de la Unap, manifestó que estarán en las plazas de mercado y sitios de distribución de pescados para saber las procedencia, que se cumplan las tallas mínimas y que el pescado esté en buen estado.

Agregó que los operativos seguirán en los días de Semana Santa.

Luego en la semana de Pascua funcionarios de esa entidad se desplazarán al Magdalena Medio y Bajo Cauca para hacer la sensibilización de la veda del bagre rayado que se iniciará el 1 de mayo e irá hasta el 31 de ese mes.

La ingeniera pesquera, Martha Rivera, dijo que el control en Colombia es difícil, porque la Unap, por falta de recursos no alcanza estar en todos los sitios de pesca como ocurre con el Bajo Cauca donde la oficina de Caucasia tuvo que cerrar sus puertas.

Otra situación que se está presentando, dijo, es que ante la forma como ha disminuido el número de peces en los ríos, algunos pescadores están utilizando trasmallos con ojos más estrechos, con lo que las capturas son cada vez de pescados más pequeños y los únicos controles que se pueden hacer son en el transporte en las vías y a los comercializadores, todo con la ayuda de la Policía Nacional.

La profesional recordó que en la comercialización de los pescados se deben tener en cuenta que tengan las agallas rojas y brillantes, los ojos no deben estar hundidos y opacos y la parte musculosa del animal cuando se presiona debe volver a su posición normal.

En cuanto a las tallas mínimas de captura, reglamentadas en la ley colombiana relató que para el bocachico es de 25 centímetros; el capaz, 20 centímetros, el moncholo, 25; la mojarra amarilla anzuelera, 20; blanquillo, 45 centímetros; la doncella, 35; el bagre rayado, 80; el bagre sapo, 45, y el pácora, mínimo 30 centímetros.

Fuente: http://bit.ly/2o6UCON

Corantioquia convoca a 41 alcaldías para que activen sus Consejos Municipales de Gestión del Riesgo

Ante las alertas emitidas por el Ideam y el DapardCorantioquia invita a las alcaldías de municipios con alerta amarilla y naranja por deslizamiento, a que evalúen en sus consejos municipales de gestión del riesgo la situación y planeen las actividades necesarias para prevenir afectaciones a la vida humana y a la salud ambiental.

El 3 de abril los boletines de alerta del Ideam y el Dapard informaron la situación de amenaza para los siguientes municipios:

  • Municipios con alerta amarilla por deslizamiento: Amagá, Andes, Angelópolis, Anorí, Armenia, Cáceres, Caldas, Campamento, Caracolí, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Ebéjico, Fredonia, Heliconia, La Pintada, Maceo, Medellín, Montebello, Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Salgar, Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, Segovia, Sopetrán, Tarazá, Tarso, Toledo, Vegachí, Venecia y Yalí.
  • Municipios con alerta naranja por deslizamiento: Amalfi, Briceño, Cisneros, Itagüí, Ituango, Valdivia, Yarumal y Yolombó.

El Ideam y el Dapard hacen un llamado de atención especial a los municipios de Puerto Berrío y Puerto Nare, los cuales presentan alerta roja por creciente súbita en el río Magdalena.

Se sugiere una especial atención a los municipios de Jardín, Andes, Salgar, Hispania, Tarso, Pueblorrico, Ciudad Bolívar y Betania, localizados en la cuenca del río San Juan, dado que dicha cuenca tiene patrones morfológicos y climáticos que incrementan la probabilidad de ocurrencia de avenidas torrenciales y movimientos en masa durante las temporadas lluviosas como la que actualmente afronta la región, explicó Corantioquia.

Ante estas alertas, Corantioquia le recomendó, vía comunicación oficial, a las administraciones locales activar sus consejos municipales de gestión del riesgo de desastres y así estén atentos al comportamiento de los niveles de los ríos que vierten a la cuenca del río Magdalena y al río Cauca.

Deben tener especial atención los municipios con jurisdicción en los siguientes ríos y quebradas: La Liboriana, San Juan, Arma, Taraza, Porce, El Bagre, Medellín, Nechí y sus principales afluentes, los cuales presentan alerta naranja por creciente súbita.

Accidente entre tres motos deja un muerto y dos heridos en Ayapel

Un aparatoso accidente entre tres motos ocasionaron tragedia en la vía ayapel – La apartada, cerca de la estación de gasolina de Joche Vergara.

Un asesor de Bancamia fue la víctima del fatal accidente, corresponde con el nombre de Diógenes Ojeda, de 32 años de edad, oriundo de Caucasia – Antioquia.

Los hechos se presentaron por imprudencia de un motociclista que salia de la calle para seguir la ruta hacia carretera lo que pudo ocasionar el grave accidente.

Nuestro medio da las mas sinceras condolencias por la partida de nuestro amigo Diogenes. Era un joven ingeniero que siempre estaba a disposición y ayuda absoluta a nuestro medio. Nos enluta enormemente la partida temprana de nuestro colega Diogenes Ojeda.

Fuente: http://bit.ly/2nwdNBx

Bomberos de Caucasia entraron en paro

El cuerpo de bomberos exigió el pago de 174 millones de pesos, a lo cual el alcalde de Caucasia aseguró que el municipio no tiene recursos suficientes y les solicitó que recorten su personal.

No hay quien atienda emergencias en Caucasia. El cuerpo de bomberos de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño entró en cese de actividades desde este jueves por déficit presupuestal.

Según los bomberos, la Alcaldía de Caucasia no ha establecido contratos con ellos y estos son los encargados de atender los accidentes de tránsito, los incendios y otras eventualidades. El municipio está en alerta naranja por posible desbordamiento del río Cauca en el casco urbano y el cuerpo de bomberos, afirma, no tiene contrato desde enero y solicita cerca de 280 millones de pesos. En contrapropuesta, el alcalde ofrece 80 millones de pesos.

"Llamamos al alcalde a que nos dé un contrato con el que podamos pagar a los bomberos un mínimo con todas las prestaciones. Invitamos también a la comunidad a que nos apoye porque son los más afectados. Atendemos a diario tres o cuatro emergencias, en especial accidentes de tránsito y con este cese pueden verse afectadas las personas. Pero es muy riesgoso salir a trabajar sin seguridad social porque si hay un accidente, no habría como responder por la integridad de los voluntarios. Es difícil trabajar 24 horas sin un salario mínimo", manifestó Wilmar Mejía, director del cuerpo de bomberos de Caucasia.

Fuente: http://bit.ly/2nw56Hj

Alerta roja en riberas de ríos y quebradas de Antioquia por temporada de lluvias

Ante los  pronósticos de persistencia de lluvias y por la alta probabilidad de afectaciones, se declaró la alerta roja en las riberas de ríos y quebradas de Antioquia.

Hay un especial monitoreo en los municipios de La Unión,  El Retiro y la Ceja en el oriente del departamento, donde se han presentado inundaciones en los últimos días.

"Tenemos una alerta roja y estamos solicitando a toda la comunidad antioqueña que estemos completamente pendientes de los incrementos de ríos, hay algunos municipios o quebradas donde se nos están presentando aumentos y crecientes súbitas de las quebradas, incluso pequeños que a veces no alcanzan a llegar a los talones y que se nos están presentando estos incrementos de forma súbita", advirtió Margarita Moncada Zapata, directora (e) del Dapard.

La alerta naranja se declaró por posibles crecientes súbitas en ríos y quebradas afluentes del río Cauca, y en los municipios de Tarazá, El Bagre, Nechí y Caucasia.

"Que por favor estén pendientes a cualquier incremento en los niveles, a los cambios de color y si está bajando material como palos o cualquier otra situación anormal, y también a los que están de paseo en los ríos si empieza a llover inmediatamente se retiren, los ríos nos avisan lo que está pasando", agregó Moncada Zapata.

Entre tanto, hay alerta amarilla por oleaje y viento en el área marítima del golfo de Urabá.

Este martes fueron entregadas 42 toneladas de ayudas en los municipios de Nechí y Murindó.

Fuente: http://bit.ly/2nDkwdH

Invierno deja más de 600 familias damnificadas

Mientras que en Murindó, los organismos de socorro lograron entrar a las comunidades indígenas que quedaron aisladas por las crecientes de los ríos Murindó y Chaveradó, ayer se presentaron dos nuevas emergencias en zonas rurales de El Bagre y Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño.

El secretario de Gobierno del municipio de Nechí, Neider Hoyos, afirmó que en las veredas La Trinidad y San Pedro se desbordaron varias quebradas que afectaron a unas 200 familias.

Advirtió que en estos caseríos cayó un aguacero que hace más de 50 años no se presentaba en ese sector del Bajo Cauca.

Indicó que en la vereda La Trinidad a numerosas casas solo se les veía el techo.

Agregó que las familias perdieron, además de todos los enseres de hogar, los cultivos y numerosas cabezas de ganado.

Anotó que en la vereda San Pedro, en el límite entre Nechí y El Bagre, estaban confirmando una información según la cual hay una familia desaparecida.

El capitán René Bolívar, coordinador de la Unidad de Manejo de Desastres del Departamento Administrativo para la Prevención y Atención de Desastres (Dapard) de Antioquia, informó que hacia estas veredas partió una comisión de la entidad compuesta por un geólogo y funcionarios de la Comisión Social.

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) afirmó que el desbordamiento de la quebrada San Pedro dejó damnificadas 20 familias de la comunidad embera ayavida que está ubicada en la ribera de la quebrada que es jurisdicción de el municipio de El Bagre.

El gobernador local de esta comunidad, Ovidio Domicó dijo que a las 2:30 a.m. del miércoles fueron sorprendidos por las creciente súbita de la quebrada que se les llevó todos los enseres de hogar, los cultivos, los animales domésticos y toda la dotación del restaurante escolar.

Fuente: http://bit.ly/2m5z31R

Pelea del gobernador de Antioquia y el comisionado de Paz

La discusión entre el gobernador de Antioquia y el comisionado de paz está tomando otro tono. Lo que empezó con una carta dirigida al presidente terminó en un rifirrafe en redes sociales.

“El comisionado de paz parece secuestrado mentalmente por el acuerdo”, dijo el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, tras la respuesta del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, sobre el incidente de la comisión de la Gobernación en Dabeiba.

El comisionado de Paz le respondió al gobernador sobre la situación que se presentó en esta zona ubicada en Antioquia, cuando no le fue permitido el acceso a una comisión de la Gobernación de este departamento, expresando que se habían cumplido los protocolos establecidos y que es probable que los asesores le estén proporcionando una información que no es.

“La única limitación que hay es el campamento físico donde están las Farc aún en armas y la regla es que las Farc no pueden salir de ese campamento con armas y los civiles no deben entrar a esos campamentos. Por eso se están montando unas zonas de recepciones en las entradas de las zonas para que ahí se hagan las reuniones”, manifestó Jaramillo.

Ante esa respuesta el mandatario departamental dijo: “el señor comisionado es demasiado laxo. Pareciera que estuviera secuestrado mentalmente por el acuerdo de paz. El Gobernador de Antioquia es la primera autoridad del departamento, es el que asume funciones presidenciales en su territorio en cuestiones de seguridad. Yo no he hecho más que ayudar al proceso de paz”.

Reiteró nuevamente que un proceso de paz que sea una “guachafita” es un fracaso y que según lo expresado por el comisionado que a las zonas veredales no ingresan civiles, indicó que, “el comisionado de Paz entró con civiles a un campamento, nosotros tenemos los videos de que han entrado civiles allá. Ellos no pueden, excepto que tumben La Constitución, desconocer la autoridad de un Gobernador”.

“No sabemos quiénes son los que están en los campamentos, no sabe el Presidente, no sabe Sergio Jaramillo, no sabe la comisión de verificación. Yo no sé la ONU qué es lo que verifica. Lo que tenemos es un montón de personas anónimas”, agregó Pérez.

Además, Pérez expresó que no se sabe cuántas armas hay en la zona veredal e informó un caso que se presentó en Dabeiba donde encontraron en una casa un armamento y, “la señora dijo que fue que el guerrillero que iba para el campamento a normalizarse, las dejó guardadas allá”.

Fuente: http://bit.ly/2mIJhDQ

Jueza deja en libertad al alcalde de Nechí

 
En audiencia de legalización de captura que se reanudó hoy a las 5:00 p.m. en el Palacio de Justicia de Medellín, luego de haberla suspendido anoche por motivos de tiempo, una Jueza de la República, con funciones de Control de Garantías, determinó no acceder a la petición de la Fiscalía 28 de Delitos contra la Administración Pública que solicitaba medida de aseguramiento con reclusión intramural del alcalde Miguel Enrique Franco Menco, quien ejerce su segundo periodo como alcalde de Nechí.
 
La Jueza aceptó los argumentos de la defensa ejercida por el abogado penalista Álvaro Vargas, quien manifestó que no existen pruebas conducentes a determinar la participación del actual alcalde en los hechos que se le imputan, los cuales ocurrieron en 2011, durante el primer gobierno de Franco Menco.
 
Por su parte de la Fiscalía, quien solicitó la orden de captura ante un juez del municipio de El Santuario, en el oriente antioqueño, fue reprendida por la jueza, quien hizo un llamado a la falta de precaución de los jueces en cuanto a la solicitud de órdenes de captura sin el lleno de requisitos, sin haber certeza plena de la participación del alcalde Franco Menco en el hecho delictivo, pese a que él es el ordenador del gasto. De acuerdo a la defensa, argumento aceptado por la jueza, el comité de contratación, en donde participan varios de los secretarios de despacho, son quienes deben responder por las imputaciones de la Fiscalía.
 
¿Por qué no le fue aplicada la medida de aseguramiento? Una fuente que está al tanto del caso explicó a La verdad del pueblo que para que un juez acepte la petición de la Fiscalía se deben cumplir tres requisitos: 1) peligro de fuga por parte del investigado, 2) no representarse ante los requerimientos hechos de la Fiscalía y 3) interferir en la etapa de investigación. De acuerdo a la jueza no se configura ninguno de los tres casos.
 
Miguel Enrique Franco Menco continuará vinculado al proceso desde su cargo como alcalde de Nechí, al igual que los demás funcionarios y exfuncionarios públicos que se encuentren inmersos en la presunta suplantación del contratista Ronald Enrique Torres Martínez.
 

Cayó alias ‘Seis-Siete’, jefe de “Los Urabeños” en el Bajo Cauca

En un operativo cinematográfico que contó con la participación de 600 uniformados de la Policía y un helicóptero, fue capturado alias “Seis- Siete”, jefe militar y de finanzas del Clan del Golfo en el Bajo Cauca.
 
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El operativo dio con la captura de José Horacio Osorio Bello, quien desde el corregimiento de Piamonte, en Cáceres, estaba al mando de la organización criminal, ordenando las extorsiones y manejando el negocio del narcotráfico.
 
Osorio Bello, conocido como alias “Seis-Siete” o “Pos Pos”, natural de Caparrapí, Cundinamarca, llegó al Bajo Cauca en la década del 90 con Ramiro Vanoy Murillo alias “Cuco Vanoy”. Luego de la desmovilización del Bloque Mineros de las AUC en Tarazá, este criminal continuó delinquiendo al mando de alias “Chepe”, conformado el grupo de “Los Caparrapos”.
 
En el año 2010 cuando se creó el combo de “Los Paisas” alias “Seis-Siete” hizo parte de su creación, para luego incorporarse a las filas de “Los Urabeños”, hoy conocidos como “Clan del Golfo”. Terminó como jefe de la organización en el Bajo Cauca luego de la captura de alias “León” en el Perú, alias “Chepe”, quien le vendió la zona a Los Urabeños, y de alias “Darío”.
 

 

 
Información de inteligencia tienen indicios de que alias “Seis-Siete” vendió la franquicia del Bajo Cauca a un nuevo narcotraficante, luego de que alias “Chepe” hubiera hecho negocio hace unos años con el cartel de Silanoa, que les provisionó armas a cambio de cargamentos de droga que tuvo como destino Centroamérica.
 
Siendo su zona de influencia Cáceres, entre los corregimiento de Piamonte y Guarumo, desde donde dirigía la organización delictiva, es extraño que haya sido capturado en el Éxito de La 80.
 
Hasta el momento no se tiene conocimiento de quién podría tomar las riendas de la organización en el Bajo Cauca, teniendo en cuenta la presencia de un nuevo comprador de la base de coca, quien habría comprado la zona, además de la llegada del combo de “Los Triana”, quienes estarían al servicio de este narcotraficante. 
 

Antioquia tiene 36.000 estudiantes por fuera de las aulas

Aunque la mayoría de colegiales inició su año escolar el 16 de enero, más de un mes después, 36.000 antioqueños están desescolarizados, casi el equivalente a una población como la de Amagá.

Existen 665 sedes en las nueve subregiones del Departamento esperando por los alumnos para que inicien su año escolar y por ello la estrategia es convencer a niños, jóvenes y padres sobre la importancia de no abandonar los estudios.

En Colombia faltan 900 mil escolares por matricularse, según informó Viviana Trujillo, delegada del Ministerio de Educación Nacional.

Pese a que Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio son las regiones más críticas en este aspecto, la estrategia de la Secretaría de Educación de Antioquia se enfoca en todos los municipios. “Esta semana, los funcionarios de la Secretaría de Educación seguirán trabajando para que ningún niño o joven se quede sin estudiar”, explicó Néstor David Restrepo Bonnett, secretario de Educación Departamental.

El caso de Urabá

Urabá es una de las tres zonas identificadas como críticas, especialmente por las distancias existentes entre las veredas y el casco urbano.

Tanela Rodríguez Perea, secretaria de Educación de Necoclí, informó que en la base de datos son cerca de 2.000 los alumnos bajo el sistema de cobertura, pero no todos se han matriculado. Los funcionarios revisan el listado de los estudiantes matriculados el año anterior y se empieza un trabajo para motivar aquellos que faltan. “Las escuelas de la zona rural de Necoclí quedan retiradas de las viviendas de los alumnos”, destacó.

Y para atraer esos jóvenes a las instituciones se realizan visitas casa por casa y se investiga, con el padre de familia o el acudiente, las razones por las cuales no están los alumnos en clase.

En Carepa también realizan diversas actividades buscando motivar a los alumnos.

“Si esta semana el total de los colegiales que estudian bajo el modelo de cobertura no está inscrito, tendremos una matriculatón el cuatro de marzo. Los invitaremos por los medios de comunicación”, sostuvo Wálter García, secretario de Educación de Carepa.

Varias causas

Pero, ¿cuáles son los motivos para que padres de familia, niños y jóvenes no se acerquen a matricularse?

Felipe Aramburo, director de Ser más Maestro de Proantioquia, sostuvo que el fenómeno es multicausal.

“Cerca de 52 por ciento de las instituciones en Antioquia son rurales y no todas tienen oferta completa. Lo anterior puede generar deserción a lo largo del proceso: en el tránsito de primaria a secundaria o de básica secundaria a la media ”.

Otras razones, según el experto, son la necesidad de los muchachos de trabajar por problemas económicos en el hogar y el embarazo adolescente, entre otros.

Asimismo, la escuela no es aspiracional para los alumnos, “porque sienten que no es cercana a la vida, la ven como un proceso que solo tiene réditos a futuro y toman opciones económicas a edad temprana, lo que no les permite estar vinculados al sistema educativo”, puntualizó Aramburo.

Fuente: http://bit.ly/2m47q8x

Cartelización sorprende a los ganaderos

Las subastas ganaderas de Antioquia implicadas en una cartelización analizan buscar otra instancia para evitar la multa con que ayer las sancionó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y de la que no han sido notificadas formalmente.

Así lo comentó una fuente de las implicadas, que pidió reserva de su nombre, al considerar que no se puede generalizar que todas las subastas de ganado aplicaron la comisión de 0,5 % al comprador sobre cada negocio.

Por esta práctica ilegal, la SIC anunció una multa a la Sociedad Central Ganadera (550 salarios mínimos, 405,7 millones de pesos), con sede en Medellín. Su gerente, Jorge Mario Escobar, se abstuvo de dar alguna declaración porque no había recibido notificación.

También fueron sancionadas Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar S.A., 202 salarios o 149 millones) y la Subasta Ganadera de Caucasia (Subagauca, 140 salarios o 103,2 millones). Esta última se encuentra en proceso de reestructuración financiera y no opera en el mercado. En su lugar, funciona hoy la Subasta Ganadera del Bajo Cauca S.A.S.

Estas sanciones hacen parte de los 2.692 millones de pesos (3.650 salarios mínimos) que suman lo que deben pagar al fisco la Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia (Asosubastas) y 16 afiliadas al violar la libre competencia.

Asimismo, la SIC multó a 17 representantes legales de estas organizaciones con un total de 339,3 millones de pesos. Según la SIC, “colaboraron, facilitaron, autorizaron , ejecutaron o toleraron el diseño del esquema en violación de la Constitución”.

LA OPERACIÓN SANCIONADA

Otra fuente consultada por este diario manifestó que no todas las subastas ganaderas del país aplicaron el cobro acordado: “Nos implican porque aparecimos en el acta de la reunión en que se promovió esta práctica, pero no la implementamos”, aseguró.

El pago que sanciona la SIC nace de una transacción. Un ganadero evita vender directamente a la cadena cárnica, porque le pagan a 30 o 45 días, pero con la intermediación de las subastas, recibe el dinero por adelantado. Es ahí cuando las subastas decidieron cobrar 0,5 % del valor del negocio al comprador, para asumir riesgos de cartera o absorber cualquier siniestro con el animal cuando está en la subasta. Con ese argumento, Asosubastas creó un fondo para solventar eventuales pérdidas.

Esta conducta derivó en que la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia sugiriera la sanción el 19 de diciembre pasado.

Fuente: http://bit.ly/2lkshUq

Urge nueva ley para frenar minería ilegal

Antioquia a la vuelta de cinco años podrá ser el protagonista de que se triplique la producción de oro legal en el país, con la operación de tres proyectos en Buriticá (Occidente), Santa Rosa de Osos (Norte) y San Roque (Nordeste).

Al mismo tiempo, el departamento enfrenta el desafío de ser uno de los más afectados por la explotación ilícita de ese metal precioso por redes criminales, mineros que no se suman a la formalización y también por otros que se disfrazan de mineros de subsistencia (barequeros) para no cumplir con la ley.

Justamente, el jueves pasado el Ministerio de Minas expidió la Resolución 40103 que pone topes a la producción de la minería de subsistencia. En el caso del oro, no debe superar los 420 gramos anuales (13,5 onzas). Esto contrasta con las 107 mil personas inscritas como barequeros en el Registro Único de Comercializadores (Rucom) y que aducen producciones que superan los 2 mil gramos mensuales.

En ese sentido, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) cuestiona que ese tope es muy alto y multiplicará a los que se dicen barequeros (ver nota anexa).

Entre tanto, Conalminercol, confederación de pequeños mineros, exige voluntad real del Gobierno y grandes compañías para que despegue la formalización en el país, pues en Antioquia apenas hay 13 subcontratos de formalización (ver Análisis).

En ese contexto, el Gobierno prorrogó el miércoles pasado hasta el último día de 2017 la condición de autoridad minera delegada de la Gobernación de Antioquia, la única en el país.

A su cargo tiene otorgar o caducar títulos mineros, así como adelantar trámites de 1.461 titulares, que tienen hoy concesionadas 1,4 millones de hectáreas en el departamento para distintas vocaciones (oro, carbón, materiales de construcción). Esto es 17,4 % del territorio, aunque más de 900 mil hectáreas están en etapas de exploración, construcción o montaje.

También a la Gobernación le corresponde fiscalizar para que los titulares cumplan con normas técnicas, ambientales, laborales y operativas. Al respecto, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, informó que se estudia girar 14 mil millones de pesos, triplicando los aportes anuales para este control.

En diálogo, el funcionario respondió sobre los retos de Antioquia y el país para atajar la producción por fuera de las normas de más del 80 % del oro que hoy paga regalías y luego es comercializado dentro y fuera del país. Cante reconoció que solo 18 % de las 60 toneladas del mineral, que estima produjo el país en 2016, provinieron de títulos con licencia ambiental:

Resulta poco creíble que haya 107 mil personas que, batea en mano, busquen oro en lecho de los ríos...

“Creamos el Registro Único de Comercializadores (Rucom), pero nos faltó acompañarlo de un sistema de control. Si antes desconocíamos de dónde venía el oro, hoy lo sabemos. Según el Rucom, 65 % del oro producido en el país aparece como si fuera de 107 mil barequeros. Eso sabemos que es irreal, y mirando la experiencia de otros países latinoamericanos y africanos, la posibilidad del barequeo tiene un potencial de no más de un gramo de oro al día, es decir, 30 gramos al mes y, siendo excesivos, 420 gramos al año”.

¿Por qué se permite eso?

“Hubo un hueco de la norma y se está pretendiendo legalizar el oro que proviene de actividades criminales e informales. Así que hoy en el Rucom hay barequeros que produce mil gramos de oro al mes o ganan 200 millones de pesos año”.

¿Qué responsabilidad cabe a los comercializadores?

“Se escudan en que a ese productor que compran aparece como barequero, así produzca 2 mil gramos al año. Pero también los requerimos al preguntar que si compraron tal cantidad, dónde está el RUT, la factura y el IVA”.

¿Cuál es la solución?

“Expedimos este jueves una resolución que pone topes máximos de producción por barequero de 35 gramos de oro mensual como minería de subsistencia”.

Pero, para saltarse la norma, se multiplicarán los barequeros...

“Efectivamente, pueden aparecer miles más. Por eso expediremos un decreto complementario en próximos días, que revaluará condiciones para estar inscrito en el Rucom. Me refiero a que tenga RUT, tradición en el territorio, que esté en el Sisbén, que el barequero solo pueda estar inscrito en una alcaldía”.

¿Se mantiene que declare su oro y pague regalías en otro municipio distinto al de donde sacó el mineral?

“Tenga en cuenta el alto grado de trashumancia de los barequeros. Los titulares mineros sí deben declararlo en el municipio origen de la producción”.

Con todo, la comercialización de oro ilegal sigue...

“Tenemos que volcar el combate de la explotación ilícita de la persecución al pequeño minero en el territorio y pasar al combate de toda la cadena de producción, beneficio, comercialización y exportación. Mientras exista acá un señor dispuesto a comprar todo oro ilegal, habrá un pequeño minero que esté dispuesto a venderle para sobrevivir”.

¿El Gobierno contempla intervenir el comercio de oro?

“Es una actividad que ha sido poco controlada en el país. En el proyecto de ley de explotación ilícita de minerales que radicamos en el Congreso, el año pasado, incluimos una serie de herramientas para que la explotación ilícita sea en sí un delito, sin tener que demostrar su afectación al medio ambiente. Además propone que tal delito se extienda a toda la cadena: aquí podemos estar frente a un evidente lavado de activos, que se promueve por quien compra el oro en el territorio, así como por empresas que lo comercializan y exportan”.

¿Habría sanciones para las comercializadoras?

“El proyecto busca mecanismos para que la autoridad minera, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y otras entidades tengan mecanismos de control y sanción para aquellas comercializadoras que incumplan parámetros establecidos”.

¿Aprobar este proyecto hará parte del fast track?

“Analizamos al interior del Gobierno la conexidad que tenga con los acuerdos con las Farc. Desde el Viceministerio consideramos que muchos componentes sí guardan relación, porque hay argumentos de combates a la criminalidad, que aparecen en lo acordado”.

Mientras no sea ley, ¿se está perdiendo la guerra contra la minería criminal?

“Tenemos que avanzar en mecanismos y capacidades institucionales para perseguir a toda la cadena y no solo al productor ilegal”.

De otro lado, con los proyectos licenciados en Buriticá, Santa Rosa de Osos y San Roque, ¿cuáles son las perspectivas de la producción nacional de oro?

“Estimamos que pueden ser entre 20 y 25 toneladas adicionales de oro, cuando el país está cercano a una producción actual de 60 toneladas por año, de las cuales unas 12 toneladas provienen de títulos legales con licencia ambiental. Entonces en un horizonte de 5 años podemos estar triplicando la producción legal en el país, por el aporte de los proyectos de Antioquia”.

¿Qué proyectos de mayor escala hay en Antioquia?

“En unos dos o tres años puede estar entrando en producción Nuevo Chaquiro (Jericó), además hay empresas que están adelantando exploración en la zona limítrofes de Antioquia con Chocó y Córdoba y han identificado un gran potencial geológico en cobre”.

En cuanto a la formalización minera, uno ve que no hay avances en la magnitud requerida ante el problema...

“Muchos nos reclaman eso porque creen que formalizar es legalizar y se olvidan que hay más de 9 mil títulos mineros, la gran mayoría para materiales de construcción (arcilla, mármol, calizas) y el 60 % son de pequeños mineros, es decir, ya tienen el título, pero muchos continúan en informalidad técnica, administrativa y de seguridad laboral. Por eso periódicamente estamos caducando títulos ante esos incumplimientos, que los devuelve a los círculos de la ilegalidad.

¿Cuáles son los resultados en Antioquia?

“Hemos suscrito 13 contratos de subformalización y hay 50 solicitudes más en trámite en el departamento. El año pasado, luego de cinco años de discusiones, logramos que los mineros de Jobo Medio, entre los municipios de El Bagre y Zaragoza, se pusieran de acuerdo con Mineros S.A. para cederles 126 hectáreas para permitir la legalización. El reto ahora es la formalización de cerca de 300 mineros, modelo que queremos replicar en otras partes del país”.

Fuente: http://bit.ly/2lxRXO6

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