Los cerca de 1.500 campesinos, mineros e indígenas que pretendían movilizarse hacia Medellín para participar en las movilizaciones prevista en esta capital desde mañana hasta el viernes, denunciaron que las autoridades han bloqueado las vías de salida de varias poblaciones e impiden su desplazamiento.
 
Carlos Morales, presidente de Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste manifestó que los manifestantes que se dirigían hacia Medellín han sido inmovilizados en Remedios, Ituango y Tarazá, por el Ejército y la Policía que les impiden movilizarse y ejercer el derecho pacífico a la protesta.
 
El señor Morales indicó que estas actuaciones del Ejército y la Policía desconocen lo acordado con las autoridades administrativas de Medellín que habían dado el permiso para las movilizaciones, aunque desautorizaron una concentración que se pretendía realizar en un sitio de la ciudad durante los tres días.
 
A raíz de estos hechos algunas de las vías que conducen de esas poblaciones hacia Medellín, se encuentran a esta hora bloqueadas, por los campesinos que esperan se les permita continuar su marcha hacia la capital del departamento. 

El 27 de abril se presentaron dos hechos de detención arbitraria en la región del centro oriente colombiano, departamentos de Casanare y Santander dejando como víctimas a varios dirigentes sociales. Estos se presentan como los primeros hechos de represión policial en el marco de la movilización nacional de los sectores agrarios y populares del país.

Aproximadamente a las 00:00 horas, cuando transitaban en bus por la vía Aguazul – Yopal, fueron detenidos irregularmente, en el puesto de control de la policía ubicado sobre el río Charte, los dirigentes campesinos Héctor Julio Martínez y Pedro José Murcia quienes fueron trasladados por parte de funcionarios del Seccional de Investigación Judicial -Sijin- al casco urbano de Aguazul e incomunicados por más de dos horas, para después ser llevados al lugar de su detención.

A su vez, en el municipio de Berlín Santander miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-  impidieron a un grupo de personas provenientes de la zona rural el ingreso, circulación y permanencia en el casco urbano, a pesar de que hasta el momento no se ha producido bloqueo ni obstaculización de espacio público. El Mayor de la Policía Oscar Caballero, comandante del distrito n° 9 de matanza del departamento de Santander, fotografió a las personas y además destruyó la cédula de ciudadanía del dirigente juvenil Kendy Ortiz, miembro de la junta nacional de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia -Anjeco-.

De igual forma, en el departamento de Boyacá la Policía está entregando a los ciudadanos panfletos en los cuales se deslegitima la jornada nacional de paro, según expresaron manifestantes presentes en la zona.

Para Sonia López de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, se trata de una campaña emprendida por diferentes instituciones del Estado que pretenden estigmatizar,  difamar y satanizar la movilización para justificar las agresiones. Agregó: “con estas campañas se desconocen las reclamaciones que desde el paro del año 2013 vienen realizando los campesinos y aun no tienen respuestas satisfactorias por parte del gobierno nacional”.

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La Confederación Nacional de Mineros, que agrupa a pequeños y medianos mineros artesanales reiteró su participación en el paro nacional que iniciará el lunes, por considerar que el Gobierno no le ha cumplido los acuerdos que suscribieron el año pasado para poner fin a la protesta que adelantaron durante casi 20 días.
 
Así lo reiteró Luz Estella Ramírez, directora ejecutiva de Conalminercol, quien indicó que todos los acercamientos con los delegados del gobierno han sido infructuosos, y continúan los señalamientos de criminales, la destrucción de maquinaría y la ocurrencia de hechos tan graves como los que se han registrado en Buriticá.
 

La señora Ramírez indicó que en Antioquia habrá tres puntos de concentración de los mineros, uno en Buriticá donde se está expresando con mayor algidez la confrontación entre multinacionales y pequeños mineros, otro Caucasia en el Bajo Cauca Antioqueño una de las principales regiones mineras, y el municipio de la Pintada en donde también se concentrarán los manifestantes de Dignidad Cafetera.
 
La directora ejecutiva de Conalminercol aseguró que se trata de una jornada civilista, democrática y amplia, sin actos de violencia, para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con lo que firmó. 

Fuente: http://bit.ly/1kizhqM

La Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, anunció este miércoles quese sumarán al nuevo paro nacional que iniciará a partir del próximo 28 de abril.

La decisión la tomó Conalminercol, luego de las reuniones de las "dignidades agrarias" que se convocaron esta semana y debido al poco avance en los acuerdos logrados el año pasado con el Gobierno Nacional.

Luz Estela Ramírez, directora ejecutiva de Conalminercol, afirmó a Caracol Radio que todavía no ha sido posible que se expida un decreto de transición mientras sale el Proyecto de Ley que los reconozca como pequeña y mediana minería.

Así mismo, agregó que no se ha reglamentado el decreto 2235, que regula los operativos de destrucción de maquinaria y equipos. Por otro lado, Ramírez aseguró que no se han elaborado las guías mineras ambientales par las regiones.
  
En Antioquia habrá tres puntos de concentración de los medianos y pequeños mineros, que serán definidos en una reunión este miércoles.

Fuente: http://bit.ly/1lsIS3i

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Los pequeños y medianos mineros agrupados en la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, anunciaron su participación en el nuevo paro nacional que iniciará a partir del próximo 28 de abril, según lo definieron en reuniones con las "dignidades agrarias" que han venido convocando esta nueva jornada de protesta.
 
Luz Estela Ramírez, directora ejecutiva de Conalminercol, indicó que la decisión de tomar parte en el nuevo paro nacional, se toma ante el poco avance en los diálogos con elGobierno Nacional para resolver los puntos del acuerdo suscrito el año pasado, que puso fin a la protesta que se realizó en todo el país durante casi un mes.

 
La señora Ramírez indicó que hasta ahora no ha sido posible que se expida un decreto de transición mientras sale el Proyecto de Ley que los reconozca como pequeña y mediana minería, pero además aún no se ha reglamentado el decreto 2235, que regula los operativos de destrucción de maquinaria y equipos, tal como se acordó para levantar el paro del año pasado.
 
Además, no se han podido elaborar guías mineras ambientales acordes con las características de cada región.
 
La directiva gremial indicó que la participación en el paro será civilista y democrática, pero en esta ocasión se acordó que habrá concentraciones conjunta de mineros, campesinos y personal del magisterio y la salud.
 
En el caso de Antioquia habrá tres puntos de concentración, los cuales se definirán en una reunión que habrá hoy.

El gobierno de Antioquia y las autoridades militares dispusieron el incremento de la fuerza pública en el corregimiento de Puerto Claver, comprensión municipal de El Bagre, ante el anuncio de las Farc de comenzar un paro armado desde esta madrugada, en ese sector del nordeste del departamento.

El secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, expresó que los alzados en armas hicieron circular un panfleto entre los pobladores del corregimiento sobre esas amenazas cuya veracidad es analizada por las autoridades. 

"Nosotros estamos haciendo acompañamiento a las autoridades de El Bagre y a los habitantes de Puerto Claver e hicimos un consejo de seguridad en el que se dispuso reforzar la presencia de las tropa" dijo el funcionario.

Agregó el señor Londoño Uribe que el anuncio del posible paro armado obedece a una estrategia de las Farc como reacción a que hace dos meses y medio ingresaron a la zona el Ejército y la Policía judicial y la Fiscalía contra bandas criminales e hicieron capturas de importantes cabecillas de ese grupo rebelde.

Añadió que aunque los pobladores sienten temor por las amenazas de los alzados en armas no se ha confirmado por ahora ningún desplazamiento de familias.

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Cerca de 200 mineros que permanecen en los puntos de concentración del paro en el municipio de Caucasia permanecen a la espera del documento que ratifica los acuerdosque suscribieron en la noche del viernes sus delegados y los representantes del Gobierno.

Ramiro Restrepo, presidente de la Confederación de Mineros de Colombia, aseguró que el lunes debe estar en poder de los negociadores el documento que entre otros acuerdos incluye un protocolo de aplicación del decreto 2235 que orden la destrucción de la maquinaria de los mineros informales.

"Solo falta que llegue el acta con las firmas de los ministros de Minas y Energía, Defensa y Ambiente, apenas lo tengamos damos la orden para desmontar los campamentos y retomar labores", aseguró el representante de los mineros.

Por su parte, el alcalde de Caucasia, José Nadín Arabia, aseguró que desde hace cerca de una semana se ha normalizado la situación en ese municipio, uno de los más afectados por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante la movilización minera.

"Quedan cerca de 200 personas en dos puntos de concentración pero la protesta es pacífica, en los últimos días ha habido total tranquilidad y ya se normalizó el comercio y el transporte. Están esperando el documento firmado con los compromisos del Gobierno para volver a trabajar", dijo el mandatario.

Además de los que se concentran en el Bajo Cauca antioqueño, otros grupos de mineros en el Magdalena Medio y en el Valle del Cauca se encuentran a la espera de la orden de levantar sus campamentos.

Fuente: http://bit.ly/15NWHPW

Por amenazas en su contra y de sus familias, 10 periodistas del Bajo Cauca antioqueño debieron abandonar sus hogares ante el recrudecimiento de las intimidaciones provenientes de manifestantes del paro minero que cumple 45 días en Antioquia. 

"Somos 10 a nivel del Bajo Cauca los periodistas que estamos amenazados, porque es una región bastante difícil y preocupante para nosotros los comunicadores. Hacer noticia es difícil y arriesgamos mucho por la situación que se presenta en esa región", puntualizóLéiderman Ortiz, reconocido periodista de Caucasia. 

Además, indicó que no hay garantías de seguridad y de ejercer el derecho a la información en la región, pues las autoridades, al parecer, desacreditan las amenazas. 

"No hay garantía por parte de las autoridades municipales y policía sobre las amenazas que se registran en contra de los periodistas, a raíz del paro de mineros y el cual algunos periodistas nos tuvimos que desplazar, como el de RCN, y el periodista de Caracol, que somos los que más manejamos el filtro de la información", concluyó. 

Fuente: http://bit.ly/15k2bEE

Aunque no se reportó obstrucción en el tráfico Montería - Medellín y viceversa, el temor logró apoderarse por un momento de los habitantes de Caucasia, donde a la 1:00 p. m. varios hombres que aparecieron desde un extremo de la vía utilizando una pistola obligaron al conductor de una tractomula a detenerse, le rociaron gasolina al vehículo y le prendieron fuego.

Como pudo el chofer logró salir cuando las llamas apenas empezaban a consumir al automotor por la parte frontal. Sin embargo, el hombre sufrió quemaduras de primer grado. Fue atendido de urgencia en un centro asistencial de ese municipio antioqueño.

La tractomula cubría la ruta Cali - Cartagena y transportaba hierro en barra al parecer para los terminales de carga del sector Mamonal.

El incendio del pesado vehículo fue apagado por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que permanece en Caucasia hasta nueva orden, toda vez que precisamente esa localidad del bajo Cauca hace dos semanas fue campo de batalla entre desconocidos manifestantes que se enfrentaron a la fuerza pública mientras se desarrollaba el paro de mineros.

Ninguna autoridad de Antioquia se ha pronunciado sobre este nuevo hecho, pero se cree que pudo ser otro coletazo de la protesta de los mineros, que durante una semana mantuvo varios bloqueos con afectación en los mercados de la costa.

Fuente: http://bit.ly/15OEzXP

Un sorpresivo cierre de la vía a la Costa Atlántica, en jurisdicción de Caucasia, se presenta este viernes en la tarde, después que revoltosos quemaron llantas, tumbaron árboles y montaron barricadas en la carretera.

El nuevo bloqueo se inició pasadas las 3:00 de la tarde, en el sector de Asovivienda, a la entrada del municipio, una cuadra después de un centro comercial.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de Caucasia, Juan Diego Calle, manifestó que este viernes en la mañana se cumplió la asamblea informativa de los mineros en el coliseo local, con buena asistencia, donde los líderes llamaron a la cordura, no invitaron a marchar ni a cerrar las vías, pero después "aparecieron los infiltrados que hacen el daño".

El directivo de la organización sostuvo que el comercio funcionó hasta mediodía y que el suyo fue el último establecimiento que permaneció abierto, hasta las 2:00 de la tarde. "Aquí no hay un solo local abierto", comentó, al anotar que las estaciones de servicio también cerraron.

Tras el bloqueo de la troncal, se movilizó la fuerza pública, aunque no se han desatado enfrentamientos directos entre efectivos y manifestantes.

Fuente: http://bit.ly/14adxdY

Con tendencia a la normalización de las actividades comerciales, académicas y de transporte, se vive la jornada de este jueves en municipios como Caucasia y Tarazá, epicentros del paro minero del Bajo Cauca antioqueño.

Aunque muchos almacenes, ferreterías y negocios de otro tipo siguen sin abrir, la mayoría lo hizo esta mañana en Caucasia y el hecho sobresaliente fue la reapertura de las estaciones de servicio de combustible que llevaban nueve días cerradas.

El general José David Guzmán, comandante de la Regional 6 de la Policía, aseguró que la situación de orden público está controlada y advirtió que continuará al frente de las acciones en la zona hasta que haya una declaratoria formal de las organizaciones mineras de levantamiento del paro que iniciaron el miércoles 17 de julio.

El alto oficial denunció que hay una campaña de desinformación de todo tipo para crear zozobra, anunciando nuevas marchas, y recalcó que el dispositivo de seguridad organizado con el Ejército se mantendrá hasta que sea necesario.

Si bien en la troncal a la Costa Atlántica se aprecia movimiento de tractomulas tanto hacia el Caribe como hacia el interior del país, no ocurre lo mismo con el transporte de pasajeros, pues las principales empresas que atienden la subregión como Expreso Brasilia y Rápido Ochoa aún no trabajan. Sólo Coonorte despachó los cuatro buses que tenía estacionados en la terminal de Caucasia hace una semana.

En la vía se aprecian los restos de los troncos de árboles gigantes que fueron derribados en la orilla para bloquear la carretera, que fueron retirados por efectivos de la Policía y el Ejército.

En el municipio de Tarazá la situación también retornó a la normalidad el jueves. La secretaria de Gobierno, Nuris Escobar, dijo que el comercio se normalizó, mientras que se reanudaron las clases en la zona urbana y en los corregimientos Barro Blanco y El 12.

"El problema es la tensión por la información que pasaron por las redes sociales",anotó la funcionaria, quien señaló que el peor momento fue el fin de semana cuando los manifestantes de Cáceres se vinieron hasta la entrada al municipio y generaron un cierre total del comercio y de la troncal.

Fuente: http://bit.ly/16fpgn6

Una difícil situación están viviendo los habitantes de los barrios donde se han desarrollado las protestas de los mineros, en el casco urbano del municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

En la zona se pueden ver los efectos de la destrucción causada por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública como ventanas y techos rotos, puertas y muros derribados, entre otros destrozos que perjudican a quienes no hacen parte del paro. 

Algunas personas empiezan a demandar ayudas de los Gobiernos, local y nacional, para reparar sus viviendas, en tanto que otros han optado por sacar sus enseres, abandonar las casas y trasladarse a otras zonas del pueblo.

"llevamos cinco días encerrados en las casas, las toman como trincheras. Además hemos tenido que soportar los gases lacrimógenos", anotó un habitante de esa localidad.

La destrucción no ha sido sólo en las viviendas sino, también, en los bienes públicos como cámaras de seguridad, semáforos, andenes, destrozos que las autoridades municipales estiman en 500 millones de pesos. 

Denuncias de los habitantes de Caucasia contra la fuerza pública

Habitantes de Caucasia ajenos al paro minero han comenzado a denunciar exceso en las actuaciones del grupo anti motines cometidos en el afán de contrarrestar a los revoltosos que han estado bloqueando la troncal a la costa caribe en la zona urbana del pueblo.

Los manifestantes, al acudir la policía, se repliegan y esconden en los barrios hasta donde ha llegado la fuerza pública y ha ingresado violentamente a algunas viviendas para perseguirlos.

Estas denuncias con fotos y videos están siendo colgadas en las redes sociales. Los habitantes de la población reclaman la presencia de la defensoría del pueblo y organismos defensores de derechos humanos para evitar que estos hechos sigan ocurriendo.

Las denuncias señalan que los oficiales lanzan gases lacrimógenos al interior de las viviendas de personas que no están participando en la protesta. Toda esta situación comenzó a generar un malestar que puede llevar a que se complique aún más la situación de orden público en esta zona de Antioquia. 

El comercio en Caucasia denuncia pérdidas incalculables por el paro minero

Comerciantes de Caucasia denuncian saqueos por parte de los manifestantes del paro minero en este municipio del bajo cauca antioqueño. Juan Diego Calle, presidente de la Asociación de Comerciantes de la población declaró que la situación se salió de las manos.

"Ya se han presentado saqueos a almacenes, locales y bodegas por parte de los manifestantes. La situación ya es más que complicada, por eso el Gobierno Nacional debe buscar una salida urgente", resaltó el señor Calle.

El representante de los comerciantes aseguró que es difícil calcular las millonarias pérdidas para este sector luego de cinco días de paro minero, dada la importancia que tiene esta localidad para la subregión del bajo cauca. 

Ante la situación, los comerciantes hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que busque soluciones lo más pronto posible que logren acabar con dicho problema.

Por su parte, el alcalde de Caucasia, José Nadín Arabia, manifestó que los disturbios ya dejan destrozos por valor de 500 millones de pesos en semaforización y en vías.

Fuente: http://bit.ly/12ZfE1i