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En promedio, en un día, se erradican 231 hectáreas de coca

Colombia viene cumpliendo al pie de la letra la tarea puesta para este año en erradicación forzada: arrancar 80.000 de las 169.000 hectáreas sembradas con matas de coca que fueron detectadas por Naciones Unidas durante 2018.

Cada día, los integrantes de la Fuerza Pública están eliminando, en promedio, 231 hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito. Entre el 1.º de enero y el 10 de octubre han erradicado 65.231, lo que equivale al 81,65 por ciento de la meta.

Esta cifra es ambivalente si se tiene en cuenta que la proyección de la resiembra está en un 35 o 40 por ciento.

Son 150 Grupos Móviles de Erradicación –civiles que apoyan a la Fuerza Pública en las operaciones de erradicación– que han facilitado que el Ejército haya arrancado 34.073 hectáreas de coca y la Policía, 31.284. De estas, 13.274 bajo la modalidad de aspersión terrestre.

La Policía priorizó los departamentos de Nariño, donde se han erradicado 13.114; Antioquia, con 8.070, y Putumayo, con 6.244.

El trabajo de la Fuerza Pública se ve torpedeado con los llamados bloqueos sociales, que son grupos de campesinos que se oponen a la erradicación y que se trasladan a los puntos de intervención para impedir la labor de los uniformados. Este año se han registrado 42 bloqueos graves, y el último cobró la vida de un militar en el Bajo Cauca.

El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, aseguró a EL TIEMPO que la meta de erradicación se va a cumplir y hasta a superar, pero resaltó que a un costo muy elevado porque en medio de esta actividad “12 uniformados han sido asesinados durante este gobierno y 85 han resultado heridos, la gran mayoría con mutilaciones por la activación de campos minados”.

Reiteró que para salvar la vida de los uniformados “la aspersión aérea sigue siendo una opción que no puede descartarse. Y para ellos (militares y policías) también debe operar el principio de precaución”.

Fuente: http://bit.ly/32bA5KC

Hallan narco-laboratorio subterráneo

En su labor para erradicar cultivos ilícitos, mantener su tendencia a la baja y contrarrestar el accionar de los grupos al margen de la ley, Las Fuerzas Militares y la Policía se han encontrado en el Bajo Cauca antioqueño con sorpresas como la de un laboratorio subterráneo para el procesamiento de cocaína.

La situación en la región es crítica, ya que a los enfrentamientos entre el ‘Clan del Golfo’, el Eln, las disidencias de las Farc y ‘Los Caparros’, se suma la delincuencia común.

De acuerdo con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, general Alberto Rodríguez Sánchez, “para nadie es un secreto que el narcotráfico es un factor de inestabilidad que carcome al país y que está matando a nuestros jóvenes y niños, y por esta razón estamos atacando a ese flagelo, a la minería ilegal y a la extorsión en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba”.

“Recibimos esta región en cuidados intensivos y por ello adelantamos un trabajo militar y policial en por lo menos 14 municipios, 864 veredas y 45 corregimientos para evitar  que los campesinos sean blanco de los delincuentes”, explicó.

En la zona, como ocurre en muchas otras del país, los grupos armados organizados están enfrentados por el control del corredor de movilidad para sacar la cocaína hacia Venezuela o hacia el Caribe. “Aquí los delincuentes andan de civil, hay sicarios y muchos de los homicidios que se registran en esta jurisdicción obedecen a enfrentamientos entre ellos y no campesinos como se quiere hacer creer”, indicó.

Agregó que “en cumplimiento de su deber ya nos han asesinado a cinco uniformados en los últimos 15 días”.

Afirmó Rodríguez Sánchez que “el Eln aúpa a los campesinos para que con machetes y palos ataquen a los soldados y nosotros lo único que hacemos es rehuir al contacto con ellos, porque sabemos que son manipulados”.

Por su parte, el jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, coronel  Héctor Iván Macías Martínez, expresó que “actualmente adelantamos operaciones en Anori, Cáceres, Tarazá, Valdivia, Zaragoza, Nechí y El Bagre, en Antioquia y en Ayapel, La Apartada, Puerto Libertador, Montelíbano,  San José de Ure, Buenaviasta y Tierralta, en Córdoba y en San Pablo, en el sur de Bolívar”.

Aseguró que en esta vasta región se encuentran representantes del narcotráfico de la primera generación, es decir, de los carteles de Medellín y Cali; de la segunda de las Autodefensas Campesinas, del Cartel del Norte del Valle con 43 estructuras y la tercera generación cuando surgieron las bandas criminales, algunos rezagos de las Autodefensas Campesinas, el Clan Usuga, Los Rastrojos, Erpac, las Águilas Negras, Los Paisas y la Oficina de Envigado.

El coronel Macías Martínez señaló que “aquí empezamos a tener informaciones de nexos entre estas redes y los carteles de la droga mexicanos.

Pero algo que les llamó poderosamente la atención fue que las tropas descubrieron un laboratorio subterráneo para el proceso del clorhidrato de cocaína y que incluso sirvió para que uno de los cabecillas de un grupo armado se ocultara para evadir la acción de las autoridades.

Igualmente reveló que cada día aparecen nuevos esquemas y sistemas para el lavado de activos para burlar la acción de las autoridades con el empleo de los llamados “invisibles”, es decir, personas de bajo perfil en la sociedad, pero con conexiones y con amplios conocimientos para el manejo de ese dinero.

Además, expresó, que grandes cantidades de base de cocaína  y de clorhidrato que no pueden salir del país pasan al consumo interno a través del llamado microtráfico, generando multimillonarias sumas de dinero.

“Los bandidos inician el negocio del microtráfico con muestras gratis o consumo gratuito para generar dependencia  y así garantizar su consumo y obtener  grandes cantidades de dinero”, agregó el coronel Macías Martínez.

Alta cuota de sangre

Por su parte, el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez Trujillo, reveló que en desarrollo de operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en el Bajo Cauca Antioqueño y en el sur de Córdoba, han sido asesinados cinco militares en los últimos 15 días.

El oficial precisó que el pasado 3 de septiembre en el sitio conocido como El Toro, en zona rural de Caucasia, fueron asesinados los soldados profesionales Samir Castillo Rojas, Harold Rojas y José Isaías Ramírez y el cabo primero Jesús Medina Sánchez, mientras que dos oficiales fueron remitidos al hospital local donde se recuperan de sus heridas.

Y, el martes 10 de septiembre fue asesinado el cabo segundo Giovanny Chacón Rentería por un francotirador de la guerrilla del Eln en la vereda La Paulina, mientras campesinos protestaban por la erradicación de los cultivos de hoja de coca.

También contó que “en el día contamos con cinco frentes de trabajo de erradicación, mientras que las operaciones militares y policiales se cumplen las 24 horas del día y prueba de ello es que en lo corrido del presente año ya registramos 80 combates y de la mano de la Fiscalía cada vez recuperamos más territorios”.

Explicó que gracias a la campaña Aquiles en menos de 15 días el Eln perdió el mando y el control sobre la “Compañía Tarazá”, pues fue abatido su cabecilla y capturados otros tres de sus mandos.

Dijo que la meta es erradicar 22.500 hectáreas de cultivos de coca, 15 mil hectáreas por parte de la Policía y 7.500 por parte del Ejército, al tiempo que se ejerce un estricto control para evitar la resiembra y la creación de otros cultivos. Agregó que a la fecha ya han sido erradicadas 11.241.98 hectáreas de hoja de coca.

Indicó se han decomisado 60 dragas, destruido 43 cocinas o laboratorios artesanales para la producción de base de coca, hallado y destruidos 34 depósitos ilegales y decomisado 5.000 galones de precursores químicos y de 4.821 kilos de insumos sólidos. A la fecha ya han sido erradicadas 11.241.98 hectáreas de hoja de coca.

Informó que en desarrollo de las operaciones han sido abatidos 13 supuestos integrantes de los grupos armados organizados; capturados 34 presuntos integrantes del Eln;  249 del Clan del Golfo; 150 de  Los Caparros y 122 delincuentes comunes.

Fuente: http://bit.ly/32MXPor

 

Antioquia hace primer pago a indígenas por cuidar bosques

La gobernación de Antioquia entregó 550 millones de pesos a 11 resguardos indígenas del departamento al ser incluidos en el programa Pago por Servicios Ambientales cuyo propósito es compensar económicamente a los nativos por la protección y preservación de los bosques.

Los beneficiados precisaron que el dinero recibido será destinado en el mejoramiento de sus territorios, es decir que lo invertirán en sistemas de acueductoreforestaciónsiembra de plantas sagradasconstrucción de casetas comunales, adecuación de puentes e implementación de proyectos productivos.

El dinero es entregado mediante la estrategia BanCO2 que vincula a campesinos e indígenas en la conservación de bosques,páramos y humedales, importantes ecosistemas naturales y así ayudar aproporcionar alimentos nutritivos y agua limpia, regular las enfermedades y el clima, apoyar la polinización de cultivos, y ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales.

Las comunidades que recibieron este primer pago son Cristianía (Karmata Rúa), en Andes y Jardín; Hermeregildo Chakiama, en Ciudad Bolívar; Tagual La Pó, en Segovia; Pablo Muera y Vegas de Segovia, en Zaragoza; Carupia y Alto El Tigre, en Cáceres;Jaidezavi, en Tarazá; Los Almendros y Sohibadó, en El Bagre; y Marcelino Tascón, en Valparaíso.

Fuente: http://bit.ly/2HxMdgy

Campesinos de Cáceres exigen cumplimento del PNIS

La Caravana Humanitaria por la Paz recorrerá el municipio de Cáceres y llegará hasta el corregimiento El Tigre, una de las zonas más violentas en los últimos años en la subregión del bajo Cauca.

Allí líderes sociales del resto de Antioquia, ONG's y con el acompañamiento de la ONU, escucharán las exposiciones sobre los problemas más urgentes de la población, que demandan soluciones inmediatas.

Como en los demás municipios ya recorridos por la caravana -Valdivia y Tarazá-, allí, en El Tigre, se han observado dos problemas puntuales, entre muchos. Uno está ligado con las condiciones de seguridad, y el otro con el supuesto incumplimiento del Gobierno Nacional con el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, PNIS.

Según la denuncia de los campesinos, a través de Caracol Radio, y en las reuniones con líderes de la Caravana, estas familias “están aguantando hambre por esta conducta del actual presidente Iván Duque”.

"Es un territorio donde el gobierno no ha cumplido y el campesino está sufriendo bastante y económicamente no tiene con qué sobrevivir. Lo otro es la seguridad del territorio, aunque en los últimos días ha estado bastante calmado", confirmó a Caracol Radio, Horacio Rendón, líder social de Cáceres.

Finalmente, destacó la iniciativa de la Caravana por la Paz, y reconoció que el Bajo Cauca “es un territorio bastante olvidado por el Estado”, y admitió que estos espacios son propicios para visibilizar los problemas, y lo más importante, para que el Gobierno Nacional ‘se toque el corazón y vuelque la mirada a Cáceres’", remarcó el señor Rendón.

Fuente: http://bit.ly/32aBSzc

Inicia en Antioquia programa de protección a líderes de sustitución de cultivos

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación socializó en Medellín el plan de acción para reforzar la seguridad y la protección de líderes de poblaciones vinculadas al programa de sustitución de cultivos ilícitos, ubicadas en Ituango, Briceño, Cáceres, Tarazá y Anorí.

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Catalina Rojas, jefe de Gabinete de la Consejería, manifestó que durante la reunión se explicó la ruta de atención que se va a tener para proteger a estos líderes. Se contó con la participación de organismos internacionales, como la  Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de Organización de Estados Americanos (MappOEA) y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

"El objetivo es socializar la ruta de atención para proteger a los líderes que hacen parte del programa de sustitución. Decirles que el Gobierno está comprometido en la implementación del acuerdo y en el cumplimiento a las familias que hacen parte del proyecto. Identificamos retos y acciones a mejorar", señaló.

La funcionaria agregó que "se desplegó un equipo para socializar el plan de acción en Medellín. Tuvimos la oportunidad de hablar con líderes de la región, de los cinco municipios donde se está implementando el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Participaron delegados de la Procuraduría, la Defensoría, las alcaldías y la Gobernación de Antioquia".

Catalina Rojas indicó que en 15 días se realizará una nueva reunión con los líderes en Antioquia para responder a distintas inquietudes que surgieron en la última jornada.

De acuerdo con cifras oficiales, desde la firma del los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farcse tiene registro de 58 homicidios de líderes del programa de sustitución.

El programa fue implementado por parte del Gobierno Nacional en doce regiones del país, en donde, según las autoridades, se ha evidenciado la mayor cantidad de situaciones de riesgo que podrían amenazar la integridad de los líderes de sustitución de cultivos ilícitos de hoja de coca.

Fuente: http://bit.ly/30Bmjjg

Dos soldados muertos y tres heridos por minas antipersonal en Taraza

Mientras realizaban labores contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos en el del Bajo Cauca antioqueño, Miguel Ángel Manco Torres y Adair Alfonso Peralta Urango, soldados de la Séptima División del Ejército Nacional, fallecieron al ser víctimas de un área minada en la vereda La

Embaretada en el Cañón de Iglesias del municipio de Tarazá.

Según informa el Ejército, el área minada habría sido ubicada por criminales pertenecientes al grupo armado organizado residual Estructura 18, en una alianza delictiva con “Los Caparrapos”, quienes delinquen en esta región.

Tres militares resultaron heridos en el mismo suceso, los cuales fueron evacuados en helicópteros y acondicionados especialmente para esta clase de emergencias.

El Brigadier General, Juan Carlos Ramírez Trujillo, confirmó que por tierra y por aire enviaron más tropas para ubicar más explosivos y para perseguir a los responsables de este hecho.

Fuente: http://bit.ly/2v026WE

Fuerza Pública destruyó 25 laboratorios de base de coca en Bajo Cauca

Un operativo conjunto, Policía, Ejército y Fiscalía, arrojó el hallazgo y destrucción, en los municipios de Valdivia, Taraza y Nechí, de 25 laboratorios para el procesamiento de base de cocaína, reportaron fuentes oficiales, este jueves.

En los procedimientos, reveló el informe, se destruyeron 864 kilos de base de cocaína avaluados en 132 millones de pesos, 25.495 galones de insumos líquidos avaluados en 34 millones de pesos, 3.467 kilos de insumos sólidos, 13 escurridores, 7 prensas manuales y 66 infraestructuras para la obtención de pasta de base de coca.

Según la Policía, con la destrucción de estos laboratorios se afectan las finanzas criminales del frente Darío Ramírez Castro o compañía Héroes de Tarazá del ELN en el Bajo Cauca, “responsables de los artefactos explosivos que han cobrado la vida en este territorio de un erradicado y han infiltrado a la comunidad para obligarlos a bloquear e impedir el accionar de la Fuerza Pública y para atentar contra las unidades de la Policía de Antinarcóticos”.

El general Carlos Rodríguez, comandante de la Región 6 de la Policía, indicó que en la zona hay presencia del ELN, disidencias de las Farc, las bandas criminales, Caparrapos y el clan del Golfo, que sostienen un enfrentamiento a sangre y fuego por rentas criminales asociadas al narcotráfico. Agregó que en combates con esas estructuras resultó herido un teniente.

“Se tiene conocimiento que, generalmente, el propietario (de los laboratorios) es el ELN, con quien se ha tenido enfrentamiento. El pasado 23 de diciembre fueron retenidos cinco comandos de la Dirección de Antinarcóticos y gracias a intervención del Esmad de la Policía se logró la liberación de cuatro de ellos. Luego, con la mediación del párroco y el alcalde de Valdivia, fue entregado el otro comando”, anotó el general Rodríguez.

En lo corrido del año, apuntó la Policía, se han destruido más de 115 laboratorios para el procesamiento de base de cocaína y se ha incautado cerca de una tonelada de esas sustancias.

Fuente: http://bit.ly/2QSDNqX

Disidencias Farc, ELN y Caparrapos se unen por narcotráfico en Bajo Cauca

La Séptima División del Ejército denunció que los grupos ilegales disidencias de los frentes 36 y 18 de las antiguasFarcELN y los denominados Caparraposfortalecenalianzas en el bajo Cauca y sur de Córdoba para controlar los cultivos ilícitos, el procesamiento de la coca y las rutas del narcotráfico.

El Ejército aseguró que esta nueva alianza está obligando a los campesinos de la zona a trabajar para ellos; además, tienen la firme decisión de hacerle frente la banda criminal Clan del Golfo que controla gran parte de esas área de los dos departamentos. Las fuerzas militares llaman la alianza, una asociación entre narcotraficantes.

“Hay confrontación entre ese grupo de narcotraficantes asociados y el Clan del Golfo. Estamos combatiendo a unos y otros para evitar que debido a sus actividades delictivas dedicadas al narcotráficominería y laextorsión, resulte afectada la población civil”, explicó el comandante de la Séptima División del Ejército, general Alberto Sepúlveda Riaño.

También reveló que esta alianza obliga a campesinos del Bajo Cauca y sur de Córdoba a cometer actos ilícitos y quienes no accedan sufren las consecuencias, son desplazados y, en el peor de los casos, asesinados.

“Se encargan de montar todo un encadenamiento que comienza con intimidar y someter a algunas comunidades para la siembra de la hoja de coca, a otros los obligan, a mover insumos, a otros a trabajar en los laboratorios”, recalcó el general Sepúlveda.

El oficial también explicó que las confrontaciones se deben a la defensa de las rutas de narcotráfico por las que intentan llevar la droga hasta la costa Atlántica y de ahí a los Estados Unidos y Europa, recalcó el alto oficial.

Fuente: http://bit.ly/2BJKeUg

Fumigación con drones en cultivos de coca en Antioquia iniciará este viernes

En compañía del Ejército y la Policía Antinarcóticos, una empresa privada implementará a partir de este viernes la fumigación con dos drones en las más de 15.000 hectáreas de plantaciones de coca que se registran hasta ahora en el departamento.

Este mecanismo de precisión se desarrollará con el polémico glifosato en seis municipios del Bajo Cauca, región que concentra hasta un 70% de estas plantaciones.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, usualmente los controladores de los drones pueden fumigar hasta 4.5 hectáreas cada día, pero por las condiciones geográficas del departamento se hará a un ritmo de seis hectáreas diarias.

"Empezaremos con dos drones que ellos usualmente fumigan 4.5 hectáreas por día. Se espera que en Antioquia, por lo escarpado que es y por lo separado que están los cultivos, se tenga un rendimiento de tres hectáreas diarias por cada dron", agregó.

Cada dron tiene un costo de $1’200.000 al día y ya están financiados para los próximos gobiernos departamentales.

Además, la Secretaría de Gobierno dotará con sensores a las unidades antinarcóticos para que cada tres meses entreguen un reporte actualizado con el número de hectáreas que hay en el departamento.

A pesar de este trabajo con drones, las autoridades continuarán con los procesos de erradicación manual de cultivos ilícitos.

Fuente: http://bit.ly/2NzrglK

Duque convocó consejo de seguridad en Caucasia por crisis de orden público

El presidente Iván Duque tenía en su agenda de este jueves ir a Cartagena para participar en el Congreso Internacional de Transporte de Carga. Sin embargo, canceló ese viaje y convocó a un consejo extraordinario de seguridad en Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño, luego de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le enviara el martes pasado una carta pidiéndole ayuda por la situación de orden público.

El objetivo del consejo de seguridad es tomar medidas ante los problemas de seguridad en la subregión de Antioquia, donde, según el gobernador, hay un aumento de homicidios este año del 210 %. Se trata de una región donde coinciden el Clan del Golfo y Los Caparrapos, el ELN y las disidencias de las Farc, dedicados a la minería ilegal, el cultivo de hoja de coca, la extorsión y la venta de alucinógenos.

En el consejo de seguridad, además, se va a responder por la denuncia y las quejas con el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Según el gobernador, el Gobierno Nacional inscribió a 12.000 familias al programa de sustitución y ahora les ha incumplido con el pago, lo que habría incrementado las amenazas por parte de los grupos delincuenciales.

Al consejo de seguridad asistirá el presidente, su ministro de Defensa, la cúpula militar, las autoridades departamentales y los alcaldes de la subregión. 

 

Homicidios en Bajo Cauca antioqueño subieron 200 por ciento

En una carta dirigida al presidente Iván Duque, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le pidió intervención de carácter urgente debido a la gravedad de la situación por la que está pasando el Bajo Cauca antioqueño, causada por la lucha de grupos ilegales como el 'clan de Golfo', los 'Caparrapos', el Eln y las disidencias de las Farc.

Según cifras compartidas por Pérez, la gravedad del asunto radica en que entre 2017 y 2018, los asesinatos aumentaron un 200 por ciento. El año pasado se presentaron 96 homicidios en esta región, mientras que hasta el 2 de octubre de este año, se registraron 298 muertes violentas.

En la misiva, el gobernador expone que la zona superó la capacidad del Estado para asumir el control de los territorios afectados por el crecimiento de cultivos ilícitos y de minería ilegal.

El funcionario le pidió al mandatario su accionar para mitigar la situación. "Los problemas criminales del Bajo Cauca necesitan intervención integral, pues además, las promesas del Gobierno Nacional de apoyar a los que erradiquen voluntariamente los cultivos ilícitos fueron un engaño y han creado un caos social que estimula con agresividad la ilegalidad", dicta la carta.

En el consejo de seguridad que tuvo lugar en la mañana de este martes 2 de octubre, el mandatario se refirió al hecho explicando que la situación de guerra que se presenta en el Bajo Cauca superó la capacidad de las fuerzas de seguridad nacional, por lo que considera que es un problema de carácter presidencial.

"El gobernador no puede crear más policía ni puede tomar decisiones que le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, por eso pido intervención al Gobierno", manifestó el gobernador.

También aseguró que el próximo martes 9 de octubre serán convocados integrantes de Mineros S.A para identificar las zonas en las que operan maquinarias de extracción ilegal y comenzar a implementar acciones.

Fuente: http://bit.ly/2yfUfFv

Atacan a grupo de erradicadores de cultivos ilícitos en Cáceres

Según la Policía en Antioquia, hombres adscritos a la Unidad Antinarcóticos avanzaban en la erradicación manual de cultivos cuando fueron atacados con arma de fuego.

Los uniformados respondieron al ataque y posteriormente inspeccionaron la zona y encontraron material explosivo y 14 minas antipersona.

El día de ayer, un reducto del ELN atacó una patrulla en la vereda El Dorado de Cáceres. Este hostigamiento se realizó en un lapso de 15 minutos. Al verificar la zona se constató que se encontraban instalando artefactos explosivos y minas antipersona”, declaró el coronel José James Roa, jefe de erradicación manual.

Fuente: http://bit.ly/2Nccaq1

En el Bajo Cauca hay que ser ciego, sordo y mudo

Este año han asesinado a ocho líderes sociales en el Bajo Cauca antioqueño: cuatro en Cáceres, dos en Caucasia y dos en Tarazá. Pero ellos no son los únicos muertos. Van 334 homicidios.

Entender las causas de la muerte allí es tan complejo como entender el contexto de una subregión que vive disputas entre grupos residuales de las AUC, brazos armados del ELN, el proceso de reinserción de las Farc y un proyecto para sustituir cultivos de coca voluntariamente.

Mientras, sus habitantes sufren no solo las consecuencias de esos problemas, sino también los coletazos de la emergencia en Hidroituango, y su economía (cuyo motor es la minería informal) cada vez se atranca más.

Una estela de guerra

Siete horas en bus de Medellín a Caucasia. En el camino se pasa de largo por Valdivia, Tarazá y Cáceres, donde está el 70 por ciento de la coca de Antioquia.

En las extensas zonas rurales que separan los cascos urbanos, dicen los que saben que se encuentran los grupos armados que desde hace más de veinte años se disputan o se comparten el control de una de las zonas más geoestratégicas para el tráfico de los negocios ilícitos en Colombia.

Grupos que están expulsando gente: las cifras de la Alcaldía de Medellín, a donde suelen huir los desplazados antioqueños, muestran la llegada de 3.336 desplazados del Bajo Cauca entre enero y junio de este año.

Tarazá es el municipio más expulsor con más de dos mil personas que arribaron a la ciudad, casi el mismo número de las que salieron del municipio, una cifra que venía bajando desde 2013, cuando tuvo 2.475 mil expulsados, según el Registro Único de Víctimas. En lo que va del año, el número de desplazados superó el de todo el 2017 en un 485 por ciento.

Pero a Medellín no llegan ni la mitad de los desplazados de Cáceres, que son 2.571 en lo que va del año; y de Caucasia han llegado a la capital 368 personas de las 591 que han huido del municipio.

Allí son más los que se quedan.

Un señor de 60 años, nativo de Caucasia, me dijo: “He visto peores tormentas en todos los años que he vivido acá”.

La última la vivió entre el 2008 y el 2012, pues luego de la extradición de Macaco y Cuco Vanoy, mandos importantes de las AUC en la subregión, se disputaron el control las Águilas Negras, aliados con los Caparrapos, y Los Rastrojos.

En 2010 hubo más de 40 ataques con granadas o petardos en lugares de comercio de Caucasia, según el Distrito de Policía Especial para el Bajo Cauca. Ese mismo año fue el de más homicidios en la historia del municipio: 128; y el de más desplazamientos en la subregión con nueve mil en los últimos diez años, según el Registro Único para las Víctimas (RUV).

Fue una guerra muy parecida a la que se vive ahora.

Luego, la región vivió una tensa tranquilidad desde 2012 cuando las Águilas Negras y Los Rastrojos llegaron a un acuerdo para unirse y convertirse en los frentes Julio César Vargas, Francisco Morelos Peñalta y el de Virgilio Peralta Arenas adscritos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Se rompió cuando este último, más conocido como los Caparrapos -dicen que porque varios de sus miembros iniciales venían de Caparrapí, en Cundinamarca-, decidió declararse disidencia a finales del año pasado.

Tener la suerte de que la guerra no te toque

 

 

La nueva guerra empezó con alertas.

En la madrugada del 29 de diciembre del 2017 estalló un artefacto en Bora Bora, una de las discotecas más grandes de Caucasia, que dejó 39 heridos.

En enero, hombres armados llegaron a siete veredas de Cáceres para anunciar enfrentamientos y pedirle a los habitantes abandonar sus casas, por lo que se desplazaron 356 personas, el primer desplazamiento masivo de los cinco que se dieron ese mismo mes dejando 1.695 personas afectadas, según alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes corren peligro?

En Caucasia, la respuesta del señor del mototaxi, de la señora que atiende en la cafetería, de líderes, fuentes oficiales y conocedores del municipio coinciden: “la persona de bien, vive bien”, “si no te metes con ellos, puedes estar tranquilo”.

Según fuentes de la Policía, los 94 homicidios registrados en Caucasia este año hasta el viernes 27 de julio, son fruto de la guerra entre el Clan y los Caparrapos, y por eso las víctimas eran, en su mayoría, vendedores de drogas, campaneros, extorsionistas, sicarios, paga diarios y colaboradores de esos dos grupos.

Pero el riesgo no solo es hacer parte de ellos.

La noche en la que asesinaron a Robert Jaraba, uno de los ocho líderes asesinados en el Bajo Cauca, un familiar le recomendó no salir de fiesta porque la ciudad estaba peligrosa. “Yo no le debo nada a nadie”, respondió.

Y no es la única historia. Dos líderes del municipio recordaron el homicidio de Juan Carlos Zabala en enero, un joven que nada tenía que ver con las bandas del barrio, pero al que le dispararon poco después de haber denunciado en la Policía una olla cerca de su casa.

“Si te matan a un ser querido, llóralo, entiérralo y no más”, explica una líder que recuerda que en alguna ocasión quiso convocar una marcha por la vida, pero rápidamente le llegaron rumores de que era mejor que no lo hiciera.

Rumores, eso es lo que llega y es suficiente para causar temor y coartar a las personas. Un enlace de la Mesa de Víctimas de Caucasia contó que su trabajo se ha apaciguado desde que empezaron los ataques a líderes sociales. No han querido moverse ni hacerse visibles pues, aunque no han recibido amenaza directa, el miedo está.

Además, sus dos hijas tuvieron que desplazarse a Medellín: una fue abordada por dos hombres en una moto que “se burlaron de ella por ser lesbiana” y le advirtieron que no la querían ver en la ciudad. La otra, luego de ver cómo un conocido suyo le disparó a un hombre, decidió irse por temor a que tomara represalias en su contra.

Otros enlaces de la Mesa de Víctimas que lideraban los temas de jóvenes y desaparición forzada salieron de Caucasia porque sentían miedo de realizar su trabajo allí, según esta fuente.

La muerte no solo llega por ser líder

En esa revuelta murieron Ana María Cortés, en Cáceres; y Robert Jaraba, en Caucasia. Son los dos asesinatos de líderes más recientes, en el mes y medio que va después de la segunda vuelta presidencial. Ella, líder política; él, líder sindical.

Ana María Cortés fue asesinada el 4 de julio a eso de las 7 de la noche a la entrada del pueblo, en una cafetería que visitaba diariamente. Robert Jaraba, cerca de la medianoche del 16 de julio, en Noche de Reinas, uno de los dos burdeles más conocidos de la ciudad.

Ambas muertes se enmarcan en la guerra que se anunció a finales del año pasado.

Que eran líderes es una realidad.

Cortés lo fue en la campaña de la Colombia Humana en Cáceres, coinciden las personas que acompañaron el nodo en el pueblo y Edith Navarro, encargada de la campaña en el Bajo Cauca.

Era más que una colaboradora: convocó, organizó y compartió la propuesta de Petro en el casco urbano, además de ser testigo electoral en las votaciones.

Sin embargo, ni ella ni su grupo de seis personas en la Colombia Humana recibieron amenazas en medio de la campaña; no hubo denuncias de constreñimiento y ni siquiera quienes se adentraron a las zonas montañosas, donde hay mayor presencia de ilegales, recibieron un mensaje negativo por esa actividad.

“No le conocimos un contexto muy profundo de ser líder social, a ella le gustaba más eso de la política” dijo un cercano suyo, que habló, como la mayoría de fuentes de esta historia, bajo la condición de proteger su identidad por miedo a la violencia.

Lo confirmaron dos personas más que viven en el pueblo hace más de diez años.

El personero Anderson Piedrahita corroboró que Ana María no hacía parte de ninguna asociación o junta de acción comunal. Pero con fechas imprecisas, se sabe que trabajó en la Personería de la alcaldía de Davinson Correa (2008-2011), para quien también hizo campaña en su momento.

Durante la emergencia de Hidroituango en mayo, tomó la vocería en el punto de encuentro dispuesto en Cáceres para los afectados exigiendo ayudas humanitarias.

La líder de la Colombia Humana, según cinco fuentes, había vuelto a su pueblo a principio de este año, pues en los últimos dos se había desplazado a Medellín por amenazas que no pudimos identificar.

Una fuente cercana a ella contó que desde entonces la Policía la perseguía y la abordaba en la cafetería que visitaba a diario en Cáceres. Piedrahita confirmó que Ana María hizo dos quejas por malos procedimientos policivos, pero que en ninguno expresó amenazas de la institución.

Uno de sus amigos más cercanos nos dijo que dos días antes de su muerte le comentó que había regresado al pueblo porque quería saludar a su familia, pero que sabía bien que no podía volver, y por eso pensaba dejar el municipio lo antes posible. No alcanzó.

Por su parte, Robert Jaraba también era reconocido como líder en Cerro Matoso, empresa para la que trabajó 16 años en Montelíbano, sur de Córdoba, donde se vive una guerra muy parecida a la del Bajo Cauca como contamos. Pero visitaba con frecuencia Caucasia, que queda a menos de una hora, pues allí nació y vive la mayoría de su familia.

Jaraba, quien era operador de máquinas en la Mina e hizo parte del Comité de Certificación del Sena que capacitó a unos 140 trabajadores de la empresa, fue uno de los fundadores del sindicato Sintramineros en 2012.

Como en el caso de Cortés, sus compañeros del sindicato y familiares niegan que su papel ahí fuera fruto de incomodidad para alguien.

“A él no le gustaba enfrentarse y pelear con los directivos, sino más bien encontrar soluciones prácticas para ambos”, dice uno de sus seres más queridos.

Aunque tenía una lucha por tierras, no era un líder de ese sector.

Desde diciembre del 2017 llevaba el proceso de reclamación de un predio llamado Las Delicias, en la vereda La Mojosa, Cáceres, que le despojó el exparamilitar ´Macaco’ a su padre Atilano en 1998.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, no manifestó amenazas por esa actividad; de hecho, era el único entusiasmado de la familia porque creía que ya estaban cerca de recuperar su finca, aunque el proceso apenas está en estudio formal.

Sus más allegados también desmienten lo que se difundió en prensa sobre un ataque personal que recibió semanas antes de su muerte. El hecho fue en enero; dos hombres en moto le tiraron una piedra al ventanal de su casa en Montelíbano. Nunca pudieron identificar el porqué.

En los dos casos, las autoridades dicen por fuera de micrófonos que los asesinatos no se deben a su condición de líderes.

Información extraoficial de la Policía arroja que Cortés estaba siendo investigada por pertenecer al Clan del Golfo y tenía un hijo en la organización criminal. Efectivamente, a los trece días del homicidio, el Ejército capturó su hijo, Camilo Andrés Chaverra Cortés, presunto integrante del Clan del Golfo.

Esa versión responsabiliza la muerte de Cortés a los Caparrapos, grupo para el que supuestamente ella trabajó en el pasado, antes de abandonar el pueblo, hace más o menos dos años.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que tienen pruebas contundentes de que el autor del crimen sería alias “Jonás”, líder de los Caparrapos.

Según esta misma fuente, hay indicios de que la muerte de Robert tuvo que ver con su hermano Anuar, quien es el cuñado de alias Carlitos, un caparrapo de Caucasia que fue herido de bala el 14 de julio y murió el mismo día que el líder de Cerro Matoso.

La teoría que comparten algunos familiares es que al que querían matar era a su hermano y pudo ser un error porque los dos se parecían físicamente. Ninguno se imaginó que Robert pudiera morir de esa forma, “él siempre le huía a los problemas”.

Esta semana la Policía capturó al presunto asesino: alias Cristian, quien se desempeñaba como sicario de los Caparrapos en Caucasia, según las autoridades.

Pero el liderazgo vulnerado en el Bajo Cauca va más allá, y se concentra más que todo en las veredas, entre cultivos de coca y el asedio de Clan del Golfo y los Caparrapos.

Fuente: http://bit.ly/2NVhDia

Campesinos volverían a la siembra de coca por incumplimientos del Gobierno

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), advirtió que está en riesgo de fracasar el programa de sustitución de cultivos, por supuestos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional en la ruta de trabajo planteada desde se pusieron en marcha los procesos de sustitución.

José David Hernández coordinador del programa en Antioquia, explicó que, por ejemplo, en Briceño los campesinos ya desmontaron los cultivos de coca y que desde hace varios meses esperan el soporte técnico del gobierno para cultivar otro alimento.

Esta situación, según el líder departamental, llevaría a que los campesinos vuelvan a sembrar la coca, primero porque es lo que saben hacer y segundo para obtener su sustento económico.

“Nosotros no queremos seguir el programa porque como líderes fracasa nuestro trabajo, porque nosotros apoyamos al campesino y creemos en el programa, le hemos dicho a los compañeros que podemos vivir de otras economías pero el Gobierno no se preocupa por carreteras, por lo que vamos a producir, al Gobierno no le interesa que el campesino aguante hambre”, dijo el señor José.

Añadió inclusive, que los cultivadores se arriesgaron a dejar de sembrar la coca pese a ser consienten de que otro alimento les podría generar pérdidas por la lejanía de sus territorios y transportarlos será más difícil para ellos.

“si el programa llega a fracasar volvemos al cultivo de coca y lo que pasa es que esos cultivos están en sitios muy alejados y donde por ejemplo si sembramos café no va dar ganancias porque no lo sabemos transforma y la coca si sabemos y la coca hay quien la compre y mucho y esa es la problemática en el Bajo Cauca por los cultivos ilícitos, por los palos de coca”, puntualizó el líder campesino.

Fuente: http://bit.ly/2Flwmmo

En Nechí hallan laboratorio de coca que sacaba hasta 4 toneladas mensuales

En una operación que hace parte de Agamenón 2, tropas de la Séptima División del Ejército y personal de la Policía y la Fiscalía, localizaron y destruyeron un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína, al parecer al servicio del Clan del Golfo, con capacidad de producir hasta cuatro toneladas mensuales. El hallazgo se dio en la vereda Caño Pescado, zona rural del municipio de Nechí, bajo cauca antioqueño.

En ese lugar fueron encontrados nueve construcciones de madera y plástico con capacidad de alojar hasta 30 personas y en donde se realizaban los diferentes ciclos para la fabricación y procesamiento de clorhidrato de cocaína. “Diariamente, este laboratorio lograba producir entre 80 y 100 kilos de clorhidrato de cocaína, la cual tiene un valor mensual de aproximadamente 30 mil millones de pesos y puesto en el exterior, ese valor puede llegar hasta los 50 millones de dólares”, explicó el Coronel Gabriel Fernando Marín Peñalosa, comandante de la Brigada 11 del Ejército.

“En el lugar, también fueron encontrados 3346 galones de insumos químicos líquidos y más de 300 kilos de insumos químicos sólidos, elementos, herramientas y equipos necesarios para la realización de esta actividad ilícita, así como cerca de 100 kilos de droga que ya estaban listos para ser empacados y sacados de la zona con destino centro y Norteamérica”, añaden las autoridades.

Para el Ejército, este hallazgo se convierte en el más grande realizado por esa institución en esa región de Antioquia, donde hay fuerte presencia del Clan del Golfo. En este 2017, la Séptima División reportó la destrucción de 321 laboratorios para el procesamiento de droga en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, pertenecientes al Eln y al Clan del Golfo.

Fuente: http://bit.ly/2DZTKl7

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