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Líder social fue asesinado en Taraza

Se trata de José Enrique Monsalve, quien formaba parte de una Junta de Acción Comunal.

líder asesinado

Organizaciones sociales denunciaron que en la vereda Caucana, del municipio de Tarazá (Bajo Cauca de Antioquia), fue asesinado este sábado 25 de agosto José Enrique Monsalve Giraldo, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Antonio, de San José de Uré (Córdoba). 

De acuerdo con la información entregada por compañeros del líder, quien formaba parte de una asociación campesina, Monsalve lideraba el proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en su vereda. 

Las primeras versiones indican que el hombre salió de la vereda Caucana el sábado en la tarde y su cuerpo fue encontrado el domingo en el sector. Fuentes del Departamento de Policía de Antioquia explicaron que en esa zona delinquen el 'clan del golfo', los 'caparrapos' y disidencias de las Farc. 

El líder social, de 40 años, fue encontrado muerto cerca de una vía que comunica a Tarazá y Cáceres y aún no se sabe si fue asesinado allí o los responsables arrojaron su cadáver en el lugar. Al momento de la inspección del cuerpo, presentaba dos heridas por arma de fuego en la cabeza.

Según Johan Giraldo, vocero del Proceso Social de Garantías de Antioquia, la situación es preocupante, en tanto que en el transcurso de 2018 van 25 líderes asesinados en el departamento. Por ello, reiteró su llamado a las instituciones del Estado para que realicen acciones concretas para que los defensores y líderes tengan garantías a la hora de cumplir su labor.

Fuente: http://bit.ly/2oB7vQA

En el Bajo Cauca hay que ser ciego, sordo y mudo

Este año han asesinado a ocho líderes sociales en el Bajo Cauca antioqueño: cuatro en Cáceres, dos en Caucasia y dos en Tarazá. Pero ellos no son los únicos muertos. Van 334 homicidios.

Entender las causas de la muerte allí es tan complejo como entender el contexto de una subregión que vive disputas entre grupos residuales de las AUC, brazos armados del ELN, el proceso de reinserción de las Farc y un proyecto para sustituir cultivos de coca voluntariamente.

Mientras, sus habitantes sufren no solo las consecuencias de esos problemas, sino también los coletazos de la emergencia en Hidroituango, y su economía (cuyo motor es la minería informal) cada vez se atranca más.

Una estela de guerra

Siete horas en bus de Medellín a Caucasia. En el camino se pasa de largo por Valdivia, Tarazá y Cáceres, donde está el 70 por ciento de la coca de Antioquia.

En las extensas zonas rurales que separan los cascos urbanos, dicen los que saben que se encuentran los grupos armados que desde hace más de veinte años se disputan o se comparten el control de una de las zonas más geoestratégicas para el tráfico de los negocios ilícitos en Colombia.

Grupos que están expulsando gente: las cifras de la Alcaldía de Medellín, a donde suelen huir los desplazados antioqueños, muestran la llegada de 3.336 desplazados del Bajo Cauca entre enero y junio de este año.

Tarazá es el municipio más expulsor con más de dos mil personas que arribaron a la ciudad, casi el mismo número de las que salieron del municipio, una cifra que venía bajando desde 2013, cuando tuvo 2.475 mil expulsados, según el Registro Único de Víctimas. En lo que va del año, el número de desplazados superó el de todo el 2017 en un 485 por ciento.

Pero a Medellín no llegan ni la mitad de los desplazados de Cáceres, que son 2.571 en lo que va del año; y de Caucasia han llegado a la capital 368 personas de las 591 que han huido del municipio.

Allí son más los que se quedan.

Un señor de 60 años, nativo de Caucasia, me dijo: “He visto peores tormentas en todos los años que he vivido acá”.

La última la vivió entre el 2008 y el 2012, pues luego de la extradición de Macaco y Cuco Vanoy, mandos importantes de las AUC en la subregión, se disputaron el control las Águilas Negras, aliados con los Caparrapos, y Los Rastrojos.

En 2010 hubo más de 40 ataques con granadas o petardos en lugares de comercio de Caucasia, según el Distrito de Policía Especial para el Bajo Cauca. Ese mismo año fue el de más homicidios en la historia del municipio: 128; y el de más desplazamientos en la subregión con nueve mil en los últimos diez años, según el Registro Único para las Víctimas (RUV).

Fue una guerra muy parecida a la que se vive ahora.

Luego, la región vivió una tensa tranquilidad desde 2012 cuando las Águilas Negras y Los Rastrojos llegaron a un acuerdo para unirse y convertirse en los frentes Julio César Vargas, Francisco Morelos Peñalta y el de Virgilio Peralta Arenas adscritos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Se rompió cuando este último, más conocido como los Caparrapos -dicen que porque varios de sus miembros iniciales venían de Caparrapí, en Cundinamarca-, decidió declararse disidencia a finales del año pasado.

Tener la suerte de que la guerra no te toque

 

 

La nueva guerra empezó con alertas.

En la madrugada del 29 de diciembre del 2017 estalló un artefacto en Bora Bora, una de las discotecas más grandes de Caucasia, que dejó 39 heridos.

En enero, hombres armados llegaron a siete veredas de Cáceres para anunciar enfrentamientos y pedirle a los habitantes abandonar sus casas, por lo que se desplazaron 356 personas, el primer desplazamiento masivo de los cinco que se dieron ese mismo mes dejando 1.695 personas afectadas, según alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes corren peligro?

En Caucasia, la respuesta del señor del mototaxi, de la señora que atiende en la cafetería, de líderes, fuentes oficiales y conocedores del municipio coinciden: “la persona de bien, vive bien”, “si no te metes con ellos, puedes estar tranquilo”.

Según fuentes de la Policía, los 94 homicidios registrados en Caucasia este año hasta el viernes 27 de julio, son fruto de la guerra entre el Clan y los Caparrapos, y por eso las víctimas eran, en su mayoría, vendedores de drogas, campaneros, extorsionistas, sicarios, paga diarios y colaboradores de esos dos grupos.

Pero el riesgo no solo es hacer parte de ellos.

La noche en la que asesinaron a Robert Jaraba, uno de los ocho líderes asesinados en el Bajo Cauca, un familiar le recomendó no salir de fiesta porque la ciudad estaba peligrosa. “Yo no le debo nada a nadie”, respondió.

Y no es la única historia. Dos líderes del municipio recordaron el homicidio de Juan Carlos Zabala en enero, un joven que nada tenía que ver con las bandas del barrio, pero al que le dispararon poco después de haber denunciado en la Policía una olla cerca de su casa.

“Si te matan a un ser querido, llóralo, entiérralo y no más”, explica una líder que recuerda que en alguna ocasión quiso convocar una marcha por la vida, pero rápidamente le llegaron rumores de que era mejor que no lo hiciera.

Rumores, eso es lo que llega y es suficiente para causar temor y coartar a las personas. Un enlace de la Mesa de Víctimas de Caucasia contó que su trabajo se ha apaciguado desde que empezaron los ataques a líderes sociales. No han querido moverse ni hacerse visibles pues, aunque no han recibido amenaza directa, el miedo está.

Además, sus dos hijas tuvieron que desplazarse a Medellín: una fue abordada por dos hombres en una moto que “se burlaron de ella por ser lesbiana” y le advirtieron que no la querían ver en la ciudad. La otra, luego de ver cómo un conocido suyo le disparó a un hombre, decidió irse por temor a que tomara represalias en su contra.

Otros enlaces de la Mesa de Víctimas que lideraban los temas de jóvenes y desaparición forzada salieron de Caucasia porque sentían miedo de realizar su trabajo allí, según esta fuente.

La muerte no solo llega por ser líder

En esa revuelta murieron Ana María Cortés, en Cáceres; y Robert Jaraba, en Caucasia. Son los dos asesinatos de líderes más recientes, en el mes y medio que va después de la segunda vuelta presidencial. Ella, líder política; él, líder sindical.

Ana María Cortés fue asesinada el 4 de julio a eso de las 7 de la noche a la entrada del pueblo, en una cafetería que visitaba diariamente. Robert Jaraba, cerca de la medianoche del 16 de julio, en Noche de Reinas, uno de los dos burdeles más conocidos de la ciudad.

Ambas muertes se enmarcan en la guerra que se anunció a finales del año pasado.

Que eran líderes es una realidad.

Cortés lo fue en la campaña de la Colombia Humana en Cáceres, coinciden las personas que acompañaron el nodo en el pueblo y Edith Navarro, encargada de la campaña en el Bajo Cauca.

Era más que una colaboradora: convocó, organizó y compartió la propuesta de Petro en el casco urbano, además de ser testigo electoral en las votaciones.

Sin embargo, ni ella ni su grupo de seis personas en la Colombia Humana recibieron amenazas en medio de la campaña; no hubo denuncias de constreñimiento y ni siquiera quienes se adentraron a las zonas montañosas, donde hay mayor presencia de ilegales, recibieron un mensaje negativo por esa actividad.

“No le conocimos un contexto muy profundo de ser líder social, a ella le gustaba más eso de la política” dijo un cercano suyo, que habló, como la mayoría de fuentes de esta historia, bajo la condición de proteger su identidad por miedo a la violencia.

Lo confirmaron dos personas más que viven en el pueblo hace más de diez años.

El personero Anderson Piedrahita corroboró que Ana María no hacía parte de ninguna asociación o junta de acción comunal. Pero con fechas imprecisas, se sabe que trabajó en la Personería de la alcaldía de Davinson Correa (2008-2011), para quien también hizo campaña en su momento.

Durante la emergencia de Hidroituango en mayo, tomó la vocería en el punto de encuentro dispuesto en Cáceres para los afectados exigiendo ayudas humanitarias.

La líder de la Colombia Humana, según cinco fuentes, había vuelto a su pueblo a principio de este año, pues en los últimos dos se había desplazado a Medellín por amenazas que no pudimos identificar.

Una fuente cercana a ella contó que desde entonces la Policía la perseguía y la abordaba en la cafetería que visitaba a diario en Cáceres. Piedrahita confirmó que Ana María hizo dos quejas por malos procedimientos policivos, pero que en ninguno expresó amenazas de la institución.

Uno de sus amigos más cercanos nos dijo que dos días antes de su muerte le comentó que había regresado al pueblo porque quería saludar a su familia, pero que sabía bien que no podía volver, y por eso pensaba dejar el municipio lo antes posible. No alcanzó.

Por su parte, Robert Jaraba también era reconocido como líder en Cerro Matoso, empresa para la que trabajó 16 años en Montelíbano, sur de Córdoba, donde se vive una guerra muy parecida a la del Bajo Cauca como contamos. Pero visitaba con frecuencia Caucasia, que queda a menos de una hora, pues allí nació y vive la mayoría de su familia.

Jaraba, quien era operador de máquinas en la Mina e hizo parte del Comité de Certificación del Sena que capacitó a unos 140 trabajadores de la empresa, fue uno de los fundadores del sindicato Sintramineros en 2012.

Como en el caso de Cortés, sus compañeros del sindicato y familiares niegan que su papel ahí fuera fruto de incomodidad para alguien.

“A él no le gustaba enfrentarse y pelear con los directivos, sino más bien encontrar soluciones prácticas para ambos”, dice uno de sus seres más queridos.

Aunque tenía una lucha por tierras, no era un líder de ese sector.

Desde diciembre del 2017 llevaba el proceso de reclamación de un predio llamado Las Delicias, en la vereda La Mojosa, Cáceres, que le despojó el exparamilitar ´Macaco’ a su padre Atilano en 1998.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, no manifestó amenazas por esa actividad; de hecho, era el único entusiasmado de la familia porque creía que ya estaban cerca de recuperar su finca, aunque el proceso apenas está en estudio formal.

Sus más allegados también desmienten lo que se difundió en prensa sobre un ataque personal que recibió semanas antes de su muerte. El hecho fue en enero; dos hombres en moto le tiraron una piedra al ventanal de su casa en Montelíbano. Nunca pudieron identificar el porqué.

En los dos casos, las autoridades dicen por fuera de micrófonos que los asesinatos no se deben a su condición de líderes.

Información extraoficial de la Policía arroja que Cortés estaba siendo investigada por pertenecer al Clan del Golfo y tenía un hijo en la organización criminal. Efectivamente, a los trece días del homicidio, el Ejército capturó su hijo, Camilo Andrés Chaverra Cortés, presunto integrante del Clan del Golfo.

Esa versión responsabiliza la muerte de Cortés a los Caparrapos, grupo para el que supuestamente ella trabajó en el pasado, antes de abandonar el pueblo, hace más o menos dos años.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que tienen pruebas contundentes de que el autor del crimen sería alias “Jonás”, líder de los Caparrapos.

Según esta misma fuente, hay indicios de que la muerte de Robert tuvo que ver con su hermano Anuar, quien es el cuñado de alias Carlitos, un caparrapo de Caucasia que fue herido de bala el 14 de julio y murió el mismo día que el líder de Cerro Matoso.

La teoría que comparten algunos familiares es que al que querían matar era a su hermano y pudo ser un error porque los dos se parecían físicamente. Ninguno se imaginó que Robert pudiera morir de esa forma, “él siempre le huía a los problemas”.

Esta semana la Policía capturó al presunto asesino: alias Cristian, quien se desempeñaba como sicario de los Caparrapos en Caucasia, según las autoridades.

Pero el liderazgo vulnerado en el Bajo Cauca va más allá, y se concentra más que todo en las veredas, entre cultivos de coca y el asedio de Clan del Golfo y los Caparrapos.

Fuente: http://bit.ly/2NVhDia

Capturado “Pichón”, integrante del Eln señalado de la muerte de 11 soldados en Antioquia

Alias “Pichón”, cabecilla de finanzas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Eln, fue capturado en las últimas horas por tropas del Ejército.

“Pichón” es señalado del asesinatos de 11 soldados en Puerto López, Municipio de El Bagre, Antioquia y del ´plan pistola’ en Segovia y Remedios.

La captura del señalado delincuente se llevó a cabo en la vereda Chicamoque, en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar.

En medio de la operación de captura los soldados hallaron una mira telescópica, un revólver, 681 cartuchos de diferentes calibres, cinco artefactos explosivos, 24 detonadores eléctricos, una granada de mano y un campamento para 15 personas.

El sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Desmantelan banda los Caucanos con rentas de $4 mil millones anuales

Luego de un año y medio de seguimiento con agentes encubiertos se logró la captura de 18 integrantes de Los Caucanos.

Esta estructura, que haría parte de los Caparrapos, se encargaría de vender alucinógenos cerca de colegios y escuelas en los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá.

Según el coronel Carlos Mauricio Sierra Niño, comandante departamento de Policía Antioquia, la investigación arrojó que la banda estaría dirigida por una mujer identificada con el alias de ‘Carmen’, y su hermano sería su mano derecha en Caucasia.

Para sostener la venta de drogas, Los Caucanos habrían ordenado varios asesinatos y amenazas, además de desplazamientos.

La policía pudo corroborar que para pasar desapercibidos, estos supuestos criminales usaban a menores de edad que estarían encargados de distribuir y vender las sustancias.

Se calcula que las ganancias anuales de este grupo estaría por alrededor de los 4 mil millones de pesos.

‘Carmen’ habría puesto en Caucasia a alias ‘Jojoy’, su hermano, con el fin de ampliar el emporio económico derivado de la comercialización de droga.

El coronel añadió que Los Caucanos serían los responsable de al menos nueve homicidios y se espera endilgarles otros una vez los peritos analicen las armas de fuego que les fueron confiscadas a varios de sus integrantes en el momento de los allanamientos.

Los Caparrapos, grupo del que hacían parte Los Caucanos, en la actualidad se enfrentan con el Clan del Golfo por el control de las rentas criminales en el Bajo Cauca.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e instrumentalización de menores.

En lo que va del año en Caucasia, Tarazá y Cáceres se han presentado 76 homicidios, la mayoría de ellos relacionados con enfrentamientos entre bandas.

Fuente: http://bit.ly/2LyCF4S

En Tarazá, despareció una niña de 12 años

Eran la 6 de la mañana del lunes 23 de abril cuando a Maritza Perdomo su mamá la despachó para el colegio, como lo hacía habitualmente; sin embargo la rutina se vio alterada cuando al mediodía la niña no regresó. Ese fue el último día que supieron de ella.

Su mamá de inmediato se fue a buscarla al colegio en donde le informaron que Maritza no llegó esa mañana a estudiar. A partir de ese momento la comenzaron a buscar donde conocidos y familiares, nadie sabía nada.

Pasadas las horas, la señora acudió ante las autoridades y desde hace 10 días se realizan intensas jornadas para hallarla; no hay pistas, la comunidad está consternada porque es la primera vez que en esa localidad del Bajo Cauca desaparece un menor.

La alcaldesa de Tarazá, Gladis Miguel, dijo que ofrecerán una recompensa por quien de información que permita dar con el paradero de la menor, aún no saben de cuánto será el monto.

“Toda la fuerza pública está buscando a la niña, queremos que la personas que la tenga se la devuelva a su familia; ella es solamente una niña, no tenemos pistas, no sabemos qué pudo haber pasado, solo queremos que la devuelvan sana y salva”, dijo la mandataria local.

Para rechazar este hecho y exigir el regreso de la niña a su hogar, este jueves en Tarazá hubo una marcha en la que participó gran parte de la comunidad.

Fuente: http://bit.ly/2JOqLmc

Más de 2.000 desplazados en Antioquia, Bajo Cauca y sur de Córdoba

La Defensoría del Pueblo denunció ayer la grave situación en la que se encuentran los habitantes del sur de Córdoba (San José de Uré), norte de Antioquia (Ituango) y Bajo Cauca (Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia), debido a los combates de grupos armados ilegales que han causado desplazamientos masivos y el incremento de homicidios.

Las Regionales de Antioquia y Córdoba y las Delegadas para los Derechos de la Población Desplazada y el Sistema de Alertas Tempranas, han hecho un continuo seguimiento a la situación de riesgo de desplazamiento y afectaciones a los procesos de exigibilidad de derechos en esa región, en donde se han presentado varios hechos de violencia.

La causa han sido los combates entre grupos armados ilegales posdesmovilización de las Auc y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas, conocidos también como ‘los caparrapos’, en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Ituango y San José de Uré.

La Defensoría advierte del fortalecimiento del Eln en Cáceres y Tarazá, así como la presencia de una disidencia del Frente 36 de las Farc en Ituango, que se ha enfrentado con grupos de autodefensas.

“En medio de esta situación han ocurrido 10 desplazamientos masivos, se han incrementado los índices de homicidios, se ha restringido la movilidad de la población, se encuentran en situación de confinamiento varias comunidades campesinas e indígenas y se han presentado intimidaciones generalizadas con la aparición de panfletos amenazantes”, agregó la Defensoría.

La Defensoría advierte que se han identificado a 732 familias (2.192 personas) desplazadas desde el 18 de enero al 9 de marzo de 2018.

Además, se han incrementado los homicidios en el municipio de Taraza. De acuerdo a información de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2018 se han registrado 23 asesinatos, cuando en el año 2017 en el mismo periodo se reportaron 6 casos. En San José de Uré se han reportado 6 asesinatos hasta el día 15 de marzo de 2018, cuatro de las víctimas eran representantes de comunidades o líderes comunitarios. 

La Defensoría además alerta del alto riesgo para comunidades del Pueblo Zenú y del Pueblo Embera Katío en San José de Uré, Caucasia, Tarazá e Ituango. “Se han registrado asesinatos de campesinos relacionados con los procesos de sustitución de cultivos en Tarazá. Se reportó el asesinato de dos (2) Presidentes de Juntas de Acción Comunal en San José de Uré”, señaló.

La Defensoría sostiene que esto ha generado gran número de personas desplazadas y confinadas, así como la persistencia de la situación del riesgo.

Fuente: http://bit.ly/2pyNET3

Alcalde de Caucasia pide ayuda para evitar que bandas destruyan el pueblo

Ante los últimos hechos de violencia ocurridos en Caucasia, en el bajo Cauca, tanto en la zona rural como en el casco urbano, el alcalde Óscar Aníbal Suárez, reclamó la ayuda de los gobiernos nacional y departamental, para afrontar estas difíciles circunstancias y proteger a la población.

En diálogo con Caracol Radio, el mandatario local admitió que los homicidios siguen en aumento debido a los ataques de bandas criminales y el sicariato en el área urbana, que obedece a la confrontación de grupos delincuenciales por el control territorial.

“Obviamente tengo una cifra muy alta de homicidios; esto no para, no para, no puedo tapar el sol con un dedo, esto ya es un tema policivo. Por eso, pedimos ayuda para frenar esto porque lo que conduce esto es acabar el pueblo como tal, no hay confianza inversionistas, las comunidades están confundidas, necesitamos presencia de la fuerza pública para frenar esa ola de violencia tan horrible, porque nos van a cavar el pueblo como tal”, clamó el alcalde de Caucasia.

Señaló que las últimas medidas no han servido para frenar las situaciones de violencia, debido a que se mantiene una guerra tanto en el casco urbano como en la zona rural.

Fuente: http://bit.ly/2pzwMM5

Capturado a alias ‘Simpson’, presunto sicario del ‘Clan del Golfo’ en el bajo Cauca

Gracias a labores de inteligencia militar e investigaciones adelantadas por la Séptima División del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se capturó a Jairo Antonio Mazo López, conocido con el alias de Simpson.

Este individuo se desempeñaba presuntamente en actividades de sicariato y extorsión en las subregiones antioqueñas del norte y bajo cauca; además de ser uno de los responsables de cuidar los cultivos ilícitos y los laboratorios dedicados a la producción de pasta base de coca en esa zona del departamento.

Mazo López, quien fue capturado en el barrio Moravia de Medellín por tropas del Batallón de Infantería n° 32 ‘General Pedro Justo Berrío’ de la Cuarta Brigada y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía PCO luego de un arduo trabajo de inteligencia militar y posteriores seguimientos.

Alias Simpson presuntamente sería el autor material del asesinato de Diana Lucía Restrepo en el municipio de Yarumal en marzo del 2014, quien se desempeñaba como empleada de la empresa de apuestas Gana. Ella fue asesinada durante la ofensiva criminal que desarrolló el Clan del Golfo en contra de esa compañía en todo el departamento de Antioquia en los meses de marzo, abril y mayo del año 2014.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 64 especializada contra organizaciones criminales por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, fabricación y porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y extorsión.

El Ejército Nacional seguirá trabajando con todos los organismos del Estado para combatir los fenómenos de criminalidad que afectan a los habitantes del norte y el bajo cauca antioqueño e invita a los ciudadanos a continuar denunciando hechos que atenten contra la integridad de la comunidad antioqueña y así seguir consolidando la seguridad y tranquilidad de los 93 municipios que hacen parte de la jurisdicción de esta Unidad Operativa Menor.

Fuente: http://bit.ly/2FekVMo

¿Corrupción rentable? así negocian con la justicia

Por haber participado del saqueo de los recursos de Córdoba, se cree que el exgobernador departamental Alejandro Lyons podría haberse embolsillado ilegalmente cerca de 150 mil millones de pesos y eso que, aparte del cartel de la hemofilia y el saqueo a las regalías, aún está por saberse si su mano estuvo en el cartel del sida, recientemente descubierto. Sin embargo, el sistema judicial decidió que la información que posee el exmandatario sobre otro escándalo, el cartel de la toga, es tan valiosa que le merece una pena de cárcel de cinco años y una devolución de 4.000 millones de pesos.

Sin contar con que Lyons, de 36 años, se encuentra en Estados Unidos colaborando con el caso contra el exfiscal Gustavo Moreno, y que solo pagará su condena al terminar su participación (mientras tanto gozará de libertad en el país del norte), al hacer cuentas ligeras, se podría concluir que cuando salga de la cárcel en Colombia, le quedarán recursos de sobra de estos escándalos para seguir con su vida.

Este hecho, por supuesto, despertó la indignación generalizada del país. Esta fue encabezada por el procurador, Fernando Carrillo y el contralor, Alejandro Maya, quienes no ocultaron su descontento: “Significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”.

No es el único que podría salir ganando de la negociación con la justicia. Otros vinculados a escándalos que pudieron apropiarse de millonarios recursos podrían gozar de penas relativamente ligeras como la de Lyons.

¿Qué es lo que pasa? este sistema de negociación hace parte de la llamada justicia premial, que busca evitar el desgaste del aparato judicial y agilizar las investigaciones.

Entre los juristas, existen divisiones frente a la conveniencia de este sistema. Por una parte, creen que los testimonios son vitales para desmantelar organizaciones criminales completas. Es decir, atacar la cabeza y no a los tentáculos del pulpo de la criminalidad. Por otra parte, otros consideran que no existen suficiente claridad en la fórmula para reparar a la sociedad en crímenes de cuello blanco y por ello, todo queda a discreción de fiscales y jueces.

Enfrentamientos en Cáceres dejan a unos 200 niños sin clases

Por enfrentamientos entre bandas criminales, hay seis escuelas cerradas en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, lo que afecta a unos 200 niños, según denunció la Defensoría del Pueblo. 

La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, explicó que 
pese a la presencia del Ejército, el Eln y el ‘clan del Golfo’ siguen en enfrentamientos, lo que causa que las familias queden confinadas, no envíen a sus hijos a la escuela y se sigan desplazando de sus veredas.

La funcionaria aseguró que los docentes de las veredas denunciaron que han sido amenazados y que la Secretaría de Educación le hace frente a esta crisis. Para que los niños accedan a sus clases, hay instituciones habilitadas en la zona urbana y se cambiarán los horarios de clases, para que todos sean en la mañana, y no en la tarde, cuando se intensifican los enfrentamientos.

 

Ramírez agregó que los profesores serán rotados constantemente para que no estén en riesgo y haya garantías para que los niños tengan derecho a la educación. 

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) advirtió a finales de enero que la disputa del control territorial y las economías ilegales en el Bajo Cauca dejan en medio del fuego cruzado a la población civil y "exponen a un mayor riesgo a los niños que salen del colegio y quedan en medio del fuego cruzado".  

Igualmente,  la OIA denunció que un grupo de hombres armados han circulado por distintos sectores exigiendo el cobro de ‘vacunas’, por los bienes que poseen los habitantes de Caucasia y sus corregimientos, especialmente aquellos que tienen cabezas de ganado.

Los enfrentamientos entre el ‘clan del Golfo’ y el Eln tienen confinadas a 400 familias Senú, de la comunidad indígena El Pando de Caucasia, quienes están en riesgo inminente de desplazamiento forzado, agregó la OIA. 

La Defensoría del Pueblo reportó un desplazamiento masivo, el pasado 19 de enero, de 149 familias (383 personas) miembros del Pueblo Zenú y comunidades campesinas, de Cáceres y 25 familias (125 personas) de la vereda Puerto Colombia del municipio de Caucasia.

“Lo anterior debido a la presencia de hombres armados que se movilizaban por la zona informando a la comunidad que se enfrentarían con un grupo armado ilegal proveniente de Barro Blanco (Tarazá). De igual manera, se encuentran en riesgo de desplazamiento otras 350 familias residentes en la zona”, advirtió el Ministerio Público. 

En la actualidad, la cifra de desplazados es superior a 650 personas, según fuentes oficiales.  

Fuente: http://bit.ly/2FU0Doi

Persiste el éxodo campesino en Bajo Cauca por combates de bandas criminales

Además del levantamiento del censo de familias desplazadas y brindarle la ayuda humanitaria inicial, aún no se garantiza plenamente el retorno a sus sitios, debido a que se anuncian posibles enfrentamientos entre grupos delincuenciales de la zona, y hay temor entre la población campesina refugiada en Cáceres y Tarazá.

El Director de la Unidad de Atención a las víctimas, Jorge Mario Álzate Maldonado, reveló en Caracol Radio, que las familias desplazadas temen la llegada de otro grupo delincuencial a la zona, lo cual llevaría a enfrentamientos con los que actúan en esa franja de Antioquia.-

“¿Qué es lo difícil? A pesar de que puede haber fuerza pública en la zona, nosotros podemos decir que la situación es muy compleja en materia de orden público: hay una disputa territorial por las bandas criminales, y una de las cosas complejas es que esas disputas apenas están empezando. Inclusive, ha habido anuncios de que en 45 días habrá una retoma de un grupo a otro, que inclusive ya se ha generado unas barreras o fronteras invisibles entre Cáceres y Tarazá”, afirmó el señor Alzate Maldonado, en diálogo con Caracol Radio.

Además advirtió que en esa subregión antioqueña es prácticamente prohibido prohibido circular de noche por algunos sectores.

“No hay condiciones de seguridad, no se puede predecir hasta cuándo estarán, porque están llegando grupos nuevos a estos territorios, inclusive hay restricciones a la movilidad: en las noches no se puede salir y tampoco en las zonas rurales, está muy compleja”, dijo.

Las familias están albergados donde familiares y amigos, además de otro grupo está en la casa de paso indígena.

Fuente: http://bit.ly/2DMoPbu

Policía Antinarcóticos de Caucasia protestó por precarias condiciones

Auxiliares de la Policía Antinarcóticos Antioquia en Caucasia bloquearon la vía que comunica hacia el municipio de El Bagre como protesta por las precarias condiciones en las que trabajan y habitan algunos uniformados en el alojamiento militar de la localidad.

La denuncia se conoció a través de videos en redes sociales, en los cuales los manifestantes afirman que no cuentan con servicios como luz y agua potable e incluso se han registrado robos en las instalaciones.

Los hechos fueron confirmados por el alcalde de Caucasia, Óscar Suárez, quien además contó que el bloqueo de la vía sucedió el domingo en horas de la noche, aunque la comunicación ya fue restablecida.

Respecto a lo sucedido, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, aclaró mediante un comunicado que “el personal de auxiliares cuenta con una partida de alimentación asignada por el Ministerio de Hacienda, la cual fue fortalecida con dos remesas adicionales, y en la actualidad se trabaja para mejorar sus condiciones de alojamiento”.

Precisamente en este lugar estuvo el embajador de Estados Unidos en Colombia como parte del proceso de acompañamiento que hace la entidad al proyecto “Antioquia Libre de Coca”.

Fuente: http://bit.ly/2DXiue6

Abatido Alias "Gavilán", segundo al mando del Clan del Golfo

El anuncio lo hizo el presidente Santos en su cuenta en Twitter. Había 22 órdenes de captura en su contra, tenía circular azul de la Interpol y se ofrecía una recompensa de $500 millones.

Roberto Vargas, alias "Gavilán", segundo al mando del Clan del Golfo y quien era buscado tanto por las autoridades colombianas como por las estadounidenses, murió este jueves en operativos de la Fuerza Pública.

Aunque se sabe poco del hecho, fuentes militares dijeron a El Espectador que la muerte de Gavilán se dio en el marco de la campaña Agamenón II, que desde junio busca acabar con el poderío del Clan del Golfo, una de las más poderosas estructuras delincuenciales que, tras la desaparición de los grupos paramilitares (de los que también hizo parte), comenzó a copar sus territorios, se adueñó de las principales rutas para la salida de drogas hacia Estados Unidos, se enseñoreó con su violencia en los pueblos más abandonados de las costas colombianas y hasta se dio el lujo de lanzar un Plan Pistola en contra de la Policía a usanza del Pablo Escobar de los ochenta y comienzos de los noventa. 

La muerte de "Gavilán" se presentó en el sector de Puerto Plata en Turbo (en el Urabá antioqueño), y fue liderada por las fuerzas especiales del Ejército, con varios desembarcos y asaltos aéreos con aviación militar.

Este es, quizá, uno de los operativos más importantes realizados por las Fuerzas Militares en la lucha contra el narcotráfico: alias "Gavilán" tenía un largo prontuario criminal, entre el que se incluía la violación de decenas de niñas menores de diez años.

Desde antes de llegar al Clan del Golfo ya tenía una amplia trayectoria criminal. En la década de los noventa, a los 16 años, hizo parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Urabá, de donde es originario. Tras el fin de esta guerrilla, llegó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hasta su desmovilización en 2005 como parte del bloque Sinú.

Ya como segundo del Clan del Golfo encabezó un alto número de acciones criminales y por las que la Interpol emitió circular azul en su contra. Entre sus crímenes se encuentra haber sido el artífice del denominado “Plan Pistola”, con el que ordenó el homicidio de policías en Antioquia, Córdoba y Chocó. Fue, además, según el Ejército, responsable de la retoma de las rutas de narcotráfico en el Urabá hacia Panamá. En su contra había 22 órdenes de captura por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, narcotráfico y desplazamiento forzado. 

Se entrega alias ‘DJ’ o ‘Carbón’, cabecilla del ‘Clan del Golfo’

En el 2016 asumió el cargo de cabecilla de sicarios en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, donde habría coordinado varios homicidios.

Tras sentir la presión por tres órdenes de captura en su contra, se entregó en las últimas horas ante la Policía de Montelíbano, Amaurys Ricardo Núñez, alias ‘DJ’ o ‘Carbón’, quien figuraba en el cartel de los más buscados en Córdoba, por pertenecer a la estructura del ‘Clan del Golfo’ en ese mismo municipio y en Puerto Libertador.

Este hombre era solicitado por las autoridades por el delito de concierto para delinquir y de acuerdo con los antecedentes que registra, en el 2015 era quien guiaba y acompañaba a los sicarios de esa organización para verificar que se efectuaran los homicidios que ordenaba la organización delictiva.

De acuerdo con el Departamento de Policía Córdoba, alias ‘DJ’ en el 2016 precisamente asumió como cabecilla de sicarios en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, región donde habría coordinado varios homicidios.

La Policía lo señala además como el responsable de coordinar el recaudo y cobro de extorsiones en la subregión del alto San Jorge cordobés.

Las tres órdenes de captura, todas por el delito de concierto para delinquir, fueron expedidas por el Juzgado Penal con funciones de control de garantías # 70 de Bogotá, el Juzgado Penal Municipal #1 de Montería y el Juzgado Promiscuo Municipal #2 de Caucasia (Antioquia).

Fuente: http://bit.ly/2xh9nBh

Pupileta de nuevo para la Carcel

viajó el 2 de diciembre del año 2016, en un vuelo de la aerolínea ADA, de Montería a la ciudad de Cartagena, pese a tener restricción de salida de su residencia.

 

Montería.  En audiencia realizada este mañana en Montería, el juez del caso consideró que Sabrina Mahuad Holguín, incumplió uno de los compromisos de la detención domiciliaria, el cual era permanencia en su residencia.

Las pruebas aportadas evidenciaron que Sabrina Mahuad, sin permiso de ninguna autoridad competente, viajó el 2 de diciembre del año 2016, en un vuelo de la aerolínea ADA, de Montería a la ciudad de Cartagena, pese a tener restricción de salida de su residencia.

Guillermo Álvarez Machacón, Abogado de Camila Mejía, Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos y Políticos García, joven víctima en el proceso contra las hermanas Mahuad.

Después de revocar la medida de detención domiciliaria, el juez del caso ordenó a las autoridades penitenciarias, realizar el traslado de Sabrina Mahuad al pabellón de mujeres de la cárcel nacional Las Mercedes de Montería.

La defensa de Sabrina Mahuad, interpuso un recurso de reposición y subsidio de apelación, el juez de los primeros y aceptó el segundo, el cual va al juzgado penal del circuito que el corresponda por reparto.

Fuente: http://bit.ly/2uiR53L

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