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Se cumplió la segunda jornada de la misión humanitaria por el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño

Desde este jueves 21 de febrero de 2019 se está llevando a cabo la misión humanitaria que anunció la Defensoría del pueblo por el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. Hoy se cumplió la segunda jornada en la zona antioqueña.

Después de las denuncias de los habitantes de la zona, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, anunció que estaría tres díasen una misión humanitaria por el Bajo Cauca antioqueño para escuchar a lídereslideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, alcaldes y Personeros de los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Nechí y El Bagre, además de autoridades policiales y militares.

Estos encuentros se organizaron después de que la Defensoría del pueblo fuera alertada del aumento de homicidios en municipios como San José de Uré y Montelíbano (en Córdoba), así como Caucasia, Tarazá, Cáceres y El Bagre (en Antioquia), por los enfrentamientos entre las bandas delincuenciales (los Caparrapos y el Clan del golfo) que se disputan los territorios por su importancia en las rutas del narcotráfico y minería ilegal de oro, así como el control de la hoja de coca.

Aunque no se permitió el acceso a medios de comunicación por la seguridad de quienes asisten a las asambleas, Negret, quien fue el vocero de la jornada,  afirmó que después de completar la misión humanitaria se efectuará un análisis profundo para trabajar mejor de la mano del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gonzales, el gobierno Nacional y organismos encargados de velar por las comunidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), las alcaldías municipales y las autoridades encargadas.

Durante la jornada también se denunció el reclutamiento de menores para la delincuencia. El defensor del pueblo manifestó que los grupos al margen de ley buscan a los jóvenes en los centros poblados y la medida preventiva por parte de las familias ha sido trasladar a sus hijos a Medellín.

Así mismo, se trató el tema del reclutamiento de venezolanos. “En todo el país, en especial, en la frontera con Norte de Santander se presenta el reclutamiento de niños venezolanos y en general de personas del país vecino”, afirmó Negret.

Por otro lado, se trató el tema del río Cauca e Hidroituango, a lo que el funcionario respondió que se tenía que pensar en las 100.000 personas que viven de la pesca, de la minería y del barequeo.

Afirmó que “hay que hacer lo que sea necesario para que el proyecto salga adelante porque en el 2020 será el productor del 17% de energía eléctrica”, Sin embargo, aclaró que primero se tiene que pensar en la vida, en el medio ambiente.

Hay que recordar que los habitantes del sector ya habían expuesto sus quejas en un evento que se realizó en Tarazá ante miembros del Congreso, en el que voceros, lideres sociales y habitantes expresaron su preocupación por la hidroeléctrica y por los problemas socioculturales que se han ocasionado tanto por los enfrentamientos criminales, como por el proyecto Hidroituango y el nivel de caudal del río Cauca.

Fuente: http://bit.ly/2NtDZrF

Golpe al Clan del Golfo en Tarazá, Antioquia, dejó diez presuntos integrantes capturados

Hombres de la Séptima División del Ejército, lograron realizar importantes operativos que permitieron capturar varios delincuentes en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con las autoridades la captura de diez personas que harían parte del Clan del Golfo, se presentó en el corregimiento El Doce, en Tarazá.

Hasta allí llegaron uniformados pertenecientes a la Campaña Militar y Policial Aquiles, gracias a información aportada por la red de participación cívica. 

A los detenidos les fueron halladas dos armas de fuego, munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones, 100 cigarrillos de marihuana, 950 papeletas de cocaína, tres libras de cocaína, cerca de tres millones de pesos en efectivo que se presume sería producto de la comercialización de estupefacientes. 

El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Sétima División del Ejército, también se refirió sobre la erradicación de cultivos ilícitos en esa región del departamento.

"En muchos espacios hay erradicación asistida como lo llamamos nosotros donde hay soldados y policías con población civil erradicando porque ya la población civil es consciente de que el tener sembrada coca genera violencia que se muestra a través de homicidios selectivos", indicó el comandante.

En otra operación adelantada en el corregimiento La Caucana de Tarazá, fueron sorprendidas cinco personas en un laboratorio de procesamiento de pasta de coca. El lugar ubicado en la vereda Racho Viejo de dicho corregimiento sería de las redes de finanzas ilegales de Los Caparrapos. 

Fuente: http://bit.ly/2Nhs3sR

Cuatro homicidios registra el Bajo Cauca en primera semana de 2019

El cambio de año no vislumbra un mejor panorama para el Bajo Cauca antioqueño. En los primeros días de 2019 ya se registran cuatro asesinatos en dos municipios.

A pesar del trabajo de la Fuerza Pública y la anunciada Fuerza de Tarea Aquiles, los integrantes de los grupos armados han cometido ataques sicariales sin ningún obstáculo.

Dos de ellos ocurrieron en las últimas horas en Caucasia. Allí hombres armados asesinaron a William Valiente e hirieron a su pareja, en el corredor de su casa; mientras que Víctor Arieta fue ultimado en una cancha de fútbol.

También se suman el asesinato del líder social José Rafael Solano en su casa y media hora antes de ese crimen, mataron a Luis Bernardo Padilla, ambos en la vereda Puerto Jobo de Zaragoza.

El general Carlos Ernesto Rodríguez, comandante de la Región 6 de la Policía, aseguró que se contrarrestarán esas cifras con aumento de pie de fuerza de investigadores criminales y modernos equipos para capturar a los integrantes de las estructuras armadas.

"En este momento nosotros tenemos crecimiento especialmente en pie de fuerza en temas de investigación criminal, en temas de inteligencia, con equipos permanentes en esta jurisdicción. Lo que ha permitido la captura de los principales cabecillas", agregó el oficial.

Esta zona de Antioquia es una de las más golpeadas por la criminalidad, pues hay una disputa entre el 'Clan del Golfo', 'Los Caparrapos', la guerrilla del Eln y los disidentes de las Farc por la minería ilegal y los cultivos ilícitos. 

En el Bajo Cauca, según las autoridades, está sembrado el 75% de las más de 12.600 hectáreas de cultivos ilegales del departamento.

Fuente: http://bit.ly/2CcKKsz

Capturado hombre de confianza de alias Caín, máximo jefe de los Caparrapos

El operativo se llevó a cabo en la vereda La Reversa del municipio de Cáceres, en el bajo Cauca, hasta allí, llegaron hombres del ejército y el CTI de la Fiscalía y capturaron al presunto hombre de confianza de alias Caín, quien es el máximo jefe de la banda criminal los Caparrapos.

El presunto delincuente se identificó como Daniel Álvaro Castillo alias “Luis”, a esta persona se le encontraron 62 millones de pesos en efectivo, al parecer, el dinero era la nómina de los integrantes de ese grupo ilegal de la zona. Junto a esta persona, se capturó a un colaborador identificado como John Fredy Pineda Camacho, alias “Nicolás”, así mismo se aprehendió a un menor de 17 años.

Las autoridades les encontraron tres armas de fuego y munición para las mismas, dos motocicletas y celulares, los cuales están siendo analizados por la Fiscalía.

Los Caparrapos están acusados de cometer homicidios selectivos, cobro de extorsiones a finqueros, ganaderos y comerciantes de la región del Bajo Cauca.

Fuente: http://bit.ly/2GlFAA7

Gobernación de Antioquia alista decreto para proteger líderes amenazados

Durante el 2018, 72 defensores de derechos humanos en Antioquia han reportado intimidaciones que ponen en riesgo sus vidas y que están derivadas de sus trabajos en las comunidades.

En consonancia con el pedido del presidente Iván Duque,para mejorar las condiciones de protección, la administración departamental presentará en los próximos días un decreto en el que se defina la ruta para evitar que los líderes sigan siendo asesinados. 

El gobernador Luis Pérez Gutiérrez indicó que dicho decreto dará a conocer los pasos y requisitos para que quienes son víctimas de amenazas en sus comunidades, tengan esquemas de protección. Dijo que las administraciones locales también deben participar activamente del proceso y activar las rutas.

"El consejo de seguridad nos dio unos lineamientos para que el gobernador de Antioquia expida un decreto generando una ruta para que se protejan a los líderes sociales y que sea una ruta que todo líder social sepa qué requisitos debe cumplir para que se le pueda dar la protección debida", dijo Pérez Gutiérrez.

El mandatario regional indicó que cada líder social que sea víctima de amenazas, deberá interponer la denuncia ante Personería, Defensoría, y Fiscalía. Manifestó que la Unidad Nacional de Protección tendrá no más de 90 días para analizar cada caso y determinar qué tipo de esquema se necesita.

"Por ejemplo, si algún líder está pidiendo alojamiento, le vamos a solicitar que haga primero una denuncia en la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía, porque ese es el primer mensaje de buena fe. Qué tal que llegue un bandido, le paguemos alojamiento, y resulte ser el asistente de alias 'Cabuyo'", puntualizó.

Dentro de una semana, la Fiscalía también dará a conocer un proyecto que permita acelerar las investigaciones para dar con el origen de las amenazas a líderes sociales y judicializar a  los responsables de los asesinatos cometidos contra esta población.

De acuerdo con los registros de la ONG Nodo Antioquia, de los 29 homicidios de líderes en el departamento, doce han ocurrido en las regiones: Bajo Cauca y Norte antioqueño, siendo estas las zonas más amenazadas.

Fuente: http://bit.ly/2KumExy

Retornan a sus hogares 262 familias campesinas tras desplazamiento en Tarazá

Debido a los constantes enfrentamientos entre hombres del Clan del Golfo, Los Caparrapos y el ELN, 262 familias que vivían en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, se vieron forzadas a huir tras las amenazas y asesinatos a líderes sociales de cinco veredas de ese municipio.

Sin embargo, tras un mes de ser víctimas de desplazamiento forzoso, las autoridades locales confirmaron que las familias regresaron a sus viviendas.

Según la personera de Tarazá, Glemis Núñez, las familias comenzaron el retorno progresivo luego que el presidente Iván Duque reforzó la presencia de la Policía y el Ejército con al menos 750 militares.

Cabe resaltar que, según la Personería de Medellín, por este tipo de hostigamientos más de 4.000 pobladores del Bajo Cauca han abandonado sus hogares y se han desplazado a la capital antioqueña en lo corrido de 2018.

Fuente: http://bit.ly/2CxGt4T

Duque convocó consejo de seguridad en Caucasia por crisis de orden público

El presidente Iván Duque tenía en su agenda de este jueves ir a Cartagena para participar en el Congreso Internacional de Transporte de Carga. Sin embargo, canceló ese viaje y convocó a un consejo extraordinario de seguridad en Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño, luego de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le enviara el martes pasado una carta pidiéndole ayuda por la situación de orden público.

El objetivo del consejo de seguridad es tomar medidas ante los problemas de seguridad en la subregión de Antioquia, donde, según el gobernador, hay un aumento de homicidios este año del 210 %. Se trata de una región donde coinciden el Clan del Golfo y Los Caparrapos, el ELN y las disidencias de las Farc, dedicados a la minería ilegal, el cultivo de hoja de coca, la extorsión y la venta de alucinógenos.

En el consejo de seguridad, además, se va a responder por la denuncia y las quejas con el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Según el gobernador, el Gobierno Nacional inscribió a 12.000 familias al programa de sustitución y ahora les ha incumplido con el pago, lo que habría incrementado las amenazas por parte de los grupos delincuenciales.

Al consejo de seguridad asistirá el presidente, su ministro de Defensa, la cúpula militar, las autoridades departamentales y los alcaldes de la subregión. 

 

Homicidios en Bajo Cauca antioqueño subieron 200 por ciento

En una carta dirigida al presidente Iván Duque, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le pidió intervención de carácter urgente debido a la gravedad de la situación por la que está pasando el Bajo Cauca antioqueño, causada por la lucha de grupos ilegales como el 'clan de Golfo', los 'Caparrapos', el Eln y las disidencias de las Farc.

Según cifras compartidas por Pérez, la gravedad del asunto radica en que entre 2017 y 2018, los asesinatos aumentaron un 200 por ciento. El año pasado se presentaron 96 homicidios en esta región, mientras que hasta el 2 de octubre de este año, se registraron 298 muertes violentas.

En la misiva, el gobernador expone que la zona superó la capacidad del Estado para asumir el control de los territorios afectados por el crecimiento de cultivos ilícitos y de minería ilegal.

El funcionario le pidió al mandatario su accionar para mitigar la situación. "Los problemas criminales del Bajo Cauca necesitan intervención integral, pues además, las promesas del Gobierno Nacional de apoyar a los que erradiquen voluntariamente los cultivos ilícitos fueron un engaño y han creado un caos social que estimula con agresividad la ilegalidad", dicta la carta.

En el consejo de seguridad que tuvo lugar en la mañana de este martes 2 de octubre, el mandatario se refirió al hecho explicando que la situación de guerra que se presenta en el Bajo Cauca superó la capacidad de las fuerzas de seguridad nacional, por lo que considera que es un problema de carácter presidencial.

"El gobernador no puede crear más policía ni puede tomar decisiones que le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, por eso pido intervención al Gobierno", manifestó el gobernador.

También aseguró que el próximo martes 9 de octubre serán convocados integrantes de Mineros S.A para identificar las zonas en las que operan maquinarias de extracción ilegal y comenzar a implementar acciones.

Fuente: http://bit.ly/2yfUfFv

Niño de 10 años falleció tras explosión de granada en Caucasia

Un lamentable caso se presentó en el municipio de Caucasia, en la región del Bajo Cauca antioqueño, en la noche de este miércoles. Un niño de 10 años murió como resultado de las graves heridas producidas por la explosión de una granada.

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho no son claras. Información preliminar señala que el menor, identificado como Sebastián Andrés Moreno, transitaba en la noche del martes por un barrio residencial del municipio, en compañía de un hombre que le habría ofrecido una cometa. Allí, hombres sin identificar habrían arrojado el artefacto contra una vivienda.

Producto de esa detonación, habría explotado una pipeta de gas que estaba dentro de la residencia. El acompañante del niño, un hombre de 37 años, también resultó herido y así mismo una mujer de 36. Ambos permanecen en centros asistenciales y no hay certeza sobre su estado de salud.

El alcalde de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez, confirmó que el menor fue sometido este miércoles a una intervención quirúrgica para amputarle ambas piernas, pero lamentablemente perdió la vida.

Líder social fue asesinado en Taraza

Se trata de José Enrique Monsalve, quien formaba parte de una Junta de Acción Comunal.

líder asesinado

Organizaciones sociales denunciaron que en la vereda Caucana, del municipio de Tarazá (Bajo Cauca de Antioquia), fue asesinado este sábado 25 de agosto José Enrique Monsalve Giraldo, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Antonio, de San José de Uré (Córdoba). 

De acuerdo con la información entregada por compañeros del líder, quien formaba parte de una asociación campesina, Monsalve lideraba el proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en su vereda. 

Las primeras versiones indican que el hombre salió de la vereda Caucana el sábado en la tarde y su cuerpo fue encontrado el domingo en el sector. Fuentes del Departamento de Policía de Antioquia explicaron que en esa zona delinquen el 'clan del golfo', los 'caparrapos' y disidencias de las Farc. 

El líder social, de 40 años, fue encontrado muerto cerca de una vía que comunica a Tarazá y Cáceres y aún no se sabe si fue asesinado allí o los responsables arrojaron su cadáver en el lugar. Al momento de la inspección del cuerpo, presentaba dos heridas por arma de fuego en la cabeza.

Según Johan Giraldo, vocero del Proceso Social de Garantías de Antioquia, la situación es preocupante, en tanto que en el transcurso de 2018 van 25 líderes asesinados en el departamento. Por ello, reiteró su llamado a las instituciones del Estado para que realicen acciones concretas para que los defensores y líderes tengan garantías a la hora de cumplir su labor.

Fuente: http://bit.ly/2oB7vQA

En el Bajo Cauca hay que ser ciego, sordo y mudo

Este año han asesinado a ocho líderes sociales en el Bajo Cauca antioqueño: cuatro en Cáceres, dos en Caucasia y dos en Tarazá. Pero ellos no son los únicos muertos. Van 334 homicidios.

Entender las causas de la muerte allí es tan complejo como entender el contexto de una subregión que vive disputas entre grupos residuales de las AUC, brazos armados del ELN, el proceso de reinserción de las Farc y un proyecto para sustituir cultivos de coca voluntariamente.

Mientras, sus habitantes sufren no solo las consecuencias de esos problemas, sino también los coletazos de la emergencia en Hidroituango, y su economía (cuyo motor es la minería informal) cada vez se atranca más.

Una estela de guerra

Siete horas en bus de Medellín a Caucasia. En el camino se pasa de largo por Valdivia, Tarazá y Cáceres, donde está el 70 por ciento de la coca de Antioquia.

En las extensas zonas rurales que separan los cascos urbanos, dicen los que saben que se encuentran los grupos armados que desde hace más de veinte años se disputan o se comparten el control de una de las zonas más geoestratégicas para el tráfico de los negocios ilícitos en Colombia.

Grupos que están expulsando gente: las cifras de la Alcaldía de Medellín, a donde suelen huir los desplazados antioqueños, muestran la llegada de 3.336 desplazados del Bajo Cauca entre enero y junio de este año.

Tarazá es el municipio más expulsor con más de dos mil personas que arribaron a la ciudad, casi el mismo número de las que salieron del municipio, una cifra que venía bajando desde 2013, cuando tuvo 2.475 mil expulsados, según el Registro Único de Víctimas. En lo que va del año, el número de desplazados superó el de todo el 2017 en un 485 por ciento.

Pero a Medellín no llegan ni la mitad de los desplazados de Cáceres, que son 2.571 en lo que va del año; y de Caucasia han llegado a la capital 368 personas de las 591 que han huido del municipio.

Allí son más los que se quedan.

Un señor de 60 años, nativo de Caucasia, me dijo: “He visto peores tormentas en todos los años que he vivido acá”.

La última la vivió entre el 2008 y el 2012, pues luego de la extradición de Macaco y Cuco Vanoy, mandos importantes de las AUC en la subregión, se disputaron el control las Águilas Negras, aliados con los Caparrapos, y Los Rastrojos.

En 2010 hubo más de 40 ataques con granadas o petardos en lugares de comercio de Caucasia, según el Distrito de Policía Especial para el Bajo Cauca. Ese mismo año fue el de más homicidios en la historia del municipio: 128; y el de más desplazamientos en la subregión con nueve mil en los últimos diez años, según el Registro Único para las Víctimas (RUV).

Fue una guerra muy parecida a la que se vive ahora.

Luego, la región vivió una tensa tranquilidad desde 2012 cuando las Águilas Negras y Los Rastrojos llegaron a un acuerdo para unirse y convertirse en los frentes Julio César Vargas, Francisco Morelos Peñalta y el de Virgilio Peralta Arenas adscritos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Se rompió cuando este último, más conocido como los Caparrapos -dicen que porque varios de sus miembros iniciales venían de Caparrapí, en Cundinamarca-, decidió declararse disidencia a finales del año pasado.

Tener la suerte de que la guerra no te toque

 

 

La nueva guerra empezó con alertas.

En la madrugada del 29 de diciembre del 2017 estalló un artefacto en Bora Bora, una de las discotecas más grandes de Caucasia, que dejó 39 heridos.

En enero, hombres armados llegaron a siete veredas de Cáceres para anunciar enfrentamientos y pedirle a los habitantes abandonar sus casas, por lo que se desplazaron 356 personas, el primer desplazamiento masivo de los cinco que se dieron ese mismo mes dejando 1.695 personas afectadas, según alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes corren peligro?

En Caucasia, la respuesta del señor del mototaxi, de la señora que atiende en la cafetería, de líderes, fuentes oficiales y conocedores del municipio coinciden: “la persona de bien, vive bien”, “si no te metes con ellos, puedes estar tranquilo”.

Según fuentes de la Policía, los 94 homicidios registrados en Caucasia este año hasta el viernes 27 de julio, son fruto de la guerra entre el Clan y los Caparrapos, y por eso las víctimas eran, en su mayoría, vendedores de drogas, campaneros, extorsionistas, sicarios, paga diarios y colaboradores de esos dos grupos.

Pero el riesgo no solo es hacer parte de ellos.

La noche en la que asesinaron a Robert Jaraba, uno de los ocho líderes asesinados en el Bajo Cauca, un familiar le recomendó no salir de fiesta porque la ciudad estaba peligrosa. “Yo no le debo nada a nadie”, respondió.

Y no es la única historia. Dos líderes del municipio recordaron el homicidio de Juan Carlos Zabala en enero, un joven que nada tenía que ver con las bandas del barrio, pero al que le dispararon poco después de haber denunciado en la Policía una olla cerca de su casa.

“Si te matan a un ser querido, llóralo, entiérralo y no más”, explica una líder que recuerda que en alguna ocasión quiso convocar una marcha por la vida, pero rápidamente le llegaron rumores de que era mejor que no lo hiciera.

Rumores, eso es lo que llega y es suficiente para causar temor y coartar a las personas. Un enlace de la Mesa de Víctimas de Caucasia contó que su trabajo se ha apaciguado desde que empezaron los ataques a líderes sociales. No han querido moverse ni hacerse visibles pues, aunque no han recibido amenaza directa, el miedo está.

Además, sus dos hijas tuvieron que desplazarse a Medellín: una fue abordada por dos hombres en una moto que “se burlaron de ella por ser lesbiana” y le advirtieron que no la querían ver en la ciudad. La otra, luego de ver cómo un conocido suyo le disparó a un hombre, decidió irse por temor a que tomara represalias en su contra.

Otros enlaces de la Mesa de Víctimas que lideraban los temas de jóvenes y desaparición forzada salieron de Caucasia porque sentían miedo de realizar su trabajo allí, según esta fuente.

La muerte no solo llega por ser líder

En esa revuelta murieron Ana María Cortés, en Cáceres; y Robert Jaraba, en Caucasia. Son los dos asesinatos de líderes más recientes, en el mes y medio que va después de la segunda vuelta presidencial. Ella, líder política; él, líder sindical.

Ana María Cortés fue asesinada el 4 de julio a eso de las 7 de la noche a la entrada del pueblo, en una cafetería que visitaba diariamente. Robert Jaraba, cerca de la medianoche del 16 de julio, en Noche de Reinas, uno de los dos burdeles más conocidos de la ciudad.

Ambas muertes se enmarcan en la guerra que se anunció a finales del año pasado.

Que eran líderes es una realidad.

Cortés lo fue en la campaña de la Colombia Humana en Cáceres, coinciden las personas que acompañaron el nodo en el pueblo y Edith Navarro, encargada de la campaña en el Bajo Cauca.

Era más que una colaboradora: convocó, organizó y compartió la propuesta de Petro en el casco urbano, además de ser testigo electoral en las votaciones.

Sin embargo, ni ella ni su grupo de seis personas en la Colombia Humana recibieron amenazas en medio de la campaña; no hubo denuncias de constreñimiento y ni siquiera quienes se adentraron a las zonas montañosas, donde hay mayor presencia de ilegales, recibieron un mensaje negativo por esa actividad.

“No le conocimos un contexto muy profundo de ser líder social, a ella le gustaba más eso de la política” dijo un cercano suyo, que habló, como la mayoría de fuentes de esta historia, bajo la condición de proteger su identidad por miedo a la violencia.

Lo confirmaron dos personas más que viven en el pueblo hace más de diez años.

El personero Anderson Piedrahita corroboró que Ana María no hacía parte de ninguna asociación o junta de acción comunal. Pero con fechas imprecisas, se sabe que trabajó en la Personería de la alcaldía de Davinson Correa (2008-2011), para quien también hizo campaña en su momento.

Durante la emergencia de Hidroituango en mayo, tomó la vocería en el punto de encuentro dispuesto en Cáceres para los afectados exigiendo ayudas humanitarias.

La líder de la Colombia Humana, según cinco fuentes, había vuelto a su pueblo a principio de este año, pues en los últimos dos se había desplazado a Medellín por amenazas que no pudimos identificar.

Una fuente cercana a ella contó que desde entonces la Policía la perseguía y la abordaba en la cafetería que visitaba a diario en Cáceres. Piedrahita confirmó que Ana María hizo dos quejas por malos procedimientos policivos, pero que en ninguno expresó amenazas de la institución.

Uno de sus amigos más cercanos nos dijo que dos días antes de su muerte le comentó que había regresado al pueblo porque quería saludar a su familia, pero que sabía bien que no podía volver, y por eso pensaba dejar el municipio lo antes posible. No alcanzó.

Por su parte, Robert Jaraba también era reconocido como líder en Cerro Matoso, empresa para la que trabajó 16 años en Montelíbano, sur de Córdoba, donde se vive una guerra muy parecida a la del Bajo Cauca como contamos. Pero visitaba con frecuencia Caucasia, que queda a menos de una hora, pues allí nació y vive la mayoría de su familia.

Jaraba, quien era operador de máquinas en la Mina e hizo parte del Comité de Certificación del Sena que capacitó a unos 140 trabajadores de la empresa, fue uno de los fundadores del sindicato Sintramineros en 2012.

Como en el caso de Cortés, sus compañeros del sindicato y familiares niegan que su papel ahí fuera fruto de incomodidad para alguien.

“A él no le gustaba enfrentarse y pelear con los directivos, sino más bien encontrar soluciones prácticas para ambos”, dice uno de sus seres más queridos.

Aunque tenía una lucha por tierras, no era un líder de ese sector.

Desde diciembre del 2017 llevaba el proceso de reclamación de un predio llamado Las Delicias, en la vereda La Mojosa, Cáceres, que le despojó el exparamilitar ´Macaco’ a su padre Atilano en 1998.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, no manifestó amenazas por esa actividad; de hecho, era el único entusiasmado de la familia porque creía que ya estaban cerca de recuperar su finca, aunque el proceso apenas está en estudio formal.

Sus más allegados también desmienten lo que se difundió en prensa sobre un ataque personal que recibió semanas antes de su muerte. El hecho fue en enero; dos hombres en moto le tiraron una piedra al ventanal de su casa en Montelíbano. Nunca pudieron identificar el porqué.

En los dos casos, las autoridades dicen por fuera de micrófonos que los asesinatos no se deben a su condición de líderes.

Información extraoficial de la Policía arroja que Cortés estaba siendo investigada por pertenecer al Clan del Golfo y tenía un hijo en la organización criminal. Efectivamente, a los trece días del homicidio, el Ejército capturó su hijo, Camilo Andrés Chaverra Cortés, presunto integrante del Clan del Golfo.

Esa versión responsabiliza la muerte de Cortés a los Caparrapos, grupo para el que supuestamente ella trabajó en el pasado, antes de abandonar el pueblo, hace más o menos dos años.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que tienen pruebas contundentes de que el autor del crimen sería alias “Jonás”, líder de los Caparrapos.

Según esta misma fuente, hay indicios de que la muerte de Robert tuvo que ver con su hermano Anuar, quien es el cuñado de alias Carlitos, un caparrapo de Caucasia que fue herido de bala el 14 de julio y murió el mismo día que el líder de Cerro Matoso.

La teoría que comparten algunos familiares es que al que querían matar era a su hermano y pudo ser un error porque los dos se parecían físicamente. Ninguno se imaginó que Robert pudiera morir de esa forma, “él siempre le huía a los problemas”.

Esta semana la Policía capturó al presunto asesino: alias Cristian, quien se desempeñaba como sicario de los Caparrapos en Caucasia, según las autoridades.

Pero el liderazgo vulnerado en el Bajo Cauca va más allá, y se concentra más que todo en las veredas, entre cultivos de coca y el asedio de Clan del Golfo y los Caparrapos.

Fuente: http://bit.ly/2NVhDia

Capturado “Pichón”, integrante del Eln señalado de la muerte de 11 soldados en Antioquia

Alias “Pichón”, cabecilla de finanzas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Eln, fue capturado en las últimas horas por tropas del Ejército.

“Pichón” es señalado del asesinatos de 11 soldados en Puerto López, Municipio de El Bagre, Antioquia y del ´plan pistola’ en Segovia y Remedios.

La captura del señalado delincuente se llevó a cabo en la vereda Chicamoque, en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar.

En medio de la operación de captura los soldados hallaron una mira telescópica, un revólver, 681 cartuchos de diferentes calibres, cinco artefactos explosivos, 24 detonadores eléctricos, una granada de mano y un campamento para 15 personas.

El sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Desmantelan banda los Caucanos con rentas de $4 mil millones anuales

Luego de un año y medio de seguimiento con agentes encubiertos se logró la captura de 18 integrantes de Los Caucanos.

Esta estructura, que haría parte de los Caparrapos, se encargaría de vender alucinógenos cerca de colegios y escuelas en los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá.

Según el coronel Carlos Mauricio Sierra Niño, comandante departamento de Policía Antioquia, la investigación arrojó que la banda estaría dirigida por una mujer identificada con el alias de ‘Carmen’, y su hermano sería su mano derecha en Caucasia.

Para sostener la venta de drogas, Los Caucanos habrían ordenado varios asesinatos y amenazas, además de desplazamientos.

La policía pudo corroborar que para pasar desapercibidos, estos supuestos criminales usaban a menores de edad que estarían encargados de distribuir y vender las sustancias.

Se calcula que las ganancias anuales de este grupo estaría por alrededor de los 4 mil millones de pesos.

‘Carmen’ habría puesto en Caucasia a alias ‘Jojoy’, su hermano, con el fin de ampliar el emporio económico derivado de la comercialización de droga.

El coronel añadió que Los Caucanos serían los responsable de al menos nueve homicidios y se espera endilgarles otros una vez los peritos analicen las armas de fuego que les fueron confiscadas a varios de sus integrantes en el momento de los allanamientos.

Los Caparrapos, grupo del que hacían parte Los Caucanos, en la actualidad se enfrentan con el Clan del Golfo por el control de las rentas criminales en el Bajo Cauca.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e instrumentalización de menores.

En lo que va del año en Caucasia, Tarazá y Cáceres se han presentado 76 homicidios, la mayoría de ellos relacionados con enfrentamientos entre bandas.

Fuente: http://bit.ly/2LyCF4S

En Tarazá, despareció una niña de 12 años

Eran la 6 de la mañana del lunes 23 de abril cuando a Maritza Perdomo su mamá la despachó para el colegio, como lo hacía habitualmente; sin embargo la rutina se vio alterada cuando al mediodía la niña no regresó. Ese fue el último día que supieron de ella.

Su mamá de inmediato se fue a buscarla al colegio en donde le informaron que Maritza no llegó esa mañana a estudiar. A partir de ese momento la comenzaron a buscar donde conocidos y familiares, nadie sabía nada.

Pasadas las horas, la señora acudió ante las autoridades y desde hace 10 días se realizan intensas jornadas para hallarla; no hay pistas, la comunidad está consternada porque es la primera vez que en esa localidad del Bajo Cauca desaparece un menor.

La alcaldesa de Tarazá, Gladis Miguel, dijo que ofrecerán una recompensa por quien de información que permita dar con el paradero de la menor, aún no saben de cuánto será el monto.

“Toda la fuerza pública está buscando a la niña, queremos que la personas que la tenga se la devuelva a su familia; ella es solamente una niña, no tenemos pistas, no sabemos qué pudo haber pasado, solo queremos que la devuelvan sana y salva”, dijo la mandataria local.

Para rechazar este hecho y exigir el regreso de la niña a su hogar, este jueves en Tarazá hubo una marcha en la que participó gran parte de la comunidad.

Fuente: http://bit.ly/2JOqLmc

Más de 2.000 desplazados en Antioquia, Bajo Cauca y sur de Córdoba

La Defensoría del Pueblo denunció ayer la grave situación en la que se encuentran los habitantes del sur de Córdoba (San José de Uré), norte de Antioquia (Ituango) y Bajo Cauca (Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia), debido a los combates de grupos armados ilegales que han causado desplazamientos masivos y el incremento de homicidios.

Las Regionales de Antioquia y Córdoba y las Delegadas para los Derechos de la Población Desplazada y el Sistema de Alertas Tempranas, han hecho un continuo seguimiento a la situación de riesgo de desplazamiento y afectaciones a los procesos de exigibilidad de derechos en esa región, en donde se han presentado varios hechos de violencia.

La causa han sido los combates entre grupos armados ilegales posdesmovilización de las Auc y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas, conocidos también como ‘los caparrapos’, en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Ituango y San José de Uré.

La Defensoría advierte del fortalecimiento del Eln en Cáceres y Tarazá, así como la presencia de una disidencia del Frente 36 de las Farc en Ituango, que se ha enfrentado con grupos de autodefensas.

“En medio de esta situación han ocurrido 10 desplazamientos masivos, se han incrementado los índices de homicidios, se ha restringido la movilidad de la población, se encuentran en situación de confinamiento varias comunidades campesinas e indígenas y se han presentado intimidaciones generalizadas con la aparición de panfletos amenazantes”, agregó la Defensoría.

La Defensoría advierte que se han identificado a 732 familias (2.192 personas) desplazadas desde el 18 de enero al 9 de marzo de 2018.

Además, se han incrementado los homicidios en el municipio de Taraza. De acuerdo a información de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2018 se han registrado 23 asesinatos, cuando en el año 2017 en el mismo periodo se reportaron 6 casos. En San José de Uré se han reportado 6 asesinatos hasta el día 15 de marzo de 2018, cuatro de las víctimas eran representantes de comunidades o líderes comunitarios. 

La Defensoría además alerta del alto riesgo para comunidades del Pueblo Zenú y del Pueblo Embera Katío en San José de Uré, Caucasia, Tarazá e Ituango. “Se han registrado asesinatos de campesinos relacionados con los procesos de sustitución de cultivos en Tarazá. Se reportó el asesinato de dos (2) Presidentes de Juntas de Acción Comunal en San José de Uré”, señaló.

La Defensoría sostiene que esto ha generado gran número de personas desplazadas y confinadas, así como la persistencia de la situación del riesgo.

Fuente: http://bit.ly/2pyNET3

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