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Saquearon mina de oro entregada para reparar a víctimas

El bien más productivo que hoy tiene el Fondo de Reparación de Víctimas, una mina de oro valorada en más de 3.000 millones de pesos, entregada a Justicia y Paz por el exparamilitar José Germán Sena Pico, ha sido ocupada en el último año por lo menos cuatro veces.

Según fuentes de la Unidad de Víctimas, hace más de un mes llegaron a la mina Mandinga, ubicada en Cáceres (Antioquia), al menos siete retroexcavadoras de Luis Horacio Escobar Saldarriaga, un reconocido ganadero del bajo Cauca, que tiene un predio colindante con el socavón.

“Ha buscado por todas las formas quedarse con la mina de oro. Ha ofrecido dinero a funcionarios, y luego corrió las cercas, ocupando varias hectáreas”, indicó una fuente oficial.

Aunque la Unidad de Víctimas pasó un derecho de petición a la Gobernación de Antioquia, al Ejército y a la Policía para que impongan medidas, funcionarios indican que las entidades no han tomado ninguna decisión.

La Unidad sigue en alerta porque Escobar, según indican fuentes de la zona, ya se presentó en la mina como arrendatario, exigiendo un canon para la extracción de minerales.

Mientras tanto, por las ocupaciones irregulares, el Fondo de Víctimas denuncia que el valor de la mina va en detrimento. “Al predio lo han acabado en los últimos 8 meses”, señala un funcionario.

A la llegada de Escobar se suman las denuncias por invasión de bandas criminales. Según el Fondo de Reparación de Víctimas, a la región han llegado hombres armados del clan de ‘los Úsuga’ que “amenazan y cobran ‘vacunas’ a los campesinos y a dos mineros que hoy tienen los permisos para extraer oro en la mina Mandinga”, advierten.

Investigan corrupción
La primera ocupación ilegal de esta mina, según fuentes del Fondo, la hizo Francisco Salazar, abogado del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. El abogado afirmaba que el predio lo había adquirido cuando la sociedad Builes y Compañía se lo cedió en concepto de honorarios.

Haciéndose pasar por el administrador del predio desde el año 2012, Salazar les cobraba a dos familias que extraían oro en Mandinga el 10 por ciento de lo que sacaran. Al mes, según el Fondo de Víctimas, podía recibir entre 160 y 200 millones de pesos por pagos de cada familia.

Al ratificar las medidas cautelares contra la finca Mandinga, el 10 de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que se investiguen las actuaciones de Salazar.

Cuando el abogado salió de la mina, la Unidad de Víctimas le arrendó el bien a Asocaribia. Tras una minuciosa investigación, el Fondo de Reparación encontró que esta asociación, en complicidad con Guillermo Ernesto Durán, abogado contratista de la Unidad de Víctimas, estaban subarrendando el bien y cobrando millonarias sumas a terceros para que explotaran oro, sin ningún permiso.

El Fondo de Reparación tiene documentos que probarían que en ese negocio ilegal estaría involucrado el abogado Miguel Maza Álvarez, hijo del exgeneral Miguel Maza Márquez, investigado por el magnicidio de Luis Carlos Galán.

Según las pruebas en poder de la institución, Maza Álvarez recibió una parte del dinero que se les cobraba a los subcontratistas.

Fuente: http://bit.ly/14dvXeA

Hombre y una mujer asesinados

Un hombre y una mujer fueron asesinados por sicarios en dos hechos aislados, ocurridos en esta localidad y en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

El primer hecho de sangre ocurrió el miércoles por la noche, en la vereda El Real, en zona rural de El Bagre, donde fue asesinada Julieth Viviana Vera Meneses, de 27 años, natural de Medellín.

Según testigos, la joven se encontraba en la terraza de su vivienda cuando fue atacada por un sujeto que le propinó varios disparos, especialmente en la cara. 

Ese mismo día, pero en el barrio La Playa, de Caucasia, fue asesinado Cristóbal Durey Restrepo Carrasquilla, de 47 años, quien recibió varios tiros en la cabeza. Hasta el momento las autoridades desconocen los móviles de estos dos hechos de sangre. 

Fuente: http://bit.ly/1wRoTNg

Gobierno niega tierra a labriegos del Bajo Cauca para dársela a empresa minera

Adriana Balbín, campesina antioqueña nacida, criada y forjada en las bravías tierras del corregimiento La Caucana de Taraza, Bajo Cauca, no se explica cómo el pedazo de tierra baldía que su padre colonizó, que luego le heredó y donde ha vivido los últimos 30 años de su vida sin más soporte legal que los testimonios de familiares y vecinos,resultó siendo propiedad de la empresa minera Cerro Matoso S.A. No es la única en esta situación, que hoy tiene con “los pelos de punta” a más de 150 familias de este corregimiento taraceño, que en un pasado reciente fuera fortín militar del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, recluido en una cárcel de los Estados Unidos desde mayo del 2008, donde purga una condena por delitos asociados al tráfico de drogas.

Adriana conoció la noticia el 14 junio de 2012. Ese día recibió la Resolución 499 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en la que le notificaban que su finca se encontraba en un radio no superior acinco kilómetros del título de concesión minera No. 8600693786 de la empresa Cerro Matoso S.A., cuya vigencia se extiende hasta el año 2036. Y que dado que el Artículo 9 del Decreto 2664 de 1994 prohíbe adjudicar baldíos de la Nación situados “dentro de un radio de cinco kilómetros alrededor de las zonas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables”, se le negaba la solicitud de adjudicación que había radicado ante la entidad.

La solicitud de adjudicación la había realizado la mujer en el año 2010. Un año antes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) y la Gobernación de Antioquia pusieron en marcha el convenio 2008-CF-1800-01, mediante el cual ambas entidades buscaban ofrecerles a las familias campesinas dedicadas en ese momento al cultivo de hoja de coca, la alternativa de que sembraron otros productos agrícolas, que además fueran rentables y pudieran vivir dignamente de ellos, como lo eran el cacao y el caucho. La iniciativa sería ejecutada en los municipios de Tarazá, Anorí, Briceño, Valdivia, El Bagre, Cáceres, Amalfi, Nechí, Zaragoza, Segovia, San Luis, San Carlos y San Francisco, localidades donde se concentraban más del 95 por ciento de los sembradíos de hoja de coca para la fecha.

El proyecto

Adriana y otras 15 familias conocidas suyas de las veredas La Cidra, Primavera y Colorado, del corregimiento La Caucana, que durante los años de la ocupación paramilitar se convirtió en el centro cocalero más grande de Antioquia, decidieron aceptar la propuesta de la Gobernación de Antioquia y la Undoc para cambiar la “mata que mata” por cacao. Así, los campesinos ponían su tierra a disposición, las entidades regalaban las semillas iniciales, brindaban asistencia técnica y asesoría para la venta del producto.

Sin embargo, uno de los principales problemas que empezaron a encontrar los responsables del proyecto fue la relación tan informal que los campesinos de este municipio del Bajo Cauca antioqueño tenían con la tierra. “Por aquí nadie ha tenido título de la tierra, porque todo esto es baldío. Simplemente uno le compraba a alguien con un documento de compra-venta y listo. Y estamos hablando de posesiones de 20, 25 y 30 años, sin título”, relata Adriana.

La Gobernación y la Undoc destinaron entonces importantes recursos económicos para adelantar un agresivo plan de formalización de predios en los municipios del Bajo Cauca donde intervendría el proyecto. Mientras un equipo jurídico avanzaba en este frente de trabajo, en las veredas de La Caucana aumentaba el interés de los labriegos por dejar atrás su historia con la hoja de coca y comenzar a escribir la nueva historia de la región con la tinta y el olor dulzón del cacao.

“En 2011 ingresaron más veredas al proyecto, se unieron más familias y entonces nos dimos a la tarea de organizar una cooperativa de cacaoteros. Aquí ya existía una, pero no tenía como mucho peso. Entonces, decidimos organizarla, reformarla y así fue como nació Acata, que significa Asociación de Cacaoteros de Tarazá”, cuenta Adriana, actual presidente de la Asociación.

El convenio se extendió hasta diciembre de 2011. Al año siguiente Sergio Fajardo Valderrama asumiría como nuevo gobernador de Antioquia, quien le daría un vuelco al proyecto y enfocarse más en los municipios del Nordeste y Oriente antioqueño, y trabajar de la mano de otra agencia de cooperación internacional como socio estratégico. No obstante, la Asociación logró cautivar familias escépticas y otras más reacias y “alzó vuelo propio”. Hoy, por lo menos 200 familias de ocho veredas de La Caucana están dedicadas a la siembra de cacao, producto que venden a importantes empresas del departamento. De ellas,unas 62 familias son socias de Acata.

Frustración

Pese a este buen panorama, los habitantes de la Caucana no olvidan que hoy no cuentan con título que los avale como propietarios de sus tierras y que, cuatro años atrás, hubo dos importantes entidades que intentaron ayudar a sanear esta situación.

Según cifras reveladas a por VerdadAbierta.com por antiguos integrantes de este proyecto, hasta la culminación de este proyecto se realizaron 125 solicitudes de adjudicación de predios baldíos ante del Incoder. El número corresponde a familias que hasta 2011 ingresaron al programa cacaotero para sustitución de cultivos ilícitos en los municipios del Bajo Cauca antioqueño, aunque la gran mayoría estaban concentrados en el corregimiento La Caucana de Tarazá.

A la fecha, el Incoder solo ha respondido las solicitudes de 18 campesinos de la vereda Colorado de este corregimiento. Todas ellas fueron negadas en el año 2012 por la Entidadcon el mismo argumento: encontrarse en una radio de cinco kilómetros de una zona de explotación de recursos naturales no renovables segúnArtículo 9 del Decreto 2664 de 1994. Y en todas ellas, el título de concesión minera lo tiene la empresa Cerro Matoso S.A.

Lo curioso es que nadie en La Caucanasabe por qué una empresa que explota una mina que se encuentra en el municipio de Montelíbano, Córdoba, es decir, a poco más de 150 kilómetros de distancia, resultó como propietaria de las presuntas riquezas minerales que esconde esas tierras. “Siempre se ha dicho que Cerro Matoso tiene muchas tierras, pero imaginamos que es por allá por los lados de Montelíbano. Por eso se nos vuelve muy raro que eso pegue por acá por donde nosotros estamos”, resalta Adriana.

Entre la comunidad la preocupación es doble. Por un lado, temen que allí donde hoy crece el cacao y el caucho casi que de manera silvestre, el día de mañana lleguen las retroexcavadoras a abrir huecos en la tierra en busca de oro, níquel o platino, sin que nadie pueda oponerse a ello. De otro lado, personas como Adriana, que junto a un puñado de familias de este corregimiento le ha “metido el hombro” a la Asociación de Cacaoteros de Tarazá, temen que la negativa de adjudicación de predios desestimule el cultivo de productos lícitos y eche al traste con la exitosa erradicación de la hoja de coca que ha venido teniendo lugar en La Caucana desde hace cinco años.

“Por el momento, el banco agrario nos continúa facilitando préstamos. Seguimos trabajando y no hemos tenido problemas hasta ahora por no tener títulos”, señala la mujer, quien de todas maneras advierte: “estamos preocupados, porque nosotros le hemos puesto mucho interés a este proyecto y queremos el título de nuestra tierra. Entre otras cosas, para seguir trabajando legal, porque como ya he escuchado a algunos decir: ‘para que manejarnos bien si el gobierno nos responde mal negándonos el derecho que tenemos sobre nuestras tierras’. Y eso preocupa”.

Fuente: http://bit.ly/1sYPZCW

Sale de Caucasia otro periodista amenazado

Sin mujer y sin hijos. Liviano de equipaje. Así tuvo que salir este jueves de Caucasia Calixto Pérez, horas después de ser amenazado.

A las 6 de la tarde del miércoles pasado, el periodista de la emisora Caucasia Stereo recibió una llamada. Al otro lado de la línea, una voz desconocida, a nombre de la banda criminal ‘los Urabeños’, le advirtió que tenía que abandonar el municipio.

Usted es uno de los periodistas ‘sapos h. p. del Bajo Cauca’, sentenció la voz anónima. Atemorizado, y luego de hablar con la Unidad Nacional de Protección, Calixto Pérez se despidió el jueves en la mañana de su familia y emprendió viaje.

Se fue solo, sin protección alguna, como permanecía. Esta es la segunda amenaza que recibe el comunicador y por eso no quiso arriesgar su vida. Hace un año, en pleno paro nacional minero, lo amenazaron ‘los Rastrojos’.

Al comienzo recibió atención especial de la Policía, pero al cabo de unas semanas se quedó solo. En Caucasia Stereo tenía su noticiero. De lunes a viernes, entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde, Caucasia al Día revelaba las principales noticias judiciales y de orden público que se generaban en el Bajo Cauca.

Pero las amenazas de hace un año le hicieron cambiar el enfoque de su programa. Se dedicó entonces a las notas de acueductos y alcantarillados, de alumbrados públicos, de gestión de alcaldes y otros temas sociales. Aun así, ‘los Urabeños’ lo amenazaron de nuevo hace dos días.

En septiembre fueron ‘los Rastrojos’ los que intimidaron a Léiderman Ortiz, director del periódico La Verdad del Pueblo, de Caucasia, y en agosto asesinaron en Tarazá a Luis Carlos Cervantes, de la Emisora Morena FM.

Son ocho los periodistas amenazados en el Bajo Cauca antioqueño.

Fuente: http://bit.ly/1vTLJ6v

Hombre fue asesinado en Caucasia

De dos disparos en la cabeza fue asesinado un hombre de 45 años en el municipio de Caucasia. En los últimos tres días, tres personas han sido asesinadas en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Jesús Alberto Mazo Úsuga fue baleado en el barrio Pueblo Nuevo, donde hace dos días asesinaron a James Brayan Gómez Gómez. Hasta ese sitio acudieron agentes de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Caucasia a realizar la inspección del cadáver el hombre que recibió dos tiros en la cabeza.

Fuente: http://bit.ly/Zikesi

Atentado de Farc contra camiones en Bajo Cauca deja un herido

El Gobierno de Antioquia confirmó que una mujer resultó herida durante un ataque cometido por un grupo guerrillero de las Farc en el sitio El Doce, entre los municipios de Valdivia y Tarazá, en la vía Medellín a la Costa Atlántica, donde quemaron 11 vehículos, entre ellos una ambulancia.

“Un ataque entre Valdivia y Tarazá, en un sitio que se conoce como el 12, fueron incinerados 11 vehículos entre buses, camiones y desafortunadamente fue atacada una ambulancia, una misión médica, allí una mujer resultó herida y fue trasladada a Montería en donde estamos revisando su estado”, relató el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe.

El funcionario aseguró también que en ese sector del norte del departamento, las fuerzas militares ampliaron las operaciones de control del orden y trabajan en procura de reabrir cuanto antes la circulación vehicular en ambos sentidos.

“Esas son acciones (de las Farc) para desconcentrar a la tropa y para obligarla a replegarse, para que las operaciones ofensivas que se están adelantado tanto en el Nudo del Paramillo como en el Bajo Cauca, tengan que cesar, tengan que modificarse mientras se responde a este tipo de situaciones, lo que genera unas cargas a la fuerza pública”, consideró el secretario de Gobierno antioqueño.

Insistió en que buscarán más refuerzo militar y policial: “Vamos hablar con el Ministro de Defensa sobre las operaciones en la zona, sobre el esquema que hay y debe haber en esa zona para evitar este tipo de situaciones”.

Fuente: http://bit.ly/1rkfu1E

De un disparo asesinan a joven en Cáceres

Un disparo en la cabeza le causó la muerte a Gilberto Giovanni Montoya Arroyave, de 18 años, cuando se encontraba en la vereda Las Frías, del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

El cuerpo del hombre fue hallado y trasladado a la morgue local por sus familiares. Las autoridades investigan las causas de la muerte.

Fuente: http://bit.ly/ZHX4wb

Muere un menor por explosión de un campo minado en Tarazá

La muerte de un muchacho campesino en un paraje rural del municipio de Tarazá, víctima de un campo minado sembrado al parecer por las Farc causó tristeza y rechazo entre las autoridades y la comunidad de esa zona del Bajo Cauca Antioqueño.

Según el reporte de las autoridades policiales, el adolescente transitaba por la vereda Quebradas Altas, del corregimiento Barro Blanco, de Tarazá, y perdió la vida cuando pisó accidentalmente el artefacto explosivo.

El cadáver del menor fue llevado por funcionarios del CTI al hospital de Tarazá para las diligencias de necropsia.

Los organismos policiales creen que la carga explosiva fue instalada por guerrilleros del frente 36 de las Farc por cuanto el incidente sucedió en un área donde actúa esa agrupación rebelde.

Fuente: http://bit.ly/XvuRYb

Fue capturado en Caucasia alias ‘Mayimbú’

A la cárcel enviaron a un hombre de 25 años, quien tenía una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, terrorismo, extorsión, y porte y tráfico de armas de fuego y estupefacientes.

En el barrio Las Gaviotas de Caucasia fue donde se realizó la investigación que incluyó una orden de allanamiento y que permitió la captura de alias ‘Mayimbú’, presunto miembro del ‘Clan Úsuga’.

De acuerdo con las autoridades, este sujeto había sido capturado el 27 de mayo de 2013 en medio de un allanamiento que realizó la Unidad Básica de Investigación Criminal de Caucasia en su lucha contra el tráfico de estupefacientes.

Ganaderos denuncian extorsiones

La mayoría de los ganaderos de la Mojana denunciaron públicamente que están siendo víctimas de extorsiones por bandas criminales. Señalaron que las bacrim están haciendo inventario de cuántas reses tiene cada uno para extorsionarlos. Por res piden $10.000.

En una asamblea que lideró el Comité de ganaderos de la Mojana el pasado fin de semana y a la que asistieron más de 300 ganaderos de Majagual, Guaranda, Sucre, Nechí y San Jacinto del Cauca pusieron al tanto de la situación al comandante de la Policía en Sucre, coronel Carlos A. Wilches, y la directora seccional de Fiscalía, Carmenza Duque.

La vocería de los ganaderos la tomó el alcalde de Guaranda, Nolberto Beltrán.

La directora seccional de Fiscalías, Carmenza Duque, se comprometió a enviar unos fiscales especiales para la zona de la Mojana a estudiar este tipo de denuncias, indicó Enrique Martínez Alemán, presidente del Comité de Ganaderos de a Mojana.

"Estamos bastante sometidos y asustados, porque no se ha visto la presencia del Estado. La policía que hay es en las cabeceras municipales Majagual, Guaranda, Sucre, pero eso no se mueve, son pequeñas unidades. El Gaula sí tiene esa capacidad de hacer esos desplazamientos", anotó Martínez.

Entre los compromisos de la Policía en Sucre está disponer de agentes del Gaula de la Policía sobre todo hacia Guaranda, que limita más con Antioquia porque al parecer, las bacrim vienen de San Jacinto del Cauca.

Ayer, el coronel Carlos Alberto Wilches, comandante de al Policía, afirmó en una rueda de prensa que requirió al Gaula de la Policía y al Gaula Militar para que hagan presencia en la zona y escuchen a los ganaderos de manera puntual, como lo pidieron ellos y los alcaldes de la zona.

Según Wilches, "no hubo ningún pronunciamiento por ellos frente a este tipo de situaciones (con respecto a las extorsiones) lo único que manifiestan es ser escuchados y es así que Policía Nacional deja una comisión para escuchar de manera pormenorizada a cada uno para denunciar alguna situación como tal".

Fuente: http://bit.ly/1oE2mNS

Bajo Cauca, 'zona roja' para los periodistas

Los periodistas del bajo Cauca antioqueño ejercen su labor con miedo. Así lo aseguran tres de los nueve comunicadores que, en esa subregión de Antioquia –con solo 6 de los 125 municipios que tiene el departamento–, están amenazados.

El asesinato del director de la emisora Morena F.M. y excorresponsal de Teleantioquia Noticias, Luis Carlos Cervantes, abaleado el martes pasado en Tarazá cuando iba a visitar a su pequeño hijo de 8 años –tras dos semanas de estar escondido–, acrecentó su temor.

Leidherman Ortiz, director del periódico La Verdad del Pueblo de Caucasia, es quizá el periodista de Colombia que más atentados ha sobrevivido. Dos granadas y tres intentos de sicariato del 2008 a la fecha lo confirman.

“Las bandas criminales pagan por mi cabeza de 5 a 50 millones de pesos. De eso me he enterado por fuentes de inteligencia de la Policía”, dice el comunicador de 41 años, quien ha denunciado a los cabecillas de diferentes ‘bacrim’, como ‘Urabeños’, ‘Paisas’, ‘Rastrojos’.

“Yo sé que tengo un enemigo político que he venido denunciando, y hay concejales, además de funcionarios públicos, que han pedido que se me quite el esquema de seguridad que me tiene la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, agrega Ortiz, a quien protegen, como a pocos, tres escoltas, un vehículo y una vivienda blindada.

“Eso no fue gratis, pues tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligó al Estado colombiano a defenderme”, dice.

Pero esa no es la suerte de Éder Alvarado Barrios, el director de tres medios de comunicación en Caucasia, quien dice que ha tenido que soportar y resistir las siete intimidaciones de las que ha sido víctima sin protección.

“Yo les pongo la cara a las bandas criminales. Si me quieren sacar de Caucasia me tienen que matar”, sentencia el periodista barranquillero, quien hace siete años llegó a ese municipio para hacer su carrera.

Inclusive recibió en una ocasión, según dice, amenazas de un teniente de la Policía que “pagó un millón de pesos por asesinarme”.

Hay quienes incluso tuvieron que dejar de ejercer el oficio por miedo a las amenazas. Es el caso de Lili Johana Franco, quien cambió un micrófono y el cubo con el logo de Teleantioquia Noticias por una caja registradora de un almacén. “Solo estuve en el periodismo tres meses (en el 2013). Mi debut fue recibir amenazas, quién sabe por qué”, se queja la joven de 23 años, madre soltera de una niña de 4 años.

Falta de protección
Óscar Morales, representante de la Asociación de Periodistas de Antioquia (APA) y quien ha liderado la vocería después del asesinato de Cervantes –que soportó 30 amenazas antes de su muerte– aseguró que en la región hay 18 periodistas que están en riesgo.

“Hay muchos colegas que están en zonas apartadas del departamento donde reina la autocensura, y ellos muchas veces por temor a que se agranden sus problemas, o por desconocimiento, no lo dan a conocer”, dice, tras asegurar que solamente cuatro de ellos tienen esquema de seguridad de la UNP.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, se comprometió a analizar cada uno de los 18 casos de riesgo.

En el país, 86 periodistas con riesgo extraordinario cuentan con protección.

Fuente: http://bit.ly/VAYo1e

El periodista Luis Carlos Cervantes fue asesinado en Tarazá

El periodista Luis Carlos Cervantes Solano, director de la emisora Morena F.M., del municipio de Tarazá, fue asesinado este martes según confirmaron representantes de los gremios periodísticos del Bajo Cauca antioqueño.

Según el coronel Gustavo Chavarro, comandante de la Policía en Antioquia, el ataque armado ocurrió aproximadamente a las 2:15 de la tarde en barrio Eduardo Correa de Tarazá. Cervantes se desplazaba como pasajero en una moto y fue abordado por tres hombres de civil que le dispararon en diferentes partes del cuerpo. 
 
Cervantes había denunciado que el pasado 21 de julio, aproximadamente a las 7:10 de la noche, llegó un hombre a su casa para pedirle que transmitiera una información por la emisora que dirige y, ante su negativa, le dijo que estaban "cansados de verlo en Tarazá".
 
"Al día siguiente (22 de julio) recibí un mensaje de texto en el que me decían que tenía dos horas para salir del municipio", dijo Cervantes en ese momento.

El periodista salió de la zona el pasado 23 de julio y denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le notificó cuando llegó a Medellín el retiro de su esquema de de protección con el argumento de que los estudios de riesgo lo ubicaban en el nivel bajo. 

Cervantes empezó a recibir amenazas en el año 2010, cuando trabajaba como corresponsal para Teleantioquia Noticias, luego de la emisión de varios informes sobre casos de corrupción en algunas administraciones municipales del Bajo Cauca. Las intimidaciones tendrían origen, al parecer, en integrantes de la banda criminal de "los Urabeños". 

El comunicador Leiderman Ortíz, amigo de Cervantes y periodista en la región del Bajo Cauca antioqueño, cuestionó a las autoridades al recordar que le retiraron los dos escoltas y un vehículo que conformaban su esquema de protección.

"Hace tres días hablé con él y estaba preocupado porque a pesar de las amenazas debía esperar un nuevo estudio de seguridad. Me dijo 'me voy para Tarazá pase lo que pase porque yo tengo mi familia allá y para dónde me voy a ir'".

La Asociación de Periodistas de Antioquia (APA) se pronunció sobre el crimen y recordó que el pasado 24 de julio emitió una alerta sobre la situación de Cervantes.

"La vida de un periodista se perdió por la incapacidad de las autoridades de proteger a quien denuncia. Exigimos justicia", escribió la organización en su cuenta de Twitter.  

Ante los cuestionamientos que recibió por esa misma red luego del homicidio de Cervantes,Andrés Villamizar, director de la UNP, respondió que no es esa entidad la que determina la asignación de los esquemas de seguridad de los protegidos. Según el funcionario, esa competencia corresponde al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem). 

La UNP agregó en un comunido que Cervantes contaba con esquema de protección desde junio de 2012 y el 5 de junio pasado el Cerrem tomó la decisión de levantar el esquema, determinación que se hizo efectiva el 24 de julio.

La entidad agregó que "según la información evidenciada en el estudio de riesgo, no había nexo causal entre las amenazas recibidas por el señor Cervantes, y su labor como periodista, razón por la cual el resultado fue ordinario. Según la información en poder de la UNP sobre este caso, el señor Cervantes desde hace más de un año, no ejercía el periodismo. Su trabajo en la Emisora Morena FM consistía fundamentalmente en programación musical", dice el texto

También por medio de un comunicado, La Gobernación de Antioquia rechazó el crimen de Cervantes y ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que que permita esclarecer el asesinato y conduzca a los autores. 

Por su parte, Eder Narváez, actual corresponsal de Teleantioquia Noticias y consejero Departamental de los Medios de Comunicación Comunitarios y Ciudadanos del Bajo Cauca, dijo que los periodistas de esa zona del departamento reciben la noticia con preocupáción y denunció que el lunes fue amenazado su camarógrafo, quien también presta sus servicios para el informativo Bajo Cauca Noticias.  

"Ayer a las 11:15 de la noche lo llamaron para decirle que tenía 24 horas para irse del municipio (Caucasia). Nos comunicamos con la UNP para dar a conocer el tema y en la mañana de hoy se hizo la denuncia correspondiente", dijo el periodista. 

Narváez agregó que habló el pasado viernes con Cervantes quien le explicó que luego del retiro de su esquema de seguridad evitaba permanecer en el municipio de Tarazá.

Fuente: http://bit.ly/1otjZ8M

Gobernador de Antioquia denuncia que criminales extorsionan a contratistas

El Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, anunció quesu despacho apoyará la labor de la fuerza pública en su lucha en contra de las bandas criminales, especialmente el denominado Clan Úsuga, estructura delincuencial a la que acusó de extorsionar a los contratistas que desarrollan los parques educativos en Cáceres y Tarazá, en el Bajo Cauca.

El mandatario calificó como un reto al Estado de parte de las bandas criminales, las denuncias que los constructores de los parques Educativos de Cáceres y Tarazá hicieron durante a la entrega en Caucasia del primer centro regional de atención del riesgo y emergencia del departamento.

Fajardo se refirió de paso a las presiones de la criminalidad contra la empresa de apuestas permanentes Gana en municipios del Norte y el Bajo Cauca.

"Todos sabemos qué está ocurriendo en este territorio. Y en este momento considero que es un reto a la institucionalidad, y nosotros como departamento de Antioquia tenemos que responder", señaló.

Sostuvo que debe ser en coordinación con el Gobierno Nacional que se enfrente el problema, porque no va a ser con paños de agua tibia que se puede enfrentar a unos criminales que saben a lo que van y que están interfiriendo en todos los asuntos de estas comunidades.

Agregó que su administración debe hacer inversión social, pero no puede hacer las obras para que las bandas criminales se enriquezcan.

El gerente de Parques Educativos, David Escobar, confirmó que la denuncia de retrasos en la construcción de los parques educativos de Tarazá y Cáceres surgió de parte de las firmas contratistas que informaron a la Gobernación de los cobros extorsivos para permitir el avance de los trabajos.

El funcionario anotó que el caso se trasladará a la Secretaría de Gobierno para que en coordinación con las autoridades del orden nacional se defina cómo enfrentar la situación.

Fuente: http://bit.ly/1udw419

Apareció panfleto en Ayapel y Bajo Cauca.

Un documento amenazando a los jóvenes y obligándolos a permanecer en sus casas circuló hace tres días en este municipio.

La comunidad se llenó de miedo, pues el escrito, firmado por un grupo que se hace llamar La Mano Negra, amenaza a varios municipios del San Jorge como Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador y lugares específicos ubicados en localidades del Bajo Cauca antioqueño.

El alcalde de este municipio Fabio Paternina Escobar, dijo que una vez se supo del documento se convocó a un consejo de seguridad para tomar medidas y mantener la vigilancia en Ayapel.

El mandatario agregó que la comunidad ha estado tranquila, el comercio abre con normalidad y la gente circula por las calles a toda hora.

Las autoridades investigan la veracidad del documento, pues no es la primera vez que la región del San Jorge es intimidada con esta clase de escritos.

Es de recordar que hace dos meses en Puerto Libertador apareció un panfleto que paralizó las clases en el municipio, el cual según investigaciones de la policía, fue enviado por dos estudiantes. En esa ocasión se amenazó a docentes y a la comunidad.

Fuente: http://bit.ly/1pqfERI

Capturan en Tarazá a alias “memín” que delinque para el “Clan Usuga”

En el Parque principal de Tarazá, se logró la captura de alias “Memín”, de 43 años de edas; sobre quien recaía una orden de captura del Tribunal Superior de Antioquia, por el delito de Concierto para Delinquir Agravado.

Según informaciones de inteligencia y las recolectadas durante el proceso investigativo alias “Memín” era desmovilizado del Bloque Mineros de las AUC y actualmente hacía parte de la banda criminal “Clan Úsuga” que delinque en el Bajo Cauca Antioqueño.

El individuo estaba encargado de la red de comunicaciones de dicha organización, manejaba y custodiaba los medios de comunicación y daba aviso a cualquier novedad.

El capturado fue dejado a disposición del Juzgado Primero Penal de Medellín. En lo corrido del año se han capturado 193 integrantes de Bandas Criminales en Antioquia.

Fuente: http://bit.ly/1AjeTzz

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