Posts in Category: Justicia

LOS NIÑOS ASESINADOS: !FUERON LAS FARC!

Jairo Vanegas y Victoria Grimaldo, padres de los niños asesinados

 

Cuando el camarada Santos ordenó al Director de la Policía Nacional que en menos de 3 días debería capturar a los asesinos que perpetraron la horrible masacre en el departamento de Caquetá, muchos colombianos pensaron que ahí había gato encerrado. Y tenían razón.

El show mediático de Santos, repartiendo órdenes a diestra y siniestra, seguro de que habría capturas, nos llevó a desconfiar de quien siendo ministro de Defensa se inventó el cuento macabro de que las Fuerzas Militares tenían como propósito institucional el asesinar civiles para hacerlos pasar como terroristas.

El espectáculo de las capturas estuvo dividido en varios capítulos. Primero decían que se habían pagado 500 mil pesos y que eran tres asesinos; poco a poco fueron subiendo el número de sicarios y de dinero, y hasta hace unas horas ya iban acomodados a las malas 11 asesinos y un millón de pesos en ese crimen.

Le echaron el cuentico a la opinión pública de que la causa había sido por tierras, pero se les olvidó un pequeño detalle: la madre de los niños asesinados, Victoria Grimaldo, es desmovilizada de las FARC, y todos saben que un desmovilizado no puede regresar al territorio donde delinquen los terroristas de las FARC, porque la venganza de los bandidos es terrible.

Y resulta que esas tierras del Caquetá, donde está la vereda El Cóndor (sitio del asesinato) es área de influencia del terrorista Joaquín Gómez quien, a pesar de los anuncios del gobierno y de las FARC acerca de su intención de no reclutar más menores de edad, lo estaba haciendo en la región.

Según nuestras muy confiables fuentes, Joaquín Gómez le exigió a su antigua correligionaria en el crimen, que les entregara al joven de 17 años y a la niña de 14 años como cuota de apoyo a la revolución.

Y como la desmovilizada se negó, aseguran nuestras fuentes, Joaquín Gómez ordenó asesinar a los niños de 4, 10, 14 y 17 años de edad, con la instrucción precisa de violar salvajemente a la niña para que la “traidora” a la causa escarmentara y aprendiera que con las FARC no se juega. Y estos “capturados”, si todo marcha según lo planeado por esa mafia, no pagarán más de 3 años de cárcel. O eso, o los matan sus contratantes.

El camarada Santos debe conocer muy bien esta verdad, igual que el ministro Pinzón, el Fiscal General Eduardo Montealegre, Sergio Jaramillo y Humberto de La Calle. Pero como necesitan seguir con el tétrico sainete, se inventaron lo que se inventaron.

Acá uno no sabe quién es más desalmado: el que ordenó la masacre, los que la perpetraron, o la joya que tenemos de presidente quien, junto a sus coequiperos en la perversidad, desprecian la vida de inocentes criaturas que parecieran haber nacido con el único propósito de satisfacer la obscena y lujuriosa pasión de Juan Manuel Santos por ofrecer niños en sacrificio abominable para saciar la sed de sangre de sus amigos, los terroristas.

Fuente: http://bit.ly/1zzM6Uw

Conmemoran Día de la Mano Roja en Tarazá contra reclutamiento de menores

Con un acto especial, que incluye actividades culturales y simbólicas en el municipio de Tarazá, bajo cauca antioqueño, el Ministerio de Defensa lanzará su campaña "Basta, aquí soy libre", con la cual se vincula a la conmemoración del día internacional Contra el Reclutamiento de niños o "Día de la mano Roja".

El gobierno escogió el municipio de Tarazá por ser uno de los más afectados con el reclutamiento de menores, delito que cometen grupos guerrilleros y bandas criminales, lo cual se observa también en localidades como Anorí, Ituango Briceño y Campamento.

Según datos del Ministerio de Defensa desde el año 2002 a la fecha en el país se han desvinculado 4 mil menores de grupos armados, el 66 por ciento de ellos de las Farc y un 17 por ciento del ELN y de esa cifra total 500 de ellos en Antioquia, lo que lo convierte en el departamento del país con mayor número de menores de edad desvinculados.

Durante los 12 años que contempla el registro del ICBF, las edades más frecuentes entre los menores de edad desvinculados fueron los 16 y los 17 años, 3 mil 275 casos en estos rangos de edad.

Observadores del conflicto indicaron que la abultada cifra de niños desvinculados de las organizaciones guerrilleras y delincuenciales al margen de la ley obedece al continuo esfuerzo de estos grupos por reponer sus efectivos dados de baja, las deserciones y las desmovilizaciones generadas por la presión militar.

Fuente: http://bit.ly/1F2bYPN

Autoridades reportaron homicidios en Bajo Cauca

En el municipio de Zaragoza fue ultimado Cristian Enrique Pérez Montes. El hombre, de 28 años, recibió un disparo en su oído.

Finalmente, Víctor Alfonso Cárdenas Martínez, de 25 años, fue asesinado con arma de fuego en la vereda El Banco, del corregimiento Puerto Claver, del municipio de El Bagre.

Las autoridades investigan los crímenes.

En una rectificadora de Caucasia mataron a dos hombres e hirieron a otros dos

A disposición de la Fiscalía quedó un sujeto de 22 años, quien fue capturado como el presunto homicida de dos hombres en medio de un ataque armado que dejó otras dos personas lesionadas. El hecho ocurrió en Caucasia.

Hasta la rectificadora La Estrella, ubicada en el barrio La Y de Caucasia, habría llegado un sujeto de 22 años y habría atentado contra cuantro hombres que se encontraban en el lugar.

En el hecho perdió la vida Alfredo de Jesús Pérez Hernández, de 42 años, quien recibió varios disparos en la cabeza. Entre tanto, Jhon Jairo Zorrilla Sierra, quien malherido fue remitido a Medellín, murió en la ambulancia cuando esta se desplazaba a la altura del municipio de Yarumal víctima de las heridas que tenía en el tórax y en el cuello.

En el atentado también resultaron heridos dos hombre de 25 y 36 años.

Fuente: http://bit.ly/1ybjCyZ

En el Bajo Cauca cogieron a cinco extorsionistas del ‘Clan Úsuga’

Tres hombres y dos mujeres, extorsionistas de comerciantes y mineros en el Bajo Cuaca, fueron capturados por la Policía. Según las autoridades, ellos pertenecen al ‘Clan Úsuga’.

Durante varios allanamientos realizados por el Gaula de la Policía Antioquia en Zaragoza, Cáceres y Caucasia, fueron hechas efectivas cinco órdenes de captura que pesaban en contra de Merbin Antonio Rodríguez Restrepo, alias ‘Merbin’, Elías Antonio, alias ‘Yotagri’, Andrés Avelino Babilonia Silgado, alias ‘Machín’, Sandra Patricia Aguilar Trujillo y Yojana Gallego Martínez.

De acuerdo con el coronel Ramiro Riveros, comandante de la Policía Antioquia, la investigación, realizada en coordinación con la Fiscalía, permitió establecer que los capturados pertenecen al ‘Clan Úsuga’ y cobraban fuertes sumas de dinero a comerciantes y mineros para permitirles realizar su actividad comercial y a cambio de no atentar contra sus vidas.

Fuente: http://bit.ly/1y5ARBX

Saquearon mina de oro entregada para reparar a víctimas

El bien más productivo que hoy tiene el Fondo de Reparación de Víctimas, una mina de oro valorada en más de 3.000 millones de pesos, entregada a Justicia y Paz por el exparamilitar José Germán Sena Pico, ha sido ocupada en el último año por lo menos cuatro veces.

Según fuentes de la Unidad de Víctimas, hace más de un mes llegaron a la mina Mandinga, ubicada en Cáceres (Antioquia), al menos siete retroexcavadoras de Luis Horacio Escobar Saldarriaga, un reconocido ganadero del bajo Cauca, que tiene un predio colindante con el socavón.

“Ha buscado por todas las formas quedarse con la mina de oro. Ha ofrecido dinero a funcionarios, y luego corrió las cercas, ocupando varias hectáreas”, indicó una fuente oficial.

Aunque la Unidad de Víctimas pasó un derecho de petición a la Gobernación de Antioquia, al Ejército y a la Policía para que impongan medidas, funcionarios indican que las entidades no han tomado ninguna decisión.

La Unidad sigue en alerta porque Escobar, según indican fuentes de la zona, ya se presentó en la mina como arrendatario, exigiendo un canon para la extracción de minerales.

Mientras tanto, por las ocupaciones irregulares, el Fondo de Víctimas denuncia que el valor de la mina va en detrimento. “Al predio lo han acabado en los últimos 8 meses”, señala un funcionario.

A la llegada de Escobar se suman las denuncias por invasión de bandas criminales. Según el Fondo de Reparación de Víctimas, a la región han llegado hombres armados del clan de ‘los Úsuga’ que “amenazan y cobran ‘vacunas’ a los campesinos y a dos mineros que hoy tienen los permisos para extraer oro en la mina Mandinga”, advierten.

Investigan corrupción
La primera ocupación ilegal de esta mina, según fuentes del Fondo, la hizo Francisco Salazar, abogado del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. El abogado afirmaba que el predio lo había adquirido cuando la sociedad Builes y Compañía se lo cedió en concepto de honorarios.

Haciéndose pasar por el administrador del predio desde el año 2012, Salazar les cobraba a dos familias que extraían oro en Mandinga el 10 por ciento de lo que sacaran. Al mes, según el Fondo de Víctimas, podía recibir entre 160 y 200 millones de pesos por pagos de cada familia.

Al ratificar las medidas cautelares contra la finca Mandinga, el 10 de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que se investiguen las actuaciones de Salazar.

Cuando el abogado salió de la mina, la Unidad de Víctimas le arrendó el bien a Asocaribia. Tras una minuciosa investigación, el Fondo de Reparación encontró que esta asociación, en complicidad con Guillermo Ernesto Durán, abogado contratista de la Unidad de Víctimas, estaban subarrendando el bien y cobrando millonarias sumas a terceros para que explotaran oro, sin ningún permiso.

El Fondo de Reparación tiene documentos que probarían que en ese negocio ilegal estaría involucrado el abogado Miguel Maza Álvarez, hijo del exgeneral Miguel Maza Márquez, investigado por el magnicidio de Luis Carlos Galán.

Según las pruebas en poder de la institución, Maza Álvarez recibió una parte del dinero que se les cobraba a los subcontratistas.

Fuente: http://bit.ly/14dvXeA

Hombre y una mujer asesinados

Un hombre y una mujer fueron asesinados por sicarios en dos hechos aislados, ocurridos en esta localidad y en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

El primer hecho de sangre ocurrió el miércoles por la noche, en la vereda El Real, en zona rural de El Bagre, donde fue asesinada Julieth Viviana Vera Meneses, de 27 años, natural de Medellín.

Según testigos, la joven se encontraba en la terraza de su vivienda cuando fue atacada por un sujeto que le propinó varios disparos, especialmente en la cara. 

Ese mismo día, pero en el barrio La Playa, de Caucasia, fue asesinado Cristóbal Durey Restrepo Carrasquilla, de 47 años, quien recibió varios tiros en la cabeza. Hasta el momento las autoridades desconocen los móviles de estos dos hechos de sangre. 

Fuente: http://bit.ly/1wRoTNg

Gobierno niega tierra a labriegos del Bajo Cauca para dársela a empresa minera

Adriana Balbín, campesina antioqueña nacida, criada y forjada en las bravías tierras del corregimiento La Caucana de Taraza, Bajo Cauca, no se explica cómo el pedazo de tierra baldía que su padre colonizó, que luego le heredó y donde ha vivido los últimos 30 años de su vida sin más soporte legal que los testimonios de familiares y vecinos,resultó siendo propiedad de la empresa minera Cerro Matoso S.A. No es la única en esta situación, que hoy tiene con “los pelos de punta” a más de 150 familias de este corregimiento taraceño, que en un pasado reciente fuera fortín militar del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, recluido en una cárcel de los Estados Unidos desde mayo del 2008, donde purga una condena por delitos asociados al tráfico de drogas.

Adriana conoció la noticia el 14 junio de 2012. Ese día recibió la Resolución 499 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en la que le notificaban que su finca se encontraba en un radio no superior acinco kilómetros del título de concesión minera No. 8600693786 de la empresa Cerro Matoso S.A., cuya vigencia se extiende hasta el año 2036. Y que dado que el Artículo 9 del Decreto 2664 de 1994 prohíbe adjudicar baldíos de la Nación situados “dentro de un radio de cinco kilómetros alrededor de las zonas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables”, se le negaba la solicitud de adjudicación que había radicado ante la entidad.

La solicitud de adjudicación la había realizado la mujer en el año 2010. Un año antes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) y la Gobernación de Antioquia pusieron en marcha el convenio 2008-CF-1800-01, mediante el cual ambas entidades buscaban ofrecerles a las familias campesinas dedicadas en ese momento al cultivo de hoja de coca, la alternativa de que sembraron otros productos agrícolas, que además fueran rentables y pudieran vivir dignamente de ellos, como lo eran el cacao y el caucho. La iniciativa sería ejecutada en los municipios de Tarazá, Anorí, Briceño, Valdivia, El Bagre, Cáceres, Amalfi, Nechí, Zaragoza, Segovia, San Luis, San Carlos y San Francisco, localidades donde se concentraban más del 95 por ciento de los sembradíos de hoja de coca para la fecha.

El proyecto

Adriana y otras 15 familias conocidas suyas de las veredas La Cidra, Primavera y Colorado, del corregimiento La Caucana, que durante los años de la ocupación paramilitar se convirtió en el centro cocalero más grande de Antioquia, decidieron aceptar la propuesta de la Gobernación de Antioquia y la Undoc para cambiar la “mata que mata” por cacao. Así, los campesinos ponían su tierra a disposición, las entidades regalaban las semillas iniciales, brindaban asistencia técnica y asesoría para la venta del producto.

Sin embargo, uno de los principales problemas que empezaron a encontrar los responsables del proyecto fue la relación tan informal que los campesinos de este municipio del Bajo Cauca antioqueño tenían con la tierra. “Por aquí nadie ha tenido título de la tierra, porque todo esto es baldío. Simplemente uno le compraba a alguien con un documento de compra-venta y listo. Y estamos hablando de posesiones de 20, 25 y 30 años, sin título”, relata Adriana.

La Gobernación y la Undoc destinaron entonces importantes recursos económicos para adelantar un agresivo plan de formalización de predios en los municipios del Bajo Cauca donde intervendría el proyecto. Mientras un equipo jurídico avanzaba en este frente de trabajo, en las veredas de La Caucana aumentaba el interés de los labriegos por dejar atrás su historia con la hoja de coca y comenzar a escribir la nueva historia de la región con la tinta y el olor dulzón del cacao.

“En 2011 ingresaron más veredas al proyecto, se unieron más familias y entonces nos dimos a la tarea de organizar una cooperativa de cacaoteros. Aquí ya existía una, pero no tenía como mucho peso. Entonces, decidimos organizarla, reformarla y así fue como nació Acata, que significa Asociación de Cacaoteros de Tarazá”, cuenta Adriana, actual presidente de la Asociación.

El convenio se extendió hasta diciembre de 2011. Al año siguiente Sergio Fajardo Valderrama asumiría como nuevo gobernador de Antioquia, quien le daría un vuelco al proyecto y enfocarse más en los municipios del Nordeste y Oriente antioqueño, y trabajar de la mano de otra agencia de cooperación internacional como socio estratégico. No obstante, la Asociación logró cautivar familias escépticas y otras más reacias y “alzó vuelo propio”. Hoy, por lo menos 200 familias de ocho veredas de La Caucana están dedicadas a la siembra de cacao, producto que venden a importantes empresas del departamento. De ellas,unas 62 familias son socias de Acata.

Frustración

Pese a este buen panorama, los habitantes de la Caucana no olvidan que hoy no cuentan con título que los avale como propietarios de sus tierras y que, cuatro años atrás, hubo dos importantes entidades que intentaron ayudar a sanear esta situación.

Según cifras reveladas a por VerdadAbierta.com por antiguos integrantes de este proyecto, hasta la culminación de este proyecto se realizaron 125 solicitudes de adjudicación de predios baldíos ante del Incoder. El número corresponde a familias que hasta 2011 ingresaron al programa cacaotero para sustitución de cultivos ilícitos en los municipios del Bajo Cauca antioqueño, aunque la gran mayoría estaban concentrados en el corregimiento La Caucana de Tarazá.

A la fecha, el Incoder solo ha respondido las solicitudes de 18 campesinos de la vereda Colorado de este corregimiento. Todas ellas fueron negadas en el año 2012 por la Entidadcon el mismo argumento: encontrarse en una radio de cinco kilómetros de una zona de explotación de recursos naturales no renovables segúnArtículo 9 del Decreto 2664 de 1994. Y en todas ellas, el título de concesión minera lo tiene la empresa Cerro Matoso S.A.

Lo curioso es que nadie en La Caucanasabe por qué una empresa que explota una mina que se encuentra en el municipio de Montelíbano, Córdoba, es decir, a poco más de 150 kilómetros de distancia, resultó como propietaria de las presuntas riquezas minerales que esconde esas tierras. “Siempre se ha dicho que Cerro Matoso tiene muchas tierras, pero imaginamos que es por allá por los lados de Montelíbano. Por eso se nos vuelve muy raro que eso pegue por acá por donde nosotros estamos”, resalta Adriana.

Entre la comunidad la preocupación es doble. Por un lado, temen que allí donde hoy crece el cacao y el caucho casi que de manera silvestre, el día de mañana lleguen las retroexcavadoras a abrir huecos en la tierra en busca de oro, níquel o platino, sin que nadie pueda oponerse a ello. De otro lado, personas como Adriana, que junto a un puñado de familias de este corregimiento le ha “metido el hombro” a la Asociación de Cacaoteros de Tarazá, temen que la negativa de adjudicación de predios desestimule el cultivo de productos lícitos y eche al traste con la exitosa erradicación de la hoja de coca que ha venido teniendo lugar en La Caucana desde hace cinco años.

“Por el momento, el banco agrario nos continúa facilitando préstamos. Seguimos trabajando y no hemos tenido problemas hasta ahora por no tener títulos”, señala la mujer, quien de todas maneras advierte: “estamos preocupados, porque nosotros le hemos puesto mucho interés a este proyecto y queremos el título de nuestra tierra. Entre otras cosas, para seguir trabajando legal, porque como ya he escuchado a algunos decir: ‘para que manejarnos bien si el gobierno nos responde mal negándonos el derecho que tenemos sobre nuestras tierras’. Y eso preocupa”.

Fuente: http://bit.ly/1sYPZCW

Sale de Caucasia otro periodista amenazado

Sin mujer y sin hijos. Liviano de equipaje. Así tuvo que salir este jueves de Caucasia Calixto Pérez, horas después de ser amenazado.

A las 6 de la tarde del miércoles pasado, el periodista de la emisora Caucasia Stereo recibió una llamada. Al otro lado de la línea, una voz desconocida, a nombre de la banda criminal ‘los Urabeños’, le advirtió que tenía que abandonar el municipio.

Usted es uno de los periodistas ‘sapos h. p. del Bajo Cauca’, sentenció la voz anónima. Atemorizado, y luego de hablar con la Unidad Nacional de Protección, Calixto Pérez se despidió el jueves en la mañana de su familia y emprendió viaje.

Se fue solo, sin protección alguna, como permanecía. Esta es la segunda amenaza que recibe el comunicador y por eso no quiso arriesgar su vida. Hace un año, en pleno paro nacional minero, lo amenazaron ‘los Rastrojos’.

Al comienzo recibió atención especial de la Policía, pero al cabo de unas semanas se quedó solo. En Caucasia Stereo tenía su noticiero. De lunes a viernes, entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde, Caucasia al Día revelaba las principales noticias judiciales y de orden público que se generaban en el Bajo Cauca.

Pero las amenazas de hace un año le hicieron cambiar el enfoque de su programa. Se dedicó entonces a las notas de acueductos y alcantarillados, de alumbrados públicos, de gestión de alcaldes y otros temas sociales. Aun así, ‘los Urabeños’ lo amenazaron de nuevo hace dos días.

En septiembre fueron ‘los Rastrojos’ los que intimidaron a Léiderman Ortiz, director del periódico La Verdad del Pueblo, de Caucasia, y en agosto asesinaron en Tarazá a Luis Carlos Cervantes, de la Emisora Morena FM.

Son ocho los periodistas amenazados en el Bajo Cauca antioqueño.

Fuente: http://bit.ly/1vTLJ6v

Hombre fue asesinado en Caucasia

De dos disparos en la cabeza fue asesinado un hombre de 45 años en el municipio de Caucasia. En los últimos tres días, tres personas han sido asesinadas en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Jesús Alberto Mazo Úsuga fue baleado en el barrio Pueblo Nuevo, donde hace dos días asesinaron a James Brayan Gómez Gómez. Hasta ese sitio acudieron agentes de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Caucasia a realizar la inspección del cadáver el hombre que recibió dos tiros en la cabeza.

Fuente: http://bit.ly/Zikesi

Atentado de Farc contra camiones en Bajo Cauca deja un herido

El Gobierno de Antioquia confirmó que una mujer resultó herida durante un ataque cometido por un grupo guerrillero de las Farc en el sitio El Doce, entre los municipios de Valdivia y Tarazá, en la vía Medellín a la Costa Atlántica, donde quemaron 11 vehículos, entre ellos una ambulancia.

“Un ataque entre Valdivia y Tarazá, en un sitio que se conoce como el 12, fueron incinerados 11 vehículos entre buses, camiones y desafortunadamente fue atacada una ambulancia, una misión médica, allí una mujer resultó herida y fue trasladada a Montería en donde estamos revisando su estado”, relató el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe.

El funcionario aseguró también que en ese sector del norte del departamento, las fuerzas militares ampliaron las operaciones de control del orden y trabajan en procura de reabrir cuanto antes la circulación vehicular en ambos sentidos.

“Esas son acciones (de las Farc) para desconcentrar a la tropa y para obligarla a replegarse, para que las operaciones ofensivas que se están adelantado tanto en el Nudo del Paramillo como en el Bajo Cauca, tengan que cesar, tengan que modificarse mientras se responde a este tipo de situaciones, lo que genera unas cargas a la fuerza pública”, consideró el secretario de Gobierno antioqueño.

Insistió en que buscarán más refuerzo militar y policial: “Vamos hablar con el Ministro de Defensa sobre las operaciones en la zona, sobre el esquema que hay y debe haber en esa zona para evitar este tipo de situaciones”.

Fuente: http://bit.ly/1rkfu1E

De un disparo asesinan a joven en Cáceres

Un disparo en la cabeza le causó la muerte a Gilberto Giovanni Montoya Arroyave, de 18 años, cuando se encontraba en la vereda Las Frías, del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

El cuerpo del hombre fue hallado y trasladado a la morgue local por sus familiares. Las autoridades investigan las causas de la muerte.

Fuente: http://bit.ly/ZHX4wb

Muere un menor por explosión de un campo minado en Tarazá

La muerte de un muchacho campesino en un paraje rural del municipio de Tarazá, víctima de un campo minado sembrado al parecer por las Farc causó tristeza y rechazo entre las autoridades y la comunidad de esa zona del Bajo Cauca Antioqueño.

Según el reporte de las autoridades policiales, el adolescente transitaba por la vereda Quebradas Altas, del corregimiento Barro Blanco, de Tarazá, y perdió la vida cuando pisó accidentalmente el artefacto explosivo.

El cadáver del menor fue llevado por funcionarios del CTI al hospital de Tarazá para las diligencias de necropsia.

Los organismos policiales creen que la carga explosiva fue instalada por guerrilleros del frente 36 de las Farc por cuanto el incidente sucedió en un área donde actúa esa agrupación rebelde.

Fuente: http://bit.ly/XvuRYb

Fue capturado en Caucasia alias ‘Mayimbú’

A la cárcel enviaron a un hombre de 25 años, quien tenía una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, terrorismo, extorsión, y porte y tráfico de armas de fuego y estupefacientes.

En el barrio Las Gaviotas de Caucasia fue donde se realizó la investigación que incluyó una orden de allanamiento y que permitió la captura de alias ‘Mayimbú’, presunto miembro del ‘Clan Úsuga’.

De acuerdo con las autoridades, este sujeto había sido capturado el 27 de mayo de 2013 en medio de un allanamiento que realizó la Unidad Básica de Investigación Criminal de Caucasia en su lucha contra el tráfico de estupefacientes.

Ganaderos denuncian extorsiones

La mayoría de los ganaderos de la Mojana denunciaron públicamente que están siendo víctimas de extorsiones por bandas criminales. Señalaron que las bacrim están haciendo inventario de cuántas reses tiene cada uno para extorsionarlos. Por res piden $10.000.

En una asamblea que lideró el Comité de ganaderos de la Mojana el pasado fin de semana y a la que asistieron más de 300 ganaderos de Majagual, Guaranda, Sucre, Nechí y San Jacinto del Cauca pusieron al tanto de la situación al comandante de la Policía en Sucre, coronel Carlos A. Wilches, y la directora seccional de Fiscalía, Carmenza Duque.

La vocería de los ganaderos la tomó el alcalde de Guaranda, Nolberto Beltrán.

La directora seccional de Fiscalías, Carmenza Duque, se comprometió a enviar unos fiscales especiales para la zona de la Mojana a estudiar este tipo de denuncias, indicó Enrique Martínez Alemán, presidente del Comité de Ganaderos de a Mojana.

"Estamos bastante sometidos y asustados, porque no se ha visto la presencia del Estado. La policía que hay es en las cabeceras municipales Majagual, Guaranda, Sucre, pero eso no se mueve, son pequeñas unidades. El Gaula sí tiene esa capacidad de hacer esos desplazamientos", anotó Martínez.

Entre los compromisos de la Policía en Sucre está disponer de agentes del Gaula de la Policía sobre todo hacia Guaranda, que limita más con Antioquia porque al parecer, las bacrim vienen de San Jacinto del Cauca.

Ayer, el coronel Carlos Alberto Wilches, comandante de al Policía, afirmó en una rueda de prensa que requirió al Gaula de la Policía y al Gaula Militar para que hagan presencia en la zona y escuchen a los ganaderos de manera puntual, como lo pidieron ellos y los alcaldes de la zona.

Según Wilches, "no hubo ningún pronunciamiento por ellos frente a este tipo de situaciones (con respecto a las extorsiones) lo único que manifiestan es ser escuchados y es así que Policía Nacional deja una comisión para escuchar de manera pormenorizada a cada uno para denunciar alguna situación como tal".

Fuente: http://bit.ly/1oE2mNS

BajoCauca.com ©