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Duque convocó consejo de seguridad en Caucasia por crisis de orden público

El presidente Iván Duque tenía en su agenda de este jueves ir a Cartagena para participar en el Congreso Internacional de Transporte de Carga. Sin embargo, canceló ese viaje y convocó a un consejo extraordinario de seguridad en Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño, luego de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le enviara el martes pasado una carta pidiéndole ayuda por la situación de orden público.

El objetivo del consejo de seguridad es tomar medidas ante los problemas de seguridad en la subregión de Antioquia, donde, según el gobernador, hay un aumento de homicidios este año del 210 %. Se trata de una región donde coinciden el Clan del Golfo y Los Caparrapos, el ELN y las disidencias de las Farc, dedicados a la minería ilegal, el cultivo de hoja de coca, la extorsión y la venta de alucinógenos.

En el consejo de seguridad, además, se va a responder por la denuncia y las quejas con el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Según el gobernador, el Gobierno Nacional inscribió a 12.000 familias al programa de sustitución y ahora les ha incumplido con el pago, lo que habría incrementado las amenazas por parte de los grupos delincuenciales.

Al consejo de seguridad asistirá el presidente, su ministro de Defensa, la cúpula militar, las autoridades departamentales y los alcaldes de la subregión. 

 

Homicidios en Bajo Cauca antioqueño subieron 200 por ciento

En una carta dirigida al presidente Iván Duque, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le pidió intervención de carácter urgente debido a la gravedad de la situación por la que está pasando el Bajo Cauca antioqueño, causada por la lucha de grupos ilegales como el 'clan de Golfo', los 'Caparrapos', el Eln y las disidencias de las Farc.

Según cifras compartidas por Pérez, la gravedad del asunto radica en que entre 2017 y 2018, los asesinatos aumentaron un 200 por ciento. El año pasado se presentaron 96 homicidios en esta región, mientras que hasta el 2 de octubre de este año, se registraron 298 muertes violentas.

En la misiva, el gobernador expone que la zona superó la capacidad del Estado para asumir el control de los territorios afectados por el crecimiento de cultivos ilícitos y de minería ilegal.

El funcionario le pidió al mandatario su accionar para mitigar la situación. "Los problemas criminales del Bajo Cauca necesitan intervención integral, pues además, las promesas del Gobierno Nacional de apoyar a los que erradiquen voluntariamente los cultivos ilícitos fueron un engaño y han creado un caos social que estimula con agresividad la ilegalidad", dicta la carta.

En el consejo de seguridad que tuvo lugar en la mañana de este martes 2 de octubre, el mandatario se refirió al hecho explicando que la situación de guerra que se presenta en el Bajo Cauca superó la capacidad de las fuerzas de seguridad nacional, por lo que considera que es un problema de carácter presidencial.

"El gobernador no puede crear más policía ni puede tomar decisiones que le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, por eso pido intervención al Gobierno", manifestó el gobernador.

También aseguró que el próximo martes 9 de octubre serán convocados integrantes de Mineros S.A para identificar las zonas en las que operan maquinarias de extracción ilegal y comenzar a implementar acciones.

Fuente: http://bit.ly/2yfUfFv

En el Bajo Cauca hay que ser ciego, sordo y mudo

Este año han asesinado a ocho líderes sociales en el Bajo Cauca antioqueño: cuatro en Cáceres, dos en Caucasia y dos en Tarazá. Pero ellos no son los únicos muertos. Van 334 homicidios.

Entender las causas de la muerte allí es tan complejo como entender el contexto de una subregión que vive disputas entre grupos residuales de las AUC, brazos armados del ELN, el proceso de reinserción de las Farc y un proyecto para sustituir cultivos de coca voluntariamente.

Mientras, sus habitantes sufren no solo las consecuencias de esos problemas, sino también los coletazos de la emergencia en Hidroituango, y su economía (cuyo motor es la minería informal) cada vez se atranca más.

Una estela de guerra

Siete horas en bus de Medellín a Caucasia. En el camino se pasa de largo por Valdivia, Tarazá y Cáceres, donde está el 70 por ciento de la coca de Antioquia.

En las extensas zonas rurales que separan los cascos urbanos, dicen los que saben que se encuentran los grupos armados que desde hace más de veinte años se disputan o se comparten el control de una de las zonas más geoestratégicas para el tráfico de los negocios ilícitos en Colombia.

Grupos que están expulsando gente: las cifras de la Alcaldía de Medellín, a donde suelen huir los desplazados antioqueños, muestran la llegada de 3.336 desplazados del Bajo Cauca entre enero y junio de este año.

Tarazá es el municipio más expulsor con más de dos mil personas que arribaron a la ciudad, casi el mismo número de las que salieron del municipio, una cifra que venía bajando desde 2013, cuando tuvo 2.475 mil expulsados, según el Registro Único de Víctimas. En lo que va del año, el número de desplazados superó el de todo el 2017 en un 485 por ciento.

Pero a Medellín no llegan ni la mitad de los desplazados de Cáceres, que son 2.571 en lo que va del año; y de Caucasia han llegado a la capital 368 personas de las 591 que han huido del municipio.

Allí son más los que se quedan.

Un señor de 60 años, nativo de Caucasia, me dijo: “He visto peores tormentas en todos los años que he vivido acá”.

La última la vivió entre el 2008 y el 2012, pues luego de la extradición de Macaco y Cuco Vanoy, mandos importantes de las AUC en la subregión, se disputaron el control las Águilas Negras, aliados con los Caparrapos, y Los Rastrojos.

En 2010 hubo más de 40 ataques con granadas o petardos en lugares de comercio de Caucasia, según el Distrito de Policía Especial para el Bajo Cauca. Ese mismo año fue el de más homicidios en la historia del municipio: 128; y el de más desplazamientos en la subregión con nueve mil en los últimos diez años, según el Registro Único para las Víctimas (RUV).

Fue una guerra muy parecida a la que se vive ahora.

Luego, la región vivió una tensa tranquilidad desde 2012 cuando las Águilas Negras y Los Rastrojos llegaron a un acuerdo para unirse y convertirse en los frentes Julio César Vargas, Francisco Morelos Peñalta y el de Virgilio Peralta Arenas adscritos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Se rompió cuando este último, más conocido como los Caparrapos -dicen que porque varios de sus miembros iniciales venían de Caparrapí, en Cundinamarca-, decidió declararse disidencia a finales del año pasado.

Tener la suerte de que la guerra no te toque

 

 

La nueva guerra empezó con alertas.

En la madrugada del 29 de diciembre del 2017 estalló un artefacto en Bora Bora, una de las discotecas más grandes de Caucasia, que dejó 39 heridos.

En enero, hombres armados llegaron a siete veredas de Cáceres para anunciar enfrentamientos y pedirle a los habitantes abandonar sus casas, por lo que se desplazaron 356 personas, el primer desplazamiento masivo de los cinco que se dieron ese mismo mes dejando 1.695 personas afectadas, según alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes corren peligro?

En Caucasia, la respuesta del señor del mototaxi, de la señora que atiende en la cafetería, de líderes, fuentes oficiales y conocedores del municipio coinciden: “la persona de bien, vive bien”, “si no te metes con ellos, puedes estar tranquilo”.

Según fuentes de la Policía, los 94 homicidios registrados en Caucasia este año hasta el viernes 27 de julio, son fruto de la guerra entre el Clan y los Caparrapos, y por eso las víctimas eran, en su mayoría, vendedores de drogas, campaneros, extorsionistas, sicarios, paga diarios y colaboradores de esos dos grupos.

Pero el riesgo no solo es hacer parte de ellos.

La noche en la que asesinaron a Robert Jaraba, uno de los ocho líderes asesinados en el Bajo Cauca, un familiar le recomendó no salir de fiesta porque la ciudad estaba peligrosa. “Yo no le debo nada a nadie”, respondió.

Y no es la única historia. Dos líderes del municipio recordaron el homicidio de Juan Carlos Zabala en enero, un joven que nada tenía que ver con las bandas del barrio, pero al que le dispararon poco después de haber denunciado en la Policía una olla cerca de su casa.

“Si te matan a un ser querido, llóralo, entiérralo y no más”, explica una líder que recuerda que en alguna ocasión quiso convocar una marcha por la vida, pero rápidamente le llegaron rumores de que era mejor que no lo hiciera.

Rumores, eso es lo que llega y es suficiente para causar temor y coartar a las personas. Un enlace de la Mesa de Víctimas de Caucasia contó que su trabajo se ha apaciguado desde que empezaron los ataques a líderes sociales. No han querido moverse ni hacerse visibles pues, aunque no han recibido amenaza directa, el miedo está.

Además, sus dos hijas tuvieron que desplazarse a Medellín: una fue abordada por dos hombres en una moto que “se burlaron de ella por ser lesbiana” y le advirtieron que no la querían ver en la ciudad. La otra, luego de ver cómo un conocido suyo le disparó a un hombre, decidió irse por temor a que tomara represalias en su contra.

Otros enlaces de la Mesa de Víctimas que lideraban los temas de jóvenes y desaparición forzada salieron de Caucasia porque sentían miedo de realizar su trabajo allí, según esta fuente.

La muerte no solo llega por ser líder

En esa revuelta murieron Ana María Cortés, en Cáceres; y Robert Jaraba, en Caucasia. Son los dos asesinatos de líderes más recientes, en el mes y medio que va después de la segunda vuelta presidencial. Ella, líder política; él, líder sindical.

Ana María Cortés fue asesinada el 4 de julio a eso de las 7 de la noche a la entrada del pueblo, en una cafetería que visitaba diariamente. Robert Jaraba, cerca de la medianoche del 16 de julio, en Noche de Reinas, uno de los dos burdeles más conocidos de la ciudad.

Ambas muertes se enmarcan en la guerra que se anunció a finales del año pasado.

Que eran líderes es una realidad.

Cortés lo fue en la campaña de la Colombia Humana en Cáceres, coinciden las personas que acompañaron el nodo en el pueblo y Edith Navarro, encargada de la campaña en el Bajo Cauca.

Era más que una colaboradora: convocó, organizó y compartió la propuesta de Petro en el casco urbano, además de ser testigo electoral en las votaciones.

Sin embargo, ni ella ni su grupo de seis personas en la Colombia Humana recibieron amenazas en medio de la campaña; no hubo denuncias de constreñimiento y ni siquiera quienes se adentraron a las zonas montañosas, donde hay mayor presencia de ilegales, recibieron un mensaje negativo por esa actividad.

“No le conocimos un contexto muy profundo de ser líder social, a ella le gustaba más eso de la política” dijo un cercano suyo, que habló, como la mayoría de fuentes de esta historia, bajo la condición de proteger su identidad por miedo a la violencia.

Lo confirmaron dos personas más que viven en el pueblo hace más de diez años.

El personero Anderson Piedrahita corroboró que Ana María no hacía parte de ninguna asociación o junta de acción comunal. Pero con fechas imprecisas, se sabe que trabajó en la Personería de la alcaldía de Davinson Correa (2008-2011), para quien también hizo campaña en su momento.

Durante la emergencia de Hidroituango en mayo, tomó la vocería en el punto de encuentro dispuesto en Cáceres para los afectados exigiendo ayudas humanitarias.

La líder de la Colombia Humana, según cinco fuentes, había vuelto a su pueblo a principio de este año, pues en los últimos dos se había desplazado a Medellín por amenazas que no pudimos identificar.

Una fuente cercana a ella contó que desde entonces la Policía la perseguía y la abordaba en la cafetería que visitaba a diario en Cáceres. Piedrahita confirmó que Ana María hizo dos quejas por malos procedimientos policivos, pero que en ninguno expresó amenazas de la institución.

Uno de sus amigos más cercanos nos dijo que dos días antes de su muerte le comentó que había regresado al pueblo porque quería saludar a su familia, pero que sabía bien que no podía volver, y por eso pensaba dejar el municipio lo antes posible. No alcanzó.

Por su parte, Robert Jaraba también era reconocido como líder en Cerro Matoso, empresa para la que trabajó 16 años en Montelíbano, sur de Córdoba, donde se vive una guerra muy parecida a la del Bajo Cauca como contamos. Pero visitaba con frecuencia Caucasia, que queda a menos de una hora, pues allí nació y vive la mayoría de su familia.

Jaraba, quien era operador de máquinas en la Mina e hizo parte del Comité de Certificación del Sena que capacitó a unos 140 trabajadores de la empresa, fue uno de los fundadores del sindicato Sintramineros en 2012.

Como en el caso de Cortés, sus compañeros del sindicato y familiares niegan que su papel ahí fuera fruto de incomodidad para alguien.

“A él no le gustaba enfrentarse y pelear con los directivos, sino más bien encontrar soluciones prácticas para ambos”, dice uno de sus seres más queridos.

Aunque tenía una lucha por tierras, no era un líder de ese sector.

Desde diciembre del 2017 llevaba el proceso de reclamación de un predio llamado Las Delicias, en la vereda La Mojosa, Cáceres, que le despojó el exparamilitar ´Macaco’ a su padre Atilano en 1998.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, no manifestó amenazas por esa actividad; de hecho, era el único entusiasmado de la familia porque creía que ya estaban cerca de recuperar su finca, aunque el proceso apenas está en estudio formal.

Sus más allegados también desmienten lo que se difundió en prensa sobre un ataque personal que recibió semanas antes de su muerte. El hecho fue en enero; dos hombres en moto le tiraron una piedra al ventanal de su casa en Montelíbano. Nunca pudieron identificar el porqué.

En los dos casos, las autoridades dicen por fuera de micrófonos que los asesinatos no se deben a su condición de líderes.

Información extraoficial de la Policía arroja que Cortés estaba siendo investigada por pertenecer al Clan del Golfo y tenía un hijo en la organización criminal. Efectivamente, a los trece días del homicidio, el Ejército capturó su hijo, Camilo Andrés Chaverra Cortés, presunto integrante del Clan del Golfo.

Esa versión responsabiliza la muerte de Cortés a los Caparrapos, grupo para el que supuestamente ella trabajó en el pasado, antes de abandonar el pueblo, hace más o menos dos años.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que tienen pruebas contundentes de que el autor del crimen sería alias “Jonás”, líder de los Caparrapos.

Según esta misma fuente, hay indicios de que la muerte de Robert tuvo que ver con su hermano Anuar, quien es el cuñado de alias Carlitos, un caparrapo de Caucasia que fue herido de bala el 14 de julio y murió el mismo día que el líder de Cerro Matoso.

La teoría que comparten algunos familiares es que al que querían matar era a su hermano y pudo ser un error porque los dos se parecían físicamente. Ninguno se imaginó que Robert pudiera morir de esa forma, “él siempre le huía a los problemas”.

Esta semana la Policía capturó al presunto asesino: alias Cristian, quien se desempeñaba como sicario de los Caparrapos en Caucasia, según las autoridades.

Pero el liderazgo vulnerado en el Bajo Cauca va más allá, y se concentra más que todo en las veredas, entre cultivos de coca y el asedio de Clan del Golfo y los Caparrapos.

Fuente: http://bit.ly/2NVhDia

En observación permanecen dos policías heridos en ataque en Caucasia, Antioquia

Bajo observación médica permanecen los dos policías heridos en el ataque con granada a un camión de esa institución en el estadio de softball de Caucasia, en Antioquia. Este es el hecho más reciente del denominado plan pistola del Clan del Golfo en el país.

Mientras que las autoridades de Caucasia, en el bajo cauca antioqueño, se concentraban en la entrega de ayudas para los afectados por las lluvias en ese municipio, dos hombres en una motocicleta lanzaron la granada. 

En el hecho los dos patrulleros heridos fueron identificados como Julián Cruz y José Joaquín Pérez, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital César Uribe y clínica El Pajonal de la localidad.

Oscar Aníbal Suarez, alcalde de Caucasia explicó que la preocupación es por este ataque y los anteriores sucedidos en los municipios vecinos. 

El carro estaba parqueado cuando lo atacaron. Afortunadamente los uniformados se recuperan en un centro asistencial, mientras la Policía investiga y refuerza la seguridad en el municipio”, explicó el alcalde.

Para las 8:30 de la mañana fue citado un consejo extraordinario de seguridad en esa zona de Antioquia, en la que más se han registrado ataques presuntamente del clan del golfo en los últimos días.

Fuente: http://bit.ly/2r91mOK

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