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A comienzos de 2019 entregan 83 kms de Zaragoza-Caucasia

Autopista del Nordeste es la segunda concesión de las Autopistas de la Prosperidad, que reporta mayor avance en Antioquia, hoy del 32%, y la séptima de las 30 concesiones que se desarrollan en el país.

El proyecto tiene un avance general del 32%, en un tramo de 145 kilómetros entre los municipios antioqueños de Remedios, Zaragoza, Caucasia, y al finalizar empalmará con las obras de la autopista Magdalena 2, en el centro del país, y Ruta al mar hacia la Costa Caribe.

"Por las unidades en que se divide el proyecto, la DOS, que va de Zaragoza a Caucasia, vamos en un 80% de avance. La variante Caucasia, que son 5 kilómetros nuevos para evitar el tráfico en el casco urbano, vamos en un 58% y la unidad funcional 1, que es el tramo Remedios-Zaragoza, de 58 kilómetros nuevos de vías, vamos en un 10%", explicó Juan Manuel Mariño, gerente de la Concesión Nordeste.

Esta obra empezará a entregar tramos desde comienzos del año 2019 cuando estarán listos los 83 kilómetros de vía mejorados entre Zaragoza y Caucasia, en el bajo cauca antioqueño.

La ejecución de estas obras tiene el respaldo financiero de 7 bancos, 4 del extranjero y 3 colombianos, que han hecho 18 desembolsos que suman a la fecha 695 mil millones de pesos, de un costo total del proyecto de 1,3 billones de pesos.

Fuente: http://bit.ly/2DHaP7h

En el Bajo Cauca hay que ser ciego, sordo y mudo

Este año han asesinado a ocho líderes sociales en el Bajo Cauca antioqueño: cuatro en Cáceres, dos en Caucasia y dos en Tarazá. Pero ellos no son los únicos muertos. Van 334 homicidios.

Entender las causas de la muerte allí es tan complejo como entender el contexto de una subregión que vive disputas entre grupos residuales de las AUC, brazos armados del ELN, el proceso de reinserción de las Farc y un proyecto para sustituir cultivos de coca voluntariamente.

Mientras, sus habitantes sufren no solo las consecuencias de esos problemas, sino también los coletazos de la emergencia en Hidroituango, y su economía (cuyo motor es la minería informal) cada vez se atranca más.

Una estela de guerra

Siete horas en bus de Medellín a Caucasia. En el camino se pasa de largo por Valdivia, Tarazá y Cáceres, donde está el 70 por ciento de la coca de Antioquia.

En las extensas zonas rurales que separan los cascos urbanos, dicen los que saben que se encuentran los grupos armados que desde hace más de veinte años se disputan o se comparten el control de una de las zonas más geoestratégicas para el tráfico de los negocios ilícitos en Colombia.

Grupos que están expulsando gente: las cifras de la Alcaldía de Medellín, a donde suelen huir los desplazados antioqueños, muestran la llegada de 3.336 desplazados del Bajo Cauca entre enero y junio de este año.

Tarazá es el municipio más expulsor con más de dos mil personas que arribaron a la ciudad, casi el mismo número de las que salieron del municipio, una cifra que venía bajando desde 2013, cuando tuvo 2.475 mil expulsados, según el Registro Único de Víctimas. En lo que va del año, el número de desplazados superó el de todo el 2017 en un 485 por ciento.

Pero a Medellín no llegan ni la mitad de los desplazados de Cáceres, que son 2.571 en lo que va del año; y de Caucasia han llegado a la capital 368 personas de las 591 que han huido del municipio.

Allí son más los que se quedan.

Un señor de 60 años, nativo de Caucasia, me dijo: “He visto peores tormentas en todos los años que he vivido acá”.

La última la vivió entre el 2008 y el 2012, pues luego de la extradición de Macaco y Cuco Vanoy, mandos importantes de las AUC en la subregión, se disputaron el control las Águilas Negras, aliados con los Caparrapos, y Los Rastrojos.

En 2010 hubo más de 40 ataques con granadas o petardos en lugares de comercio de Caucasia, según el Distrito de Policía Especial para el Bajo Cauca. Ese mismo año fue el de más homicidios en la historia del municipio: 128; y el de más desplazamientos en la subregión con nueve mil en los últimos diez años, según el Registro Único para las Víctimas (RUV).

Fue una guerra muy parecida a la que se vive ahora.

Luego, la región vivió una tensa tranquilidad desde 2012 cuando las Águilas Negras y Los Rastrojos llegaron a un acuerdo para unirse y convertirse en los frentes Julio César Vargas, Francisco Morelos Peñalta y el de Virgilio Peralta Arenas adscritos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Se rompió cuando este último, más conocido como los Caparrapos -dicen que porque varios de sus miembros iniciales venían de Caparrapí, en Cundinamarca-, decidió declararse disidencia a finales del año pasado.

Tener la suerte de que la guerra no te toque

 

 

La nueva guerra empezó con alertas.

En la madrugada del 29 de diciembre del 2017 estalló un artefacto en Bora Bora, una de las discotecas más grandes de Caucasia, que dejó 39 heridos.

En enero, hombres armados llegaron a siete veredas de Cáceres para anunciar enfrentamientos y pedirle a los habitantes abandonar sus casas, por lo que se desplazaron 356 personas, el primer desplazamiento masivo de los cinco que se dieron ese mismo mes dejando 1.695 personas afectadas, según alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes corren peligro?

En Caucasia, la respuesta del señor del mototaxi, de la señora que atiende en la cafetería, de líderes, fuentes oficiales y conocedores del municipio coinciden: “la persona de bien, vive bien”, “si no te metes con ellos, puedes estar tranquilo”.

Según fuentes de la Policía, los 94 homicidios registrados en Caucasia este año hasta el viernes 27 de julio, son fruto de la guerra entre el Clan y los Caparrapos, y por eso las víctimas eran, en su mayoría, vendedores de drogas, campaneros, extorsionistas, sicarios, paga diarios y colaboradores de esos dos grupos.

Pero el riesgo no solo es hacer parte de ellos.

La noche en la que asesinaron a Robert Jaraba, uno de los ocho líderes asesinados en el Bajo Cauca, un familiar le recomendó no salir de fiesta porque la ciudad estaba peligrosa. “Yo no le debo nada a nadie”, respondió.

Y no es la única historia. Dos líderes del municipio recordaron el homicidio de Juan Carlos Zabala en enero, un joven que nada tenía que ver con las bandas del barrio, pero al que le dispararon poco después de haber denunciado en la Policía una olla cerca de su casa.

“Si te matan a un ser querido, llóralo, entiérralo y no más”, explica una líder que recuerda que en alguna ocasión quiso convocar una marcha por la vida, pero rápidamente le llegaron rumores de que era mejor que no lo hiciera.

Rumores, eso es lo que llega y es suficiente para causar temor y coartar a las personas. Un enlace de la Mesa de Víctimas de Caucasia contó que su trabajo se ha apaciguado desde que empezaron los ataques a líderes sociales. No han querido moverse ni hacerse visibles pues, aunque no han recibido amenaza directa, el miedo está.

Además, sus dos hijas tuvieron que desplazarse a Medellín: una fue abordada por dos hombres en una moto que “se burlaron de ella por ser lesbiana” y le advirtieron que no la querían ver en la ciudad. La otra, luego de ver cómo un conocido suyo le disparó a un hombre, decidió irse por temor a que tomara represalias en su contra.

Otros enlaces de la Mesa de Víctimas que lideraban los temas de jóvenes y desaparición forzada salieron de Caucasia porque sentían miedo de realizar su trabajo allí, según esta fuente.

La muerte no solo llega por ser líder

En esa revuelta murieron Ana María Cortés, en Cáceres; y Robert Jaraba, en Caucasia. Son los dos asesinatos de líderes más recientes, en el mes y medio que va después de la segunda vuelta presidencial. Ella, líder política; él, líder sindical.

Ana María Cortés fue asesinada el 4 de julio a eso de las 7 de la noche a la entrada del pueblo, en una cafetería que visitaba diariamente. Robert Jaraba, cerca de la medianoche del 16 de julio, en Noche de Reinas, uno de los dos burdeles más conocidos de la ciudad.

Ambas muertes se enmarcan en la guerra que se anunció a finales del año pasado.

Que eran líderes es una realidad.

Cortés lo fue en la campaña de la Colombia Humana en Cáceres, coinciden las personas que acompañaron el nodo en el pueblo y Edith Navarro, encargada de la campaña en el Bajo Cauca.

Era más que una colaboradora: convocó, organizó y compartió la propuesta de Petro en el casco urbano, además de ser testigo electoral en las votaciones.

Sin embargo, ni ella ni su grupo de seis personas en la Colombia Humana recibieron amenazas en medio de la campaña; no hubo denuncias de constreñimiento y ni siquiera quienes se adentraron a las zonas montañosas, donde hay mayor presencia de ilegales, recibieron un mensaje negativo por esa actividad.

“No le conocimos un contexto muy profundo de ser líder social, a ella le gustaba más eso de la política” dijo un cercano suyo, que habló, como la mayoría de fuentes de esta historia, bajo la condición de proteger su identidad por miedo a la violencia.

Lo confirmaron dos personas más que viven en el pueblo hace más de diez años.

El personero Anderson Piedrahita corroboró que Ana María no hacía parte de ninguna asociación o junta de acción comunal. Pero con fechas imprecisas, se sabe que trabajó en la Personería de la alcaldía de Davinson Correa (2008-2011), para quien también hizo campaña en su momento.

Durante la emergencia de Hidroituango en mayo, tomó la vocería en el punto de encuentro dispuesto en Cáceres para los afectados exigiendo ayudas humanitarias.

La líder de la Colombia Humana, según cinco fuentes, había vuelto a su pueblo a principio de este año, pues en los últimos dos se había desplazado a Medellín por amenazas que no pudimos identificar.

Una fuente cercana a ella contó que desde entonces la Policía la perseguía y la abordaba en la cafetería que visitaba a diario en Cáceres. Piedrahita confirmó que Ana María hizo dos quejas por malos procedimientos policivos, pero que en ninguno expresó amenazas de la institución.

Uno de sus amigos más cercanos nos dijo que dos días antes de su muerte le comentó que había regresado al pueblo porque quería saludar a su familia, pero que sabía bien que no podía volver, y por eso pensaba dejar el municipio lo antes posible. No alcanzó.

Por su parte, Robert Jaraba también era reconocido como líder en Cerro Matoso, empresa para la que trabajó 16 años en Montelíbano, sur de Córdoba, donde se vive una guerra muy parecida a la del Bajo Cauca como contamos. Pero visitaba con frecuencia Caucasia, que queda a menos de una hora, pues allí nació y vive la mayoría de su familia.

Jaraba, quien era operador de máquinas en la Mina e hizo parte del Comité de Certificación del Sena que capacitó a unos 140 trabajadores de la empresa, fue uno de los fundadores del sindicato Sintramineros en 2012.

Como en el caso de Cortés, sus compañeros del sindicato y familiares niegan que su papel ahí fuera fruto de incomodidad para alguien.

“A él no le gustaba enfrentarse y pelear con los directivos, sino más bien encontrar soluciones prácticas para ambos”, dice uno de sus seres más queridos.

Aunque tenía una lucha por tierras, no era un líder de ese sector.

Desde diciembre del 2017 llevaba el proceso de reclamación de un predio llamado Las Delicias, en la vereda La Mojosa, Cáceres, que le despojó el exparamilitar ´Macaco’ a su padre Atilano en 1998.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, no manifestó amenazas por esa actividad; de hecho, era el único entusiasmado de la familia porque creía que ya estaban cerca de recuperar su finca, aunque el proceso apenas está en estudio formal.

Sus más allegados también desmienten lo que se difundió en prensa sobre un ataque personal que recibió semanas antes de su muerte. El hecho fue en enero; dos hombres en moto le tiraron una piedra al ventanal de su casa en Montelíbano. Nunca pudieron identificar el porqué.

En los dos casos, las autoridades dicen por fuera de micrófonos que los asesinatos no se deben a su condición de líderes.

Información extraoficial de la Policía arroja que Cortés estaba siendo investigada por pertenecer al Clan del Golfo y tenía un hijo en la organización criminal. Efectivamente, a los trece días del homicidio, el Ejército capturó su hijo, Camilo Andrés Chaverra Cortés, presunto integrante del Clan del Golfo.

Esa versión responsabiliza la muerte de Cortés a los Caparrapos, grupo para el que supuestamente ella trabajó en el pasado, antes de abandonar el pueblo, hace más o menos dos años.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que tienen pruebas contundentes de que el autor del crimen sería alias “Jonás”, líder de los Caparrapos.

Según esta misma fuente, hay indicios de que la muerte de Robert tuvo que ver con su hermano Anuar, quien es el cuñado de alias Carlitos, un caparrapo de Caucasia que fue herido de bala el 14 de julio y murió el mismo día que el líder de Cerro Matoso.

La teoría que comparten algunos familiares es que al que querían matar era a su hermano y pudo ser un error porque los dos se parecían físicamente. Ninguno se imaginó que Robert pudiera morir de esa forma, “él siempre le huía a los problemas”.

Esta semana la Policía capturó al presunto asesino: alias Cristian, quien se desempeñaba como sicario de los Caparrapos en Caucasia, según las autoridades.

Pero el liderazgo vulnerado en el Bajo Cauca va más allá, y se concentra más que todo en las veredas, entre cultivos de coca y el asedio de Clan del Golfo y los Caparrapos.

Fuente: http://bit.ly/2NVhDia

Problemas en finanzas públicas ahogan alcaldías del Bajo Cauca

El trabajo de saneamiento fiscal, para el segundo semestre de este año, será más arduo en 42 poblaciones de Antioquia, unas que superaron en 2017 el límite en sus gastos de funcionamiento, y otras que están a un paso de hacerlo. Un informe de la Gobernación y la Contraloría reveló la difícil situación que atraviesan las administraciones que, de no tomar correctivos, podrían incluso perder su categoría de municipios.

La dificultad mayor la atraviesan las 102 localidades de categoría sexta del departamento; es decir, tienen entre 10.001 y 20.000 habitantes, y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 15.000 y hasta 25.000 salarios mínimos legales mensuales.

Tres de estos municipios, Nechí, La Pintada y Heliconia, reportaron gastos de funcionamiento (salarios, mantenimiento de oficinas, papelería transporte, seguridad social o primas) superiores al 80 %, que es lo permitido por la ley 617. A 10 puntos de incumplir están 39 localidades más.

Para el diputado Juan Esteban Villegas, experto en finanzas públicas e integrante de la comisión de Presupuesto de la Asamblea de Antioquia, la situación de las alcaldías que incumplieron y las que están en riesgo de hacerlo es crítica ya que están haciendo uso indebido de sus ingresos corrientes de libre destinación, que son los recursos propios del municipio (industria y comercio, predial, por ejemplo).

“Incumplir no es solo un problema de ley, sino también demostrar fragilidad fiscal, dependencia de recursos de la Nación. Es enredar el quehacer administrativo, pues el que está a punto de incumplir, no tiene una buena capacidad de gestión”, apuntó.

Cuentas al rojo

Además del indicador de superación del tope del 80 % en el que están La Pintada, Heliconia y Nechí, en el Suroeste, Occidente y Bajo Cauca, respectivamente (ver gráfico), se tienen otros municipios como Zaragoza con gastos de funcionamiento en 79, 62%, Toledo 79,79 %, San Andrés de Cuerquia 78,92, Angostura 77,59 %, Campamento 77,74%, Puerto Berrío 75,10 % y Santo Domingo 74, 37%.

“A Nechí se le viene advirtiendo desde hace años que está en riesgo de incumplir y que tienen que establecer correctivos y no lo ha hecho. Debe revisar su estructura burocrática y los gastos. Heliconia, hasta el año pasado, tuvo una renta por el relleno El Guacal, que era de libre destinación, para 2017 se convirtió en destinación específica y tiene que buscar cómo sustituye ese ingreso.

Pero, agregó Villegas, la situación más grave es la de La Pintada, donde “se disparó porque estaba atendiendo gastos de funcionamiento con los de inversión, según el informe. Esto es un delito, pues es destinación diferente de recursos públicos”.

Según César Zapata, alcalde de La Pintada, el incumplimiento de su municipio se debe a errores cometidos por algunos de sus funcionarios en la elaboración del informe.

“No separaron los rubros, sino que lo pasaron en el mismo ítem. Un error interno, se fue sin hacerle correcciones. Por eso no cumplimos”, dijo.

El mandatario local recalcó que para superar la crisis suprimirá 40 cargos por contratos. Anotó que han tenido que sortear, sin plata, el recorte de presupuesto para alimentación escolar que llega a 900 niños.

Este diario buscó reacciones al informe con las alcaldías de Nechí y Heliconia, pero los encargados no respondieron.

La labor de la gobernación

Ofelia Elcy Velásquez, directora de Planeación Departamental, aclaró que la Administración seccional les brinda acompañamiento a las alcaldías en el control de cuentas por pagar y de tesorería para que tengan control y tengan buen recaudó en los ingresos.

“Los alcaldes deben iniciar procesos con miras a fortalecer la parte de prediación urbana y rural (...) actualizando las nuevas construcciones”, comentó.

La funcionaria recordó que un municipio pierde su categoría cuando de manera consecutiva, durante 3 años, incumple la ley 617. Por ahora, ninguno de los que superaron el tope es reincidente.

Fuente: http://bit.ly/2JW2sU9

Mal estado de vías alternas preocupa a transportadores que viajan a la costa

Ya se cumplen 26 días del cierre total preventivo de la vía a la Costa Atlántica entre los municipios de Yarumal y Caucasia por la alerta roja en Hidroituango.

El ministerio de Transporte habilitó como vía alterna el paso por el Magdalena Medio, pero, según Felipe Muñoz, director de Gestión Gremial de la Asociación de Transportadores de Carga, esa vía es muy angosta y no es óptima para el paso de buses y de camiones.

“A los generadores de carga no nos están reconociendo sobrecostos y nos está tocando asumir esa emergencia también”, asegura Muñoz.

Decenas de toneladas de productos como café, maíz, soya y materias primas para la industria que diariamente salían de Antioquia por el Bajo Cauca han tenido que ser despechadas por Puerto Berrío, representando congestión y pérdidas que ascienden a un millón de pesos por vehículo.

“La vía no tiene iluminación nocturna, no está demarcada, tiene varios derrumbes que no han sido atendidos, muy angosta, se han generado trancones de horas entre dos municipios”, explica.

Hasta 7 horas más están tardando los conductores en llegar a la costa por la vía del Magdalena Medio y hacen un llamado al Ministerio de Transporte a tener en cuenta la seguridad vial pues en estas rutas tan largas puede generar un riesgo para la vida de los conductores.

Fuente: http://bit.ly/2JBSqLD

Troncal Medellín- Costa Atlántica podría reabrirse en dos semanas

El recrudecimiento del invierno vuelve a dejar al descubierto la fragilidad de las troncales y carreteras de segundo y tercer nivel del departamento que serpentean entre montañas. La situación se evidencia con el taponamiento total de algunas de las vías, el paso restringido en otras, lesionados, afectaciones en viviendas y puentes por desprendimientos de tierra y rocas.

Por su importancia para la economía nacional y atención a las comunidades afectadas en el Bajo Cauca por los problemas con la central hidroeléctrica Hidroituango, el problema de mayor dimensión tiene que ver con la caída de más de unos 40.000 metros cúbicos de tierra sobre la troncal occidental de Colombia, en la salida norte del municipio de Valdivia, ocurrido el pasado 31 de mayo.

En su visita este fin de semana a la zona, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, tras hacer una evaluación del derrumbe, calculó que despejar la troncal tardará unos quince días.

El agrietamiento de la montaña y desprendimiento de tierras además afectó al barrio El Templete, de las afueras de Valdivia, hecho que obligó en una primera etapa a desalojar 12 casas, pero en una segunda evaluación de la situación, el número de viviendas evacuadas se elevó a 19. En estado de alerta permanecían ayer 30 viviendas.

Solo en el transporte de carga el cierre de la troncal deja, en promedio, $30.000 millones diarios por sobrecostos, al verse obligados a tomar rutas alternas que aumentan los recorridos, informó a EL COLOMBIANO Felipe Muñoz, director de Gestión Gremial de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC).

Por la incapacidad del municipio de solucionar la situación a los afectados, se decretó la “calamidad pública”, informó Didier López, secretario de Obras Públicas de Valdivia.

Fuente: http://bit.ly/2Jk1UHj

Invías confirma que este viernes será habilitado el paso en la vía Tarazá - Caucasia

Tal como se había indicado, la vía Tarazá - Caucasia, que comunica a Medellín y al departamento de Antioquia con la Costa Atlántica, será habilitada y volverá a su operación normal el próximo viernes 4 de mayo.

Tras casi cuatro días de permanecer cerrada, debido a un deslizamiento de tierra que ocasionó la pérdida de la bancada, el director general del Instituto Nacional de Vías (Invias), Carlos Alberto García Montes, señaló que “en el momento se trabaja en la conformación de un sobre ancho de seis metros y una longitud de 60 metros, para lo cual se realizó una excavación para la instalación de un enrocado, nivelando con material de río”.

Manifestó que, adicionalmente, se está conformando la sub-base y la base “que permitirá habilitar mañana viernes el tránsito de todo tipo de vehículos, tanto de carga como de pasajeros, que utilizan el corredor desde Medellín hacía la costa caribe y viceversa”.

El tramo de sobre ancho, según Invias, será monitoreado permanentemente y, de acuerdo a su comportamiento en los próximos días, se colocará una carpeta asfáltica (capa superior de los pavimentos) para mejorar las condiciones del tráfico por el paso provisional, mientras se estudia la solución definitiva al problema.

Fuente: http://bit.ly/2JSJZHt

Fueron entregados diseños para muro de contención en Caucasia

Con la entrega de diseños se espera avanzar en el proceso de licitación para la construcción del muro de contención con el que buscará prevenir inundaciones por desbordamientos del Río Cauca, en el municipio de Caucasia.

La obra implicará una inversión de $16.000 millones y se financiará con recursos de intereses de regalías, según confirmó este martes el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.

Con la obra se protegerá a comunidades que ya se han visto afectadas por las inundaciones y se solucionará el problema de manera definitiva, pero a paso paulatino.

Inicialmente se construirá un muro de 1.6 kilómetros, para contener la problemática en las zonas más afectadas. “Hicimos diseño total para que en el futuro se resuelva el problema”, explicó el mandatario seccional.

La propuesta de un muro de contención fue hecha por Pérez Gutiérrez durante su campaña, como una promesa a esta comunidad del Bajo Cauca que en varias ocasiones se ha visto afectada por épocas de invierno.

Decreto de Santos que le “quita recursos propios al departamento de Antioquia y los destina a Bogotá”

El Gobernador de Antioquia le envió al Presidente de la República, una carta donde le informa que al departamento de Antioquia, por el decreto ADRES, lo van a despojar de 247 mil millones de pesos provenientes de rentas de la Lotería de Medellín, juegos de azar y la Fábrica de Licores de Antioquia. Este decreto afecta a todos los departamentos del país.

Este es un decreto “centralista, retrógrado y dictatorial, que esquilma los recursos de las regiones para resucitar un centralismo proscrito por la Constitución”, señala el gobernador Luis Pérez al Presidente Juan Manuel Santos.

Esta carta también fue enviada simultáneamente a los Ministros de Hacienda y Salud.

Aeropuerto de Caucasia abre su pista a nuevas aerolíneas

Un aeropuerto de uso público pero en terreno privado. Esa es la situación en la que quedó la terminal aérea Juan H. White del municipio de Caucasia, luego de que la Aeronáutica Civil emitiera una resolución el pasado 3 de octubre que terminó con 10 años de monopolio de Aerolínea de Antioquia (ADA) sobre la operación comercial en este inmueble.

La Alcaldía de Caucasia y varios líderes comunitarios impulsaron la recolección de 20.000 firmas para reforzar la petición a la autoridad aeronáutica para que se permitiera la entrada de otras aerolíneas distintas a ADA al municipio. Esta última tiene escrituras sobre el lote en el que se ubica el Juan H. White desde el 2007.

No obstante, el gerente de ADA, Efraín Franco, señaló que, aunque están haciendo mantenimiento a la pista, no van a reforzar o hacer otro tipo de inversiones en el aeropuerto que serían necesarias por la llegada de otros prestadores del servicio de transporte aéreo.

Beneficio para la comunidad

Por lo menos cinco veces al año viaja Juan Camilo Madera a Caucasia para visitar a su familia. Lo hace desde Medellín, donde estudió y ahora trabaja. Sin embargo, a veces el alto precio de los pasajes, que podían llegar a costar $600.000 ida y vuelta, lo desanimaban.

“Una sola aerolínea tenía el control de todo el mercado y se daban el lujo de cancelar vuelos a último momento. La verdad, resulta más barato ir a Bogotá o a Cartagena”, reveló Madera.

Su otra alternativa era pagar un vuelo de $150.000 entre Medellín y Montería, desde donde se toma un bus hasta Caucasia, porque el trayecto por tierra desde la capital antioqueña tarda más de siete horas.

“Estamos felices porque con la resolución de la Aeronáutica se empezará a darle a la región un mejor servicio, mejores tarifas. No fue fácil, porque empezamos el proceso desde 2008 y ADA siempre logró encontrar la forma para que no entraran otras aerolíneas”, expresó Bertha Donado, presidenta de la Corporación de Turismo del Bajo Cauca.

Agregó que el objetivo, el cual vieron realizado el 3 de octubre, era demostrar que ADA había adquirido ese predio para explotación comercial en detrimento de la comunidad, que se vio afectada con pasajes costosos para viajar desde o hacia Medellín.

“Nuestro municipio es un corredor importante, la puerta de entrada de la Costa a la capital antioqueña. Esta región necesita no solo un aeropuerto, sino varios y más aerolíneas. Por ejemplo, en Apartadó funcionan hasta cuatro”, manifestó Óscar Suárez, alcalde de Caucasia.

El mandatario considera que con la llegada de nuevos prestadores del servicio de transporte aéreo, los comerciantes y los profesores de la Universidad de Antioquia que dictan clases en la sede regional serán los más beneficiados.

“Un aeropuerto que permita no solo una sino varias alternativas nos ayuda a salir del abandono en el que estamos”, dijo Suárez.

Interés de otras aerolíneas

Bertha Donado explicó que durante varios años han mantenido el diálogo con diferentes aerolíneas como Aires, Satena e Easyfly, y esta última es la que más receptiva se ha mostrado a las solicitudes de la comunidad.

El ideal, según Donado, es que la terminal aérea cuente con una frecuencia diaria de vuelos. En la misma línea se expresó el alcalde Suárez, quien dijo que la región es bastante productiva y ve factible que se puedan operar más de cinco vuelos al día.

Por su parte, Adriana Guerrero, directora de Planeación de Easyfly, confirmó que cuentan con autorización de la Aerocivil para la operación de esta ruta con un vuelo diario y solo se encuentran a la espera de que las condiciones del terminal incluyan el sistema de Bomberos para iniciar su operación.

Ni un peso más

EL COLOMBIANO se comunicó con ADA para conocer su opinión con respecto a la resolución emitida por la autoridad aeronáutica que cambió el uso privado del aeropuerto al uso público, y la respuesta fue contundente.

“Antes no habíamos permitido el ingreso de otras aerolíneas porque era un aeropuerto privado. Es como si un almacén como el Éxito dejara entrar a sus instalaciones a otro como Makro”, afirmó Efraín Tobón.

Señaló que la terminal no soporta la llegada de aviones de más de 19 pasajeros y los que tienen otras aerolíneas son tres veces más pesados que los de su flota, por lo cual terminarán dañando la pista.

De hecho, Easyfly informó que operaría la ruta Medellín - Caucasia con aviones con capacidad para 48 pasajeros.

Tobón afirmó que el aeropuerto no es rentable para ningún inversionista y aclaró que ADA no está dispuesta a invertir en infraestructura para la renta de otras empresas. Sin embargo, no confirmó si con la decisión de la Aeronáutica estarían dispuestos a negociar la propiedad de la terminal aérea.

“Con la llegada de nuevas aerolíneas nos desplazan al menos un vuelo, y además el Municipio tampoco ayuda con inversión”, expresó el gerente de ADA.

El alcalde Suárez, contrario a lo planteado por Tobón, manifestó que ya están estudiando cómo mejorar el servicio en el aeropuerto e instalar el cuerpo de Bomberos para recibir más rutas comerciales.

Bertha Donado indicó que viajará a Bogotá para cuadrar el tema de tarifas y espera que otras aerolíneas aterricen en el Juan H. White a más tardar en 15 días.

Fuente: http://bit.ly/2xN9qZt

Aprobado crédito por $160.000 millones para financiar el Proyecto Ruta al Mar

La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) aprobó este miércoles un crédito de corto plazo por un monto de hasta $160.000 millones al proyecto de iniciativa privada Ruta al Mar, del concesionario Construcciones El Cóndor.

De acuerdo con información de la FDN, el proyecto, que hace parte del Programa 4G, conectará a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde habita el 25% de la población del país.

El proyecto contempla la construcción de 112,2 kms, la rehabilitación y mejoramiento de 225,9 kms, y la operación y mantenimiento de 154,5 kms de ocho unidades funcionales, para un total de 492,6 kms.

La FDN anunció que el proyecto se encuentra en proceso de realizar el cierre financiero y tiene como estructurador financiero a la firma internacional Goldman Sachs

Según la entidad, mientras se consigue el cierre financiero definitivo, los recursos de la FDN van a permitir iniciar la ejecución de las obras tales como, la rehabilitación de la vía entre Caucasia y Planeta Rica, el tramo entre El 15 y San Carlos, y la vía entre Cereté, Lorica, Coveñas y Tolú, así como, la construcción de las variantes de Planeta Rica, San Carlos y Cereté.

Como garantía del crédito a corto plazo, Construcciones El Cóndor dará un aval del 100% del crédito y también se contará con garantías del proyecto (prenda de acciones y deuda subordinada, prelación fiduciaria, cesión de derechos contractuales y demás) y se registrará a la FDN como financiador ante la ANI para ser beneficiario de la fórmula de terminación anticipada.

Lea también: FDN en Electricaribe

Por otro lado, la FDN precisó, además, que hizo la aprobación de una garantía bancaria para Construcciones El Cóndor, con vigencia de un año, para sus aportes de equity en el Proyecto Ruta al Mar.

Vale anotar que esta garantía solo podrá ser emitida una vez el crédito de corto plazo sea pagado en su totalidad.

 

Proyecto Ruta al Mar

El proyecto servirá al tráfico proveniente del Valle del Cauca, Eje Cafetero y Antioquia que se dirige hacia los puertos del Caribe.

El mismo promete que todos los pasos urbanos contarán con variantes y el tráfico de larga distancia tendrá una conexión directa y rápida. Actualmente, por la vía solo circula tráfico regional, pero se espera que, una vez terminadas las obras en 2021, se capture el 37% del tráfico pesado de larga distancia que hoy no transita por ahí.

Según la FDN, el proyecto, de iniciativa privada, cuenta con una fuente de ingresos proveniente de ocho peajes, de los cuales cinco ya existen hace 12 años, con los cuales el tráfico ha crecido en un 3%, porcentaje muy significativo para el crecimiento del tráfico en otras vías de la región.  

Vale recordar que recientemente fueron instalados dos peajes adicionales, por lo cual únicamente falta incorporar un peaje adicional que solo representará el 3% de los ingresos.

Lea además: La FDN se alía con MBA Lazard para asesorar liquidación de Electricaribe

Inversión en fondos de capitales privados de infraestructura

En su comunicado, la Junta Directiva de la FDN anunció que aprobó también un compromiso de inversión en el fondo de capital privado Colombian Infrastructure Equity Fund hasta por $90.000 millones.

Este fondo será administrado por el gestor profesional Old MutualInfrastructure Equity Managers, el cual cuenta con el respaldo de Old Mutual Alternative Investment. El gestor también contará con el apoyo de Colombian Infrastructure Equity Managers, empresa constituida en Colombia, que complementará con su experiencia local.

El fondo se enfocará en invertir en proyectos de infraestructura en Colombia, nuevos o existentes, como lo es el Programa de 4G. Por lo menos dos terceras partes de los compromisos de inversión del fondo deberán ser invertidos en proyectos estructurados bajo esquemas APP.

Vale decir que el fondo hará inversiones estimadas por proyecto entre 20 y 50 millones de dólares.

Fuente: http://bit.ly/2xAZCOs

5 mil 200 hectáreas de arroz se han perdido en Antioquia por una creciente del río Cauca

Las pérdidas ascienden a 18 mil millones de pesos.

Una creciente súbita del río Cauca arrasó con 5 mil 200 hectáreas de arroz, sembradas entre los municipios de Tarazá y Nechí. Por el aumento de las lluvias en esa región, los arroceros reportan pérdidas superiores a los 18 mil millones de pesos, afectando la segunda economía más importante del Bajo Cauca, solo superada por la ganadería.

Las inundaciones en los cultivos se dan en medio del paro nacional de arroceros, por lo que los cultivadores solicitan una reunión urgente con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. El director de Fedearroz en el Bajo Cauca, Israel Callejas, aseguró que cientos de familias están al borde de la quiebra por el aumento de los niveles del río Cauca.

Hay cientos de arroceros afectados por esta situación, pedimos soluciones para todos, algunos perdieron una hectárea, otros 300. Es necesario que nos ayuden a darle soluciones a todos, principalmente a los pequeños productores“.

Hace dos semanas, el gobernador de Antioquia visitó las zonas del Bajo Cauca afectadas por las inundaciones. Sin embargo, los arroceros no han podido concertar una reunión para manifestarle las dificultades que afrontan en la región.

Fedearroz informó que la crisis nacional que atraviesa el sector no es diferente en Antioquia, por lo que piden la intervención de organizaciones internacionales como la FAO.

Las zonas del Bajo Cauca, el Valle de Aburrá y el nordeste son las regiones de Antioquia más afectadas por las crecientes súbitas y los deslizamientos de tierra.

Fuente: http://bit.ly/2xxKt0b

Supersociedades sometió a control a Sparta Minerals, operadora de la mina Nechí

La entidad ejercerá control para realizar los correctivos necesarios a una situación crítica de carácter jurídico, contable, económico y administrativo.

La Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades tiene bajo la lupa a la empresa Sparta Minerals, operadora de la mina Nechí, ubicada en el municipio Amagá, al suroeste antioqueño.

Esta dependencia determinó, mediante la resolución 300-002844, que sometería a control a esta sociedad, con el objetivo de “subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo”.

Además, con esta decisión la Superintendencia adquiere un amplio poder de fiscalización sobre la sociedad que posibilita hasta remover a los administradores si es necesario o convocar a la sociedad al trámite de liquidación.

Tras esta declaración de la Supersociedades, Sparta Minerals deben abstenerse de constituir garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad y de realizar operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios, sin autorización previa de la institución.

Fuente: http://bit.ly/2wXeAhx

Camioneros denuncian que pese al pago de peajes el Invías tiene abandonadas varias vías del país

Los camioneros hicieron un llamado al gobierno nacional y en especial al Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, para que preste atención urgente a los corredores viales que tiene a su cargo, luego de denunciar que muchos de estos se encuentran en pésimo estado y se han convertido en una carga de más para su trabajo.

Felipe Muñoz, director gremial de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, indicó que una de las vías más críticas es la que comunica al departamento de Antioquia con el norte del país, en la cual según ellos ya circulan más por trochas de barro que por asfalto.

“Uno literalmente en estas carreteras debe decidir cual hueco coge y cual no, la circulación es imposible y nos parece injusto porque en cada viaje son cerca de 600 mil pesos en peajes y no vemos esos recursos reflejados en la carretera”, dijo el vocero de la ATC.

Los camioneros indicaron que otro de los puntos que actualmente les preocupa es que los corredores viales a cargo del INVÍAS no cuentan con servicio de grúa o ambulancias, por lo que enfatizaron que sienten que muchas veces los dejan botados en las carreteras.

“Hay unos puntos críticos en la vía en la que si nos llegamos a varar pueden ser hasta días esperando que se solucione el problema, no hay asistencia al gremio y en caso de accidentes nos parece muy grave porque lo que nos dicen es que tampoco hay ambulancias, disque por falta de recursos”, dijo Muñoz.

Ante estas denuncias hechas por los camioneros el Invías anunció una selección abreviada por 827 millones para atender el mantenimiento en la vía El Altillo – Caucasia, además de la rehabilitación de los puentes de taraza, piedras, puqui y rayo de la carretera Hatillo – Caucasia por valor de 2.500 millones, con plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2017.

Fuente: http://bit.ly/2wXFCVW

Más de 130.000 toneladas de arroz se ‘ahogan’ en el Caribe

En el mercado nacional dejarán de ofertarse en este segundo periodo de cosecha, aproximadamente 130.000 toneladas menos de arroz, desde el Caribe Húmedo, comprendido entre las zonas bajas de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, debido a la inundación de al menos 32.500 hectáreas tanto por desbordamiento de ríos, como por aguas lluvias.

Las cifras se derivan del diagnóstico que entregan voceros de los productores del cereal, respaldados por la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, que clama del Gobierno mayor atención para enfrentar otra de las crisis del gremio, aparte del problema generalizado del pésimo estado de las vías terciaras que casi impiden la comercialización o acarreo desde las fincas.

El cálculo que hacen expertos en el tema arrocero, encabezados por el propio gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández, es que el promedio de rendimiento es de 4 toneladas por hectárea, cuando las condiciones climáticas y de control de plagas lo permiten. Así las cosas, las 32.500 hectáreas que quedaron bajo el agua debían convertirse en unas 130 mil toneladas del producto.

Sólo en la Mojana se perdieron 15 mil hectáreas, de acuerdo con el diagnóstico que entrega Fedearroz, de unas 25.000 que reportan en siembra los cultivadores este año. Las pérdidas generales en esa zona estarían por el orden de los $45.000 millones.

“Lo que pedimos es más atención del Gobierno en la contención del río Cauca, pero además, las vías terciaras están en muy mal estado y eso encarece sacar la cosecha”, advierte el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández.

‘Y el Gobierno lo que entrega son limosnas’

El director ejecutivo de la seccional Fedearroz en Magangué, Gustavo Varón Gutiérrez, cuya área de influencia comprende el norte de Marialabaja, Zapatero y Zambrano (Bolívar), explica que el estimativo en su zona es de unas 10.000  hectáreas perdidas en jurisdicción de los municipios de Majagual, Achí, Guaranda y Sucre (Sucre), por estancamiento de aguas lluvias.

“Las partes bajas de los lotes se perdieron, el Estado está prediseñado para dar limosnas, para llevar mercaditos, frazadas, colchonetas, es decir, pañitos de agua tibia, pero la cura definitiva, que es el dragado del río Cauca y el control a la explotación  minera en Antioquia, no lo quieren tocar”, precisó Varón Gutiérrez.

Advierte el vocero gremial en Sucre y parte de Bolívar, que este año el comportamiento de la cosecha está muy disminuida, comparado con años anteriores. La recolección está prevista para finales de agosto o comienzos de noviembre y lo que se cree que se recogerá es el 50 % de lo que se siembra tradicionalmente.

El área promedio por Departamento, de acuerdo con el registro de los dos periodos de siembra del año pasado, es de 23.086 hectáreas de arroz en Bolívar, 11.588 en Córdoba, 47.607 en Sucre y 8.178 en Antioquia.

Diagnóstico del San Jorge y Bajo Cauca

El director de Fedearroz en el bajo Cauca Antioqueño, pero cuya zona de influencia comprende además un área del San Jorge cordobés (Puerto Libertador, la Apartada Montelíbano y Ayapel) y al municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar), Israel Callejas Álvarez, reportó la inundación de 5.500 hectáreas en ese territorio, por los boquetes que abrió el río Cauca. 

“Ese ha sido nuestro principal problema en esta cosecha, la salida del río Cauca, que rompió en unas seis partes, a la altura de Nechí (Antioquia), e inundó unas vastas zonas de cultivos nuestros, es decir, unas 5.500 hectáreas. Ahora el tema es cómo ayudamos a esos productores a recuperar todo lo que perdieron, que fue toda la ganancia que habían obtenido en épocas de bonanza”, explica Callejas.

Callejas insistió en que solo en Ayapel se perdieron por las inundaciones al menos 2.000 hectáreas de arroz, a raíz también de la ruptura del río Cauca en Nechí (Antioquia), que termina inundando a Córdoba y a la zona baja de Sucre.

En esa zona del San Jorge y del bajo Cauca, de no ser por la brusquedad del río Cauca, se estuviera iniciando la recolección, según lo calcula el vocero de los arroceros en esa subregión.

Johnny Álvarez Marrugo, líder de los productores en Magangué, advierte que en la Mojana “la zona que no fue afectada por el rebosamiento de ríos está afectada por lluvias”.

“Lo que ha ocurrido es que se llenaron las ciénagas, los caños se represaron y caen aguaceros fuertes que terminan de ahogar los arroces que tenemos en tierras secas. El otro tema que preocupa es que las vías terciarias se han deteriorado bastante porque está lloviendo demasiado, hay afectaciones en Majagual y Guaranda, enormemente”, advierte el cultivador.

En esa zona inundada los productores –de acuerdo con la explicación de Álvarez Marrugo – deben sacar la cosecha en bestias, transbordar en tractores y luego en chalupas, hasta llegar al destino de la comercialización o al punto de embarque para la venta a los industriales.   

El panorama por las pésimas carreteras, además del tema invernal, es generalizado en la costa Caribe, tal como lo confirma la experiencia de Manuel Mora, del corregimiento Palmira, en zona rural de Tierralta, subregión donde muy pronto empezará la recolección de mil hectáreas de arroz, pero desde ya les preocupa cómo será el traslado de las cargas.

“Estamos en zona de influencia del proceso de paz con las Farc y esperamos que la adecuación de las vías, que ya se prometió por parte del Gobierno, se convierta en una realidad, en caso que no lo haga el municipio que lo haga la nación”, sostiene el cultivador.

El total de área sembrada en el país, para final de año, se calcula en 542.000  hectáreas, 30.000 menos de las que se cosecharon el año pasado, según Fedearroz.

Fuente: http://bit.ly/2vYJ5TB

Agricultores y ganaderos del bajo Cauca reportan graves pérdidas por el invierno

Agricultores y ganaderos del Bajo Cauca antioqueño revelaron multimillonarias pérdidas por las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Cauca y otros afluentes de la región con el río Nechí.

El gremio de los arroceros reportó que se perdieron unas 5 mil hectáreas sembradas con el grano y que pérdidas económicas pueden ascender a los por 21 mil millones de pesos.

El gobernador Luis Pérez confirmó que mantienen diálogo con el Ministerio de Agricultura y con la Presidencia del Banco Agrario, para concretar un encuentro urgente que permita definir las ayudas y la refinanciación de los créditos que tienen estos empresarios del campo.

Indicó además que el Ministerio de agricultura se comprometió con el envío de una comisión técnica para evaluar los daños y proponer soluciones a estos problemas.

El gremio ganadero reportó la inundación del 30 por ciento de los pastos para alimentar las reses, en unas 549 fincas de Cáceres, Caucasia y Nechí en las que pastan unas 54 mil cabezas de ganado y advirtieron que la recuperación de los pastos podría demorar unos 8 meses.

El gobernador le pidió a la Secretaría de Agricultura trabajar con los ganaderos, para evitar que se caiga el empleo y haya una economía débil en el Bajo Cauca.

Fuente: http://bit.ly/2qYbaKE

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