La Policía del departamento de Antioquia reveló que en esta región sus efectivos e investigadores trabajan en dos operaciones contra el narcotráfico internacional luego de detectar distintas modalidades de rutas.

El primero procedimiento busca la erradicación de cultivos ilícitos y el segundo pretende evitar el tránsito del alcaloide desde el sur de Colombia u otros países del continente hacia Centroamérica y los Estados Unidos.

 “Estamos liderando tres frentes de trabajo con la gobernación: Antioquia libre de coca, con la dirección antinarcóticos y estamos erradicando de cultivos con gente. Por ejemplo se llegó en Tarazá a una negociación para que los campesinos erradiquen de 3.8 hectáreas hacia abajo, y nosotros de 3.8 hectáreas hacia arriba”, explicó el coronel Carlos Mauricio Sierra Niño, comandante de la Policía Antioquia.

Explicó que también se desarrollan estudios de ADN para determinar la procedencia de la cocaína incautada en Antioquia, porque se han encontrado estupefaciente que se trafica desde Ecuador, Perú y Bolivia.

“Podemos observar que de Perú, Ecuador y Bolivia pueden mandar pasta de coca porque la pueden enviar por la frontera con panamá y eso ya lo tenemos identificados”, señaló el coronel Sierra Niño.

Fuente: http://bit.ly/2xqJCku

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con "descertificar" a Colombia si el país no logra controlar cuando antes el incremento de los cultivos ilícitos en el país.

El anuncio de Trump marca el más serio deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países en casi dos décadas. 

Trump dijo, en una determinación que se publica anualmente sobre grandes productores que la única razón por la cual no decreta a Colombia como un país que no colabora en la lucha contra las drogas es por el trabajo que vienen haciendo la policía y el Ejército, pero omitiendo mencionar los esfuerzos del gobierno nacional.

"El gobierno de EE. UU. consideró muy seriamente designar a Colombia como una país que ha fallado de una manera clara en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas dada el extraordinario crecimiento de los cultivos y producción de coca en estos últimos tres años, incluyendo un récord en los cultivos en estos últimos 12 meses", dice Trump en su determinación anual sobre Mayor Países Productores y Traficantes droga años Fiscal 2018 que fue incluida en el Registro Oficial.

En su determinación, el mandatario dice que "la única razón por la que no fue designada fue porque las Fuerzas Armadas y la Policía son socios estrechos de EE. UU. en el Hemisferio Occidental y están mejorando sus esfuerzos de prohibición y han reiniciado cierta erradicación que habían limitado desde el 2013".

Para cerrar, el presidente de EE. UU. afirma que mantendrá "esta designación (de Colombia como país que no coopera) como una opción" y que espera que el país realice "progresos significativos" en la reducción de producción y cultivos de coca en el país.

Varias fuentes consultadas se declararon "totalmente sorprendidas" por el anuncio pues se supone que EE. UU. considera al país como su "aliado estratégico" en la región. Prueba de ello fue la visita del vicepresidente Mike Pence al país hace poco más de un mes.

La última vez que Colombia fue "descertificada" fue en 1998. Desde entonces, y si bien el problema de la droga nunca ha desaparecido, ninguna administración de Estados Unidos había puesto en entredicho la voluntad del gobierno para colaborar en la lucha contra las drogas.

Dada las críticas que surgieron en la década de los años 90 por el mecanismo de certificación que empleaba EE. UU. para evaluar a los países en materia de drogas, el Congreso aprobó una nueva ley en el 2001 que modificó el proceso.

Bajo esa ley, el presidente debe determinar anualmente qué países son grandes productores de drogas o sirven para su tráfico. 

Esa determinación no prevé sanción alguna, y como dice el mismo texto de la medida, "no implica que el país incluido no esté cooperando". En esa lista siempre ha estado Colombia. 

Este año se incluyó en ella a Afganistán, Bahamas. Belize, Bolivia, Burma, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica. Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Pero la ley del 2001 le pide al presidente estadounidense designar a los países que considere no están cooperando ni cumpliendo con sus compromisos. Esos designados son sujetos de sanciones a menos que el mandatario incluya una cláusula de excepción en aras del interés nacional. En esa "lista negra" solo están este año Venezuela y Bolivia.

La amenaza de Trump está directamente relacionada con el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en el país desde el año 2013, desde esa época a la fecha los cultivos se han más que duplicado, pasando de unas 80.000 hectáreas sembradas con coca a 188.000 en el 2016, un récord histórico.

En sus evaluaciones previas, EE. UU., había ofrecido varias explicaciones al fenómeno, entre ellas la decisión de las Farc de incentivar los cultivos para que los campesinos obtuvieran beneficios por la vía del proceso de paz y al fin de la erradicación.

El gobierno, ante esto, había pedido un compás de espera mientras los acuerdos con al guerrilla daban sus frutos y prometió erradicar 100.000 hectáreas antes de finalizar este año.

También se sabe que Washington venía presionando para que se aumentaran los esfuerzos de erradicación y que no confiaba mucho en la estrategia diseñada por el gobierno de erradicar forzosamente en algunas zonas y negociar la erradicación voluntaria en otras. 

Pero nadie se imaginaba que el tema ya había escalado a este nivel, y mucho menos que Trump -que se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos en una semana en Nueva York-, preparaba semejante golpe.

Algo, eso sí, se ventiló esta misma semana cuando congresistas republicanos y demócratas, al igual que figuras de la administración criticaron abiertamente la estrategia del Gobierno durante una audiencia ante el Senado.

En esa audiencia, la senadora demócrata Diana Feinstein amenazó prácticamente con frenar la ayuda si está no se dirigía exclusivamente a combatir la producción y el tráfico y exigió la extradición a EE. UU. de personas requeridas por la justicia de su país, incluyendo miembros de las Farc involucrados en narcotráfico.

Fuente: http://bit.ly/2h3IbPf

Según el Ejército, el hombre lideraba el componente de finanzas y asumió el mando de la estructura después de la neutralización de alias ‘Fabián’ hace tres meses. Alias ‘Steven’ es señalado de ser el responsable del crimen de alias ‘Pan’, cometido en abril de este año en el corregimiento de Puerto López, en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Alias ‘Steven’ fue capturado en la vereda Villa Hermosa, hasta donde llegaron las tropas acompañadas del CTI de la Fiscalía. El hombre es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y rebelión.

El hombre tenía en su poder una granada de mano, un radio de comunicación, dos documentos en clave del Eln y un juego de esposas.

Indicó el Ejército que el frente Resistencia Guamocó hace parte del frente de guerra Darío Ramírez Castro, afectado considerablemente este año por las tropas de la Séptima División. Con la captura de alias ‘Steven’ o ‘Pequeño’ son cuarto los cabecillas neutralizados a esa estructura en lo corrido de 2017.

Igualmente han sido neutralizados cinco cabecillas de redes de apoyo a terrorismo, el más reciente alias ‘Camilo’, del frente Cacique Calarcá.

En total, durante 2017 las tropas de la Séptima División han neturalizado cerca de 190 integrantes del Eln, entre desmovilizaciones, capturas, bajas y recuperación de menores de edad. En este año se ha aumentado en 31% las presentaciones voluntarias y en 90% las capturas de esta organización delictiva.

Según la información de Inteligencia Militar, alias ‘Steven’ delinquía para el Eln desde el 2014, con el frente Resistencia Guamocó, y su zona de influencia estaba establecida en los municipios de El Bagre, Segovia y Caucasia, región que afectaba con su capacidad para intimidar a la población con los delitos como sicariato, cobro de extorsiones y minería ilegal.

Fuente: http://bit.ly/2h42ZGd

La polémica por la construcción de la variante ruta al mar, que conecta a Antioquia con la costa Caribe y que va desde Caucasia hasta Cruz del Viso, atravesando la Ciénaga Grande de Lorica, se intensifica cada día.

Mientras el gerente de la concesión Ruta al Mar, Gustavo Gómez González, señala que el diseño presentado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para los 2.7 kilómetros, se hizo luego de un estudio con expertos en la materia que conceptuaron que el impacto ambiental es mínimo, los alcaldes de la región y la autoridad ambiental de Córdoba insisten en que no permitirán un desastre ecológico.

La concesión descartó la posibilidad de construir un viaducto como el de la Ciénaga de la Virgen, en Bolívar, indicando que son escenarios distintos porque en ese caso se atravesaba por la mitad del complejo, pero que en el caso de Lorica solo intervendrán la orilla de la misma.

Por su parte, el director de la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, José Fernando Tirado, dijo que la obra de interconexión vial generaría un impacto ambiental negativo en la zona y que el Gobierno nacional debe propender por los intereses ambientales de la región y no por los intereses económicos de la concesión.

Insistió en que la alternativa más viable sería la construcción de un viaducto, pero que la concesión lo descarta de plano porque implicaría mayores costos y que por ello insisten en una obra arcaica en comparación con los avances de ingeniería que existen en la actualidad.

Entretanto, Carlos Castaño Uribe, exviceministro de Ambiente  dijo que el complejo cenagoso de Lorica no resiste una intervención o alteración porque es un ecosistema fragil y que los dos kilómetros que piensa intervenir la concesión son los que están muy cerca del casco urbano de Lorica y en ese punto se encuentra toda la red hídrica, se embotella y tiene una condición especial para la estructura ecológica de población lacustre y cenagosa.

Alcaldes se oponen

La construcción de la vía a la orilla del complejo cenagoso que tiene un área de influencia en los municipios de Lorica, Chimá, Momil y Purísima también ha generado el desacuerdo por parte de los alcaldes de las poblaciones señaladas.

La alcaldesa de Lorica, Nancy Sofía Jattin, indicó que esa área en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio se contempla como una zona de conservación y que no permitirá la intervención del humedal.

Propone que se construya el viaducto planteado por la CVS o dos puentes por la margen izquierda del río Sinú. Sin embargo, la concesión insiste que se necesita es una variante que evite el paso por la población de Lorica para garantizar el tráfico rápido.

Con relación al mismo tema, el alcalde de Chimá, Juan Custode Vivanco, dijo que el proyecto afectará el normal flujo y contraflujo del agua de la ciénaga y que su localidad se vería afectada. Pidió una alternativa diferente a la planteada.

Finalmente, el alcalde de Momil, Emiliano Lugo, dijo que la propuesta de la concesión es un proyecto de ingeneiría antiguo, que no apela a la tecnología de punta para poder evitar un desastre ecológico en la zona.

Fuente: http://bit.ly/2eRFfIb

De acuerdo con el analista y director de Indepaz, Camilo Gonzáles Posso, el anuncio realizado por la Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, de tener un interés por someterse a un proceso de paz, “tienen consecuencias positivas en el territorio” debido a la fuerte presencia que tienen en distintas regiones del país.

El analista manifestó, que de ser este hecho una realidad, habría aproximadamente 5 mil integrantes de esta estructura, que dejarían la violencia en departamentos como Antioquia, Córdoba o Chocó, en donde está el 60% de sus efectivos. (Le puede interesar: "Sometimiento de las AGC debe garantizar la verdad para las víctimas")

“Es una gran noticia, tiene un impacto directo en departamentos como el Chocó, en Nariño, en el bajo Cauca, el núcleo fuerte del Urabá, allí está la realidad de la presencia de estos grupos, su incidencia en el poder político, sus redes de corrupción sobre la Fuerza Pública” afirmó Gonzáles.

Frente a las condiciones para que se de este proceso, Gonzáles dijo que debe estudiarse bajo qué marco legal se podría acobijar el interés de las AGC, “en este caso tienen que clarificarse aspectos tipo jurídico y lo segundo es lo relacionado con la extradición”, en ese sentido, señaló que no se puede permitir que las extradiciones se manejen de acuerdo a las disposiciones de Estados Unidos, para no repetir errores como los de las personas extraditadas de las Autodefensas Campesinas de Colombia, que singuen incumpliendo a la verdad.

Además, manifestó que tienen que abrirse otros capítulos en relación al inventario de bienes, procedimientos de re incorporación y los procedimientos de operación de la justicia, que podría ser que ya estén en marcha, sin embargo, expresó que la pregunta que debe hacerse es si los integrantes de las AGC también serán juzgados por narcotráfico o habrá alguna ponderación de su papel como insurgentes.

De igual forma, manifestó que no se puede olvidar “que las Autodefensas Gaitanistas vienen directamente de la desmovilización de las AUC” y agregó que el poco tiempo que le resta al gobierno de Juan Manuel Santos, es el que ofrecería las condiciones para que este proceso se lleve acabo.

Fuente: http://bit.ly/2eSe00i

El anuncio lo hizo el presidente Santos en su cuenta en Twitter. Había 22 órdenes de captura en su contra, tenía circular azul de la Interpol y se ofrecía una recompensa de $500 millones.

Roberto Vargas, alias "Gavilán", segundo al mando del Clan del Golfo y quien era buscado tanto por las autoridades colombianas como por las estadounidenses, murió este jueves en operativos de la Fuerza Pública.

Aunque se sabe poco del hecho, fuentes militares dijeron a El Espectador que la muerte de Gavilán se dio en el marco de la campaña Agamenón II, que desde junio busca acabar con el poderío del Clan del Golfo, una de las más poderosas estructuras delincuenciales que, tras la desaparición de los grupos paramilitares (de los que también hizo parte), comenzó a copar sus territorios, se adueñó de las principales rutas para la salida de drogas hacia Estados Unidos, se enseñoreó con su violencia en los pueblos más abandonados de las costas colombianas y hasta se dio el lujo de lanzar un Plan Pistola en contra de la Policía a usanza del Pablo Escobar de los ochenta y comienzos de los noventa. 

La muerte de "Gavilán" se presentó en el sector de Puerto Plata en Turbo (en el Urabá antioqueño), y fue liderada por las fuerzas especiales del Ejército, con varios desembarcos y asaltos aéreos con aviación militar.

Este es, quizá, uno de los operativos más importantes realizados por las Fuerzas Militares en la lucha contra el narcotráfico: alias "Gavilán" tenía un largo prontuario criminal, entre el que se incluía la violación de decenas de niñas menores de diez años.

Desde antes de llegar al Clan del Golfo ya tenía una amplia trayectoria criminal. En la década de los noventa, a los 16 años, hizo parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Urabá, de donde es originario. Tras el fin de esta guerrilla, llegó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hasta su desmovilización en 2005 como parte del bloque Sinú.

Ya como segundo del Clan del Golfo encabezó un alto número de acciones criminales y por las que la Interpol emitió circular azul en su contra. Entre sus crímenes se encuentra haber sido el artífice del denominado “Plan Pistola”, con el que ordenó el homicidio de policías en Antioquia, Córdoba y Chocó. Fue, además, según el Ejército, responsable de la retoma de las rutas de narcotráfico en el Urabá hacia Panamá. En su contra había 22 órdenes de captura por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, narcotráfico y desplazamiento forzado. 

La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) aprobó este miércoles un crédito de corto plazo por un monto de hasta $160.000 millones al proyecto de iniciativa privada Ruta al Mar, del concesionario Construcciones El Cóndor.

De acuerdo con información de la FDN, el proyecto, que hace parte del Programa 4G, conectará a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde habita el 25% de la población del país.

El proyecto contempla la construcción de 112,2 kms, la rehabilitación y mejoramiento de 225,9 kms, y la operación y mantenimiento de 154,5 kms de ocho unidades funcionales, para un total de 492,6 kms.

La FDN anunció que el proyecto se encuentra en proceso de realizar el cierre financiero y tiene como estructurador financiero a la firma internacional Goldman Sachs. 

Según la entidad, mientras se consigue el cierre financiero definitivo, los recursos de la FDN van a permitir iniciar la ejecución de las obras tales como, la rehabilitación de la vía entre Caucasia y Planeta Rica, el tramo entre El 15 y San Carlos, y la vía entre Cereté, Lorica, Coveñas y Tolú, así como, la construcción de las variantes de Planeta Rica, San Carlos y Cereté.

Como garantía del crédito a corto plazo, Construcciones El Cóndor dará un aval del 100% del crédito y también se contará con garantías del proyecto (prenda de acciones y deuda subordinada, prelación fiduciaria, cesión de derechos contractuales y demás) y se registrará a la FDN como financiador ante la ANI para ser beneficiario de la fórmula de terminación anticipada.

Lea también: FDN en Electricaribe

Por otro lado, la FDN precisó, además, que hizo la aprobación de una garantía bancaria para Construcciones El Cóndor, con vigencia de un año, para sus aportes de equity en el Proyecto Ruta al Mar.

Vale anotar que esta garantía solo podrá ser emitida una vez el crédito de corto plazo sea pagado en su totalidad.

Proyecto Ruta al Mar

El proyecto servirá al tráfico proveniente del Valle del Cauca, Eje Cafetero y Antioquia que se dirige hacia los puertos del Caribe.

El mismo promete que todos los pasos urbanos contarán con variantes y el tráfico de larga distancia tendrá una conexión directa y rápida. Actualmente, por la vía solo circula tráfico regional, pero se espera que, una vez terminadas las obras en 2021, se capture el 37% del tráfico pesado de larga distancia que hoy no transita por ahí.

Según la FDN, el proyecto, de iniciativa privada, cuenta con una fuente de ingresos proveniente de ocho peajes, de los cuales cinco ya existen hace 12 años, con los cuales el tráfico ha crecido en un 3%, porcentaje muy significativo para el crecimiento del tráfico en otras vías de la región.  

Vale recordar que recientemente fueron instalados dos peajes adicionales, por lo cual únicamente falta incorporar un peaje adicional que solo representará el 3% de los ingresos.

Lea además: La FDN se alía con MBA Lazard para asesorar liquidación de Electricaribe

Inversión en fondos de capitales privados de infraestructura

En su comunicado, la Junta Directiva de la FDN anunció que aprobó también un compromiso de inversión en el fondo de capital privado Colombian Infrastructure Equity Fund hasta por $90.000 millones.

Este fondo será administrado por el gestor profesional Old MutualInfrastructure Equity Managers, el cual cuenta con el respaldo de Old Mutual Alternative Investment. El gestor también contará con el apoyo de Colombian Infrastructure Equity Managers, empresa constituida en Colombia, que complementará con su experiencia local.

El fondo se enfocará en invertir en proyectos de infraestructura en Colombia, nuevos o existentes, como lo es el Programa de 4G. Por lo menos dos terceras partes de los compromisos de inversión del fondo deberán ser invertidos en proyectos estructurados bajo esquemas APP.

Vale decir que el fondo hará inversiones estimadas por proyecto entre 20 y 50 millones de dólares.

Fuente: http://bit.ly/2xAZCOs

El Gobierno Nacional, por medio del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, confirmó a EL COLOMBIANO que ya se tiene todo listo para iniciar la sustitución voluntaria de matas de coca cultivadas por aproximadamente 6.500 familias que habitan los municipios de Cáceres, Anorí, Tarazá y Briceño, donde según el último informe de la ONU sobre cultivos de uso ilícito, se concentra la mayoría de las 8.855 hectáreas sembradas en Antioquia.

Luis Fernando Pineda, coordinador del Programa Integral de Sustitución para Antioquia, dijo que ya se firmaron convenios con las familias de todas las veredas de los municipios de Anorí y Cáceres donde se tienen cultivos de uso ilícito, mientras que en Tarazá, donde la semana pasada hubo protestas por la erradicación forzada, se llegó a n acuerdo y el convenio se firmará mañana viernes.

“En Cáceres hay acuerdo con todas las veredas, por lo que esperamos que mañana mismo se realice la comisión de planeación para ponerle fecha a las inscripciones de las familias y poder arrancar con el proceso de sustitución. En Anorí se rectificó un acuerdo que se tenía y luego de sostener una reunión con más de 80 líderes, logramos vincular a todas las veredas también, en ese municipio las inscripciones arrancan a partir de la primera semana de septiembre. Mientras que en Tarazá, esperamos firmar este viernes y ese mismo día pactar el registro de los núcleos familiares”, explicó Pineda.

Luego de las inscripciones, el Gobierno explicó que las familias recibirán dos millones de pesos y tendrán un mes para arrancar las matas de coca que tengan sembradas, después, Naciones Unidas será el organismo encargado de revisar si efectivamente se cumplió con la desaparición de los cultivos y tras certificar ese procedimiento, se desembolsarán otros dos millones a los campesinos.

“A parte de esto hay otro tipo de atenciones y ayudas como asistencias técnicas para ayudar a las personas sobre los futuros cultivos lícitos que pueden aprovechar en sus tierras y cómo ser productivos”, agregó el funcionario.

Precisamente, según Luis Fernando Pineda, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, ya certificó que en el municipio de Briceño, específicamente en las 11 veredas que hacen parte del proyecto piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito entre el Gobierno y las Farc, “se arrancó el 91% de la coca que había allí”, agregó que “se realizará una reunión con las familias que no han arrancado las matas para conocer su justificación y se decidirá si se da un nuevo plazo de 10 días o si salen del programa y se toman acciones legales”.

A parte de esas 11 veredas, en ese municipio del norte de Antioquia, ya se llegó a un acuerdo con otras 24 y las inscripciones para dar inicio con el proceso serán en septiembre.

Para ayudar a eliminar los cultivos de uso ilícito en Antioquia, especialmente en el Bajo Cauca, Norte y Nordeste, el Gobierno Nacional está invirtiendo para los próximos dos años una suma cercana a los 170 mil millones de pesos.

Fuente: http://bit.ly/2xB8940

Las autoridades iniciaron la investigación de un triple homicidio, donde fallecieron dos hermanos y un primo en la vereda Las Lomas, del corregimiento de San Cristobal, zona limítrofe con la comuna 13, San Javier.

Las personas fallecidas, recibieron varios impactos de bala cuando se movilizaban en un motocarro. Las víctimas fueron identificadas como Jhon Fredy y Jackson Antonio Mosquera Rayo y su primo Jhon Eiver Perea Guzmán. Estas personas eran desplazadas del municipio de El Bagre, Antioquia.

Según el sistema de información para la seguridad y convivencia: “se tiene la conjetura que las víctimas habían recibido amenazas por ser presuntos violadores”.

Esta es una zona existe un control territorial del grupo armado ilegal La Agonía.

Fuente: http://bit.ly/2xy3n7w

Las pérdidas ascienden a 18 mil millones de pesos.

Una creciente súbita del río Cauca arrasó con 5 mil 200 hectáreas de arroz, sembradas entre los municipios de Tarazá y Nechí. Por el aumento de las lluvias en esa región, los arroceros reportan pérdidas superiores a los 18 mil millones de pesos, afectando la segunda economía más importante del Bajo Cauca, solo superada por la ganadería.

Las inundaciones en los cultivos se dan en medio del paro nacional de arroceros, por lo que los cultivadores solicitan una reunión urgente con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. El director de Fedearroz en el Bajo Cauca, Israel Callejas, aseguró que cientos de familias están al borde de la quiebra por el aumento de los niveles del río Cauca.

“Hay cientos de arroceros afectados por esta situación, pedimos soluciones para todos, algunos perdieron una hectárea, otros 300. Es necesario que nos ayuden a darle soluciones a todos, principalmente a los pequeños productores“.

Hace dos semanas, el gobernador de Antioquia visitó las zonas del Bajo Cauca afectadas por las inundaciones. Sin embargo, los arroceros no han podido concertar una reunión para manifestarle las dificultades que afrontan en la región.

Fedearroz informó que la crisis nacional que atraviesa el sector no es diferente en Antioquia, por lo que piden la intervención de organizaciones internacionales como la FAO.

Las zonas del Bajo Cauca, el Valle de Aburrá y el nordeste son las regiones de Antioquia más afectadas por las crecientes súbitas y los deslizamientos de tierra.

Fuente: http://bit.ly/2xxKt0b

El Ministerio de Minas y Energía declaró cuatro áreas de Reserva Especial (ARES) en el Bajo Cauca Antioqueño.

Así lo informó la entidad que explicó que con estas áreas se abre el proceso de regularización y formalización de los pequeños mineros de la región.

Esta decisión se toma en momentos en que en dos municipios antioqueños, Segovia y Remedios, se adelanta un paro minero, que completa ya 36 días.

Dichas áreas se encuentran en los municipios de Cáceres (Oro/plata), Tarazá (oro/plata y oro/concentrados) y Sonsón (Calizas), donde se beneficiarán más de 1.500 pequeños mineros del departamento de Antioquia.

Según indicó el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, “estas Áreas de Reserva Especial se otorgan a comunidades tradicionales mineras y son uno de los mecanismos que desde el Ministerio de Minas y Energía hemos dispuesto para apoyar la formalización de los pequeños mineros”.

El alto funcionario apuntó que con la formalización minera, no sólo mejoran las condiciones de vida y laborales de los pequeños mineros, “sino se hace frente a la comercialización y tráfico de insumos químicos como mercurio, explosivos, combustibles, entre otros, que financian las estructuras ilegales”.

Fuente: http://bit.ly/2w5JiXj

En el 2016 asumió el cargo de cabecilla de sicarios en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, donde habría coordinado varios homicidios.

Tras sentir la presión por tres órdenes de captura en su contra, se entregó en las últimas horas ante la Policía de Montelíbano, Amaurys Ricardo Núñez, alias ‘DJ’ o ‘Carbón’, quien figuraba en el cartel de los más buscados en Córdoba, por pertenecer a la estructura del ‘Clan del Golfo’ en ese mismo municipio y en Puerto Libertador.

Este hombre era solicitado por las autoridades por el delito de concierto para delinquir y de acuerdo con los antecedentes que registra, en el 2015 era quien guiaba y acompañaba a los sicarios de esa organización para verificar que se efectuaran los homicidios que ordenaba la organización delictiva.

De acuerdo con el Departamento de Policía Córdoba, alias ‘DJ’ en el 2016 precisamente asumió como cabecilla de sicarios en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, región donde habría coordinado varios homicidios.

La Policía lo señala además como el responsable de coordinar el recaudo y cobro de extorsiones en la subregión del alto San Jorge cordobés.

Las tres órdenes de captura, todas por el delito de concierto para delinquir, fueron expedidas por el Juzgado Penal con funciones de control de garantías # 70 de Bogotá, el Juzgado Penal Municipal #1 de Montería y el Juzgado Promiscuo Municipal #2 de Caucasia (Antioquia).

Fuente: http://bit.ly/2xh9nBh

Los campesinos cultivadores de hoja de coca, en el municipio de Taraza, norte de Antioquia, emprendieron una concentración en las últimas horas del lunes festivo en el perímetro urbano, para iniciar un paro como protesta por la reanudación de la erradicación de estas plantaciones.

La alcaldesa de esta población, Gladis Rebeca Miguel Vides, confirmó a Caracol Radio que los campesinos denunciaron la presencia de la unidad de policía encargada de la erradicación manual de esos cultivos ilícitos, pese a que estas familias campesinas cocaleras se habían incorporado al programa de sustitución que impulsa la Presidencia de la República.

Confirmó que los campesinos promotores y participantes en este paro pidieron el cierre de todo el comercio en el municipio, tienen bloqueadas algunas vías urbanas de la población y afectada las actividades en Tarazá, y precisó que la troncal de Medellín a la Costa Atlántica, en esa subregión, opera con normalidad y control de las autoridades.-

“Hay un paro de la comunidad cocalera. (los campesinos) salieron porque están inconformes, porque ellos están inscribiéndose en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; habían quedado que el cinco de septiembre firmaban el acuerdo, pero hace seis días llegaron los erradicadores”, explicó la alcaldesa Gladis Miguel Vides, a través de Caracol Radio.

La mandataria de los taraceños anunció que se reunirá con el gobierno de Antioquia para tratar de encontrar soluciones a este movimiento y evitar que sea prolongado.-

“Yo estoy iniciando una reunión con el gobernador de Antioquia, pero el comercio está cerrado, los comerciantes se solidarizaron con los campesinos. Transporte al municipio sí hay. Es una protesta pacífica”, finalizó la gobernante de Tarazá.

Fuente: http://bit.ly/2vVr5LW

En el puente festivo de la Asunción de la Virgen, la Policía de Carreteras de Antioquia entregó el balance de la operación retorno, en el que se reportaron siete accidentes de tránsito que dejaron dos personas fallecidas y una lesionada.

Un balance positivo en comparación del año pasado, en el que hubo 18 accidentes viales con 4 muertos y 25 lesionados.

Los decesos, según el reporte entregado por las autoridades, ocurrieron en Cañasgordas (Occidente) y Abejorral (Oriente). Tres siniestros viales se reportaron en La Pintada, otro más en Amagá y finalmente en Alto Bonito.

En lo referente a controles viales, disminuyó el número de comparendos en comparación con el año pasado (492 contra 620). De esos, 18 fueron por embriaguez. A pesar de eso, hubo un incremento en el número de vehículos inmovilizados, reportando este año 231 mientras que en 2016 fueron 203.

En total, salieron del departamento 77.564 vehículos e ingresaron 87.341 para un número general de 164.905, un reporte inferior al reportado el año pasado (172.863 vehículos).

En Caucasia, desde el kilómetro 5+900, sector Campo Alegre hasta el kilómetro 6+900 habrá solo a un carril por trabajos de mejoramiento de la vía.

De otro lado, en la vía Medellín-Cisneros kilómetro 38+600 hubo caída de bancada dejando paso a un carril, habilitado el paso para todo tipo de vehículo.

Fuente: http://bit.ly/2vVAZ0e

Según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el paro minero de Segovia y Remedios, en el nordeste de Antioquia, comenzó como pacífico pero “se fue convirtiendo paulatinamente en un paro armado”. 

Es por esto que durante el consejo extraordinario de seguridad que se realizó este sábado en la Gobernación, con la presencia del Ministro de Minas, pidió a los organismos de seguridad estatales que retomen la seguridad en la zona “y le den garantías a los mineros de seguir protestando”.

Asimismo, indicó que la próxima semana una comisión de la Gobernación y el Ministerio de Minas irán a la subregión para acompañar a los mineros ancestrales en las negociaciones con la multinacional Gran Colombia Gold para los contratos de operación y formalización.

Según Pérez, en el territorio ya hay libre circulación de vehículos y están llegando los alimentos. Con esto y patrullajes que comenzará a hacer la Policía, esperan brindar las garantías suficientes para que los menores de edad vuelvan a las aulas. El Secretario de Educación irá al lugar para hablar con las familias y tratar de escolarizar de nuevo los cerca de 15.000 niños que hay en Segovia y Remedios. Igualmente, la Gobernación aclaró que no se cancelará el año escolar.

Sobre las denuncias de presencia de grupos armados ilegales en las manifestaciones, el Gobernador indicó que tienen información de que detrás de las protestas hay bandas criminales cercanas al clan de Golfo y que en los últimos días han llegado personas que han tenido nexos con el Eln.

“El Ejército y la Policía han recogido unas 40 o 50 pruebas que fueron entregadas a la Fiscalía para que proceda como lo considere pertinente. Respetaremos las decisiones de los jueces y la Fiscalía”, dijo el mandatario, quien reconoció que toda esta situación es difícil pero que seguirán defendiendo los derechos de los mineros ancestrales.

“Tenemos que decirle a la opinión pública que nos respalde en la defensa de los mineros pero también en la erradicación de los bandidos que se han metido a la zona”, concluyó.

Por su parte, Germán Arce, ministro de Minas y Energía, dijo que la compleja situación que se vive tiene sus orígenes desde hace muchos años pero que el Gobierno ha estado acompañando a los mineros en sus procesos de formalización.

“Hoy tenemos una cifra cercana a 4.000 mineros formalizados a través de distintos mecanismos, se han firmado 36 contratos de operación que recogen casi 2.300 mineros que tienen hoy un mecanismo formal, limpio y sin uso de mercurios para poder desarrollar sus actividades y poner en el canal comercial el mineral que producen”, dijo Arce.

El Ministro reiteró que acompañarán el cierre de las negociaciones para garantizar que sean justas. 

“Nosotros vamos a hacer un acompañamiento en el cierre de esa negociación, que es entre privados, y con eso esperamos darle transparencia y garantías a los mineros de que seguimos trabajando respetando su ancestralidad pero entendiendo que esta actividad no se puede seguir desarrollando de forma informal y alguna veces sin cumplir con los protocolos mínimos para preservar la vida y garantizar que puedan hacer una extracción responsable en el largo plazo”, concluyó, añadiendo que espera que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo.

Fuente: http://bit.ly/2xf314I