Hay molestia entre los habitantes del Bajo Cauca por las declaraciones del ministro de la Defensa quien asegura que en la subregión hay normalidad y el comercio abastecido. Algunos habitantes han enviado fotografías a Caracol Radio de almacenes de cadena donde se observan estantes vacíos. Aunque han llegado algunos camiones con carga, estos no dan abasto. Las tiendas, especialmente de alimentos solo abren algunas horas y luego debe cerrar, así pasa en Tarazá, Cáceres y en el Bagre.

Aseguran que dicha normalidad no ha llegado al territorio en el día 14 del paro, hace dos semanas los estudiantes no asisten a clase, el transporte público interno e intermunicipal tampoco funciona, aparte de desabastecimiento.

“Eso es pura mentira, no hay nada normal. Es que mire, empezando por los mototaxis no se pueden movilizar y carros no hay en el pueblo, ni en la carretera encontrás un carro, qué normalidad es esa por Dios, hay mucho almacén cerrado porque no tienen que vender. Hay almacenes abiertos, sí, pero de ropa, y quien va a comprar ropa ahora o quien va comprar útiles si los estudiantes van para 20 días que están cesantes, entonces, si eso se llama normalidad, a qué le llaman anormalidad”, dijo un habitante de Tarazá que prefirió que no se publicara la identidad.

El señor también se quejó de que a Tarazá tampoco han llegado alimentos suficientes y los existentes tienen unos precios supremamente altos, incluso valores de tres veces más de lo que costaban antes del paro. Por ejemplo, hoy un plátano maduro cuesta 2.500 y antes 800. Un kilo de maíz amarillo vale 3.000 y antes 1.500. Un kilo de yuca cuesta 5.000 y antes entre $1.500 y $2000, son algunos de los productos reportados.

“Lo que encontré da tristeza, porque yo lo que compraba con $150.000 hoy me valió $300.000, ósea el doble las cosas están ms de un 100% más caras. Me fui compra un bulto de concentrado para las gallinas y no me lo vendieron, solo el valor de $20 mil seis kilos, o sea que un bulto de concentrado cuesta 160 mil pesos y antes costaba 60 mil pesos y yo llevo 15 días sin trabajar”.

Esta situación no solo está ocurriendo en Tarazá, también en El Bagre y Cáceres, en esta última población el alimento para animales de granja tampoco llega y los propietarios ya están desesperado.

“La que más están sufriendo es la parte pecuaria que son las granjas de aves, el pollo de engorde y la gallina ponedora, el cerdo y la piscicultura si que esta afectada porque no se encuentran en las proveedoras el alimento específico para ellos, y eso nos a afectado muchísimo, la producción agropecuaria esta por el suelo en este momento”, dijo otro habitante, pero e Cáceres.

El gobierno nacional citó al comité del paro minero a una mesa de trabaja para este jueves 16 de marzo en la sede del ministerio del Interior en Bogotá. Aparte del jefe de esa cartera, también participarán las ministras de Minas y Medio Ambiente, además del alto Comisionado para la Paz, donde se espera analizar la actual situación y llegar a un acuerdo para que se levante la protesta.

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En Tarazá hay un hombre que lleva bien las cuentas del tiempo: 13 días. Eso ha pasado sin trabajar, “vagando de arriba para abajo”. Se las ha apañado para comer gracias a la caridad de amigos y familiares. A las 2:00 de la tarde de ayer, con la camisa de botones abierta y la piel apergaminada, se quejaba: “Este pueblo está vuelto mierda, vuelto mierda”.

A esa hora el cielo estaba encapotado y un helicóptero llamaba la atención de los presentes. Todos los comercios estaban cerrados, con las persianas abajo. Cuando el hombre se quejaba, cientos de personas, en una procesión ensordecedora, entraban al municipio. Era un día más del paro minero que mantiene en zozobra al Bajo Cauca.

La procesión salió desde Caucasia a las 10:00 de la mañana. Con un picó enorme sobre un camión, los voceros del paro animaban a los cientos de asistentes. El recorrido hasta Tarazá duró tres horas, a paso muy lento, zigzagueando entre las decenas de árboles que todavía están atravesados en la carretera.

Antes de la llegada de la caravana, la orden en Tarazá fue cerrar el comercio. Las calles parecían las de un pueblo fantasma, recientemente abandonado. “Estamos cerrando por si pasa algo, que no nos vayan a dañar el negocio. La marcha pasa y volvemos a abrir”, decía la regente de una farmacia.

El Bajo Cauca es una región convulsa, sacudida por paros armados, como los que ha hecho el Clan del Golfo. Por eso, sus pobladores están acostumbrados a la anomalía, al desorden. Con este escenario al frente, el hombre de la camisa abierta decía: “Esto está muy malo. Yo trabajo con un motocarguero y no me dejan salir para las veredas. No he aguantado hambre porque la gente me ayuda, pero los que no somos mineros estamos entre la espada y la pared”.

Sintiendo el bullicio de la caravana, que ahora traquea un vallenato en el enorme picó, el hombre baja la voz: “Acá es mejor no decir nada para no meterse uno en problemas. Es mejor hacerse a un lado y esperar, dejar que el tiempo pase”.

Esa misma actitud tenía un tendero en Jardín, cerca de Cáceres. El hombre contaba que no había podido surtir y que, a lo sumo, tenía para dos días más. Lo que más escaseaba en su tienda eran el arroz y el azúcar: “Esto está grave. Ya está el rumor de que hay mucha gente aguantando hambre. Realmente yo solo tengo lo más básico, me quedan muy pocos huevos y unos tarros de aceite”.

El tendero, como el hombre de la camisa abierta, comentaba que prefiere “no tomar partido” para no tener problemas. A las preguntas respondía con cordialidad, pero con suma cautela: “El nombre se lo quedo debiendo por cuestiones de seguridad. Tampoco tomen fotos, por favor, porque me ponen en riesgo”.

Saúl Bedoya, el vocero de los mineros que están en paro, decía en la mañana de ayer que la idea era continuar la manifestación de manera pacífica: “Nos queremos desmarcar de los hechos violentos que se han presentado y queremos hablar con el gobierno nacional. Que todo sea en razón de la formalización de los pequeños mineros, que es lo que hemos propuesto con el distrito minero”.

En cuanto a esos hechos violentos como los enfrentamientos con la Policía, la quema de ambulancias y de maquinaria amarilla, el vocero comentaba que no sabía quiénes los habían cometido, pero que no habían sido los mineros.

Desde el comienzo, los voceros del paro han dicho que el comercio cerró sus negocios en solidaridad con los manifestantes. Sin embargo, cuando la caravana arrancaba, dos mecánicos de Caucasia decían que solo abrían los negocios dos o tres horas al día porque no había clientes.

Uno de ellos comentaba: “No nos han amenazado para no abrir, es más, tenemos muchos amigos mineros y sabemos de la lucha de ellos. Acá todos vivimos de la minería, entonces, si esta se cierra, todo se cierra”.

Los efectos del paro se sienten en todos los municipios de la subregión. En la tarde de este martes, junto al río Nechí, Santiago Roa, dueño del restaurante Anclares, decía que el pueblo estaba en sus peores momentos. Y basta echar una mirada rápida para comprobarlo: los compradores de oro cabeceaban al calor del mediodía esperando clientes que nunca llegaban. “Pero nosotros somos un pueblo minero, eso es lo que hemos hecho por siglos. Nos tienen que dejar trabajar”, decía Santiago, pese a los efectos negativos en su negocio.

Víctor Perlaza, el alcalde de Zaragoza, decía que al municipio no han podido llegar a entregar el gas natural para los hogares. El desespero de muchos quedó en evidencia el viernes pasado, cuando cientos de personas se agolparon a buscar oro en la calle principal, donde se adelantan trabajos de alcantarillado. Muchos eran pequeños mineros o barequeros que llevan días sin ir al río y pasan las peores necesidades.

En Tarazá, un jornalero comentaba que lleva sin trabajar desde que comenzó el paro. “Yo hago lo que se pueda en las fincas, pero desde esto los patrones no están contratando. Por ahí me han estado dando comida donde unos familiares. También sé barequear, pero al que ven a uno por ahí en el río, lo sacan”, decía ayer el jornalero.

Los restaurantes de la carretera están todos cerrados, con las sillas arrumadas. Los lavaderos, donde se estacionan las tractomulas, tienen las mangueras apagadas. Da temor la soledad de la troncal a la costa.

El fin del paro no se ve próximo y el hambre apremia. Los habitantes del Bajo Cauca recuerdan épocas peores, como cuando un paro cocalero trastocó todo; con resignación aceptan lo que está pasando, están acostumbrados a los cataclismos. En el Bajo Cauca hay mucho estoicismo.

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En la noche de este domingo se reportó una nueva alteración al orden público y pocas horas después de que el Presidente Gustavo Petro, liderara un consejo de seguridad en Montelíbano departamento de Córdoba.

El reciente ataque se registró en el municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño. Allí un grupo de manifestantes le prendieron fuego al peaje que está en la salida hacia Cáceres y Caucasia. La caseta fue atacada con bombas incendiarias y mientras ardía en llamas era atacada con piedras. Las autoridades llegaron hasta el lugar para controlar la situación.

El alcalde de Tarazá Mario Sierra, le solicitó a las personas que están generando daños en el municipio, que recapaciten porque esa situación los afecta mucho más como comunidad.

“Quiero dirigirme a ese grupo de manifestantes que hoy están en las calles de nuestro bello municipio y que están optando por la violencia, decirle a ese grupo de personas que por favor recapaciten, que entiendan que esos daños que hoy le están ocasionando a la infraestructura pública y los daños que hoy hacen algunos comerciantes no traen ningún beneficio para el reclamo que hoy está haciendo el gremio minero”.

Es de recordar que este domingo la fuerza pública hizo acompañamiento de caravanas humanitarias garantizando el recorrido de los camiones con carga, así mismo hicieron presencia en toda la troncal a la costa Atlántica.

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Sin importar la labor que prestan, vándalos incendiaron en la tarde de este sábado dos ambulancias que fueron interceptadas en las vías de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

La primera fue incinerada en cercanías de una estación de gasolina, donde los delincuentes obligaron a bajar a todo el personal médico.

El segundo hecho ocurrió en el puente Carlos Lleras Restrepo, donde hombres dijeron ser mineros y quemaron el vehículo que sería de Hospital Nuestra Señora del Carmen, de El Bagre y transportaba a una mujer en embarazo.

Posteriormente fueron vistos los implicados jugando con la camilla de este vehículo como si fuera una carretilla.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló: “Ante operatividad y presencia estatal en el Bajo Cauca, criminales quemaron esta noche dos ambulancias. Como sociedad debemos rechazar enérgicamente, unidos, este gravísimo y cobarde atentado contra la Misión Médica que tanto le sirve a nuestra gente”.

Estos hechos no dejaron personas lesionadas, aunque sí afectaciones a la misión médica que lucha contra la violencia en esta subregión del departamento.

A esto se le adiciona que en el sector Campo Alegre, también de Caucasia, fueron quemados camiones que transportaban 3.240 canastas de huevos, equivalentes a 97.200 unidades, que llevaban este alimento desde la planta de Avinal, en el Oriente antioqueño, hacia el Bajo Cauca y el departamento de Córdoba.

Adicionalmente, los bloqueos ocasionados por el paro minero han llevado a que 15.000 hogares y 280 comercios de Zaragoza, Segovia, Tarazá, El Bagre y Cáceres, en Antioquia, y Puerto Libertador, en Córdoba, informó la empresa Surtigas.

“Es lamentable ver la situación que están padeciendo tantas familias y comerciantes de la zona, en su mayoría de escasos recursos, a causa de los bloqueos que han impedido el ingreso del gas natural y otros insumos de primera necesidad a estas poblaciones.”, indicó Santiago Mejía, gerente general de esta empresa.

Sobre el hecho también se pronunció la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, quienes lamentaron estos hechos ocurridos en el Bajo Cauca antioqueño y manifestaron su rechazo a cualquier ataque que se realice en contra de la Misión Médica, el personal de salud y los pacientes en general.

“Estos hechos constituyen una violación flagrante a la Misión Médica, especialmente por haber atentado contra dos vehículos esenciales para la prestación de servicios de salud y protección a la vida”.

Añadieron que reconocen el derecho de la población a realizar protestas sociales y pacíficas por las vías legítimas, “sin embargo, hacemos un llamado para que las protestas no sean un escenario propicio para violentar el derecho a la salud de las personas que necesitan atención y bienestar de los equipos y misiones médicas que prestan un servicio invaluable a la comunidad”.

Añadieron que “es necesario que la comunidad permanezca unida y proteja los equipos y al talento humano en salud que día a día expone su vida en favor de todos, como bien preciado de la sociedad. Por lo tanto, exigimos no solo respeto por nuestra labor, sino garantías que salvaguarden el bienestar y la seguridad de los pacientes por parte de las autoridades y de la comunidad”.

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno atender de manera urgente la grave situación de orden público que se está registrando en los municipios del bajo Cauca.

La entidad advirtió que en el municipio de Caucasia y otros lugares de la región, se han presentado actos de vandalismo en protesta por el retorno de los operativos policiales contra la minería ilegal.

Según la entidad, estos hechos "están impidiendo la libre movilización de la comunidad y demás derechos de las poblaciones, por el bloqueo de vías terrestres y fluviales, generando afectaciones a la misión médica y el cierre del comercio en gran parte de la subregión, lo que está llevando al desabastecimiento de alimentos de primera necesidad".

Asimismo, rechazó los actos violentos contra la infraestructura pública y privada e instó a los funcionarios públicos a garantizar la seguridad de los habitantes de la región y de los empleados de la empresa Mineros Aluvial, que están en riesgo por el ingreso de manifestantes a uno de sus campamentos de operación.

Fuente: https://bityl.co/HUrj

La Troncal a la Costa Caribe completa seis días de cierre por paro minero en Caucasia. Desde el pasado miércoles 1 de marzo, a las 6:00 p. m., a la altura de este municipio del Urabá Antioqueño cerraron la vía que conduce a la costa.

Las manifestaciones de los mineros han acarreado una serie de efectos colaterales para las personas que necesitan movilizarse por esta zona del país, especialmente para el gremio de los camioneros.

Durante estos seis días, la Troncal a la Costa Caribe ha estado bloqueada en diferentes sectores, lo cual ha imposibilitado el paso de vehículos hacia esta región.

El comité del paro minero está conformado por representantes de los municipios de Zaragoza, Cáceres, Tarazá y Caucasia.

Durante el fin de semana, entre los municipios de Tarazá y Cáceres, manifestantes del paro minero tumbaron al menos cuatro árboles que estaban al borde de la carretera.

Caravana humanitaria

El pasado domingo 5 de marzo se realizó una caravana humanitaria para facilitar la movilidad entre Medellín y la Troncal del Nordeste hasta Segovia y Remedios, y de Segovia y Remedios hasta Medellín.

Para posibilitar el tránsito en este eje vial se tomaron decisiones estratégicas de seguridad que corresponden a la fuerza pública.

Apoyo al minero ancestral, pero ataque decidido a la minería criminal

Esta fue la determinación de la Gobernación de Antioquia ante el paro minero del Bajo Cauca y el Nordeste.

Varios consejos de seguridad se llevaron a cabo en Caucasia (Bajo Cauca) y en Segovia (Nordeste), para analizar el panorama de orden público de las dos subregiones y explorar el contexto de los municipios involucrados en el denominado Paro Minero Nacional.

Sobre el consejo de seguridad de Caucasia, el gobernador señaló: “En Caucasia continuamos el consejo de seguridad con la presencia de los miembros del equipo del Gobierno nacional, allí se desactivaron unas situaciones de riesgo frente a la alcaldía de Caucasia”.

Y agregó: “Allí ha estado atenta la Policía y el Ejército para repeler cualquier acción que se ha intentado por grupos que quieren vandalizar la alcaldía. Igualmente, la retención o el secuestro de algunos miembros de las empresas mineras en el Bagre y Nechí, este tema ya fue solucionado con el acompañamiento de la Defensoría, pero también del Ejército y la Policía”, enfatizó.

Fuente: https://bityl.co/HUrX

El Ejército destruyó dos laboratorios de cocaína que pertenecerían al Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en el norte de Antioquia.  

Luego de labores investigativas a los grupos armados ilegales, las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del ejército halló y destruyó estos laboratorios en el municipio de Valdivia.

En la vereda Paloma de esta municipalidad encontraron el primer laboratorio operado por integrantes de la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo. 

El otro laboratorio estaba ubicado en el corregimiento Puerto Raudal, el cual pertenecería a la guerrilla del ELN. 

El Ejército destruyó en Valdivia dos laboratorios de cocaína que pertenecerían al Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.

El Ejército destruyó dos laboratorios de cocaína que pertenecerían al Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en el norte de Antioquia.  

Luego de labores investigativas a los grupos armados ilegales, las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del ejército halló y destruyó estos laboratorios en el municipio de Valdivia. 

En la vereda Paloma de esta municipalidad encontraron el primer laboratorio operado por integrantes de la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo. 

El otro laboratorio estaba ubicado en el corregimiento Puerto Raudal, el cual pertenecería a la guerrilla del ELN. 

Según indicaron las autoridades competentes, en estos sitios fueron halladas doce canecas metálicas con 136 galones de Acpm cada una; otras diez canecas plásticas con gasolina, 5 bultos de cal de 25 kilos, dos bultos de cemento de 50 kilos y dos bultos de urea. 

Es importante mencionar que en lo que va corrido del año con este resultado, el Ejército Nacional ha destruido 16 complejos cocaleros entre el Bajo Cauca antioqueño y en el Sur de Córdoba. 

Fuente: https://bityl.co/HQlm

Los mineros del Bajo Cauca antioqueño están liderando una protesta en la subregión para reprochar los operativos que adelanta la Fuerza Pública contra la minería informal y pedir medidas efectivas para la formalización de sus trabajos. Hay alerta por el orden público.

Siete municipios se unieron al paro y llamarán la atención del Gobierno nacional con bloqueos intermitentes sobre la vía que comunica la Costa Atlántica con la ciudad de Medellín, entre el municipio de Valdivia y el puente de San Jorge, en Córdoba.

En la lista figura Caucasia como el punto de concentración de la manifestación y allí se reunirán los habitantes de El Bagre, Zaragoza y el sur de Bolívar. Mientras tanto, la población de Valdivia, Tarazá, Nechí y Ayapel lo harán en sus territorios, bajo la misma sombrilla.

Aunque se acordó con las autoridades que las reclamaciones se harían de manera pacífica, en el comercio y colegios hay temor por las complicaciones que se podrían dar. Sobre la mesa está el violento paro que lideraron el año pasado y que bloqueó el paso en la región.

Varias instituciones educativas tomaron la decisión de devolver a los alumnos a sus casas este jueves para mitigar los riesgos de seguridad, muchas de ellas sin contar con el visto bueno de las administraciones locales porque hay condiciones para dar tranquilidad.

Esta situación se está presentando en Zaragoza. Mientras tanto, en Caucasia sí se suspendieron de parcialmente los encuentros educativos, tanto en la zona urbana como rural, confirmó el mandatario Jefferson Sarmiento Ortiz en un comunicado.

“Se suspenden de manera temporal las actividades académicas en aras de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, considerando las posibles alteraciones del orden público”, manifestó. Por otro lado, el comercio está funcionando con normalidad.

Ahora bien, los mineros de Caucasia iniciaron un recorrido hacia el corregimiento de Guarumo del municipio de Cáceres a las ocho de la mañana de este jueves. Se espera que la movilización dure cuatro horas sin bloqueos parciales sobre la troncal.

Los líderes de Nechí se tomaron la carretera desde la vereda Campo Alegre hasta el corregimiento de Guarumo, por lo que se presume habrá congestión de los vehículos que se muevan entre la capital del departamento de Antioquia y la Costa Atlántica.

La población de Cáceres caminará desde el corregimiento Jardines hasta Puerto Bélgica, con un retorno estimado de tres horas. En Puerto Valdivia estará frenado el paso desde las once de la mañana por concentraciones en los kilómetros diez, once y doce.

Finalmente, los mineros de Tarazá se plantará en el puente de esta población durante la mañana y hará un recorrido hasta Cáceres. Se piensa que la movilidad podría estar afectada durante seis horas, según el plan que los mismos organizadores socializaron.

Frente a los hechos que se podrían presentar, las autoridades activaron un plan especial para atender las situaciones que se salgan de control. Hasta el momento, no se ha presentado ningún tipo de incidente y las movilizaciones transcurren con normalidad.

Este paro se da dos semanas después de que el Gobierno nacional realizara dos consejos de seguridad en el Bajo Cauca antioqueño. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, comentó que las autoridades iban a seguir contrarrestando la minería ilegal.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ratificó que la destrucción que está sufriendo el territorio no hace parte de ningunos acuerdos y que se buscará la formalización de los pequeños trabajadores que ejercen la minería de manera irregular.

“No se puede aprovechar el acuerdo que se hizo durante el paro que hubo en esta región como excusa para destruir los bienes ambientales a través de esa minería. Haremos una oferta productiva seria, integral, territorial a todos esos mineros y los invitamos a hacer parte de la caracterización y formalización”, afirmó la ministra.

Fuente: https://bityl.co/HQlh

Los altos mandos del Ejército Nacional dieron una instrucción clara a sus divisiones y es que la erradicación de cultivos ilícitos debe ser concertada con las comunidades.

Así lo confirmó el brigadier general Óscar Leonel Murillo Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército, quien indicó que hay al menos dos zonas de Chocó y una de Antioquia donde se han adelantado más operativos, que son Riosucio, San José del Palmar y los municipios del Bajo Cauca. 

Murillo aceptó que en el departamento sí se ha resiembra en zonas donde ya se había adelantado la erradicación, pero que en el último año realizaron “buenos trabajos conciliados con la comunidad”.

Según el comandante de la Séptima División, en el Bajo Cauca ha sido más fuerte la incautación de insumos sólidos, pues en el último año han hecho tres incautaciones de 20 toneladas cada una de cemente, que estarían relacionadas con ese proceso ilegal.  

"La preocupación no es la resiembra, la preocupación es que tenemos áreas en el Bajo Cauca con cultivos de uso ilícito y reitero estamos en esa intención de acercamiento a las comunidades, porque si no hay cultivo, al final del día no va a haber producto ilegal y ese producto ilegal es el combustible de los problemas que tenemos en territorio", manifestó.

Sobre esa subregión antioqueña, Murillo señaló que a la problemática del narcotráfico se suma la extracción ilegal de yacimientos mineros y que precisamente ello ha llevado a afectaciones como la muerte del soldado Helmuth Edison Montes Riaño, que cayó el pasado sábado a un campo minado en el municipio de Zaragoza. 

"El llamado de nuestros comandantes es concertar con comunidades para lograr que esa erradicación se logre de manera consensuada con la población y en el trabajo estamos con líderes en territorio", agregó.

Para el año 2020, Valdivia fue el municipio con mayor área sembrada de coca, con 2.834 hectáreas, que en ese periodo representaron el 2% del total nacional y 11 % del total regional, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

Fuente: https://bityl.co/Gy8z

Luego de completar siete días de protestas, las comunidades que se tomaron varios puntos de la troncal a la costa Atlántica levantaron los bloqueos que tenían en vilo a varios municipios del Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.

El hecho se produjo luego de que varios líderes locales llegaran a un acuerdo con el Gobierno Nacional en una mesa de diálogo que se instaló para revisar la crisis por la que atraviesa la región de La Mojana, luego de la ruptura de un dique sobre el río Cauca en agosto de 2021.

La Defensoría del Pueblo, una de las entidades que medió en las negociaciones, señaló que dentro de los acuerdos alcanzados se estableció un nuevo diseño para aquel dique, así como acciones de urgencia para acelerar los trabajos.

“Entre los acuerdos establecidos están: el rediseño y la búsqueda de soluciones a largo plazo para La Mojana; la presencia de equipos y contratistas en terreno a partir del sábado 4 de febrero; el inicio de labores el 6 de febrero; la estructuración de diseños con el Fondo de Adaptación para la construcción del vertedero; el levantamiento de los bloqueos el 31 de enero y la evaluación de avances en una semana”, informó el ente en un comunicado.

Además de los líderes comunitarios, en el espacio de concertación participaron representantes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el viceministerio del Interior y representantes de los entes de control locales.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que, luego del acuerdo alcanzado, esa entidad ejercerá control y verificará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional.

Urabá y el Bajo Cauca, a la espera

Aunque los bloqueos de la última semana se concentraron en jurisdicción del departamento de Córdoba, uno a la altura del Puente San Jorge (en la vía entre Caucasia y Montería) y otro a la altura del sector El Viajano (en la vía entre Planeta Rica y Sahagún), gran parte de los municipios del Urabá y el Bajo Cauca de Antioquia estaban sufriendo los efectos de las protestas.

En el caso de Caucasia, por ejemplo, empezó a registrarse desabastecimiento de víveres y hasta líderes del sector salud señalaron tener problemas para abastecerse de oxígeno y disponer de los residuos hospitalarios.

No obstante, la afectación más grande fue para cerca de 74.539 hogares de los municipios de Urabá, Carepa, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Apartadó, Mutatá y San Pedro de Urabá, que vieron interrumpido el servicio de gas natural durante los bloqueos.

Pocas horas antes de levantarse la protesta, Empresas Públicas de Medellín (EPM) expresó su preocupación por los problemas para abastecer de gas a esas poblaciones, advirtiendo que los vehículos de la compañía se estaban viendo forzados a realizar rutas más largas.

La troncal a la costa Atlántica completó este domingo cinco días de bloqueos, luego de que centenares de habitantes del departamento de Córdoba salieran a las calles a protestar por las demoras en la reparación de un dique sobre el río Cauca, ubicado a la altura del sector conocido como “Cara de Gato”.

El capitán Eduardo Naranjo Ñustes, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Córdoba, precisó que las manifestaciones se concentran en dos puntos. La más grande, a la altura del puente San Jorge, ubicado entre la vía Caucasia-Montería, y otra en la vía entre Planeta Rica y Sahagún, a la altura de del sector El Viajano.

Según señaló el uniformado, mientras en el primer bloqueo solo se ha permitido el paso de vehículos como ambulancias, en el segundo se ha venido habilitando parcialmente el paso en horas de la noche. “La fila de vehículos, solamente en el sector de Campoalgre, es de cuatro kilómetros. En sentido contrario, la fila es de unos seis kilómetros”, precisó el uniformado.

Pese a que los bloqueos se están desarrollando en el departamento de Córdoba, y en Antioquia ninguna vía reporta novedades de este tipo, tal como lo informó el teniente coronel Fabio Enrique Sierra, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Antioquia, varios municipios del Urabá y el Bajo Cauca sí vienen sintiendo los impactos de las protestas.

Tan solo en el caso de Caucasia, en donde los comerciantes ya comienzan a sentir el desabastecimiento de productos, el gerente de la Clínica Pajonal, Salvador Barrocal, señaló con preocupación que ese centro asistencial ya está empezando a tener problemas para abastecerse de oxígeno y disponer de sus residuos hospitalarios.

“El carro viene semanal. En estos momentos solo tenemos abastecimiento de oxígeno para el resto de la semana. En el tema de los residuos hospitalarios ellos vienen día por medio de Montería, que es donde está la planta incineradora, entonces ya se nos están acumulando los residuos, lo que genera una situación sanitaria”, dijo el gerente.

El líder agregó que en el municipio también hay consternación por la suerte del suministro de combustibles, en su caso fundamental para el normal funcionamiento de su flota de ambulancias.

Además de Caucasia, en el Urabá Antioqueño EPM emitió este domingo una alerta en la que advirtió que al menos 74.539 clientes de los municipios de Urabá, Carepa, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Apartadó, Mutatá y San Pedro de Urabá se quedaron sin suministro de gas ante la imposibilidad de la compañía de enviar los camiones de abastecimiento.

Para evitar accidentes o daños, EPM aconsejó a los usuarios de cerrar las válvulas de paso y perillas de los gasodomesticos, así como cerrar las válvulas de corte general de los hogares mientras se resuelve la situación.

“La situación está igual, aún no hay señales de que se va a solucionar”, lamentó el gerente Barrocal, haciendo un llamado para que el Gobierno Nacional y las autoridades atiendan la situación y eviten que se profundice el problema en la región.

Según se conoció ayer, las autoridades de Córdoba realizaron un consejo de seguridad para evaluar la crisis.

Fuente: https://bityl.co/Gy8c

temorizados se encuentran los pobladores del Bajo Cauca Antioqueño tras la aparición de grafitis y panfletos alusivos al grupo narcotraficante Clan del Golfo.

Los integrantes de esta estructura narcotraficante habrían aprovechado los beneficios del cese multilateral fuego del gobierno nacional, para aparecer en los barrios del Bajo Cauca Antioqueño en Cesar y Bolívar, pintando grafitis y dejando tirados panfletos alusivos a su organización criminal.

El hecho fue rechazado por los pobladores, quienes atemorizados aseguraron que estas estructuras están aprovechando el cese al fuego decretado por el gobierno nacional para seguir intimidando a la comunidad.

Según se indica en algunos de los panfletos, los delincuentes decidieron realizar esta acción para celebrar el natalicio del líder político Jorge Eliécer Gaitán. Es de recordar que el Clan del Golfo también se autodenomina Autodefensas Gaitanista de Colombia, AGC.

Hay que señalar que el papel de la fuerza pública en estos casos ha resultado cuestionado por diferentes sectores políticos, tras el freno que se ha hecho en las operaciones ofensivas contra cuatro estructuras, disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y Los Pachenca.

Sobre las nuevas directrices del gobierno del presidente Gustavo Petro, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, envió un mensaje a sus subalternos: “a los comandantes les pido que motiven a sus hombres, incrementen la moral de nuestros soldados, lean y entiendan nuestro Plan de Campaña Ayacucho, cumplan con el proceso de las operaciones, tengan una absoluta fe en Dios, trabajen en incrementar la confianza entre ustedes y sus soldados”.

Añadió el oficial que, “Cada Comandante en todos los niveles deberá impartir órdenes en cuanto a suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre las Fuerzas Militares y los grupos previamente descritos (Estado Mayor Central de las Farc), Coordinadora Guerrillera del Pacífico FARC-EP- Segunda Marquetalia, Autodefensas Gaitanistas de Colombia – (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada-(ACSN) y verificar que las órdenes lleguen a todos los niveles de las cadenas de mando”.

También dijo que, “en cumplimiento de la misión constitucional, se debe continuar con el desarrollo de operaciones militares de control territorial, fluvial, marítimo y del espacio aéreo. Se debe continuar con las operaciones militares, terrestres, fluviales, marítimas y aéreas contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extracción ilegal de recursos naturales, el secuestro, la extorsión, reclutamiento de menores, contrabando, tráfico y porte ilegal de armas y demás conductas punibles contempladas en el código penal colombiano”

Otra de las instrucciones que dio el general Giraldo a sus hombres fue la de que “Cada comandante, debe llevar un registro diario (desde el 01 de enero de 2023) de las actuaciones de los Grupos previamente referenciados ubicados en su área de responsabilidad, con el fin de anticipar situaciones que puedan poner en riesgo a la población civil, afectar a las propias tropas, el cumplimiento de la misión constitucional y el desarrollo del proceso de paz”.

Sobre el ELN manifestó el general Giraldo en el documento que se mantienen las operaciones militares en su contra. Se requiere entender la situación actual del país, fortalecer el carácter, entender y educar los hombres y mujeres bajo su mando, manteniendo siempre una actitud de compromiso, orgullo institucional y moral combativa. Como militares nos preparamos para la guerra y la consecuencia de nuestro actuar es la Paz.

Es de recordar, que el gobierno decreto un cese al fuego con el ELN, pero esta guerrilla dijo que en ningún momento había hecho dicho acuerdo con el Ejecutivo, obligando al gobierno a retomar las operaciones militares en su contra.

Fuente: https://bityl.co/GpFs

Un sicario del Clan del Golfo , conocido como alias ‘Richard’, fue enviado a la cárcel por un triple asesinato en el municipio de Caucasia, del Bajo Cauca antioqueño.

Este peligroso criminal, identificado como Santiago José Soto Suárez, estaba a disposición de este grupo armado. Él habría sido parte del homicidio a sangre fría de tres jóvenes que se encontraban departiendo en plena vía pública del municipio al momento del ataque indiscriminado con armas de fuego.

Según las investigaciones de la Fiscalía, ante los contundentes elementos materiales probatorios, se reveló que alias ‘Richard’ sería el encargado de perpetrar asesinatos selectivos y cumplir con los denominados ‘ajustes de cuentas’ en la región del Bajo Cauca antioqueño.

Por los hechos ocurridos en la tarde del 30 de marzo de 2022, un fiscal especializado de la seccional Antioquia le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, sin embargo, los cargos no fueron aceptados por el procesado.

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Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara minutos antes de cerrar el 2022 que cinco estructuras al margen de la ley llegaron a un acuerdo con su Gobierno para entrar al cese al fuego bilateral en el marco de su política de ‘paz total’ que avanza con los diálogos y el ELN, han surgido una serie de cuestionamientos sobre las garantías de cumplimiento de esta medida. 

Y es que para las festividades decembrinas algunas organizaciones armadas anunciaron un cese al fuego, pero poco después se comunicó un paro armado, ante este tipo de situaciones que se presentan con frecuencia, surge la duda: ¿Quién garantiza que estos acuerdos se cumplan?

Por esta razón, en Noticias RCN conversamos con el profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, para conocer cuáles podrían ser las garantías de cumplimiento de cese a la violencia en el país, y principalmente en los territorios más golpeados por el accionar de estos grupos armados.

¿El acuerdo de cese al fuego se puede calificar como una acción audaz?

J. R.: Es una muy buena noticia. Sin duda el hecho de que estos grupos vayan a demostrar que van a iniciar un camino en el que pueden reducir la violencia, eventualmente dejar las armas y someterse a la justicia es una buena noticia. 

De esto depende la verificación que haga las Naciones Unidas, la iglesia colombiana del monitoreo de las acciones violentas de estos grupos por parte de la sociedad civil, pero sobre todo depende también de que la fuerza pública complemente con un despliegue territorial suficiente, de manera que el control de estas regiones vuelva al Estado y se le arrebate a estos grupos armados.

¿Quién verifica el cumplimiento de los grupos armados en este acuerdo?

J. R.: La misión de Naciones Unidas en Colombia que esta verificando el cumplimiento del acuerdo de paz que tiene la experiencia del despliegue territorial y probablemente las suficientes capacidades para hacer eso, pero gran parte de esto depende de la confianza que tengas las poblaciones que están hoy en día sometidas a esos grupos con ese mecanismo de verificación, pero también, a través de los diferentes mecanismos de obtener información por parte de la iglesia católica colombiana, principalmente.

¿Cuáles podrían ser los riesgos en las regiones más golpeadas por la violencia?

J. R.: Yo diría que el principal riesgo está en aquellos grupos que no se sometieron o que no hicieron parte de este acuerdo. En algunas regiones hay todavía disputas activas de otros grupos que no hacen parte de esto o que están en un proceso de decisión o de consolidación del mando.

En regiones como el norte de Cauca, en el sur de Bolívar y en el Bajo Cauca antioqueño otros grupos pueden utilizar esta cesación de actividades criminales para hacerse el control de fuentes de rentas criminales, que van desde la extorsión, pasando por la minería ilegal y la producción de hoja de coca y de cocaína, así como el tráfico. Cuando estos grupos encuentran una oportunidad pues van a utilizar la violencia.

¿Se mantendrá el cese al fuego por el periodo de seis meses?

J. R.: Yo diría que sí porque básicamente en este caso no se trata de un cese al fuego como producto de una negociación, sino que es como el primer paso de la negociación; es decir, los grupos armados tienen que demostrar que pueden reducir la violencia, que la controlan y que tienen voluntad para avanzar en la negociación y tener beneficios en ella. Esta inversión de la ecuación puede traer unos resultados muy valiosos en materia de beneficios humanitarios para las regiones.

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Como una pesca milagrosa recibieron habitantes de El Bagre y Caucasia la subienda de peces que traía el caudal del río Cauca.

La multiplicación de los peces llegó al Bajo Cauca. En redes sociales los habitantes compartieron como atrapaban con sus manos y sin esfuerzo los bocachicos.

“Buscan básicamente aguas más frescas para iniciar sus procesos reproductivos”, manifestó David Echeverri, biólogo Cornare.

La subienda en el río Cauca tiene felices a los pescadores Aguas Abajo de Hidroituango.

“Entre Cornare y la Autoridad Nacional de Pesca hacemos énfasis en la pesca responsable como artesanales y no usen el trasmallo porque impiden el paso de los peces”, manifestó David Echeverri, biólogo Cornare.

Capaz, nicuro, bagre, bocachico son los peces más comunes en esta subienda.

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